A medio gas

Esta pasada semana ha estado claramente marcada por las jornadas festivas en las que estamos y, por tanto, por los bajos volúmenes de contratación. Las declaraciones del primer ministro chino, en las que señalaba que pretende llevar a cabo una negociación con EE.UU. con el fin de evitar una guerra comercial, así como las expectativas de la reunión que mantendrán Trump y Kim Jong-Un, reducían las tensiones en los mercados. Y es que el pulso de Donald Trump con China amenaza el 19% de la financiación extranjera de EE UU. El déficit de EE UU en 2017 fue el 3,5% del PIB: 666.000 millones de dólares, dado que el país asiático es el gran pagador de los gastos de la mayor economía. “Perro ladrador, poco mordedor”. Este refrán se ha aplicado a Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca en noviembre de 2016. Sus amenazas se han cumplido en parte, pero los analistas políticos están de acuerdo en que sus exabruptos se moderan de forma notable una vez que se trasladan a los hechos.

Quiero remarcar, amable lector, que la deuda estadounidense roza los 21 billones de dólares, lo que supone más del 110% de su Producto Interior Bruto (PIB). Solo el año pasado el déficit (la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta) fue del 3,5% del PIB. ¡Nada menos que 660.000 millones de dólares! Y uno de los grandes financiadores es precisamente el país al que dirige su última amenaza: China. El país asiático tenía a en su haber 1,17 billones de euros de deuda soberana de Estados Unidos a cierre de enero. Es el 18,7% del total de la deuda del país que preside Trump en manos de otros países, según las últimas estadísticas del Departamento del Tesoro. Cerca se sitúa Japón, con un 17%, y muy lejos ya aparecen Irlanda (5,2%), Brasil (4,2%), Suiza (4,0%), Reino Unido (3,9%), Islas Caimán (3,9%) y Luxemburgo (3,5%). España se sitúa en los últimos puestos del ranking, con un 0,6% del total de la deuda soberana estadounidense en manos de extranjeros.

En EE. UU, además, esta semana se publicaba el dato de la confianza del consumidor de marzo (127,7 vs 131 e), el cual se encontraba bastante por debajo de lo esperado. Sin embargo, la revisión final del PIB del 4T mostraba una mejoría de dos décimas (2,9 vs 2,7 ant).

En cuanto a los bancos centrales, según el Wall Street Journal, John Williams (Fed de San Francisco) se convierte en el candidato número uno para sustituir a William Dudley al frente de la Fed de Nueva York, que planea retirarse a mitad de año. Por su parte, en el Banco Central Europeo (BCE), Ewald Nowotny declaraba que si la situación económica sigue como se espera, la autoridad monetaria tomará una decisión definitiva sobre los APPs en verano.

A nivel doméstico, en España conocíamos el dato del IPC preliminar de marzo (1,2 % vs 1,5 % e) que, a pesar de mostrar una subida de una décima, no cumplía con las estimaciones. Esta subida de la inflación al 1,2% en marzo se debe a los precios turísticos.

En nuestro país, tras conocer el apoyo de Ciudadanos el gobierno aprobaba los PGE e iniciaba el proceso de tramitación parlamentaria, donde necesitaría el apoyo del PNV para llevarlos a cabo. Tras el comunicado de Ciudadanos en el que mostraba su apoyo al PP para la aprobación de los PGE, el ejecutivo procedía a la aprobación del proyecto de ley de unos PGE, con carácter más expansivo a los llevados a cabo en los últimos años, en los que destacaba subidas de hasta el 3% en algunas pensiones. De esta manera, se daba inicio al proceso de tramitación parlamentaria en el que falta el apoyo del PNV, que se ha habría negado a brindarlo, mientras continúe la aplicación del artículo 155 en Cataluña. En materia económica, S&P elevaba el rating de la deuda española un escalón de BBB+ a A- y mejoraba sus pronósticos de crecimiento para España para los próximos años. Adicionalmente, se confirmaba la detención de Puigdemont en Alemania.

Me preocupa que la deuda pública española cierre 2017 en el 98,3% e incumpla el objetivo del Gobierno. Supera en dos décimas el límite comprometido con Bruselas y el pasivo marca el récord de 1,14 billones tras elevarse en 37.078 millones el pasado curso. La deuda pública se ha convertido en el principal riesgo para nuestra economía en caso de nuevas turbulencias. Una vulnerabilidad que se debe a su elevado volumen y a la lenta reducción. Dos características que se reflejan en los datos publicados esta pasada semana por el Banco de España sobre el cierre del pasado curso en esta materia. En concreto, recogen que el pasivo cerró 2017 en el 98,3% del PIB, una cifra inferior al 99% con el que acabó 2016, pero superior al objetivo marcado por el Gobierno del 98,1%. Además, el descenso del ratio PIB se produjo por el crecimiento de la economía. Pero en volumen el pasivo se incrementó el pasado curso en 37.078 millones hasta alcanzar la cifra récord de 1,14 billones. De esta forma, la deuda de las administraciones públicas se elevó un 3,3% en tasa interanual. Si se compara con la evolución de 2016, la acumulación de deuda se ha acelerado ya que en aquel ejercicio el pasivo se incrementó un 3,1% (33.286 millones). De hecho, el pasivo acabó el cuarto trimestre de 2017 con una subida de 10.921 millones que contrasta con el descenso de 1.761 millones que se produjo entre julio y agosto. En cualquier caso, desde el Gobierno destacan que es el tercer descenso del ratio de deuda desde el máximo del 100,4% de 2014. Una reducción conseguida gracias al ritmo de crecimiento de la economía superior al 3% en los tres últimos cursos. El objetivo del Ejecutivo enviado a Bruselas es que para 2018 el pasivo descienda hasta el 96,8% del PIB. Esto significaría una reducción de 1,5 puntos porcentuales con una previsión de crecimiento del 2,7%, es decir, inferior a la del último trienio. A favor, el Ejecutivo cuenta con que el déficit público también es menor y eso debería aliviar la deuda. El desglose de los datos de 2017 muestran que el grueso del endeudamiento corresponde a la administración central con 809.070 millones de euros, lo que supone el 69,5% del PIB. En el último año el pasivo se elevó 12.423 millones.

Me llama la atención que la banca española esté explorando el potencial del ‘blockchain’. Considero que no está lista para un uso generalizado. El ‘blockchain’ es un registro distribuido de información entre los participantes. Santander, BBVA, CaixaBank y Bankia abordan esta revolución tecnológica mediante laboratorios de investigación, inversiones en ‘start up’, pruebas de concepto y consorcios internacionales. BBVA ha realizado una transacción de comercio internacional con esta tecnología. Por su parte, Santander ultima una plataforma de transferencias internacionales gracias al ‘blockchain’ mientras que CaixaBank ha participado en una emisión de Telefónica con un tramo en esta red distribuida. Con esto, la banca española se sube al tren del blockchain. Las entidades financieras están explorando las posibilidades que ofrece una tecnología llamada a revolucionar el sector financiero al permitir realizar transacciones financieras de manera segura, confiable e irreversible sin necesidad de utilizar un intermediario para establecer una relación de confianza entre las partes. Aunque todavía está en una fase experimental, parece que nadie quiere quedarse atrás. BBVA, Santander, CaixaBank y Bankia son algunas de las entidades españolas que están tomando posiciones, ya sea participando en consorcios internacionales, invirtiendo en start up punteras en este sector, creando laboratorios de investigación o realizando las primeras pruebas de concepto. Como comentaba, BBVA realizó recientemente una transacción de comercio internacional basada en esta tecnología entre Europa y Latinoamérica. Santander ultima el lanzamiento de una plataforma de transferencias internacionales gracias al blockchain. Bankia ha creado un laboratorio en su aceleradora, mientras CaixaBank ha participado en una emisión de Telefónica en Alemania con un tramo en blockchain.

La banca empieza a considerar que estas tecnologías pueden «mejorar drásticamente la eficiencia, seguridad y desempeño de la infraestructura del banco”. Las entidades destacan las posibilidades del blockchain en aquellos negocios en los que se necesita generar confianza entre las partes implicadas, por ejemplo en el comercio exterior y los avales internacionales. CaixaBank cree que también es interesante para la seguridad en los pagos internacionales, el intercambio de información entre entidades para usos como emisiones de deuda o la mejora de procesos.

Eso sí, los bancos ven con recelo las criptomonedas ya que presentan una gran volatilidad y riesgo. Por el contrario, consideran interesante el potencial que tiene el blockchain«.

En lo relativo a los mercados financieros, la CNMV da marcha atrás y no exigirá una alerta cuando los inversores compren acciones de bancos. El supervisor exige la inclusión de duras advertencias en varios productos financieros. La versión inicial de la circular obligaba a los intermediarios a advertir a los inversores en acciones de bancos de que, “en caso de resolución del emisor”, los dueños de esos títulos podrían soportar pérdidas. De hecho, los accionistas de Popular perdieron el pasado 7 de junio todo su dinero. Pero las entidades financieras se han quejado de un trato discriminatorio, puesto que también en las empresas no financieras los accionistas son los primeros que pierden dinero en caso de problemas de solvencia. Y el supervisor ha dado marcha atrás: “La obligación específica no será de aplicación tratándose de acciones”, aclaró esta semana en una nota. Es cierto que en el folleto de la salida a Bolsa de Unicaja a finales de junio del año pasado y en el de la ampliación de capital de Liberbank de noviembre sí se incluyeron avisos sobre esta posibilidad. Así, la CNMV se reserva la posibilidad de exigir que se realicen “advertencias similares en relación con ofertas u operaciones concretas”. El aviso sobre la posibilidad de que una inversión se utilice para una recapitalización interna (bail in, en la jerga) sí se mantiene para la deuda emitida por las entidades financieras. En el caso de Popular, se volatilizaron bonos subordinados vendidos a pequeños inversores valorados en 450 millones. La normativa, que entrará en vigor en tres meses, comenzó a gestarse en los tiempos en que la CNMV estaba pilotada por Elvira Rodríguez, allá por 2016. El primer borrador se publicó en abril de ese año. El proyecto estuvo visitando diferentes instancias, pero no fue enviado a Europa hasta marzo del año pasado.

Antes, pasó por el Consejo de Estado, que acordó que la norma debería entrar en vigor el pasado enero, al mismo tiempo que el reglamento europeo Prips (Package Retail Investment Products), que obliga informar de los peligros de los productos ligados a la evolución de otro activo, como los depósitos y los bonos estructurados, los fondos cotizados (ETF) y todos los derivados.

Finalizo con algo que me interesa mucho por mi campo actual de investigación y es el hecho de que Repsol promueve la economía circular con un total de 120 iniciativas. Repsol ha adoptado ya un total de 120 iniciativas en 12 unidades de negocio diferentes de la compañía para promover la economía circular, una prioridad en el grupo. Por medio de este cambio para integrar esta visión circular en sus modelos de negocio, la petrolera espera ahorrar en costes, obtener nuevos ingresos con productos o servicios y un mejor desempeño ambiental de la compañía y de sus clientes, según indica la empresa en una de sus ‘newsletter’. En concreto, dentro de esta estrategia de avance hacia un nuevo modelo productivo que favorezca la reincorporación de bienes y servicios al ciclo económico, la compañía ha impulsado proyectos basados en la reutilización del agua, asfaltos 100% reciclables o un servicio de ‘carsharing’ para los empleados. La compañía presidida por Antonio Brufau es uno de los firmantes del ‘Pacto por una economía circular: el compromiso de los agentes económicos y sociales 2018-2020’, por el que empresas, administraciones y entidades sociales españolas se comprometen con el fomento de esta nueva concepción de la vida económica. Para desplegar esta estrategia, Repsol está trabajando para «crear un fuerte ‘networking’ con empresas y organismos que promueven la economía circular», que hasta la fecha se traduce en contactos con más de 50 empresas y la identificación de 36 iniciativas circulares que están valorando con los distintos negocios del grupo.

Como ejemplo, cuatro áreas distintas de la compañía, Química, Refino, Negocios Emergentes y Tecnología, están detrás del proyecto ZERO, que emplea el reciclado químico de plásticos de vertedero para obtener crudo sintético.

Además, la compañía ha suscrito el compromiso voluntario ‘Plastics 2030’ que la asociación de fabricantes Plastics Europe ha lanzado con el objetivo de que el 60% de los envases de plástico comercializados en la UE sean reciclables o reutilizables en 2030 y ha desarrollado, en colaboración con Sacyr, asfaltos 100% reciclables, una tecnología que permite la reutilización de la totalidad del asfalto envejecido en las carreteras y que es ejemplo del ‘ecodiseño’ que su estrategia fija como una prioridad.

Todo ello para ayudar a lograr un mundo mejor y más sostenible o, al menos, intentarlo.

SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA ASOCIADA A LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.