Los mercados de renta variable a nivel mundial cerraban la semana con caídas ante la incertidumbre sobre si EE.UU. y China conseguirán cerrar acuerdos comerciales antes de la entrada en vigor de los aranceles anunciados (6 de julio), alejando el fantasma de la guerra comercial a nivel mundial. Dentro de los índices, la excepción a las caídas era el FTSE, después de que Theresa May consiguiera una nueva victoria aprobando las enmiendas del «Withdrawall Bill» en las dos cámaras, lo que servirá para trasponer las leyes europeas. En Reino Unido, la aprobación de estas enmiendas del «Withdrawall Bill», las deja listas para su firma en ley. En cualquier caso, se espera que estos duros envites parlamentarios continúen dadas las numerosas leyes que tienen que aprobar de cara a preparar al país para su salida de la UE. Así, consigue la mayor capacidad de su gobierno para negociar con la UE, y va en una posición de relativa fuerza a la Cumbre Europea de la semana que viene.
En efecto, amable lector, el riesgo de guerra comercial ha monopolizado la atención de la semana después de que Trump advertía que si China sigue contestando con aranceles a su último anuncio de aranceles del 10% a importaciones por 200.000 M. $, responderá con aranceles a otros 200.000 M. $, que sumarían 450.000 M. $, prácticamente la misma cifra de importaciones de China. Mientras tanto, India sigue los pasos de la UE y anuncia tarifas contra EE.UU. en represalia a las tarifas del acero y el aluminio. Así, Europa identifica una lista de 200 productos importados desde EE.UU, que suponen un valor de unos 2.800 M. € y a los que impondrá un arancel del 25% desde este viernes 22 de mayo. En el caso de India, parece que los aranceles se centrarán en las importaciones agrícolas.
Como hago semanalmente, toca comentar la política monetaria de los bancos centrales, para referirme en este caso a que la semana nos ha dejado la reunión del BoE donde tal y como se esperaba, dejaba los tipos de interés invariables, pero hay un miembro más del comité que se suma a los que consideran necesario realizar una segunda subida de tipos. En cuanto a la Fed, Neel Kashkari señalaba que no ve ningún síntoma de recalentamiento económico, ya que, aunque el mercado de trabajo sigue fuerte, los salarios no terminan de repuntar y la inflación está en niveles bajos. Por su parte, John Williams, en su primer día en la Fed de Nueva York señalaba que la economía en Estados Unidos se encuentra en un gran momento de forma, concretamente en el segundo periodo de expansión más largo de la historia.
Por su parte Grecia cerraba un acuerdo de refinanciación de la deuda, que contempla el alargamiento de vencimientos por 10 años en la deuda que está en EFSM y un periodo de gracia en los intereses del segundo paquete del rescate, al tiempo que se les desembolsan los últimos 15.000 M. € de este programa. El FMI valoraba positivamente el alivio de la carga financiera que supone este acuerdo en el medio plazo, pero mantiene sus reservas con el largo plazo, lo que le lleva a seguir al margen del segundo paquete de rescate.
A nivel doméstico quiero subrayar que el Eurogrupo reclama a Calviño más ajustes fiscales estructurales en España. Tal y como se esperaba, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro han validado el borrador de presupuestos que el Gobierno de Mariano Rajoy envió a Bruselas el 1 de mayo y que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez asumió nada más tener el poder. Incluso han aplaudido la intervención y el compromiso con la estabilidad presupuestaria de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que el jueves se estrenaba en el Eurogrupo, según ha confirmado su presidente, Mario Centeno. Pero los ministros económicos de la eurozona han lanzado una advertencia: están incómodos por la falta de ajustes fiscales estructurales en 2018. De hecho, el Eurogrupo recuerda que en su comunicado de diciembre de 2017 mostró su preocupación sobre el limitado ajuste fiscal estructural esperado en 2018 en algunos Estados Miembros, en el contexto de condiciones económicas favorables, a la vez que toma nota de la persistencia de las herencias de la crisis en algunas áreas, según afirma el comunicado específico sobre el borrador presupuestario español, publicado esta pasada semana. Previamente, en el mismo comunicado, el Eurogrupo señala que «el borrador presupuestario de España cumple en líneas generales con los requisitos» de las normas fiscales de la UE y subraya que, según las previsiones de la Comisión, el déficit público se situará por debajo del 3% del PIB este año. Sin embargo, a continuación añade que este se situará por encima del objetivo marcado por la UE, del 2,2%, y advierte de que espera que el balance estructural de España se deteriore en 2018. En una rueda de prensa, Pierre Moscovici, comisario de Economía, ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene un gran espíritu europeo, pero que también debe respetar las normas y hacer un esfuerzo fiscal estructural «significativo» para el año que viene. Con estas menciones, la UE prepara ya el terreno para lo que será la próxima batalla presupuestaria con España: los presupuestos de 2019. Para el próximo ejercicio, la Comisión Europea reclama a España el equivalente al 0,65% del PIB (unos 7.500 millones de euros) en ajustes estructurales. Los ajustes estructurales son aquellos que sirven para reducir el déficit público de forma permanente, independientemente del ciclo económico, y tanto pueden ser de reducción de gasto como de incremento de ingresos. La clave es que se saneen las cuentas públicas y se pueda seguir reduciendo el elevado nivel de deuda pública y generar margen fiscal -ahora muy pequeño- para cuando la próxima crisis económica golpee de nuevo. España entró en la crisis actual del euro con unos niveles de deuda cercanos al 35% del PIB. Ahora ronda el 100% del PIB.
A nivel bancario nacional, la semana nos ha sorprendido con una serie de noticias relativas al Banco de Santander. Y es que Santander se divide en nueve grupos para protegerse en caso de resolución. Cada división podrá ser resuelta por separado para no contagiar al resto. España es la agrupación geográfica que concentra el mayor volumen de activos, seguida de Reino Unido y Brasil. Santander lo tiene todo listo para cumplir al pie de la letra las nuevas exigencias nacidas tras la crisis financiera mundial. Como uno de los 30 bancos del mundo que han sido designados como demasiado grandes para caer, la entidad presidida por Ana Botín ha tenido que definir cuál es la estrategia que seguirá en caso de problemas de solvencia y su elección ha sido dividir el banco en nueve grupos independientes (los denominados grupos de resolución) que responderán por sí mismos de los problemas, de forma que un tropiezo en uno de ellos no contagie al resto. El banco tenía dos opciones para adaptarse a la normativa: hacer un diseño centralizado en el que la matriz se responsabiliza en solitario de todo el banco o descentralizarse y crear cortafuegos entre los distintos negocios. Para realizar la división, Santander se ha mirado hacia dentro y ha identificado las divisiones que se financian de forma independiente. Según explica el banco en un documento oficial, lo que ha hecho ha sido definir los grupos de resolución como un reflejo del modelo de grupos financieros autónomos, de forma que todas las filiales han sido asignadas a un grupo de resolución. A partir de ahora, cada filial estará englobada en uno de los nueve grupos de resolución que se han creado por zonas geográficas. España es el mayor de ellos, con activos por 651.000 millones de euros, seguido de Reino Unido (361.000 millones), Brasil (162.000 millones), Estados Unidos (114.000 millones), México (58.000 millones), Chile (50.000 millones), Portugal (48.000 millones), Polonia (32.000 millones) y Argentina (13.000 millones). La idea es que si una de estas unidades sucumbe a una crisis, el resto sobreviva y Santander pueda seguir operando en otras zonas. La elección de Santander implica que cada grupo de resolución tiene que tener recursos suficientes para rescatarse a sí mismo. Entre otras cosas, porque una de las claves de la separación realizada es la autonomía legal. «No hay compromisos legales que impliquen soporte financiero», señala el documento, que añade que las interconexiones financieras son «limitadas» y a «precios de mercado». Incluso hay un elevado grado de autonomía operacional entre ellos. Tampoco el capital es compartido. Cada grupo de resolución debe cumplir por separado con los requerimientos de solvencia y para eso Santander tiene que retratar a cada uno de ellos en este campo. La matriz española es la que sale mejor parada del examen, con un capital total del 24,12%, según los datos de aplicación paulatina de la normativa a marzo de este año. Estados Unidos está muy cerca del 20% de capitalización, mientras que Reino Unido y Portugal rondan el 18%. En la parte más baja está Argentina, con poco más del 12% de capital total.
Otra noticia con la que nos ha sorprendido es que el Santander empezará a abrir sucursales por las tardes. La medida afecta a las ‘Smart Red’, especializadas en asesoramiento. Los empleados cobrarán un plus anual de 3.500 euros y será voluntario. Santander se suma a la apertura de sucursales por las tardes, algo que está fuera del convenio de banca, salvo que se regule expresamente con los sindicatos. Sigue así los pasos de CaixaBank y Bankia, que ya adoptaron iniciativas similares. El banco llegó este miércoles a un preacuerdo con los sindicatos que afecta a las 500 sucursales Smart Red, que son las que están especializadas en asesoramiento con cita previa. Santander asumió en la reunión gran parte de las reclamaciones solicitadas por CCOO. Ambas partes pactaron que sus empleados acudan a las oficinas dos tardes a la semana. El máximo serán cien tardes anuales. La asignación a una de estas sucursales será voluntaria y estará remunerada con una compensación anual de 3.500 euros. Afectará a unos 1.500 empleados, según fuentes sindicales. El principio de acuerdo, que todavía no está firmado, contempla un plan de carrera para los trabajadores de estas oficinas. Es decir, se establecerá un sistema automático de ascenso por categorías. Según CCOO, se trata de algo nada habitual en el sector de la banca. Inicialmente Santander quería abrir cuatro tardes semanales y el plus inicial ofrecido era de 2.200 euros por empleado y año. Como referencia, CaixaBank acordó con la representación sindical una modificación de jornada para 290 sucursales en abril. El modelo es ligeramente distinto. Contempla la apertura ininterrumpida de 8,30 horas hasta las 18.30 horas de lunes a jueves y remunera a los trabajadores con un plus de 4.000 euros anuales.
A mi juicio, esta medida y con escasa remuneración está claramente en contra de lo que desde la dirección del banco se quiere vender como conciliación de la vida profesional y laboral.
Finalmente y también relativa al Santander está la noticia que amplía la paternidad y aprueba el derecho a la desconexión. Sus trabajadores no tendrán que contestar correos ni al teléfono fuera del horario laboral. La entidad apuesta por la conciliación y quiere retener y atraer talento. Santander se ha comprometido a ser uno de los tres mejores bancos para trabajar de los 10 mercados en los que tienen presencia, lo que equivale a decir del mundo. Este es uno de los objetivos que se fijó Ana Botín cuando llegó a la presidencia del grupo en septiembre de 2014. Su idea era y es introducir una nueva cultura en el banco. El grupo bancario ha querido así aprovechar el acuerdo de homologación de las condiciones sociales y laborales entre la plantilla de Santander, Popular y Pastor y que afecta a unos 30.000 empleados, para introducir medidas innovadoras para intentar alcanzar su objetivo de ser una de las mejores entidades para trabajar. Una de ellas, es reconocer el derecho de los profesionales para no responder a emails o mensajes profesionales fuera de sus horarios de trabajo, ni durante los tiempos de descanso, permisos, licencias o vacaciones, salvo causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales. Esta medida ya se aplica en Ikea. Se trata de incorporar nuevas medidas de adaptación de las relaciones laborales al nuevo entorno digital. Es lo que en Francia se conoce como “derecho a la desconexión digital”, una de las medidas de la reforma laboral introducida en el país vecino y que trata de asegurar el respeto del tiempo de vacaciones y de descanso, así como la vida personal y familiar. El preacuerdo alcanzado con los sindicatos refuerza aún más la cultura del teletrabajo o flexi-working, la apuesta del grupo por erradicar la cultura presencial y trabajar de forma más flexible y eficiente. La entidad está implantando una cultura de autonomía, y flexibilidad en la distribución de la jornada para una parte de la plantilla. Así como las facultades de auto-organización y de flexibilidad.
Otra medida innovadora es el incremento de 4 a 6 semanas (dos semanas más que lo que fija la ley) el permiso de paternidad. También se darán facilidades para adoptar horarios especiales en el último mes de embarazo, acumulación del permiso de lactancia y otras medidas que fomenten e incidan de forma positiva en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Otra innovación que se ha impuesto es promover el uso de la tecnología para fomentar la racionalización del tiempo de los profesionales en reuniones. Además de fomentar la racionalización del tiempo invertido en reuniones, reduciendo su duración, evitando su convocatoria antes de determinada hora, o en las tardes de vísperas de festivos. El acuerdo que Santander tiene previsto firmar con los sindicatos la próxima semana supondrá inicialmente un coste de unos 63 millones de euros, al reconocer una serie de pagas correspondientes a 2016, pero que por una interpretación confusa del convenio colectivo quedaron aparcadas, y que se van a liquidar este año. A ello se suman los complementos para la plantilla que se apunte a los nuevos horarios de las oficinas Smart, que abrirán por las tardes, y que asciende a 3.500 euros anuales por empleado. La homologación laboral entre la plantilla de Popular y Pastor con la de Santander también tiene un coste de unos 20 millones que se incluye en los costes ya mencionados.
Algo que solemos comentar en este blog, y en lo que estamos un poco parados obligatoriamente porque la realidad manda es en el tema de las salidas a Bolsa, que están congeladas tras haberse anunciado varias a principios de año. Parece que Testa, Haya, Vía Célere y Azora planean reactivar sus salidas a Bolsa. Las compañías inmobiliarias que han aparcado sus planes para cotizar podrían volver a tantear el mercado una vez despejadas las incertidumbres políticas y de negocio. Tras la tempestad viene la calma. Este es el mensaje de las compañías inmobiliarias que preparan su debut bursátil. Testa, Haya Real Estate, Vía Célere y Azora son algunas de las empresas que en los últimos meses han visto cómo sus planes de cotizar en el parqué madrileño se veían frustrados por incertidumbres políticas o dudas respecto al devenir del negocio.
A nivel local, quisiera resaltar un par de cuestiones. La primera es que Asturias es de las regiones más cumplidoras en materia fiscal, según destaca la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). El organismo asegura que el Principado logrará con facilidad el objetivo de déficit. El Principado de Asturias es una de las comunidades autónomas «más cumplidoras» en materia fiscal y cumplirá el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2018, aunque hay alguna duda sobre la regla de gasto. Así lo ha afirmado el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, antes de impartir la conferencia «Las cuentas públicas a examen» esta pasada semana en el Colegio de Economistas de Asturias. Escrivá ha afirmado que el análisis macroeconómico, realizado en función del Programa de Estabilidad de España presentado en abril y los presupuestos generales del estado (PGE) aún pendientes de aprobación en las Cortes, apunta a que las previsiones macroeconómicas son «razonables» y el país vivirá un crecimiento sostenido en 2018, al tiempo que señala que Asturias está creciendo «más o menos como la media nacional». En el marco fiscal, los objetivos presupuestarios para 2018 «son difíciles de alcanzar» para el conjunto de España, donde el cumplimiento del objetivo de déficit está «muy ajustado», ha relatado Escrivá, que ha indicado que el escenario fiscal «más complicado de cumplir» de cara a 2019 y 2020. Por su parte, Asturias es una de las regiones «más cumplidoras», donde previsiblemente se cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2018, aunque la AIReF tiene «alguna deuda mayor» sobre el cumplimiento de la regla de gasto por parte del Principado. Escrivá ha afirmado que, previsiblemente, la AIReF informe «favorablemente» del plan económico financiero elaborado por el Gobierno autonómico y ha asegurado que Asturias «no es una comunidad que sea particularmente problemática» desde el punto de vista fiscal, sino que tiene un desempeño «bueno» también desde el punto de vista de los niveles de deuda pública, que son «muy razonables y sostenibles». Gijón y Oviedo «tampoco están mal» y cuando se les compara con otras referencias más grandes a nivel nacional tienen una situación fiscal saneada, ha señalado. Como asturiana y economista, debo reconocer que esto me deja bastante contenta.
Tampoco quiero obviar, a nivel local, que Oviedo se sitúa en las menores tasas de pobreza de España y Mieres en las mayores. Asturias, con la buena noticia de que tiene un riesgo de exclusión cinco puntos inferior a la media nacional, aúna disparidades como las que existen entre el sur y el norte del país. El riesgo de pobreza y exclusión social avanzó en Asturias durante los peores años de la crisis desde una tasa inferior al 20% de su población hasta niveles cercanos al 25%, pero, aun así, sigue por debajo del promedio del país, donde el riesgo afecta a casi el 30% de la ciudadanía. Un estudio del Observatorio Regional RegioLab apunta que mientras hay municipios asturianos (Oviedo y Castrillón de forma destacada, seguidos por Gijón, Avilés y otros) en los menores niveles de pobreza de España, otros (sobre todo, Mieres) se sitúan en niveles propios del sur de España: su rango de riesgo de exclusión y pobreza afecta al 26% a 38% de la ciudadanía. Esta situación, aunque menos acusada, se percibe también en zonas rurales, especialmente del interior de la región. Según las estadísticas europeas, España fue uno de los países donde «más intensamente se ha agrandado la brecha entre ricos y pobres y donde la población expuesta al riesgo de pobreza más ha crecido», señala el informe. Los datos del estudio sobre Europa, España y Asturias y demás regiones datan de 2014, pero las cifras de ámbito municipal se refieren a 2011 porque aún no se disponen de todos los índices necesarios para estimar la tasa de pobreza Arope con parámetros localistas más recientes. Según el indicador Arope (una medición diseñada por la oficina estadística europea), una persona está en riesgo de pobreza o de exclusión social si cumple al menos uno de los tres criterios siguientes: vivir en un hogar con una renta (incluyendo transferencias sociales) inferior al umbral de la pobreza (que se define como el valor que corresponde al 60 % de la mediana de la renta nacional equivalente en unidades de consumo), residir en un hogar en el que sus miembros no pueden permitirse al menos cuatro de nueve conceptos de consumo básico definidos a nivel europeo y pertenecer a un hogar con baja intensidad de trabajo: aquellos en los que el número de meses trabajados por todos sus miembros y el número total de meses que, en teoría, podrían trabajar como máximo todas las personas en edad de trabajar del hogar está por debajo de la ratio 0,2.
Esperemos que la situación mejore cada día y que sean cada vez menos los hogares y las personas en riesgo de exclusión social.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.