Las bolsas europeas cerraban con caídas una semana que tenía como principal foco la temporada de resultados, habiendo presentado sus cuentas trimestrales importantes compañías en Europa y Estados Unidos. En el plano político hemos tenido una semana donde las tensiones comerciales tenían menos impacto en resultados, con la UE intentando hacer un papel más conciliador entre Estados Unidos y China. Con relación al Brexit, Theresa May sacaba adelante la ley para llevar a cabo la salida de la UE. En efecto, el Parlamento británico ha aprobado la ley de Comercio para después del Brexit por 317 votos a favor y 286 en contra el proyecto de ley de Comercio, que sienta el marco legal para después del Brexit o salida británica de la Unión Europea (UE). La Cámara de los Comunes dio luz verde al texto gubernamental tras la derrota por poco margen de una enmienda de varios diputados conservadores, que exigía al Gobierno negociar la permanencia en la unión aduanera comunitaria si el 21 de enero de 2019 no se había pactado con la UE la futura relación bilateral. El ministro conservador de Comercio Internacional, Liam Fox, argumentó que la legislación “dará continuidad y estabilidad” a las empresas hasta que el Reino Unido pueda forjar sus propios acuerdos comerciales, al fin del periodo de transición de 21 meses posterior al Brexit, que se ejecutará el 29 de marzo de 2019.
En Bancos Centrales, lo más relevante era la comparecencia de Powell ante el Senado y el Congreso, donde señalaba que el plan de la Fed de subidas graduales se mantiene. A nivel macro, lo más destacado considero que era el IPC de la Zona Euro, que cumplía con las expectativas. Las declaraciones de Powell ante el Senado y el Congreso, ponían de manifiesto que el plan de la Fed de subidas graduales de los tipos oficiales se mantiene en pie por el momento, y, además, defendía que la economía americana podría no haber alcanzado el pleno empleo, al no generarse todavía niveles de inflación indeseados. En los mercados de deuda, no se producían movimientos significativos, con la excepción de la deuda soberana británica, siendo la única que terminaba con caídas de las TIRes en plazos largos. Por otro lado, la agencia de calificación Fitch mantenía el rating de la deuda española en A- perspectiva estable, lo cual, en principio, considero que no es mala noticia.
En empresas, esta semana conocíamos importantes resultados empresariales en Europa y Estados Unidos, siendo el claro foco donde se concentraban los inversores. No llama la atención que el dueño de Amazon, el hombre más rico de la historia se encuentre en medio de la huelga. El es lo que una amiga mía llamaría un buen partido. Personalmente no creo que el dinero sea el elemento determinante para escoger pareja, pero esa es solo mi opinión. Pues el caso es que Jeff Bezos supera los 150.000 millones mientras sus empleados de la sede de Madrid se manifiestan por malas condiciones salariales. De hecho, se le puede definir como el más rico de la historia moderna, al superar los 150.000 millones de dólares (unos 128.000 millones de euros) de fortuna según el índice de millonarios de Bloomberg que se calcula diariamente. Bezos ya había pasado el récord en noviembre cuando superó los 100 millones y se convirtió con Gates en los únicos hombres en llegar a esa cifra. De hecho, el cofundador de Microsoft es el segundo actualmente en la lista con una fortuna de 95,3 millones (unos 81,68 millones de euros). El incremento de la fortuna del estadounidense -ha crecido en 52 mil millones en lo que va de año- hace que alcance a la de la familia Walton, la dinastía más rica del mundo con 151.500 millones de dólares. Bezos fundó la compañía en Seattle en 1994 y la de transporte aeroespacial Blue Origin en 2000. Además, también posee la cadena de supermercados Whole Foods y el diario The Washington Post.
A nivel doméstico, y respecto al tema que comenté la semana pasada, la Unión Europea tacha de «erróneo» crucificar a todos los vehículos diésel. Hacienda cree que los ciudadanos van a notar «de forma mínima» el alza de 10 céntimos por litro porque se realizará «progresivamente». El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, el español Miguel Arias Cañete, ha echado un jarro de agua fría al Gobierno en su propuesta para penalizar el uso de combustible diésel con más impuestos que igualen su precio al de la gasolina, al indicar que es «erróneo» hablar del gasóleo «en general», ya que hay vehículos que utilizan este producto que puede ser limpio y otros tipos de diésel que «no lo son tanto». Con estas palabras, el representante energético de la Unión Europea se desvinculó de los argumentos que señalan a Bruselas como primer incentivador del final del diésel al recordar que la Comisión Europea «no induce a ninguna tecnología» en concreto. Aunque sí reconoció que el gobierno comunitario establece unos límites para alcanzar los objetivos de descarbonización. Pero «será la innovación la que diga cómo alcanzar» esas perspectivas de emisiones.
Quiero subrayar, amable lector, que la morosidad sigue siendo el principal caballo de batalla de los autónomos. Cuatro de cada diez tienen problemas para cobrar sus facturas de empresas y Administraciones. De hecho, el 41,7% de los autónomos tuvo problemas para cobrar sus facturas de empresas y Administraciones Públicas en el primer semestre del año, según el barómetro de la organización de autónomos ATA, realizado a partir de casi 1.600 encuestas efectuadas entre el 15 y el 29 de junio. Este porcentaje es un punto superior al anterior barómetro, realizado en diciembre de 2017, pero casi 20 puntos inferior a los niveles de morosidad que se registraban en 2015, cuando llegó a alcanzar el 60%. Entre los autónomos que aún sufren el problema de la morosidad, tres de cada diez tarda más de seis meses en cobrar, y de ellos el 8,2% tiene que esperar incluso más de un año. Por su parte, el 36,7% de los autónomos a los que empresas y/o Administraciones deben dinero cobra sus facturas en un periodo de entre 60 y 90 días, mientras que el 30,9% las cobra en un plazo de 91 a 180 días. El barométro de ATA pone de manifiesto que la morosidad sigue siendo el principal caballo de batalla del colectivo. De hecho, el 91,7% de los autónomos considera importante o muy importante el establecimiento de un régimen sancionador para aquellas empresas privadas y Administraciones Públicas que incumplen el plazo de 60 días recogido en la Ley de Morosidad. Por otro lado, esta encuesta revela que el 31,8% de los autónomos se dirigió a una entidad financiera durante el primer semestre del año para solicitar liquidez. Al 76,2% de los autónomos que pidieron financiación ésta les fue concedida, porcentaje superior al del anterior barómetro (71,8%). Pese a que la demanda de crédito está bajando, sólo al 15,6% de los autónomos que acudieron a una entidad financiera entre enero y junio les fue denegada la financiación, cifra que contrasta con el 36,6% de 2015 y con el 19,2% de diciembre de 2017.
El barométro constata además que el 81,8% de los autónomos confía en que su negocio no empeore en la segunda mitad del año y de ellos, un tercio (el 33,5%) espera incluso que mejore. A pesar de que los datos son positivos, ATA constata que las expectativas de los autónomos han bajado de cara al segundo semestre, pues el porcentaje de trabajadores por cuenta propia que espera mejorar su negocio se ha reducido desde el 35,6% al 33,5% desde el anterior barómetro, realizado en diciembre. Por su parte, el 48,3% de los autónomos piensa que su negocio marchará igual en la segunda mitad del año y sólo el 13,9% opina que la actividad de su negocio empeorará en lo que queda de ejercicio. Algo más de la mitad de los trabajadores por cuenta propia, el 52,2%, tiene trabajadores a su cargo y de ellos seis de cada diez asegura que mantendrá su plantilla en los próximos seis meses, mientras que uno de cada cuatro (25,3%) prevé prescindir de algún empleado.
Otra noticia destacada es la de la reforma del alquiler que elevará todavía más los precios, según los expertos. Los analistas piensan que las medidas diseñadas por el Gobierno no impulsarán la oferta de vivienda. Al contrario, el límite a la fianza o la ampliación de los contratos podrían disuadir a los propietarios de ponerlas en alquiler. Los expertos desconfían de la reforma del alquiler que quiere aprobar Pedro Sánchez, dado que las medidas proyectadas tenderán a limitar la entrada de viviendas en el mercado, en lugar de incentivarla, lo que incrementará el desequilibrio entre la oferta y la demanda y presionará todavía más los precios al alza. El plan del Gobierno pasa por cuatro vectores: ampliar de tres a cinco años la prórroga forzosa en los contratos de alquiler, limitar las fianzas y garantías adicionales que el propietario puede imponer al inquilino, poner trabas al alquiler turístico y, además, promover la construcción de 20.000 viviendas destinadas al alquiler social.
Finalmente, el plan para promover la construcción de 20.000 viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles es el que más lagunas presenta: el tiempo de construcción, la colaboración de los ayuntamientos y la gestión de estas viviendas. Por otro lado, la construcción tardará seguramente más de cinco años, entre la adopción de las medidas, los acuerdos con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, la financiación y el proyecto en sí.
Personalmente, no veo una ventaja clara en esta nueva reforma del alquiler.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.