Las bolsas europeas cerraban la semana con caídas generalizadas en torno al -1,0% lastradas por el repunte de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, después de que Estados Unidos advirtiera de que elevaría la tarifa al 25% en 200.000 M.$ de importaciones de China. En este contexto, industria básica y autos eran de los sectores que peor comportamiento relativo tenían en la semana. En Estados Unidos, tenemos que destacar los resultados de Apple, que arrastraban al comportamiento de las tecnológicas en la semana, alcanzando el billón de dólares de capitalización bursátil. Se puede afirmar que nadie ha llegado tan alto porque Apple ha marcado su máximo histórico y, como digo, roza el billón de dólares de valor en Wall Street. Sus acciones se dispararon más de un 5% tras anunciar la buena marcha de su negocio móvil y de servicios. En el último trimestre vendió 41,3 millones de teléfonos iPhone, un 1% más frente al mismo periodo de 2017
A nivel político, quiero incidir en que las tensiones en materia de comercio mundial siguen en máximos después de que esta semana Estados Unidos haya optado por lo que se interpreta como una estrategia de elevar más la tensión para provocar la negociación, advirtiendo de que elevaría la tarifa al 25% en 200.000 M.$ de importaciones de China. Por el momento, la respuesta de China es combativa, y las partes sólo reconocen negociaciones informales. Con relación a China, esta semana tenía lugar la reunión semestral del Partido Comunista, donde ratificaban su objetivo de crecimiento para 2018 y se apreciaba un giro en sus políticas, no tan focalizadas en la reducción del endeudamiento sino más orientadas en el crecimiento por vías de estímulo fiscal (inversión pública en infraestructuras) que ayuden a compensar los posibles impactos que puedan tener en la economía una guerra comercial. Como he indicado, Donald Trump ha propuesto imponer aranceles del 25 % a productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares, mayoritariamente bienes de consumo, según informó la Oficina del Representante de Comercio Exterior. Trump ha pedido al responsable de Comercio Exterior, Robert Lighthizer que considere incrementar el nivel propuesto para estos aranceles del 10 % al 25 %». A pesar de que algunos medios estadounidenses han relacionado la propuesta de aumento de los gravámenes con una fuerte caída en el valor de la moneda china, los funcionarios descartaron esa idea.
Los aranceles propuestos en esta ocasión se aplicarán por primera vez a un número considerable de bienes de consumo, incluyendo muebles, lámparas, alimentos y ordenadores.
Paso ahora a la política monetaria para comentar que, en cuanto a los Bancos centrales, ha sido esta una semana intensa donde conocíamos nuevas decisiones de política monetaria. La atención la ha centrado el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra. Kuroda anunciaba flexibilidad tanto al alza como a la baja en su objetivo por controlar la TIR a diez años en torno al 0%, de forma que la TIR a dicho plazo llegaba hasta el 0,13%. Por su parte, tal y como se esperaba, el BoE subía el tipo oficial hasta el 0,75% (máximo desde 2009). Sin embargo, y por sorpresa, la decisión se adoptaba por unanimidad (9 votos a 0). Por último, tal y como se esperaba, la Fed mantenía sin cambios su política monetaria, apuntando a septiembre de cara a la próxima subida del tipo oficial.
En los mercados de deuda han vivido una semana de volatilidad, con la TIR de la deuda italiana a diez años repuntando casi 20 pbs por las tensiones dentro de la coalición de gobierno. Esto arrastraba a la prima de riesgo española, que volvía a superar los 100 pbs. Por su parte, la deuda core a largo plazo cerraba la semana sin apenas variación a los dos lados del Atlántico.
A nivel doméstico, cabe destacar que el ejecutivo de Sánchez ha cerrado la renovación de los altos cargos de la Administración vinculados a la economía, así como numerosas empresas públicas.
La pirámide del poder político en España ha sufrido un terremoto que nadie anticipaba hace apenas dos meses. La llegada de Pedro Sánchez a Moncloa ha supuesto una completa renovación de los altos cargos ministeriales, el segundo escalón y las empresas públicas, desde donde se diseñarán y ejecutarán las políticas del nuevo Gobierno. Sánchez tiene como mano derecha a Iván Redondo, el director de su gabinete en Moncloa. Redondo accede a este cargo tras haber sido el «cerebro» de la moción de censura que condujo al líder socialista al poder. A él le reporta Manuel de la Rocha, director general de Asuntos Económicos en el gabinete de Presidencia, aunque con unos poderes más limitados que la antigua Oficina Económica. Sánchez ha querido dar los máximos galones del poder económico a Nadia Calviño, que además del Ministerio de Economía preside la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, donde también se sientan los ministros de Hacienda, Fomento, Industria, Trabajo, Transición Ecológica y Agricultura. En Economía, Calviño ha optado por ser acompañada por un perfil de acreditada carrera en la Administración -Ana de la Cueva- para la secretaría de Estado de Economía- y por otro más novedoso -Francisco Polo, fundador de Change.org- al frente de la Secretaria de Estado para el Avance Digital. Su organigrama se completa con profesionales de larga trayectoria en el propio Ministerio, en los que se ha valorado también la experiencia en la esfera internacional, fundamental para dialogar con Bruselas. El Ministerio de Hacienda tendrá un marcado acento andaluz, pues María Jesús Montero se ha traído a gran parte del equipo que ya le acompañaba en la Junta. Se trata de la nueva secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón; la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda; la subsecretaria del Ministerio, María del Pilar Paneque; y el director de su gabinete, Carlos Moreno Medina. Para gestionar la compleja estructura de Trabajo, Magdalena Valerio ha diseñado un organigrama con tres secretarías de Estado, el máximo entre todos los ministerios. Para ocupar los principales cargos ha recurrido en gran medida a veteranos del anterior Gobierno socialista. Es el caso de Octavio Granados, nuevo secretario de la Seguridad Social o Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Migraciones. Los cuadros socialistas también han nutrido a Fomento, donde Ábalos ha incorporado a Pedro Saura, hasta ahora portavoz del PSOE en la comisión de Economía del Congreso.
La mayoría de las empresas públicas también han sido renovadas, a falta del nombramiento en Loterías y Apuestas del Estado y que se confirme la designación de Jordi Sevilla en Red Eléctrica.
Por otro lado, el Banco de España tendrá a la primera subgobernadora de su historia. El Gobierno ha nombrado a Margarita Delgado a propuesta del supervisor, tras la marcha de Javier Alonso pese a no agotar su mandato. Las mujeres van ganando cuota de poder en el ámbito económico, al menos en el sector público. A los nombramientos de dos nuevas ministras de Economía y Hacienda, Nadia Calviño y María Jesús Montero, respectivamente, ahora se une la elección de Margarita Delgado como subgobernadora del Banco de España (BdE), hecho inédito en el supervisor que hasta ahora solo había tenido representación femenina en su consejo de gobierno. La propuesta fue comunicada esta pasada semana al Ejecutivo por el propio gobernador, Pablo Hernández de Cos, elegido el 31 de mayo en una de las últimas decisiones del Gobierno anterior presidido por Mariano Rajoy. El desencadenante de esa decisión ha sido la renuncia voluntaria del actual ‘número dos’ de la institución, Javier Alonso, quien lleva en distintos cargos de la misma desde 1977. Elegido en diciembre de 2016 para relevar a Fernando Restoy, quien se fue para presidir el Instituto de Estabilidad Financiera (FSI) –un organismo internacional dependiente del Banco de Pagos Internacionales de Basilea (BIS)–, Alonso podía haberse quedado hasta finales de 2022 y agotar los seis años a los que tenía derecho. No obstante, él mismo era consciente de su temporalidad porque PP y PSOE tenían la intención entonces de haber negociado los dos puestos de máximo poder en el BdE a la finalización del mandato de Luis María Linde en mayo pasado. La moción de censura socialista truncó finalmente ese posible acuerdo y Alonso quedó pendiente de los planes que tuviera el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. Fuentes gubernamentales admitieron en las últimas semanas su malestar por estimar que en algunas de sus comparecencias públicas había criticado de forma velada sus posiciones económicas y anuncios de medidas. De hecho, el exsubgobernador no ha ocultado su rechazo al nuevo impuesto que se aplicaría a la banca para financiar las pensiones, al estimar que perjudicaría la solvencia de las entidades financieras. Así, alineándose con sus tesis, ha advertido de que reduciría la concesión de créditos, amén de su rentabilidad. En cualquier caso, la designación de Margarita Delgado no ha sido una sorpresa porque hace ya tiempo que figuraba en las quinielas para suceder incluso a Linde. A su favor juega el respeto que en el sector bancario tienen por su profesionalidad y conocimientos –es licenciada en Económicas y Empresariales, inspectora del Banco de España y además experta en el área de supervisión–, además de no conocérsele simpatías políticas especiales. Accedió al supervisor en 1988, aunque desde 2014 ocupa uno de los puestos más destacados de las finanzas europeas: directora general adjunta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), desde donde supervisa los mayores bancos de la zona euro. Su designación puede hacer que España pierda influencia en ese ámbito, aunque ella mantiene una estrecha relación con el BCE.
A nivel doméstico, también hay que volver al tema del taxi. El taxi deja la huelga al aceptar Fomento ceder en septiembre la regulación de VTC. El ministro «habilitará a la comunidad que así lo requiera» pero pasarán tres meses hasta diseñar nuevas medidas para «reequilibrar» el sector. Los taxistas de Barcelona y Madrid votaron en la noche del pasado miércoles desconvocar la huelga indefinida que mantenían para reclamar una presión regulatoria mayor sobre los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Lo hicieron tras conocer que finalmente habrá barra libre para las comunidades autónomas que «deseen capacidad regulatoria» en este tema, aunque no está claro hasta dónde podrán llegar luego en ese desarrollo normativo regional. Esa es la propuesta, con tintes salomónicos, que les hizo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante la Conferencia Nacional de Transportes, cuya reunión se prolongó más de tres horas. Tras los recelos y objeciones planteados por varios consejeros autonómicos, renuncia de esta forma a su idea inicial –adelantada el 12 de julio en el Congreso– de transferirles en bloque las competencias sobre los VTC, y que luego éstas negociaran con los ayuntamientos posibles cesiones. En Barcelona y Madrid pretenden una segunda autorización «específica» para recorridos metropolitanos, o con origen o destino en ellas. Pero para que eso ocurra pasarán varios meses. De hecho, según el plazo que se dieron Fomento y las comunidades, al menos tres para diseñar de forma conjunta medidas que «reequilibren» la competencia entre taxis y VTC con arreglo a la controvertida norma de 30 licencias de los primeros por cada una de los segundos, una ratio que hace tiempo que no se cumple. Según las últimas cifras oficiales son 65.277 frente a 9.366, esto es, siete por uno.
Por su parte, Uber y Cabify afirman que recurrirán cualquier expropiación de licencias VTC. Aseguran que llevarán a la justicia cualquier decisión que no respete el marco normativo. El Gobierno no cree que las CC AA necesiten fondos para regular los VTC. La guerra entre los taxistas y las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), Uber y Cabify, entre ellas, parece estar lejos de zanjarse, aunque se abre una tregua tras las reuniones mantenidas en los últimos días entre miembros del Gobierno y los representantes del sector del taxis, la patronal de los VTC (Unauto) y las comunidades autónomas. La asociación del sector de las VTC en España aplaudió esta pasada semana “el sentido común mayoritario” mostrado por los Gobiernos autonómicos al exigir que no se les imponga aceptar la transferencia de legislar sobre el sector, “que debe ser competencia del Estado como recoge la Constitución Española, y tendría un corto recorrido legal”, según indicó Unauto en un comunicado. Su presidente, Eduardo Martín, insistió en la legalidad y la legitimidad de “absolutamente todas” las licencias de VTC existentes en España. “Las leyes no pueden ser retroactivas, por lo que retirar cualquier licencia concedida, como pretende el taxi, sería una aberración jurídica, y además de ilegal, inconstitucional”.
Me veo en la obligación, amable lector, de destacar una muy mala noticia a nivel nacional: la deuda del Estado marca en junio su máximo histórico con 1.019.337 millones, tras aumentar en 9.997 millones con respecto a mayo, cuando alcanzó 1.009.340 millones de euros. Con respecto a junio de 2017, la deuda estatal ha aumentado en 43.055 millones, un 4,4%, según los datos actualizados esta pasada semana por el Banco de España.
En lo que va de año el endeudamiento ha crecido en 22.856 millones, un 2,3% respecto a diciembre de 2017. La mayor parte de la deuda, 881.917 millones de euros, se concentra en valores a largo plazo, que incluyen las letras del Tesoro emitidas a más de un año. El resto se reparte entre deuda a corto plazo (69.376 millones) y otros instrumentos (68.044 millones). Por otra parte, el Banco de España ha publicado también la balanza por cuenta corriente que alcanzó un déficit acumulado de 400 millones de euros hasta mayo, frente al superávit de 3.700 millones de euros registrado en el mismo periodo del año pasado. Esta evolución está marcada por el descenso del superávit de los bienes y servicios, así como por el incremento del déficit de las rentas primaria y secundaria. En el caso de los bienes y servicios, en los cinco primeros meses del año el superávit alcanzó los 6.700, frente a los 9.900 millones del año pasado, es decir, 3.200 millones menos. Dentro de los bienes y servicios, el turismo y los viajes tuvieron un impacto positivo, ya que sumaron 13.400 millones de euros, 300 millones por encima de la cifra del año pasado, cuando era de 13.100 millones. Las rentas primaria y secundaria (rentas del trabajo, de la inversión, impuestos, cotizaciones, prestaciones sociales y trasferencias corrientes) registraron un déficit de 7.100 millones de euros, 1.000 millones más que en el mismo periodo del año anterior. En total, el déficit por cuenta corriente sumado al saldo positivo de la cuenta de capital (800 millones) arrojó un superávit de 400 millones, frente a los 4.400 millones de euros acumulados entre enero y mayo de 2017.
Quiero cerrar con buen sabor de boca, por las buenas noticias a nivel regional. Así, Asturias lideró la caída del paro en julio en España. El Principado fue la tercera comunidad en la que más descendió el desempleo de un mes para otro gracias al tirón de los servicios, donde están incluidas todas las actividades relacionadas con el sector turístico. Lo hizo un 3,55%, solo superada por las vecinas Galicia y Cantabria. En las oficinas del Servicio Público de Empleo regional había a 31 de julio 67.992 personas demandando un empleo. Son 2.504 menos de las que había a finales de junio. La menor cifra para un mes de julio desde el año 2009, cuando la crisis estaba dando solo sus primeros pasos y no se había dado aún la brutal destrucción de empleo que asoló al mercado laboral nacional. La bajada en Asturias estuvo muy por encima de la registrada a nivel nacional, que fue del 0,86%.
Por último, pero no menos importante, una noticia que me resulta especialmente grata: la agencia Moody´s eleva la calificación de Liberbank y ensalza su saneamiento. En efecto, esta agencia de rating ha elevado la calificación crediticia de Liberbank, que pasa de B1 a Ba3, colocándola al nivel de entidades de mayor tamaño como Bankia y el Sabadell. Moody’s valora la reducción de activos ociosos (morosos y adjudicados) y el incremento de las coberturas de riesgo, y remarca el éxito de la ampliación de capital que el banco participado por la Fundación Cajastur protagonizó en noviembre de 2017 para acelerar su saneamiento. El informe también subraya la «sólida» posición de liquidez de Liberbank y la mejora observada en la rentabilidad. Esta pasada semana, Liberbank comunicó que sus beneficios durante el primer semestre del año fueron de 84 millones de euros, un 39,3% más interanual. La tasa de morosidad ha bajado en un año del 11,3% al 6,75%.
Con esto me despido, amable lector, hasta septiembre, deseándole sinceramente un grato descanso estival.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.