Esta pasada semana ha traído consigo una nueva entrega de la guerra comercial, con EE.UU. haciendo efectivos los aranceles sobre 200.000 M. $ en bienes chinos que serán gravados con el 10% a partir del próximo lunes, subiendo el tipo hasta el 25% a finales de año para permitir a las empresas ajustar sus cadenas de suministro; en respuesta, China gravaba 60.000 M. $ en bienes americanos con un tipo de entre el 5% y el 10%, y estudia la posibilidad de reducir los aranceles a las importaciones provenientes de otros países.
Me temo, amable lector, que en el frente Brexit, el ambiente está muy caldeado y la cumbre no oficial mantenida en Salzburgo rebaja las expectativas de llegar a un acuerdo: las mayores diferencias entre el Reino Unido y la UE giran en torno a la frontera con Irlanda y la relación comercial futura entre ambas partes, y desde Bruselas se pide que el Reino Unido debe adquirir una posición definitiva en este aspecto para poder sellar un acuerdo final en noviembre. Así mismo, a diez días de reunirse con el ala dura de su partido, Theresa May advierte de que si dinamitan sus planes de Brexit, el fracaso de acuerdo entre ambas partes será el peor escenario al que podría enfrentarse el R.U., tal y como advierte el FMI. En este contexto, los selectivos europeos cerraban la semana con importantes ganancias superiores al 2%.
May busca un pacto con la UE para evitar el caos económico tras el Brexit. El Fondo Monetario Internacional secunda al Banco de Inglaterra y asegura que si Reino Unido no firma un acuerdo con la UE, las consecuencias sobre la economía serán muy negativas. El miedo a un caos económico y político ha vuelto a adueñarse de la actualidad en Reino Unido, después de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Inglaterra hayan anunciado que la economía británica sufrirá un fuerte parón si no se llega a un acuerdo con la Unión Europea sobre el Brexit. Christine Lagarde, directora del FMI, aseguró en Londres que todos los escenarios del Brexit presentan costes para Reino Unido, pero que una salida desordenada puede llevar a un «resultado significativamente peor». El organismo internacional ha rebajado sus previsiones y espera que la economía del país crezca como máximo un 1,5% en 2018 y 2019, si un acuerdo amplio es logrado, algo que está por ver. Las malas perspectivas llegan solo horas después de que el Banco de Inglaterra asegurara que si no hay acuerdo sobre el Brexit, la economía se desacelerará y el precio de las casas podría caer hasta un 35%, un dato que ha tenido un gran impacto entre los británicos. No es la primera vez que el FMI y el Banco de Inglaterra lanzan mensajes catastrofistas sobre las consecuencias del Brexit, pero hay dos razones por las que ahora sus vaticinios pueden tener más impacto. Por un lado, nunca hasta ahora los tiempos habían estado tan ajustados. Reino Unido saldrá oficialmente de la Unión Europea el 29 de marzo de 2019 y Theresa May, la primera ministra, no parece partidaria de retrasar esta fecha, haya o no haya acuerdo. Por otro lado, la economía ha empezado a preocupar de verdad a los británicos y se presenta ya como uno de las quebraderos de cabeza para la ciudadanía. Estos malos augurios económicos ponen más presión sobre Theresa May, la debilitada primera ministra que debe lidiar en casa con una guerra civil en las filas de su partido, mientras negocia con sus socios europeos. May firmó el pasado mes de julio el plan Chequers para la salida del Reino Unido, pero que ha provocado una fuerte división en las filas conservadoras. Este plan ofrece mantener el mercado común entre Reino Unido y la UE en el sector de bienes industriales y agrícolas, áreas en las que Londres seguiría los estándares de Bruselas. Boris Johnson fue uno de los ministros que dimitieron tras la firma del acuerdo. Desde entonces se ha dedicado a cuestionar el liderazgo de May y acusarla de estar al servicio de Bruselas. En el seno de la UE se es consciente de las dificultades por las que atraviesa May y existe el ánimo de intentar ponerle las cosas fáciles. La primera ministra tendrá una prueba de fuego el próximo 30 de septiembre, cuando se celebre la conferencia anual del Partido Conservador y tendrá que medirse con sus contrincantes, Johnson entre ellos. Sin embargo, algunos políticos en Bruselas consideran que Chequers es «inaceptable», ya que busca dar todas las facilidades a las empresas británicas para que sigan comerciando como hasta ahora, lo que puede complicar la negociación final.
Con respecto a las referencias macro de esta pasada semana, en Europa, el dato más destacado era la cifra del IPC armonizado de la eurozona que se situaba en la línea de los meses anteriores en el 2,0%mientras que la subyacente, continuaba en el 1%, aún lejos de los niveles que el BCE se marca como objetivo. La semana en cuanto a los bancos centrales ha dejado la reunión del BoJ que mantenía sin cambios su política monetaria, adoptando una postura de esperar y observar, sin alterar su visión sobre la economía ni el outlook de inflación. En cuanto al BCE, Peter Praet señalaba que el guidance que la autoridad monetaria transmita sobre la evolución de los tipos de interés oficiales irá ganando importancia en los próximos meses.
Apple paga a Irlanda 14.300 millones por sus ventajas fiscales, un 4,7% del PIB. Bruselas retira la demanda contra Irlanda. Dublín reitera que no acepta el dictamen de Bruselas. Por eso, puede decirse que Irlanda ha recibido un suculento regalo de Apple. El gigante tecnológico ha abonado al país 14.300 millones por las ventajas fiscales que Bruselas declaró ilícitas en 2016 e instó a Dublín a que las recuperase. El pago supone un 4,7% de su PIB (304.000 millones de euros) y un 18% de su gasto público en 2017, que ascendió hasta los 77.207 millones. La factura supone que el Estado irlandés ha recuperado 13.000 millones en impuestos impagados y 1.200 millones en intereses, según ha comunicado la pasada semana, el ministro de Economía, Paschal Donohoe. El titular de Finanzas, sin embargo, recordó que su Gobierno rechaza el dictamen de la Comisión Europea, si bien considera que la «recuperación completa» de la deuda de Apple «demuestra que la intención del Gobierno es siempre cumplir con sus obligaciones legales». En agosto de 2016 Bruselas ordenó a Irlanda que recuperara esos 13.100 millones en impuestos impagados. Según la Comisión Europea, la enseña fundada por Steve Jobs pagaba un impuesto de sociedades del 1 % frente al 12,5 % que se aplica al resto de empresas en el país desde 1991 a 2014. Tanto Dublín como Apple rechazaron las acusaciones. Y el Gobierno irlandés presentó un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo, que aún sigue vigente. Hasta que este proceso se resuelva, el dinero pagado por Apple se depositará en una cuenta de garantía.El anuncio del ministro de Economía irlandés ha provocado una avalancha de reacciones. La más importante, la de la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, que ha sido la que ha llevado la voz cantante en estos años de las multas a las compañías de Silicon Valley. Vestager ha anunciado que la Comisión Europea retirará la denuncia contra Irlanda.
Precisamente es en Irlanda donde el Corte Inglés negocia con Tributos españoles emitir sus bonos además de en España. La cuantía de la colocación será de un máximo de 800 millones de euros. El gigante de la distribución irá de ‘road show’ a Londres, París, Fráncfort, Milán y Ámsterdam. El Corte Inglés ultima la cuenta atrás para su puesta de largo en el mercado de capitales, con su primera emisión de bonos sénior y calificados por agencias de rating. La compañía iniciará el lunes próximo un road show (ronda de presentaciones) entre inversores institucionales que recorrerá las principales plazas financieras europeas –con citas en Londres, Milán, París, Fráncfort y Ámsterdam– y que recalará también en Madrid, Barcelona y Bilbao. Será el precedente para la emisión de deuda que prevé realizar inmediatamente después.
La intención inicial de El Corte Inglés es debutar con un doble listing. En Irlanda, a través de la Bolsa de Dublín, y en España, a través del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) propiedad de BME. De esta forma, los bonos cotizarían en ambos mercados. Desde la Dirección General de Tributos han avisado de que si se emiten en España los intereses estarán sometidos a retención. Pero el gigante de la distribución negocia con Tributos que coticen en España y en Dublín, según un portavoz de la empresa. Es en Dublín donde se negocian los bonos de Hipercor colocados por Morgan Stanley en enero de 2015 a un puñado de inversores con un cupón del 3,875%. Estos ofrecen ahora una rentabilidad en el entorno del 2,7%. El MARF ha acogido emisiones de bonos de tamaño considerable, pero esta sería de lejos la más grande. Ahora lo es la emisión de bonos por 178,7 millones de euros de la concesionaria Autovía de la Plata. Cierto es que la gran mayoría de empresas españolas opta por salir fuera, pese a los denodados esfuerzos de la CNMV, BME y Economía desde 2014, para que lo hagan en España. Más de la mitad de la deuda emitida por bancos y empresas españolas desde 2013 cotiza fuera, lo cual es una lástima, amable lector. Esta situación me recuerda a nuestros egresados universitarios, que bien preparados, salen finalmente de España a buscar trabajo.
En lo que quisiera poner más el acento esta semana, amable lector, es en todos los signos de desaceleración de la economía española y todas las sombras que se están presentando.
Para empezar: 800.000 contratos de menos de una semana en los servicios. De hecho, el sector servicios español registró 1.163.534 contratos de menos de un mes entre julio y agosto, cifra que representa el 31,5 % de todos los registrados durante el verano, de acuerdo a los últimos datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Entre los citados meses se rubricaron 794.361 contratos de menos de una semana de duración en el sector terciario, una cifra que supone el 21 % del total de contrataciones, es decir, uno de cada cinco contratos suscritos. Los datos muestran que de los 3.689.150 contratos firmados en los meses de julio y agosto, un 90,7 % fueron de carácter temporal (3.345.078), y sólo el 9,3 % (344.072) fueron indefinidos.
Para seguir: Crecen los temores ante la desaceleración del turismo
Los últimos registros de caídas en la cifra de llegada de turistas, gasto, pernoctaciones y ocupación en verano, la época del año más importante para el turismo, reflejan un cambio de tendencia en el sector. La ralentización que experimenta el turismo requiere de reformas que pongan el foco más allá de los récords de afluencia. De lo contrario, puede terminar convirtiéndose en un lastre para el crecimiento económico y la creación de empleo. Muchos hoteleros españoles han optado este verano por lanzar promociones y reducir márgenes ante la dificultad de colgar el cartel de Completo. La técnica, recuperada de años de sequía económica, apunta a un cambio en la tendencia exponencial que hasta ahora mantenía el turismo, que en 2017 batió su sexto máximo histórico, con 82 millones de llegadas. Se trata de uno de los numerosos síntomas del agotamiento del sector, que sumado a la moderación de otros indicadores económicos, amenazan con repercutir negativamente en el crecimiento de la economía. Desde enero, las visitas de extranjeros apenas crecieron un 0,3%, y en verano, cuando se esperaba un repunte en las llegadas como agua de mayo, los descensos se han acentuado. El dato de julio, la mayor caída en la cifra de llegadas en ocho años, confirma los temores del Gobierno, que estima que el sector podría cerrar el año con «un crecimiento muy moderado, nulo o negativo». Más de 2,6 millones de trabajadores dependen de él. Por eso, si el turismo aumenta, crecerá notablemente la creación de puestos de trabajo. Pero si cae, las consecuencias pueden ser preocupantes. Una de las pruebas está en el dato de agosto de afiliación, que registró su mayor caída desde 2008.
Para continuar con indicadores negativos: El freno de las exportaciones amenaza el crecimiento de la economía española. Las ventas españolas al exterior han pasado de encabezar el crecimiento de la eurozona a situarse a la cola y a lastrar los resultados del PIB. Éstas crecieron entre enero y junio un 2,9%, tres veces más lento que en 2017, cuando registraron un incremento del 10% interanual. La desaceleración de las economías europeas, las amenazas proteccionistas y la apreciación del euro son algunas causas, pero también hay factores internos que pueden poner en jaque el crecimiento de cara a 2018.
Los coletazos del sector exterior durante la primera mitad del año se han convertido en señales de humo que anticipan la desaceleración de la economía. Las exportaciones españolas han pasado de registrar incrementos a doble dígito a crecer por debajo del PIB y situarse a la cola de la Eurozona. Las ventas de España al exterior pasaron de crecer un 10%, entre enero y junio de 2017, a hacerlo un 2,9% este año, tres veces más lento. Una tendencia preocupante, teniendo en cuenta que el sector contribuye al 34% del PIB. De perpetuarse, su peso podría tirar de la economía hacia abajo. El ejemplo paradigmático de la importancia del sector exterior está en uno de los últimos bandazos del Gobierno, el pasado miércoles, cuando el presidente, Pedro Sánchez, rectificó al acceder a entregar un contrato de venta de explosivos a Arabia Saudí para priorizar su relación comercial y los empleos que de ella se derivan en España.
Yo creo que la incertidumbre política y comercial son dos de las causas de esta pérdida de dinamismo. La calma de riesgo político alentó el crecimiento económico de países como Francia o Alemania, también España, en el primer trimestre. Esa tranquilidad tocó a su fin al cerrar el segundo trimestre.
Por su parte, el Banco de España advierte del impacto de una subida de tipos sobre la rentabilidad de las empresas. La disminución de la rentabilidad sería algo más intensa en el segmento de empresas grandes. Algunas empresas españolas tienen un margen más reducido para absorber perturbaciones, como un aumento de los costes de financiación, a pesar del proceso de desendeudamiento que han acometido durante la última década, ya que los niveles de rentabilidad aún se mantienen por debajo de los existentes antes del inicio de la crisis. Así se desprende del artículo analítico ‘Resultados de las empresas no financieras hasta el segundo trimestre de 2018’ elaborado por el Banco de España, en el que se expone que, dado el nivel actual de mínimos históricos en los costes de financiación, y la posible normalización de las condiciones monetarias en el medio plazo, el recorrido a la baja de los mismos es ya «muy limitado». En este sentido, la autoridad monetaria nacional ha elaborado un análisis en el que mantiene sin cambios todas las partidas del balance y de la cuenta de resultados de las empresas, y ha modificado exclusivamente el coste de financiación, utilizando como referencia la situación económico-financiera de 2016. En este sentido, el supervisor subraya que esta aproximación exagera los efectos, ya que la situación actual frente al ejercicio utilizado «es mejor». De este modo, queda en evidencia que la disminución de la rentabilidad sería algo más intensa en el segmento de empresas grandes, para el que este indicador podría llegar a reducirse hasta casi 2 puntos porcentuales si el encarecimiento de los costes de financiación fuera de 200 puntos básicos. Por sectores de actividad, se aprecia que en todos los casos los descensos de la rentabilidad sería de algo menos del punto porcentual, en el caso de una subida de 100 puntos básicos, mientras que en el escenario más desfavorable oscilarían entre 1,4 y 1,9 puntos básicos, siendo las ramas de energía, la de información y comunicaciones, y la de construcción y actividades inmobiliarias las que experimentarían un deterioro más acusado.
Por otro lado, respecto a un incremento de los costes de financiación sobre el peso relativo de compañías que soportan una presión financiera elevada, el efecto sería más acusado en el segmento de las pymes. Concretamente, la deuda de las pymes en situación de vulnerabilidad podría llegar a suponer un 20,4% del total del endeudamiento, mientras que en el de las grandes representaría, en el peor de los casos, un 17,7% respecto al endeudamiento total agregado. Esto se explica porque, si bien las pymes verían un menor deterioro de su rentabilidad, al ser esta más reducida antes de intereses, tendrían menos margen para hacer frente a un repunte de los gastos financieros. En términos del número de trabajadores, la repercusión no sería tan importante, de modo que, como consecuencia de un aumento de los costes financiación, el peso del empleo concentrado en empresas vulnerables podría crecer, desde poco más del 5% observado en 2016, hasta un máximo del 6,4% en el escenario más desfavorable. El análisis por sectores muestra que la rama de construcción sería una de las más afectadas, tanto en términos de deuda, con un incremento de máximo de 10 puntos porcentuales, como de empleo, que aumentaría casi en 2 puntos porcentuales.
También en el sector bancario, CaixaBank llama a completar la unión bancaria y mejorar la protección al consumidor. El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, ve «imprescindible» que los depósitos estén protegidos a nivel europeo. El consejero delegado de CaixaBank Gonzalo Gortázar, ha asegurado que la banca europea ha mejorado mucho desde el estallido de la crisis pero que aún tiene «muchas cosas que corregir», entre ellas «aspectos de transparencia, gobernanza o prácticas comerciales». Sin embargo, ha destacado que ya hay «importantes iniciativas» en estos ámbitos y que los avances son «tangibles». El primer ejecutivo de la entidad catalana ha comparecido esta pasada semana en la comisión que estudia en el Congreso de los Diputados la crisis financiera y el rescate a la banca. Durante esta intervención Gortázar también ha destacado la necesidad de mejorar el actual sistema de «recuperación y resolución» de entidades. Gonzalo Gortázar cree además que otra de las grandes tareas pendientes del sector es completar la unión bancaria. Considera que es «imprescindible» que los depósitos estén protegidos a nivel europeo para «poder romper el círculo vicioso entre el riesgo soberano y el bancario, que se ha visto que puede ser letal para los sistemas bancarios, las economías y para el propio euro». Para poder llegar a esa unión ha recordado que al sector se le va a exigir la convergencia con el resto de países en ciertos factores. Estos son «la disminución de activos problemáticos», algo en lo que se ha avanzado «muchísimo», y «la reducción del déficit y la deuda de las administraciones públicas». Gortázar también ve necesario conseguir un entorno regulatorio «claro y estable», con un énfasis especial en las normas que afectan a la protección del consumidor. «Como entidades, preferimos reglas claras y predecibles, aunque sean menos favorables, que la inseguridad jurídica actual, que ha llevado a la paralización generalizada de los procedimientos hipotecarios», ha asegurado el primer ejecutivo de CaixaBank. Gortázar ha finalizado su intervención asegurando que CaixaBank no ha costado dinero público al contribuyente. Es más, ha destacado que la entidad que dirige ha contribuido a la solución de la crisis en más de 4.300 millones de euros a través de aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos (FDG) y al Fondo Único de Resolución (FUR), al repago de preferentes de banca cívica y la inversión en Sareb. Ha destacado además que CaixaBank y la Caixa han tenido especial cuidado y esfuerzo en fomentar la inclusión financiera, dando servicio a un 30% de los españoles con la mayor red de sucursales de España.
Los afectados por la subida del IRPF pagarán unos 4.400 euros más al año. En cuanto a su número, los afectados por la subida del IRPF que negocian el Gobierno y Podemos son 91.408 contribuyentes, el 0,46% del total de 19.621.728 que declararon este impuesto en 2016, según la última estadística disponible. Entre 60.000 euros de ingresos que pedía subir el marginal máximo Podemos y 150.000, el número de afectados se incrementa notablemente, ya que en esta horquilla se encuentran 645.348 personas. Pero ahora la posición de Podemos ha cambiado y Pablo Iglesias se ha felicitado porque haya un alza a rentas de más de 140.000 euros. En todo caso, un alza para rentas de más de 150.000 euros supondría que los afectados pagarían cada año una media de 4.400 euros más, lo que se traduciría en un incremento del 2,1% de su factura fiscal, según cálculos de Sindicatos de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Estas cifras se obtienen a partir de considerar que la subida de las rentas del trabajo afectaría a 90.788 personas que declaran rentas del trabajo por encima de 150.000 euros, ya que se ha descontado a quienes sólo declaran rentas del ahorro.
En todo caso, el Gobierno actual debe recordar que además de pensar en incrementar el volumen de tributos recaudado debe saber invertirlos adecuadamente, que no es cosa fácil.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.