Los mercados de renta variable europeos cerraban la semana con descensos generalizados, presionados principalmente por las incertidumbres en torno al Brexit, las incertidumbres de las negociaciones de la guerra arancelaria entre EE.UU. y China, así como la inversión de la curva de TIRes estadounidenses. Por su parte, en EE.UU. los datos de empleo continúan demostrando la solidez de la economía americana, aunque mostraban también algunos síntomas de menor actividad. Respecto a los bancos centrales, veíamos por primera vez desde 2007 como en la curva de rentabilidades de los bonos estadounidenses se invertían. Después de la tregua que pactaban EE.UU. y China en la reunión del G20 del pasado fin de semana, veíamos como a principio de semana se producía un alivio en los mercados, aunque posteriormente la divergencia de informaciones a este respecto por parte de los medios chinos y estadounidenses, presionaban a la baja a los mercados.
Por otro lado, el miedo a que se recrudezca la guerra comercial entre EE UU y China sacude las bolsas. El Ibex cede el 2,75% tras su peor sesión en un año que tuvo lugar esta pasada semana. La detención de la hija del fundador de Huawei aviva la tensión entre Washington y Pekín y se puede hablar de alta tensión en las bolsas por la tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El mercado español se vio arrastrado y perdió un 2,75% en la que fue su peor sesión desde la crisis catalana de octubre de 2017. La chispa que encendió el nerviosismo de los inversores estalló tras la detención en Canadá de la hija del fundador y directora financiera de la compañía china Huawei, Meng Wanzhou, por orden de las autoridades estadounidenses, acusada de transgredir la política de sanciones de EE UU sobre Irán y otros países.
El Gobierno chino ya ha pedido la liberación inmediata de Wanzhou y, de no producirse, amenaza con echar por tierra el pacto de no agresión arancelario que había alcanzado con Washington durante la cumbre del G20 en Buenos Aires (Argentina) de hace solo una semana. Según han desvelado algunos diarios norteamericanos, Huawei habría podido enviar productos elaborados en sus factorías estadounidenses a Siria, lo que rompe la normativa vigente de exportaciones americanas, que lo prohíbe estrictamente. De hecho, la detención se produjo el mismo día en el que el presidente de EE UU, Donadl Trump, y el de China, Xi Jinping, cenaban en la ciudad argentina para cerrar esa tregua comercial que iba a ser temporal, durante solo un mes y medio. La reacción de las autoridades chinas ha tardado poco en llegar. «Exigimos a las dos partes (Estados Unidos y Canadá) que nos aclaren cuanto antes el motivo de este arresto», afirmó Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, quien pidió la puesta en libertad «inmediata» de Meng Wanzhou. La embajada china en Ottawa ya había emitido una nota de protesta contra la detención de la directiva, pidiendo su liberación. «La parte china se opone firmemente y protesta enérgicamente por este tipo de acciones que perjudican gravemente los derechos humanos de la víctima», indicó en un comunicado, en el que se indica que Meng «no violó ninguna ley estadounidense o canadiense». La propia compañía de telecomunicaciones Huawei aseguró que cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables en los países en los que opera, incluidas las leyes y regulaciones sobre el control y sanción de las exportaciones de las Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea. Huawei subrayó que Estados Unidos persigue la extradición de Meng Wanzhou para que se enfrente a cargos «que no han sido especificados en el Distrito Este de Nueva York, cuando se encontraba haciendo un transbordo entre vuelos en Canadá». «La compañía ha recibido muy poca información en relación a los cargos y no tiene conocimiento de ninguna infracción por parte de la señora Meng. La compañía confía en que los sistemas legales de Canadá y Estados Unidos finalmente lleguen a una conclusión justa», afirmó el grupo chino. Y ese terremoto en política exterior sacudió a las bolsas de todo el mundo. La española, por ejemplo, retrocedió hasta niveles de finales de octubre y amplió las pérdidas acumuladas en lo que va del año al 12,74%. Además, la bolsa de Londres cayó un 3,58%; la de Milán un 3,54%; la de Fráncfort un 3,48% y la de París un 3,31%. En Asia, la de Hong Kong se desplomó un 2,47%; Tokio cayó casi un 2%; Shanghái cedió un 1,68% y Seúl, un 1,55%. En España, Día encabezó las pérdidas del selectivo, con un retroceso del 9,37%. El desplome se produjo después de que se conociera que la banca le ha cerrado el grifo de liquidez hasta que su principal accionista desvele sus planes.
Paso a referirme al inevitable tema del Brexit, para señalar el comentario del Tribunal Europeo de Justicia, en el que señalaba que Reino Unido podría revocar unilateralmente el artículo 50, relajaba levemente las tensiones, ya que reducía las probabilidades de un escenario abrupto de no acuerdo prácticamente a cero. En cualquier caso, con la mitad del período de debate ya cumplido, las miradas se centran en la votación del próximo martes, en la que de momento todo apunta a que el parlamento no aprobará el acuerdo alcanzado con la Unión Europea. Había gran expectación por conocer el informe de empleo tras las palabras de Powell señalando que eran varios los indicadores que apuntan a la solidez del mercado laboral en Estados Unidos.
En cuanto a los bancos centrales, el protagonismo sigue siendo para la Fed, que continúa poniendo sobre la mesa una ralentización del proceso de normalización en 2019. Este hecho llevaba la TIR del Treasury a niveles de 2,87%, con la curva invertida (TIR a 3 años > TIR a cinco años) por primera vez desde 2007. En Europa, Weidmann señalaba que el BCE no debería esperar demasiado para normalizar su política monetaria, ya que unas políticas demasiado acomodaticias podrían generar situaciones de estrés. En cuanto a la deuda, continua el buen comportamiento de la deuda italiana, cuya referencia a diez años estrechaba 3 pbs en la semana a pesar de la mayor aversión al riesgo vivida el jueves.
A nivel doméstico hay una clara percepción de empeoramiento económico: Cuatro de cada diez consumidores ven ahora la economía española peor. El 24% de los hogares también ve su situación más delicada, mientras un tercio estima más difícil encontrar empleo, según el último barómetro del CIS. La estadística señala que la economía española parece estar aguantando el tirón de la desaceleración –según el INE ha crecido un 0,6% los tres primeros trimestres del año y su tasa interanual, aunque ha descendido medio punto respecto a 2017 (2,5% hasta octubre), se mantiene en niveles altos–, pero casi la mitad de los consumidores no piensan igual. Según el último barómetro de opinión publicado esta semana por el Centro de Investigaciones Sociológica (CIS), el 40,2% considera que está peor que hace seis meses, sin ambages. Algo más de un tercio (35,5%), no obstante, piensan que la situación económica del país no ha variado mucho en ese tiempo, mientras apenas dos de cada diez (el 18%) entiende que está mejor. Pero lo cierto es que el indicador de confianza del consumidor que elabora el CIS cada mes se encuentra en sus niveles más bajos de los dos últimos años. En noviembre cedió más de un punto y medio, perdiendo más distancia con el índice 100 que separa las percepciones positivas de las negativas –ahora está en los 91,4 puntos–. En cualquier caso, su confianza es peor respecto a la situación actual que con las expectativas de futuro, pues aquí el indicador de sentimiento se sitúa en 99 puntos. Índices aparte, lo que mejor revela el escepticismo de mucha gente con la recuperación económica son sus respuestas. La mayoría tiene la sensación de que el desempleo apenas baja ya. En concreto, el 78% tiene al mismo número de personas de su entorno en el paro, el 8,7% a más y solo un 7,2% a menos. Para más de un tercio (35,1%) la situación en España resulta ahora peor para «encontrar» un puesto de trabajo, o bien «mejorar» el que tiene. Apenas el 18% piensa lo contrario. De cara al futuro poco cambia. Un 30% opina que dentro de seis meses habrá más opciones de tener un empleo, pero un 36% sostiene que no será así. Lo mismo pasa respecto a la posibilidades de comprar bienes duraderos (coches, muebles, electrodomésticos, ordenadores u otro tipo, excepto bienes inmuebles), pues solo un 15% opina que serán mayores en 2019 frente a un 19% que las estima peores. Una cuarta parte de los consumidores (24,4%) piensa igualmente que sus posibilidades de ahorro serán menores, frente al 17,5% que las prevé mejores. Pero a día de hoy el 44,3% de los ciudadanos afirma que llega «justo» en materia de ingresos a fin de mes, aunque un tercio (34,1%) señala que aún puede ahorrar «un poco». En todo caso, uno de cada cuatro consumidores (24,3%) ve la situación económica de su hogar peor que hace seis meses, sobre todo por el alza persistente de la inflación y los sueldos estancados, y solo el 15,3% mejor.
Comisión y BCE culpan a las políticas del Gobierno de agravar la incertidumbre económica. Aunque Bruselas y Fráncfort hablan de varias medidas, cuando se trata de concretar solo mencionan una: la subida del 23% del salario mínimo. Riesgos y dudas por doquier. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) advierten de los riesgos para el crecimiento económico de la incertidumbre política en España y de ciertas medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Los riesgos para el crecimiento incluyen un menor crecimiento global (y de la UE), el proteccionismo y las tensiones comerciales, unos precios del petróleo y unos tipos de cambio del euro más elevados de lo previsto, la incertidumbre política doméstica y externa, la política monetaria y la incertidumbre sobre el impacto macroeconómico de ciertas medidas políticas, como la propuesta de subir el salario mínimo», aseguran Comisión y BCE en el informe que han elaborado tras visitar España el 4 y 5 de octubre. Una misión con expertos de ambas instituciones visitan dos veces al año el país dentro del marco de la supervisión post-programa de rescate financiero, por el que el Gobierno pidió 41.333 millones de euros al Mecanismo Europeo de Estabilidad en 2012 para sanear el sistema bancario. El documento, publicado el viernes de la semana pasada, se ha elaborado mucho antes de las elecciones autonómicas en Andalucía del domingo, por lo que el diagnóstico no incluye las posibles repercusiones políticas del hundimiento del Partido Socialista en uno de sus feudos históricos, ni la irrupción de la extrema derecha de Vox en el Parlamento andaluz. Ambas instituciones indican que la subida del salario mínimo, si bien logrará un incremento de los sueldos, lastrará la creación de empleo. El documento no elabora más, pero fuentes comunitarias advirtieron hace semanas de que, según sus cálculos, la economía española generaría entre 70.000 y 80.000 empleos menos por culpa de ese incremento súbito.El informe publicado por BCE y Comisión da por buenas las previsiones anunciadas por el Ejecutivo comunitario el 8 de noviembre y reiteradas el 21: el PIB seguirá creciendo los próximos años pero a un ritmo mucho más lento. Si 2018 cerrará con una subida de la actividad del 2,6%, según la Comisión, el 2019 ese incremento será del 2,2% y pasará al 2% en 2020. La valoración, en cambio, es algo más dura que la que hizo la Comisión. En esta ocasión, el texto no solo depende del Ejecutivo comunitario, sino que debe consensuarse con el BCE.
Por otro lado, transición ecológica, ultima la propuesta de peajes eléctricos para 2019. Aprobará las tarifas en tanto se reconoce al supervisor su potestad para elaborarlos. Todo apunta a que la tarifa regulada se congelará en enero. El Ministerio para la Transición Ecológica ultima dos normas importantes: un real decreto ley de medidas urgentes en el sector de la energía, que incluye la restitución de las competencias de la CNMC y una orden ministerial por la que se revisarán los peajes eléctricos para 2019. Aunque entre las potestades del organismo supervisor está precisamente la de proponer dicha tarifa regulada, y aunque la intención de la titular del departamento, Teresa Ribera, era que la CNMC aprobará ya las que deben entrar en vigor el 1 de enero, no ha habido margen de tiempo para el trámite. Por tanto, será el ministerio el que envíe, como hasta ahora, y quizás por última vez, su propuesta de revisión tarifaria a la Comisión, lo que podría hacer en breve. Aunque la Comisión logre recuperar el poder que le otorga la normativa europea y que el Gobierno del PP no le reconoció, lo que ha llevado a España a las puertas del Tribunal de Justicia de la UE, es necesario que elabore una metodología de peajes o, cuando menos, una revisión de la que aprobó en una circular en 2014, lo que llevará varios meses. Según la directiva del mercado interior de la energía, el regulador independiente elaborará la metodología de los peajes, su estructura y su valor. Sin embargo, en el caso de España los peajes de acceso a las redes, que retribuyen la actividad de distribución y transporte, se mezclan con los llamados cargos que también se pagan en la tarifa regulada, que incluyen muchos costes ajenos, como la amortización de la deuda histórica del sistema, los incentivos a las renovables o la mitad de las subvenciones de los sistemas insulares. La cuestión es complicada pues estos cargos sí son responsabilidad del Gobierno. Por tanto, en el futuro una parte de la tarifa regulada de la factura la determinará la CNMC (los peajes puramente dichos) y la otra, el Gobierno (los citados cargos). Todo apunta a que los peajes de 2029 se mantendrán congelados, pese a que el sistema pueda registrar algún déficit. De ser así, el Gobierno podrá cubrirlo con el superávit acumulado en el sistema (más de 900 millones de euros). Aunque la Ley del Sector Eléctrico prohíbe esta posibilidad, el real decreto ley de medidas energéticas aprobadas por el Gobierno a principios de octubre, levantaba dicha prohibición, Así, en la disposición adicional primera del RDL, el superávit del sistema eléctrico, que, por ley, solo se puede destinar a reducir la deuda (aún se arrastran unos 23.000 millones de euros), se podrá utilizar también para cubrir posibles desajustes temporales entre costes e ingresos en 2018 y 2019. Los peajes eléctricos llevan congelados desde hace varios años. Tras la reforma energética de José Manuel Soria, se logró mantenerlos al trasvasar algunos de sus costes al término de energía de la factura.
Quisiera destacar, amable lector, que España es el país con más pensiones de viudedad del mundo. Por cada dos pensiones de jubilación hay una de viudedad u orfandad. La OCDE sugiere limitar el tiempo de cobro de esta prestación o hacerla incompatible con determinadas rentas ¿Son aún necesarias las pensiones de viudedad y orfandad? Este es el título de uno de los capítulos del último informe de la OCDE sobre pensiones en el mundo, publicado esta pasada semana, en el que se pone de manifiesto que España es el país con más prestaciones de supervivencia del mundo ya que esta organización reúne a la treintena de países más industrializados. En concreto, por cada cien pensiones de jubilación, hay otras 47 de viudedad, la mayor proporción del mundo desarrollado. O, lo que es lo mismo, por cada dos prestaciones de trabajadores retirados hay casi una de viudedad. De hecho, el gasto en pensiones de supervivencia (sobre todo viudedad, pero también orfandad) es más del doble en España que en la media de la OCDE, donde su coste es equivalente al 1% del PIB en promedio. En el caso español se eleva al 2,3% del PIB (más de 22.000 millones de euros anuales) y solo es superado por Grecia e Italia, donde sube al 2,6% de su riqueza nacional. Los datos de la OCDE son de 2014 pero en los últimos años ni el número de beneficiarios ni el gasto se han contenido como para perder estas posiciones en el ranking de la OCDE, sino más bien lo contrario. De hecho, este año el porcentaje de la base reguladora del trabajador fallecido sobre el que se calculan la mayoría de las pensiones de viudedad ha pasado del 52% al 56% y en enero de 2019 subirá al 60%. Junto a esto, otras causas que explican que España encabece estos ranking en número de beneficiarios y en gasto en pensiones de viudedad es la práctica ausencia de limitaciones en el acceso a esta prestación. De hecho, los últimos cambios legales han ido en dirección contraria extendiendo esta prestación a las parejas de hecho o a los nuevos matrimonios de mismo sexo, en aras de la no discriminación. Aunque en España se exige que el trabajador fallecido y causante de la prestación de viudedad cumpliera los requisitos mínimos de años cotizados para acceder a una pensión contributiva (15 años) más allá de eso, la única incompatibilidad de las pensiones de viudedad en España se produce en caso de que el beneficiario o beneficiara vuelva a contraer matrimonio. Esta limitación solo está presente en otros cinco países de la OCDE: Canadá, Finlandia, Francia, Noruega y Estados Unidos. Esto difiere de la mayoría del resto de países desarrollados donde hay otro tipo de incompatibilidades de duración de la pensión (en España son vitalicias) o de nivel de rentas del viudo o viuda, entre otros requisitos. Ante esta circunstancia, la OCDE recomienda a países como España que reformen la pensión de viudedad de forma que establezcan nuevos límites que, por ejemplo, hagan vitalicia esta renta solo en el caso de que el beneficiario esté ya jubilado o que elimine la posibilidad de cobro de esta prestación en el caso de los divorciados que no vuelven a contraer matrimonio. La OCDE justifica estas recomendaciones con varios argumentos. En primer lugar, indica que la mayoría de los países desarrollados cuenta con instrumentos directamente relacionados con la prevención de la pobreza, como por ejemplo rentas y pensiones mínimas, así como beneficios sociales que incluso incluyen subvenciones a la vivienda. «Aunque en muchos de los Estados el nivel de esos beneficios no es muy alto, no existe ninguna justificación para que las viudas y los viudos tengan mayores garantías y protección social que otros individuos no viudos con problemas similares de ingresos. De hecho, algunos países donde la preocupación por la erradicación de la pobreza es alta, han eliminado este tipo de pensiones», argumenta esta organización internacional. No obstante, este organismo admite que las pensiones de viudedad «están contribuyendo de forma efectiva a reducir la brecha de género en los beneficiarios de prestaciones en la mayoría de los países». Pero, al tiempo, considera que las pensiones de viudedad, «desicentivan el trabajo, sobre todo entre los más jóvenes». Asimismo, sugieren la necesidad de hacer incompatible esta renta con determinadas situaciones de renta o familiares, en las que el nivel de vida tras el fallecimiento de un cónyuge no se vea tan resentidas. La OCDE recomienda que la pensión de viudedad sólo la cobren los jubilados. Propone que las personas divorciadas tampoco tengan acceso, ya que para ellas «es irrelevante». La OCDE plantea limitar el acceso a las pensiones. La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) ha recomendado a sus países miembros, entre ellos España, limitar el cobro de las pensiones de viudedad, de forma que solo se tenga derecho a una pensión permanente de este tipo tras la jubilación, así como impedir que las personas divorciadas puedan acceder a ellas. En su informe anual sobre el estado de las pensiones, la organización internacional presidida por el mexicano Ángel Gurría ha subrayado que el objetivo último de las pensiones de viudedad, por encima de todo, es mantener el nivel de vida de los viudos. «Las pensiones de viudedad deberían centrarse más claramente en suavizar el nivel de vida de los viudos, un objetivo político necesario, al mismo tiempo que se limitan los desincentivos para participar en el mercado laboral y se elimina cierta redistribución entre los hogares que es difícil de justificar», ha subrayado la OCDE. De esta forma, la propuesta del organismo pasa por «internalizar» el coste de las pensiones dentro de las parejas. Esto es, que a los mismos derechos para cobrar una pensión, aquellos individuos que estén viviendo en pareja deberían cobrar una cantidad menor que aquellos jubilados que vivan solos o estén solteros. De esta forma, se equilibraría el gasto de las pensiones de viudedad. La argumentación que da la entidad internacional es que las parejas que comparten casa y convivencia se benefician de «economías de escala» frente a los que viven solos. Por tanto, sus ingresos relativos son realmente más altos aunque cobren la misma cantidad. Además de esta reforma, la OCDE también ha recomendado a los Estados que las pensiones de viudedad no deberían de cobrarse de por vida a menos que la persona que la vaya a recibir esté ya jubilada. «En su lugar, a edades más tempranas un beneficio temporal debería ser accesible tras la muerte de la pareja para ayudar a la persona viuda a adaptarse a la nueva situación», se puede leer en el informe publicado este pasado lunes. Sólo 9 países limitan la pensión tras el divorcio. La propuesta de la OCDE con respecto a las pensiones de viudedad choca con la realidad de sus países miembros. Solamente nueve países de los 35 que componen el club internacional limitan o niegan el derecho a cobrar una pensión de viudedad después de que se produzca un divorcio. «Las pensiones de viudedad son útiles para proteger los ingresos disponibles de una persona una vez que su pareja muera, de la misma forma que las pensiones de jubilación sirven para evitar una caída en los ingresos tras las jubilación», ha afirmado el organismo, para añadir que ese objetivo «no es relevante» cuando quien muere es la persona que formaba una antigua pareja. En el caso de España, la OCDE ha indicado que las pensiones de viudedad representan el 2,3% del PIB del país, estando en el grupo que más gasta, junto con Italia y Grecia. España también se encuentra entre los países cuyas pensiones de viudedad representan un mayor porcentaje con respecto al gasto total en la población de la tercera edad (más de un 25%), junto a Luxemburgo y Turquía, mientras que también es de los países donde hay más receptores, ya que se pagan más de dos pensiones de viudedad por cada cinco pensionistas.
Cambiando de tercio, la “tasa Google” de Sánchez prevé recaudar en un año lo que la británica en tres. Francia, España y Reino Unido lanzan sus tributos al no haber pacto global. El fracaso del Ecofin esta semana a la hora de consensuar posiciones para impulsar un impuesto comunitario sobre los nuevos negocios digitales, la llamada tasa Google, ha decidido a varios de los mayores países del Viejo Continente a desarrollar sus propios tributos nacionales sobre la materia. Francia se sumó al frente abierto primero por España y luego por Reino Unido anunciando que creará un impuesto sobre “los gigantes de Internet”. Bajo este mismo espíritu, sin embargo, las regulaciones de cada país presentan algunas diferencias formales y de expectativa, como ilustra el hecho de que la tasa digital española aspire a recaudar en su primer año en vigor lo mismo que la británica ingresará en tres ejercicios. “Desde 2019 tasaremos a nivel nacional a los gigantes digitales si los estados europeos no asumen sus responsabilidades y no aplican lo que parece preferible”, un impuesto digital comunitario que volverá a debatirse en marzo, declaró el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, en una entrevista al canal France 2. El Gobierno galo no ha especificado el diseño que tendría su nuevo impuesto, pero los Ejecutivos español y británico sí han dado ya un alto grado de detalle. El Gobierno español ha articulado su modelo en el Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que recoge un gravamen del 3% sobre los servicios de publicidad en línea, la intermediación online y la venta de datos de usuarios, siempre sobre empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y al menos tres millones en España. El alcance del gravamen es más ambicioso que el planteado en la UE y afectaría a firmas como Google, Facebook, Amazon, Airbnb o Uber. La recaudación prevista por la aplicación del impuesto, según los cálculos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, es de 1.200 millones de euros para 2019. El Ejecutivo del PP, que ya estudiaba aplicar la tasa, estimó que podría ingresar unos 600 millones en su primer medio año y 1.500 en el siguiente ejercicio. “El Gobierno no va a ingresar lo que dice que va a ingresar, de la misma manera que el PP” excedió su estimación, aseveraba esta semana José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), un servicio de análisis ligado a la patronal. Más allá de su valoración, la cifra contrasta con las previsiones que tiene Reino Unido sobre su propio impuesto. El Gobierno de Theresa May avanzó que establecerá una tasa Google a partir de abril de 2020. Su previsión es que recaude 275 millones de libras (309 millones de euros) ese año y tenga efectividad plena desde 2021, cuando ingresaría 370 millones. En 2022 prevén 400 millones de ingresos y en 2023, 440 millones. Es decir, que Downing Street espera recaudar 1.045 millones de libras (1.174 millones de euros) en los tres primeros años de aplicación de la tasa, prácticamente lo mismo que La Moncloa prevé hacer en solo un año. Hay que tener en cuenta, eso sí, que la tasa británica tiene un gravamen menor, del 2%, y se centrará en los beneficios de motores de búsqueda de Internet, redes sociales y gigantes del comercio online, de firmas que facturen al menos 25 millones de libras al año en Reino Unido y más de 500 millones en el mundo. El texto español, en todo caso, todavía está sujeto a posibles retoques tras culminar su paso por audiencia pública, en la que ha recibido decenas de alegaciones de los distintos actores interesados en la norma. El Ministerio de Hacienda, según fuentes conocedoras del proceso, está analizando actualmente los comentarios recibidos con la determinación de incluir todas aquellas aportaciones que mejoren la norma sin modificar su esencia. El proceso, que podría tomar unas semanas, culminará con la aprobación de la nueva norma en el Consejo de Ministros, bien a finales de año o ya en enero, para iniciar después su tramitación parlamentaria. Previsiblemente, por tanto, el visto bueno definitivo del Parlamento y entrada en vigor no llegarían hasta mediados de 2019 lo que reduciría a la mitad la recaudación que pueda lograrse en el ejercicio. España, Francia y Reino Unido, en todo caso, han avanzado que amoldarán sus tasas a los impuestos digitales que acaben pactando en el futuro la UE o la OCDE. El impuesto sobre negocios digitales diseñado por Reino Unido contempla la exención del pago para las compañías que incurran en pérdidas y la reducción del tipo efectivo de gravamen para aquellas empresas con muy bajos márgenes de beneficio. La tasa española incluye un sistema de sanciones para quienes oculten la geolocalización o dirección de Internet IP desde la que acceden los usuarios para tratar de eludir el pago del impuesto. Las multas serán de 150 euros por cada acceso falseado con un límite anual de 15.000 euros para personas o compañías que no tengan actividad económica, o del 0,5% del importe neto de la cifra de negocios del año anterior para quienes desarrollen negocios. Aparcado el debate sobre una tasa digital comunitaria, la comisión del Parlamento Europeo que estudia la legislación de las grandes empresas tecnológicas votó a favor de endurecer la regulación en torno a la protección de datos que deben aplicar los gigantes de Internet para establecer murallas chinas que impidan compartir datos de usuarios con firmas subsidiarias sin su consentimiento, recoge Reuters. Además de las tensiones comerciales, también ha hecho mella en la confianza de los inversores algunos nubarrones sobre la deuda de Estados Unidos.
Finalizo con una mala noticia a nivel local: Asturias es la región en la que más cae la ocupación en la última década. El empleo se redujo en el Principado el 15% mientras que en el conjunto de España aumentó el 5%. Además, el Principado es la única región en la que, en este periodo, cae el empleo tanto en la franja de edad de 16 a 24 años, el 9,7 por ciento, como en la de 25 a más años, el 0,6 por ciento. Sin embargo, Asturias es la segunda comunidad autónoma con más empleo femenino, el 47,8 por ciento del total, de acuerdo a los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, aunque el Principado también es la región que está más lejos de recuperar el empleo femenino de antes de la crisis, con una pérdida del 8,6 por ciento. El informe también destaca que Asturias es una de las cuatro únicas comunidades autónomas en las que las personas con educación superior acaparan más del 50 por ciento del empleo, el 50,6 por ciento en el caso del Principado. Otro de los datos analizados por Adecco es el peso de los extranjeros en el total de la ocupación, un capítulo en el que Asturias ocupa el último puesto, con sólo el 3,7 por ciento de los trabajadores.
En cualquier caso, incrementar la tasa de empleabilidad en nuestra región es urgente. No se pueden demorar las medidas que contribuyan a la creación de riqueza y empleo en Asturias. Es más que evidente, amable lector.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.