Las bolsas europeas cerraban en positivo (subidas en torno al +1,0%) una semana marcada por numerosos frentes políticos. Los avances producidos en las negociaciones de política comercial entre Estados Unidos y China generaban optimismo entre los inversores, sirviendo de catalizador para las bolsas durante la semana. Por otro lado, el Brexit nos dejaba la decisión de May de posponer la votación del acuerdo de salida de la UE ante la dificultad de sacarlo adelante, además conseguía superar la moción de confianza que planteaba su partido. En efecto, amable lector, esta ha sido una semana decisiva para el Brexit en la que se esperaba votar el acuerdo de salida de la Unión Europea el martes. Finalmente, Theresa May, presionada por miembros de su partido y ante las escasas posibilidades de sacar adelante la votación, decidía retrasarla hasta el 21 de enero dándose tiempo para intentar convencer a sus diputados de que cambien el sentido del voto y trabajar con Bruselas para una mayor concreción en las partes más conflictivas del acuerdo. También conocíamos cómo May superaba la moción de confianza que planteaba su partido, con un amplio margen de apoyo tras haber anunciado que no se presentará como candidata en las próximas elecciones generales. Por último, destacamos que el gobierno italiano anunciaba la propuesta de reducir la cifra del objetivo de déficit hasta el 2,04% tras su reunión con Juncker.
Quiero subrayar que May presentará el acuerdo del Brexit para su votación el 21 de enero. La jefa del Gobierno decidió suspender la votación que iba a celebrarse, después de que diputados conservadores euroescépticos y de la oposición indicasen que no apoyarían el pacto negociado entre Londres y Bruselas. May se reunió en La Haya con el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, y después viajaba a Berlín para entrevistarse con la canciller alemana, Angela Merkel, en un intento de conseguir concesiones de la Unión Europea (UE) que permitan que el tratado pueda superar el trámite parlamentario en Londres. En una comparecencia el lunes en la cámara baja, la primera ministra dijo que pedirá al bloque europeo «garantías adicionales» sobre el mecanismo de salvaguarda diseñado para evitar una frontera en Irlanda del Norte tras el «brexit», lo que más inquieta a los diputados conservadores «euroescépticos» y a los pro-británicos del Partido Democrático Unionista (DUP) de la provincia. Esa «garantía» prevé que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único, hasta que establezcan una nueva relación comercial entre ambas partes, negociada en el periodo de transición -entre el 29 de marzo de 2019 y finales de 2020-.
La primera ministra aseguró que hay «un amplio apoyo a muchos de los aspectos del acuerdo» y recalcó que aún creía posible «lograr una mayoría en esta Cámara que lo apoye», si conseguía «garantías» adicionales en la cuestión del mecanismo de salvaguarda. Los representantes de cuatro partidos de la oposición británica pidieron al líder laborista, Jeremy Corbyn, que se una a ellos para presentar un moción de censura contra la primera ministra. Los dirigentes de los partidos Liberal Demócrata, Vince Cable; de los Verdes, Carline Lucas; del Nacionalista Escocés (SNP) en la Cámara de los Comunes, Ian Blackford, y del galés Plaid Cymru en Westminster, Liz Saville Roberts, suscriben la misiva dirigida a Corbyn, un día después del retraso de la votación. El frente político era el principal protagonista de la semana volviendo a destacar las negociaciones de política comercial entre Estados Unidos y China. El presidente Trump se mostraba optimista de cara a cerrar un acuerdo comercial con China, estando dispuesto a intervenir en el caso de la detención de la CFO de Huawei si fuera necesario. Por el lado de China, aumentan las voces que demandan una aceleración de las reformas y en particular, de una liberación al sector privado como forma de impulsar su economía ante la presión que está generando la política comercial.
Paso ahora a tratar el tema que abordo en el titular de este blog en el día de hoy, de los bancos centrales, para señalar que la última reunión del BCE nos dejaba el anuncio oficial del final de los programas de compra, además de una revisión a la baja de una décima en los crecimientos esperados en 2018 y 2019. Además, el BCE reconoce que los riesgos a los que se enfrenta la Eurozona han aumentado. También anunciaba los detalles de la política de reinversiones que se alargarán más allá de la primera subida de tipos, sobre la que Draghi no daba muchas pistas. En cuanto a la Fed, según una encuesta publicada por Bloomberg, subirá el tipo oficial en diciembre y frenará el proceso de normalización en 2019, realizando dos únicas subidas, en marzo y septiembre. Esto supone una subida menos respecto a la última encuesta de septiembre. En cuanto a los mercados de deuda, buena semana para la deuda italiana, cuya referencia a diez años llegaba a niveles del 2,90% tras anunciar un objetivo de déficit del 2,04%. Sin embargo, tras la reunión del BCE volvía a ampliar hasta niveles de 2,96%.
Por consiguiente, amable lector, ha llegado el cambio de era. El Banco Central Europeo (BCE) finaliza su programa de compras de deuda. Más de 2,5 billones de euros adquiridos en bonos soberanos y corporativos para devolver la vida a la maltrecha economía europea y recuperar la inflación perdida. Ahora, tras años de estímulos sin precedente histórico, la medida llegará a su fin sin sobresaltos, totalmente descontada por el mercado. Pero el fin de las compras activas de deuda no implica, ni mucho menos, el paso a una política monetaria más restrictiva. Se espera que el BCE reitere su deseo de mantener el actual nivel de estímulos en el sistema, una baza que conseguirá con el resto de herramientas. El BCE permanecerá en el mercado con su política de reinvertir la deuda que alcanza su vencimiento y se espera que los tipos de interés se mantengan en los niveles actuales al menos hasta después del verano de 2019, aunque en ello jugarán un papel vital las proyecciones macroeconómicas que el BCE ha proporcionado esta pasada semana. Es ahí donde está centrado el interés de los inversores. La moderación económica podría dar lugar a una revisión a la baja de los datos de crecimiento del PIB y de la inflación. De ser así, se trataría de la tercera rebaja consecutiva, algo que dificultaría avanzar en la normalización monetaria el año que viene, como prevé el banco central. El BCE reconocerá que los riesgos bajistas, hasta ahora equilibrados, han crecido en los últimos meses, aunque se espera que mantenga el optimismo a medio plazo. Por otro lado, la entrada en 2019 supondrá una importante renovación del Comité Ejecutivo del BCE, que verá como concluye el mandato de Mario Draghi, presidente, y Peter Praet, economista jefe de la institución. Se espera una rebaja en las previsiones de crecimiento y detalles sobre la reinversión de la deuda en balance que va venciendo. La última reunión del año del BCE va a ser también la cita en la que la institución va a cerrar una era, la de las compras de deuda. Se redujeron de 30.000 a 15.000 millones de euros mensuales en septiembre y este mes será cuando concluyan de forma definitiva. La palpable desaceleración de la economía de la zona euro no va ser motivo para prolongarlas, aunque sí se espera que el BCE anuncie una rebaja en sus perspectivas de crecimiento e inflación, en las que se incluirán por primera vez las previsiones para 2021.
Pasando al plano doméstico, no se puede obviar el tema de que la creación de empresas cae un 6,7% en Cataluña y sube un 7,3% en Madrid. Cataluña es la comunidad con mayor recorte en la creación de sociedades hasta noviembre. Por contra, Madrid es la región donde más empresas nacieron en este periodo.
El procés sigue pasando factura al tejido empresarial catalán. De hecho, Cataluña es la comunidad autónoma de España que mayor recorte en la creación de empresas ha sufrido, desde enero. Hasta noviembre, se han abierto 1.176 empresas catalanas menos que durante el mismo periodo del año anterior. Mientras que Madrid, la otra cara de la moneda, ha sumado el incremento de compañías nuevas más importante: 1.396 sociedades han nacido en esta región hasta noviembre. Es la comunidad con mayor número de nuevas empresas este año. En concreto se han abierto 16.339 compañías en Cataluña, un 6,71% menos, por las 20.292 que han visto la luz en Madrid, un 7,3% más que durante el mismo periodo anterior. Cataluña, que siempre había encabezado los ránkings de creación de empresas, comenzó una consecución de meses de cierre de compañías en octubre de 2016. La situación política no termina de mejorar el clima empresarial y continúa degradando la confianza de los inversores y los consumidores catalanes. Según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), la confianza de las empresas en el devenir de la economía regional disminuyó un 2% en el tercer trimestre de este año, en relación con los tres meses anteriores. Pero si las cifras han sido negativas para Cataluña, no han sido mucho mejores para el resto del país. En el conjunto de España, la creación de sociedades apenas ha escalado un 0,77%, respecto a 2017, hasta las 88.790 nuevas compañías que había hasta noviembre. Además, el capital invertido se ha reducido un 1%. Las nuevas constituciones se han dejado notar, sobre todo, en la industria de la construcción y los servicios empresariales, con 20.157 y 12.425 empresas más respectivamente. Por comunidades, tras Cataluña, son Baleares y Castilla y León las regiones donde mayor caída en la creación de sociedades se ha producido. Por contra, son Andalucía y la Comunidad Valenciana en las que más se ha incrementado el tejido empresarial. Algo más positivo para España ha sido el dato de destrucción de empresas. Durante los primeros once meses del año, se han cerrado en nuestro país 23.096 compañías, un 6,04% menos que durante el mismo periodo del año anterior. A pesar de que el cierre de sociedades cae, las que se han cerrado en España durante este periodo son empresas de mayor tamaño que las que terminaron su actividad el año anterior. Así lo demuestra el aumento del 20% en el número de personas que han perdido su trabajo en las compañías que han desaparecido durante este periodo. Las firmas disueltas de enero hasta noviembre empleaban a 90.000 personas, frente a las 75.137 que trabajaban en las compañías que no sobrevivieron durante los mismos meses de 2017.
Quiero destacar el asunto de la Seguridad Social, que se reestructura para evitar un caos burocrático. Se revisará el diseño del complemento por productividad, que es el mismo desde que se creó en 1998, hace 20 años.
Si un trabajador próximo a la jubilación quiere pedir información a la Seguridad Social para consultar cuestiones sobre su cotización y próxima pensión , la consulta puede convertirse en una odisea. Para empezar no puede dirigirse directamente a una oficina de este organismo sino que debe pedir cita, o bien telemáticamente o a través de un sistema automatizado de atención telefónica en el que es muy difícil que atienda una persona física. Cuando finalmente se consigue esa cita, lo normal, en muchas oficinas es que no se produzca antes de un mes o más. “Ahora es imposible dar un servicio de mínima calidad en las oficinas de la Seguridad Social; la falta de personal es ya muy preocupante y las jubilaciones que vienen son masivas y no se reponen; tampoco se pueden pasar trabajadores de una entidad gestora a otras porque cada una es un reino de taifas”. Así describe la situación actual, Marian Mur, portavoz de Seguridad Social del sindicato de funcionarios CSIF. En España hay unos 27.000 empleados públicos que trabajan para la Seguridad Social. Y el propio Gobierno admitió a principios de este año que había unas 237 oficinas y agencias de la red de este sistema público con un máximo de tres trabajadores, lo que supone una de cada cuatro (el 27%). Además, los gestores de personal de la Seguridad Social esperan jubilaciones masivas en los próximos años. “La plantilla está llena de empleados babyboomers que se jubilarán próximamente y que no se están reponiendo. Mucha menos gente tendrá que gestionar muchas más prestaciones”, añadió Mur. Esta situación había llevado a los representantes sindicales de la Seguridad Social al borde de la movilización y la huelga. Sin embargo, el equipo que gestiona este organismo en el nuevo Gobierno socialista, con Octavio Granado al frente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, tiene un plan para reestructurar esta importante parte de la Administración Central del Estado. De hecho, la mesa de negociación entre el Gobierno y los sindicatos (CSIF, CC OO, UGT, CIG y ELA), han llegado a un acuerdo para empezar a negociar este mismo mes de diciembre una nueva organización de la Administración de la Seguridad Social. La nueva estructura administrativa englobará de forma unitaria a las Entidades Gestoras y los servicios comunes “bajo una misma estructura que permita reordenar y racionalizar los medios humanos disponibles”. En concreto, planean crear un organismo autónomo –las restricciones presupuestarias ya no permiten crear una Agencia estatal como era la intención inicial de Octavio cuando ya ocupó la secretaria de Estado entre 2004 y 2011– que agrupe a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina (ISM), el Imserso o los servicios jurídicos. Esta propuesta, que aún está pendiente de desarrollo normativo, revisará los concursos de empleo público para la Seguridad social, “reforzando en las bases el trasvase de personal entre Entidades Gestoras y Servicios Comunes, disminuyendo las diferencia entre las áreas funcionales”, indica el texto del acuerdo. Esto posibilitará cambios de personal de una entidad a otra, algo que es imposible desde finales de los noventa. Junto a la oferta de empleo, otra de las primeras cuestiones que, según este acuerdo se revisará –“con efectos a 1 de enero de 2019”– será la regulación de la productividad por cumplimiento de objetivos, que no se ha modificado en veinte años, desde su creación en 1998. Según fuentes sindicales, en la actualidad cada dirección provincial tiene la posibilidad de mejorar su presupuesto por cumplimiento de objetivos hasta un 200%; pero, luego, las mejoras individuales de hasta un 30% del salario a los trabajadores “se deciden totalmente a dedo”. Con esta revisión del complemento de productividad se persigue”mejorar el modelo de valoración de su cumplimiento atendiendo a las crecientes cargas de trabajo soportadas por el personal de la Seguridad Social”. Trabajo y sindicatos empezarán a reunirse esta misma semana y pretenden concentrar todas estas negociaciones en el primer trimestre del año de forma que la reforma pueda ponerse en marcha cuanto antes.
A nivel local, inevitable mencionar que Unicaja y Liberbank refuerzan su solvencia antes de la fusión. Ambos bancos ya alcanzan la media del sector. La preocupación de los supervisores por la solvencia de la banca española se ha reavivado tras los últimos test de estrés en Europa. Pero lo cierto es que hay entidades que han hecho progresos de calado en el último año. Liberbank y Unicaja, protagonistas en los últimos días porque exploran su integración, son los bancos que más han cuidado sus ratios de capital entre septiembre de 2017 y el mismo mes de 2018. El principal escollo en estos momentos es fijar la ecuación de canje del banco combinado. Confío en que se resolverá de manera favorable tanto para empleados como para clientes de ambas entidades.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.