La semana terminaba con todas las bolsas europeas registrando descensos muy destacados, siendo el Ibex 35 el más perjudicado, que retrocedía hasta un 3,7% al final de la semana. Estos resultados vienen principalmente explicados por un contexto que sigue lleno de incertidumbres; en lo que respecta a la guerra comercial, siguen sin verse movimientos claros de ambas partes que puedan dar pie a un acuerdo definitivo, a pesar de las concesiones hacía China a principios de semana. En el frente Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea se encuentra cada vez más atascada. Theresa May fijaba la fecha de la votación del parlamento para el 14 de enero, confiando en que en estas tres semanas consiga más concesiones desde Bruselas que le ayuden a reunir los apoyos necesarios para sacar su plan de Brexit adelante, como podría ser una concesión en el «backstop» de la frontera con Irlanda, evitando que este pueda llegar a ser indefinido. En España, las relaciones entre el ejecutivo socialista y el PDeCATse suavizaban tras la reunión entre Quim Torra y Pedro Sánchez, ganándose este último el apoyode los dos partidos catalanes, entre otros, a su senda de déficit en el último pleno del congreso del año. Si bien, las manifestaciones de los CDR hacían repuntar la tensión en las calles de Barcelona ante la reunión de ministros que se celebraba el pasado viernes en la Ciudad Condal. Finalmente, el Brent caía hasta los 54 $/b en línea con las expectativas de menor crecimiento de la economía mundial y mayores inventarios de crudo, al mismo tiempo que la OPEP planea detallar las cuotas de recortes para cada miembro de la OPEP y sus aliados de cara a dar más validez a su programa de recortes, los cuales supondrán un 3,02% (vs el 2,5% mencionado anteriormente).
Paso al tema de la política monetaria y bancos centrales, para referirme a la Fed que subía el tipo de interés oficial hasta el rango 2,25%-2,5% en línea con lo esperado, a la vez que rebajaba sus previsiones de cara al 2019 de tres a dos subidas esperadas, reconociendo la incertidumbre al respecto. Los mercados reaccionaban negativamente quizás porque esperaban una señal más fuerte de pausa en el proceso de normalización que la lanzada por Powell. En cuanto al BoJ, la Autoridad monetaria mantenía sin cambios sus actuales políticas tomando un modo de esperar y observar en un entorno de riesgos crecientes a nivel mundial. Además, Kuroda señalaba que no está preocupado ante la posibilidad de que las TIRes se vuelvan a instalar en territorio negativo. Por último, el BoE mantenía sus actuales políticas y reconocía que la preocupación por el Brexit se ha multiplicado considerablemente.
Me parece relevante señalara que el Banco de Pagos Internacional (BPI) afirma que la incertidumbre política y las tensiones financieras dificultan que los bancos centrales normalicen sus políticas monetarias. En su último informe trimestral de diciembre, el BPI observa que se ha producido un «endurecimiento gradual pero persistente de las condiciones financieras». El jefe del Departamento Monetario y Económico del BPI, Claudio Borio, dijo al presentar el informe del cuarto trimestre que este reciente episodio de corrección de los mercados «no ha sido el primero ni será el último, tan solo ha sido otro bache en el estrecho camino hacia la normalización de la política monetaria».
En octubre, los mercados financieros entraron en una zona de turbulencias. «Las mayores sacudidas las sufrieron los mercados estadounidenses, precisamente los que habían avanzado a toda máquina en el trimestre anterior pese a las vacilaciones de otros mercados de economías avanzadas y la caída de los de economías de mercado emergentes», según Borio. Siguió una fase más sosegada, aunque tensa, que dio paso a nuevos temblores a principios de diciembre. El rendimiento de los títulos del Tesoro estadounidense a 10 años había avanzado por encima del 3%, pero durante las turbulencias de principios de diciembre, los rendimientos de los bonos bajaron por debajo del 3%. Las bolsas cedieron todas las ganancias acumuladas desde el comienzo del año. En octubre, el índice S&P 500 estadounidense se dejó casi un 10% de su capitalización, perdiendo las ganancias acumuladas desde comienzos del año, según datos del BPI, que es el banco de los bancos centrales y tiene su sede en la ciudad suiza de Basilea. Las ventas se extendieron a las bolsas de otras economías avanzadas y emergentes. Los mercados no estadounidenses cayeron una media del 8% en octubre, mientras el índice Shanghai Composite perdió casi un 15%. A comienzos de diciembre, el S&P 500 bajó un 8% respecto al máximo histórico alcanzado el 20 de septiembre. El reajuste de los precios en los mercados financieros podría obedecer, según Borio, a dos causas: las señales contradictorias de la economía, pese a los buenos resultados anunciados por las empresas, y los cambios en la percepción de los inversores sobre la orientación de la política monetaria de la Reserva Federal. Hasta entonces, los inversores habían previsto un endurecimiento gradual pero persistente, pero en los primeros días de diciembre revisaron a la baja sus expectativas sobre el ritmo de la normalización, en parte por el tono de las declaraciones de las autoridades, y comenzaron a preocuparse más por las perspectivas de crecimiento. La curva de rendimientos se aplanó en EEUU y llegó a invertirse en el sector más corto, lo que con frecuencia se interpreta como un indicio de una recesión inminente. Además, la preocupación por las tensiones comerciales y la incertidumbre política están detrás de estos vaivenes en los mercados financieros. La preocupación por un posible «brexit duro», es decir, sin acuerdo, hizo temblar a los mercados en el Reino Unido y la libra esterlina se resintió. El contagio a otros mercados soberanos de la periferia de la zona del euro ha sido contenido. Los acontecimientos volvieron a poner el foco sobre la relativa debilidad del sector bancario europeo.
A nivel doméstico, cabe destacar que el gobierno regula por decreto los alquileres de vivienda pero evita limitar los precios. La medida amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha presentado esta norma, que pretende dar respuesta a la «difícil situación que se da en el mercado de alquiler» en algunas grandes ciudades, si bien ha respondido en la rueda de prensa que el Ejecutivo descarta medidas de intervención de los precios en el mercado de alquiler. El real decreto-ley modifica cinco leyes: la de Arrendamientos Urbanos, la de Propiedad Horizontal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Ha explicado que para dar más seguridad a los arrendatarios, además de ampliarse el plazo de prórroga obligatoria a cinco años, siete en los casos de que el arrendador sea una persona jurídica, se amplía el de prórroga tácita, que ahora es de un año, a tres. Ábalos ha destacado que la limitación de la cantidad de mensualidades que se pueden pedir como garantía adicional a la fianza al inquilino, que ahora será de un máximo de dos salvo que se trate de contratos de larga duración, acaba con la situación actual en que «se puede plantear cualquier exigencia». Ha señalado que en España el 42% de los hogares en régimen de alquiler destinan más del 40% a pagar el alquiler y los gastos asociados, 17 puntos más que la media europea. La norma facilita también los acuerdos entre el propietario y el inquilino para la renovación o mejora de la vivienda en el transcurso de un mismo contrato de arrendamiento, sin tener que esperar al vencimiento de la misma.
Además, los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato correrán a cargo del arrendador cuando éste sea una persona jurídica, salvo aquellos gastos en los que se haya incurrido por iniciativa del arrendatario. El real decreto-ley establece, asimismo, una serie de medidas fiscales, como la exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente, y se elimina la obligación de repercutir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al arrendatario en el alquiler social de vivienda. También se permitirá a los ayuntamientos con superávit destinarlo a promover su parque de vivienda pública y poder establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado. Asimismo, introduce en la Ley Reguladora de Haciendas Locales la definición de inmueble de uso residencial desocupado con carácter permanente para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del IBI que se estableció en 2002. En cuanto a los alquileres turísticos, se los saca de la Ley de Arrendamientos Urbanos para llevarlos a la legislación sobre actividad turística y ser tratados como una actividad económica, y las comunidades de vecinos podrán adoptar acuerdos por una mayoría de tres quintas partes de los propietarios para limitar la actividad del alquiler turístico de vivienda en el edificio. El real decreto-ley también modifica la ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 para reformar el procedimiento de desahucio de vivienda y ofrecer más protección a los hogares vulnerables, a través del establecimiento de unos trámites y plazos que ofrecen mayor seguridad jurídica tanto a inquilinos como a propietarios. Fomento ha recordado que prepara otras iniciativas en materia de vivienda como la tramitación de una ley que garantizará el derecho a la vivienda en todo el Estado, configurándola como servicio público e impidiendo la enajenación del parque público de vivienda a fondos de inversión, o un plan de 20.000 viviendas a desarrollar en un plazo de cuatro a seis años y que se destinarán a alquiler.
A nivel corporativo, quiero reseñar que el Corte Inglés cierra su mayor venta de edificios: 160 millones por los centros de Parquesur y La Vaguada. Vende ambos activos a Unibail y seguirá operando en ellos en régimen de alquiler El Corte Inglés sigue su política de venta selectiva de activos inmobiliarios para reducir deuda, en este caso con la mayor operación realizada hasta la fecha. El grupo español ha cerrado la transacción de sus centros madrileños de Parquesur (Leganés) y La Vaguada (Madrid) por 160 millones de euros. El comprador es la mayor inmobiliaria europea y una de las más grandes del mundo, el gigante Unibail-Rodamco-Westfield (URW), según confirman ambas empresas. Con esta operación, El Corte Inglés vende sus grandes tiendas que, a su vez, estaban dentro de los centros comerciales de Parquesur y La Vaguada, donde URW ya era copropietario. Los grandes almacenes seguirán su actividad en esos inmuebles tras firmar un contrato de arrendamiento a largo plazo con el propietario y que, en ningún caso, afectará a la plantilla que allí trabaja. Mediante esta transacción, El Corte Inglés continúa con su estrategia de desinversiones en activos inmobiliarios no estratégicos, una línea de actuación que durante este 2018 ha tomado velocidad. En verano, el grupo de grandes almacenes cerró la venta de dos inmuebles a Inbest, vehículo de inversión de la gestora Corpfin Capital Real Estate: uno en el número 41 de la calle Princesa de Madrid, y otro en el 20 de la Gran Vía de Bilbao. El precio de la operación se cerró en el entorno de los 100 millones y en ambos casos la compañía que preside Jesús Nuño de la Rosa continúa operando en ellos en régimen de alquiler. En octubre El Corte Inglés vendió, también a la socimi Inbest, dos centros en Valencia por unos 90 millones, en una operación similar de sale & lease back. La compañía estudia reenfocar su modelo en Parquesur. Además de traspasar la propiedad de su tienda de Parquesur, El Corte Inglés estudia cambiar su enfoque comercial para diferenciarlo de los centros que también tiene instalados en el sur de Madrid.
Otra noticia corporativa de alcance en nuestro país, en este caso en el ámbito bancario es que CaixaBank llevará a cabo un ajuste de plantilla de 2.200 a 2.500 empleados. La reducción se llevará a cabo mediante bajas voluntarias y prejubilaciones. CaixaBank anunció el pasado 27 de noviembre en Londres su nuevo plan estratégico 2019-2021. Este plan incluía como novedad el cierre de 821 sucursales en los próximos tres años, con lo que el número de oficinas, el más amplio de España, pasará de 4.461 a 3.640 en 2021, el 18% del conjunto. Esta política de cierres, explicada a los sindicatos, lo mismo que todo el plan estratégico, conllevará, como es lógico un ajuste de plantilla. En esta reunión los responsables de CaixaBank no facilitaron a los diferentes representantes de los sindicatos una cifra exacta del ajuste de plantilla que se llevará a cabo con motivo del cierre de sucursales, aunque sí afirmaron que sobrepasarían los 2.000 empleos. Fuentes sindicales explican que la cifra rondará entre los 2.200 a los 2.500 empleos, aunque matizan que las negociacines entre ambas partes para llevar a cabo este ajuste se iniciarán en enero. Esta cifra es proponcionalmente muy inferior a la del cierre de sucursales, ya que no supone más del 8,5% del total. Entre 2011 y 2018 han salido de la entidad unos 14.000 empleados con acuerdos sindicales, y han entrado 6.000 tras las adquisiciones, según la entidad. Y en los tres últimos años los sindicatos explican que el cierre de sucursales ha rondado las 200 por ejercicio. Fuentes de la entidad financiera aseguran que todavía se está trabajando en afinar la cifra de excedente de plantilla, por lo que no hay números concretos. Los sindicatos, como también recuerdan en la entidad, aseguran que todos los procesos de salidas de personal se han producido con acuerdos entre ambas partes para que las bajas se pacten a través de bajas voluntarias y prejubilaciones, como en casi todos los casos. La semana pasada, de hecho, la entidad financiera anunció la salida de 122 empleados que se habían adherido al último plan de desvinculaciones voluntarias incentivadas que el banco abrió en noviembre de este año. Se trata de empleados de toda España nacidos en 1961 o antes que todavía no se habían acogido a ediciones anteriores de este plan, y que percibirán un 70% del sueldo durante los próximos seis años. Durante ese tiempo, CaixaBank pagará a esas personas ese porcentaje de la retribución fija anual bruta percibida en los 12 meses anteriores a la desvinculación de la entidad y las cuotas de un convenio especial con la Seguridad Social que suscribirán estos empleados. Fuentes sindicales mantienen que lo más lógico es que las próximas salidas se produzcan en las grandes urbes como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, que coinciden con las ciudades en las que se concentraban las principales redes de firmas adquiridas por CaixaBank, como CaixaGirona, Banca Cívica, Deutsche Bank y Banco de Valencia (ahora su sede social). La reestructuración que llevará a cabo CaixaBank coincidirá casi con la que pondrá en marcha Santander tras absorber la red de Popular, o la de Unicaja y Liberbank, en proceso de fusión. Tanto en el caso de la entidad que preside Ana Botín como en la previsible resultante de la fusión de Unicaja y Liberbank, las cifras que se barajan ascienden a unos 3.000 empleados en ambos casos, aunque de esta cifra, las dos ex cajas de ahorros ya han acordado la salida de unos 1.000 trabajadores. Pese a los cierres que ha anunciado, mantendrá las 1.100 oficinas que la entidad tiene actualmente en su red rural en España, y no abandonar ningún municipio de más de 10.000 habitantes.
Supongo que el amable lector conocerá lo que son Socimis y sicavs al alcance del pequeño inversor que son fórmulas a largo plazo y para diferentes perfiles de riesgo. Las sicavs (sociedades de inversión de capital variable) y las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario) tienen gran presencia en la Bolsa española.
Las primeras han estado asociadas tradicionalmente a las grandes fortunas –puesto que es la vía que más utilizan para invertir–y las segundas han sido las encargadas de reactivar uno de los sectores más dañados por la crisis. Las sicavs cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y la mayoría de las socimis también. Para las empresas, acceder a la Bolsa a través de este segmento es más fácil porque la normativa es algo más laxa. Para el inversor, sin embargo, puede suponer algún problema porque son valores poco líquidos, lo que puede dificultar la operativa. En el caso concreto de las sicavs, existen dos formas de contratación: fixing, donde se cruzan dos veces al día las órdenes, y a valor liquidativo.Las socimis que pertenecen al MAB se rigen por la modalidad de fixing. En las que cotizan en el mercado continuo, como es el caso de Merlin Properties, Lar, Axiare, Colonial o Arima, la contratación se realiza en el horario habitual de la Bolsa. Tienen gran presencia en la Bolsa española. Uno de los aspectos que diferencia a sicavs y socimis es el ámbito de inversión. En el primer caso, los activos responden a distintos perfiles de riesgo: buscan opciones en renta variable y fija, a nivel nacional e internacional, siguiendo una política de inversión amplia y flexible. Las socimis, por su parte, están centradas en los activos inmobiliarios, concretamente, en el ámbito del alquiler. En los dos casos, son opciones a largo plazo. Rendimientos volátiles. En cuanto a la rentabilidad que pueden proporcionar, depende, como en el resto de los activos. Este año, hay socimis como Merlin Properties y Lar que acumulan pérdidas y otras del MAB como Meridia Real Estate y Optimum, que están en positivo. Las sicavs tuvieron una primera parte de 2018 mejor, pero en los últimos meses se han visto afectadas por el incremento de la volatilidad. Por ejemplo, una de las más populares, Reboledo Inversiones, de BBVA AM, sumó una ganancia del 17,25% en el primer trimestre y del 9,70% en el segundo, para caer casi el 4% de julio a septiembre. Acates Sisapon, de UBS Gestión, ha tenido en el mismo periodo subidas del 2,6%, 11,2% y 3,2%, respectivamente. La mayoría de las compañías cotizan en el MAB y el principal problema que presentan es su estrecha liquidez. En cualquier caso, siempre hay que respetar la regla de oro de la inversión: rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las sicavs son también una institución de inversión colectiva y, al igual que los fondos, se permite el traspaso sin tener que tributar por las plusvalías generadas hasta el momento que se venda la participación, siempre y cuando tenga más de 500 accionistas. Las socimis están obligadas a repartir al menos el 80% de los beneficios generados en dividendos, además del 50% de las ganancias derivadas de la transmisión de inmuebles, lo cual es un atractivo añadido para el inversor.
A nivel local y, para terminar, la asturiana Bolsaplast entra en liquidación tras la crisis de su filial catalana. Bolsaplast Asturias, uno de los dos fabricantes regionales de bolsas de plástico, está en proceso de liquidación tras no haber superado las dificultades a las que la arrastró la crisis de una sociedad participada, Bolsas Norma 2010, con sede en Barcelona, y a causa de lo cual había solicitado hace un año concurso de acreedores en los juzgados de Gijón con un pasivo de 1,86 millones. La instalación fabril fue adjudicada a un banco acreedor y se está en el proceso final de liquidar a la plantilla. Un cierre empresarial siempre es una mala noticia.
Y hasta aquí el último informe del año para este blog. Le deseo una Feliz Navidad y todo lo mejor para 2019.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.