La semana estaba marcada, amable lector, una vez más por las negociaciones EE.UU.-China, en las que continuaba el tono positivo de la semana previa, y por los acontecimientos que se desarrollaban en torno al Brexit, destacando nuevas dimisiones en el bando conservador. En el ámbito macro, se publicaban débiles indicadores. En bancos centrales, en Europa se sigue mirando a la reunión de marzo para determinar si es necesario un ajuste de la política monetaria y en EE.UU. había cierta unanimidad entre los miembros del FOMC de que existe la posibilidad de finalizar con la reducción de balance. En este contexto, las bolsas europeas terminaban la semana registrando avances cercanos al +1%, con excepción del FTSE que se dejaba un -0,8%
Merece comentario el hecho de que durante la semana, China y EE.UU. continuaban con las negociaciones en torno a la guerra comercial. En este sentido, China reiteraba su idea de abrirse al mundo, pero pidiendo también el derecho a desarrollarse, mientras EE.UU. pedía la estabilidad del yuan como parte del acuerdo de comercio. Así, se apunta a que en esta semana se habría comenzado a fijar los detalles del memorándum, una vez que las grandes líneas parecen haber sido acordadas.
Me parece muy destacable que Bruselas apremie a las empresas a prepararse para un Brexit caótico. El comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, traslada a las compañías que «no hay tiempo que perder» y que la Comisión «está dispuesta a ayudar con la campaña de información». La cuenta atrás hacia el 29 de marzo se ha convertido en una carrera cuesta abajo y sin frenos que arrastra tanto a Reino Unido como a la Unión Europea hacia un final incierto. La Comisión Europea lleva semanas intentando tejer una red de seguridad que haga que la caída duela lo menos posible. Con la vista puesta en el sector privado, se ha publicado un documento en el que apremia a las empresas a prepararse para la opción más probable, el no acuerdo, y advierte de los pasos a seguir para paliar un Brexit caótico.
«No hay tiempo que perder y estamos dispuestos a ayudar con la campaña de información», sentenció Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, que explicó que «mucho depende de la capacidad de las empresas que comercian con Reino Unido para adaptarse rápidamente a las normas aduaneras que se aplicarán desde el primer día en caso de no acuerdo». A menos de mes y medio de la fecha del divorcio, los encuentros para intentar salvar un acuerdo de salida se suceden sin grandes avances. En los próximos días, la primera ministra británica, Theresa May, se verá con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Pero ni May logra poner de acuerdo a su Parlamento en torno a un acuerdo de salida, ni es seguro que la UE fuera a aceptarlo. «La Comisión Europea y las autoridades aduaneras nacionales están trabajando con ahínco a fin de estar preparadas para introducir exámenes y controles de las mercancías que circulen entre la UE y Reino Unido», añadió Moscovici. Hace algo menos de un año, sólo un 31% de las empresas españolas expuestas a Reino Unido tenía preparado un plan de contingencia, según un estudio de KPMG. Desde entonces, Gobiernos nacionales e instituciones europeas se han puesto manos a la obra para asegurar que las compañías hacen los deberes. «Es urgente que las empresas de la UE empiecen a prepararse para la salida de Reino Unido, en caso de que todavía no lo hayan hecho», señala el documento.
Vulnerabilidad. Lo primero que deben evaluar las compañías es si están expuestas. Bruselas advierte de que «el Brexit afectará a su empresa si vende bienes o presta servicios a Reino Unido, si compra bienes o recibe servicios o si transporta bienes a través de Reino Unido». Las exportaciones españolas a Reino Unido suponen el 2,7% del PIB, según un informe de S&P que advierte de que España se verá más afectada por el Brexit que Francia, Alemania o Italia.
Las consecuencias. Las empresas europeas tendrán que enfrentarse a un aumento en las formalidades aduaneras, así como posibles restricciones o prohibiciones a algunos de sus productos. También dejarán de valer en Reino Unido los certificados de importación y exportación expedidos por la UE, y Reino Unido podría exigir certificaciones adicionales. En cuanto al pago del IVA, las exportaciones a Reino Unido estarán exentas del IVA, y cambiarán las normas sobre la declaración y el pago del IVA.
Una vez identificada la exposición al mercado británico, la Comisión insta a cumplir con una serie de pasos. Lo primero que las compañías deberán hacer es registrarse ante la autoridad aduanera nacional para poder realizar operaciones comerciales con países no pertenecientes a la UE. Este punto es especialmente importante para pymes que nunca han comerciado con países de fuera de la UE, ya que el incremento de costes será relevante si Reino Unido se convierte en un tercer mercado.
¿Dejar de comerciar con Reino Unido? Bruselas recomienda evaluar si la empresa está preparada o no para seguir teniendo relaciones comerciales con Reino Unido o a través de Reino Unido. El aumento de costes mencionado podría convertirse en un lastre para algunas empresas, principalmente pymes, pudiendo amenazar su propia solidez. Para seguir comerciando, Bruselas recomienda que la compañía cuente con personal formado en materia aduanera (capacidad humana); sistemas informáticos (capacidad técnica) y autorizaciones aduaneras, por ejemplo para procedimientos especiales (almacenamiento, perfeccionamiento) o para bienes con arreglo al régimen de «destino final».
Ayuda del Gobierno. Aunque la empresa cuente con estos recursos, la Comisión aconseja que pregunte a la autoridad aduanera nacional -donde realizó el registro- sobre simplificaciones y facilitaciones existentes de las que pueda beneficiarse, y considere la posibilidad de solicitar el estatuto de operador económico autorizado. En el caso de España, además, el Gobierno lanzó el llamado cheque Brexit, para que las empresas puedan beneficiarse de un descuento de entre el 60% y el 80% en los servicios que ofrece el Icex.
IVA. Si la empresa está registrada en la Mini Ventanilla Única de IVA de Reino Unido, debe cambiar y registrarse en algún otro país miembro, y si pagó el IVA en Reino Unido en 2018, deberá presentar su solicitud de devolución del IVA con la suficiente antelación antes del 29, para que se tramiten antes de esa fecha.
Hablar con socios. Bruselas también recomienda hablar con socios comerciales (proveedores, intermediarios, transportistas) para prever cómo puede afectar el Brexit a su cadena de suministro.
Por otro lado, aconseja consultar la página web del organismo para obtener datos preparatorios, por sectores, así como ponerse en contacto con la Cámara de Comercio del país.
Por su parte, la Agencia Tributaria (AEAT) envió a principios de enero una carta a las empresas españolas en la que les ofrece ayuda de urgencia de cara a una salida sin acuerdo. En un espacio habilitado en su página web, la Agencia Tributaria informa de los retos inminentes a los que tendrán que hacer frente las compañías españolas a partir del 30 de marzo. En primer lugar, advierte de que la salida de Reino Unido de la Unión Europea implicará que las importaciones y exportaciones entre ambos dejarán de ser consideradas operaciones intracomunitarias. En su lugar estarán sujetas a formalidades aduaneras, lo que puede afectar a la organización y flujos logísticos de las empresas. Entre otros procedimientos, los operadores deberán solicitar un número de registro a través de la sede electrónica de la AEAT. Sobre el pago del IVA, como la Comisión, la AEAT especifica que las exportaciones a Reino Unido no lo pagarán, mientras que las importaciones de Reino Unido sí estarán sujetas. Para optar por el pago del IVA en diferido, informa de que deberá presentarse el IVA mensualmente. Por otro lado, como las operaciones entre Reino Unido y España dejarán de considerarse intracomunitarias, éstas no deberán informarse a través de la declaración del Modelo 349. En el caso de Impuestos Especiales, la Agencia Tributaria explica que la expedición o recepción de productos sujetos a Impuesto Especial se considerarán flujos comerciales de bienes, sujetos a la normativa aduanera de la UE.
En otro orden de cosas, tristísimo me parece el hecho de que la negociación política de las pensiones salta por los aires camino de las urnas. Los partidos son incapaces de pactar y dejan en el aire los criterios para reformar el sistema. Los partidos políticos que forman parte de la comisión del Pacto de Toledo, encargada de orientar las reformas del sistema de pensiones para preservar su futuro y con ello los ingresos de los jubilados, fueron incapaces de cerrar un acuerdo sobre una serie de recomendaciones en las que el citado foro parlamentario lleva trabajando dos años y medio. Con las elecciones generales anticipadas a la vista, las deliberaciones previas acabaron en bronca y con los grupos del PP y de Unidos Podemos, que tienen mayoría en la comisión, negándose a celebrar nuevos encuentros para buscar un acuerdo antes de que concluya la legislatura. Miembros de la comisión habían transmitido en las semanas previas que los partidos estaban muy cerca de pactar un documento de recomendaciones que, entre otras medidas, marcaba como objetivo cerrar el actual déficit del sistema (18.000 millones anuales) en el horizonte de 2025 (en parte reubicando en el Estado gastos que ahora asume la Seguridad Social con cargo a las cotizaciones). También se sugería ampliar el período de vida laboral que se tiene en cuenta para el cálculo de la pensión y elevar la edad efectiva de jubilación. Según el calendario que manejaba la comisión que preside la diputada del PP Celia Villalobos, los portavoces de los grupos debían avanzar hacia un acuerdo para llevar a continuación el documento al Pleno del Congreso antes de la disolución de las Cortes. Pero en menos de una hora los portavoces abandonaron la reunión al constatar, alegaron, la imposibilidad de pactar. El detonante fueron los reparos de Unidos Podemos, organización muy pegada a las movilizaciones de los jubilados en la calle y que anunció la presentación de votos particulares a la mayoría de las recomendaciones si no se modificaban los textos. La actitud de la formación morada fue criticada por el resto del partidos.
Finalizo con una noticia, que podría decir que es a nivel local, porque es de procedencia asturiana, pero el impacto es de nivel europeo. Y me impacta porque además es una persona que conozco, y de una talla profesional y humana excepcional. Y me llena de orgullo que llegue a ese puesto, para el que está sobradamente preparado. El asturiano José Manuel Campa será el nuevo presidente de la Autoridad Bancaria Europea. Con esto, España se hace fuerte en las instituciones europeas. Y lo hace de la mano del economista asturiano José Manuel Campa (Oviedo, 1964), quien será el nuevo responsable del organismo regulador de la banca de Europa. Presidirá la Autoridad Bancaria Europea (EBA por su siglas en inglés) en sustitución del italiano Andrea Enria, quien asumió el pasado enero la presidencia del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo para reemplazar a la francesa Danièle Nouy.
Campa, quien fue secretario de Estado de Economía entre 2009 y 2011 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, estará al frente de esta institución durante al menos cinco años, aunque su mandato podría prorrogarse por el mismo período de tiempo «en función de sus méritos, habilidades y experiencia en la supervisión y regulación de los mercados financieros», tal y como indicó el Consejo de Supervisores de la EBA. Cobrará 16.183,53 euros al mes libres de impuestos nacionales y desarrollará sus funciones desde la nueva sede de Courbevoie, el centro de negocios a las afueras de París. Antes se encontraba ubicada en Londres, pero a raíz del ‘Brexit’ el organismo regulador decidió ‘mudarse’ a la capital francesa. El proceso de selección para presidir la Autoridad Bancaria Europea se abrió el pasado mes de diciembre. Además del ovetense, llegaron a la fase final el húngaro Adam Farkas, actual director ejecutivo de la institución, y el francés Edouard Fernández-Bollo, quien dirige desde 2014 la Agencia Prudencial y de Resolución Bancaria del país galo y también forma parte del consejo de la EBA. Los candidatos debían contar con una experiencia profesional demostrable de al menos 20 años, de los que al menos cinco deberían haber sido en el alto nivel bancario de la Unión Europea.
El Consejo de Supervisores de la institución se decantó por Campa, quien deberá dejar el cargo que desempeña desde 2014 como director global de Relaciones y Asuntos Reguladores en el Banco Santander, por decisión de la propia Ana Botín, quien considera que ambas competencias son incompatibles. Aunque la EBA es un organismo independiente de la Unión, debe rendir cuentas ante el Parlamento, el Consejo y la Comisión europeos. Por ello, el economista ovetense será invitado a una audiencia pública por parte del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara y su nombramiento final estará sujeto a las objeciones que pudiera presentar la institución parlamentaria en el plazo de un mes. Además, solo podrá ser cesado en sus funciones por orden del Parlamento Europeo a petición del Consejo de Supervisores de la institución. Entre las competencias que deberá desempeñar están las de fijar la normativa que afecta al sector bancario del viejo continente y la de coordinar los test de estrés. Es decir, someter a las entidades a una simulación de diferentes escenarios económicos desfavorables para cuantificar cómo podrían afectarles. Se trata de una práctica financiera en la que se hizo especial hincapié a raíz de la crisis económica. Con el nombramiento de Campa, España consigue hacerse con otro de los puestos de mayor relevancia en el ámbito financiero europeo tras el cargo del ex ministro de Economía, Industria y Competitividad con el Gobierno de Mariano Rajoy, Luis de Guindos, quien ejerce desde junio del año pasado la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) y se responsabiliza de la estabilidad financiera de la eurozona y de las cuestiones relativas a políticas macroprudenciales. España había perdido peso en las instituciones europeas a raíz del rescate bancario de 2012, pero con estos dos últimos nombramientos empieza a recuperar su posición. La nominación de Campa no pasó desapercibida entre el sector económico español. Así, la ministra de Economía, Nadia Calviño aseguró a través de las redes sociales que se trata de «una excelente noticia para la Autoridad Bancaria y para toda la Unión Europea». También el Banco de España emitió un comunicado para felicitar al economista ovetense en el que expresa su «satisfacción» por su nuevo cargo.
Opino exactamente lo mismo. ¡Felicidades José Manuel! Es bueno para ti y un orgullo para esta asturiana y economista que suscribe. Mi más sincera enhorabuena.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.