La carestía de la paternidad

Los mercados de renta variable europeos cerraban la semana con subidas generalizadas. En materia comercial, se iniciaba con buen tono una nueva ronda de negociaciones entre EE.UU. y China. En Reino Unido, continuaba la incertidumbre, después de que la cámara rechazase tanto las enmiendas al acuerdo Brexit con la UE, como posteriormente el acuerdo en sí, en el tercer intento de Theresa May de aprobarlo. Se producía un aumento de la incertidumbre en una semana clave, en la que el Parlamento trataba de buscar vías alternativas para el futuro al camino marcado por el gobierno de May. Ninguna de las enmiendas lograba mayoría suficiente, si bien la que más se acercaba era la enmienda de permanecer en el mercado común. Asimismo, Theresa May ponía sobre la mesa su cargo condicionado a conseguir los apoyos para su acuerdo, lo que despertaba expectativas de acuerdo, hasta que los norirlandeses de la DUP negaban su apoyo al acuerdo de May. Posteriormente, a final de semana la primera ministra volvía a sufrir una derrota en su tercer intento de aprobar su acuerdo con la Unión Europea.

En emergentes, volvían las preocupaciones en Turquía, después de la volatilidad que sufría la libra, aunque sin repercusiones relevantes en el resto de economías emergentes. A nivel macro, destacaba descenso que experimentaba el déficit comercial en EE.UU., en el mes de enero.

Paso, amable lector, al apartado de  política monetaria, para comentar que en bancos centrales destacaban los comentarios de carácter más dovish que mostraban tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo.  Coeure señalaba que la caída en las TIRes del Bund se debe al exceso de ahorros más que a las políticas del BCE mientras que Draghi habría dicho a los líderes europeos que el mercado no está poniendo en precio la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. En cuanto a la Fed, Charles Evans reconocía que la Fed tendrá que aplicar unas políticas monetarias más laxas si los riesgos a la baja se materializan. Evans cree que la economía americana puede crecer por debajo del 2% y que en este entorno ve más natural que la curva de tipos de interés esté más plana. Por su parte, Kashkari cree que la actual curva sugiere que la Fed está cerca del tipo de interés neutral.

En los mercados de deuda, el tono más dovish de los bancos centrales llevaba a la TIR del Bund a diez años a niveles de -0,08% (mínimo desde 2016), mientras que la curva de deuda americana se invertía hasta el plazo de 10 años (TIR a 10 años < TIR a 3 meses).

A nivel doméstico, creo que merece reseña el hecho de que el número de oficinas bancarias cae a su nivel más bajo desde 1980. Desde septiembre de 2008 se ha cerrado el 43,1% de la red,  y Cataluña es la comunidad autónoma más afectada por las clausuras.  Es un proceso imparable. En septiembre de 2008 la banca española sumaba el mayor número de oficinas bancarias de Europa y de su historia, con 45.707. La crisis financiera eliminó de un plumazo esta estrategia expansiva. La desaparición de decenas de entidades por la crisis financiera, la oleada de fusiones y adquisiciones, la digitalización del sector y la necesidad de reducir costes han provocado un ajuste radical de la red de sucursales que aún continúa. La banca cerró 2018 con 26.011 oficinas, el número más bajo de sucursales registrado por las estadísticas del supervisor desde finales de 1980, cuando aún no se había producido la expansión de las cajas de ahorros. Es una drástica jibarización del sistema financiero, que continuará durante los próximos años. Las entidades de depósito han clausurado un 43,1% de sus sucursales desde sus máximos históricos de 2008. Un total de 19.696 locales que han de­saparecido, de los que 1.309 corresponden al cierre del pasado año (-4,8%). En los establecimientos financieros de crédito (EFC, especializados en crédito al consumo), el ajuste es aún mayor proporcionalmente: han cerrado el 63% de las oficinas que legó a haber en 2008 y solo quedan 154. La banca, así, cierra de media a un ritmo de algo más de cinco oficinas al día desde hace diez años. Según publicó el Banco de España hace un año, 4.109 municipios, con el 2,7% de la población, carecían de oficinas bancarias al cierre de 2017, aunque las entidades argumentan que internet evita en gran parte la exclusión financiera. De los cierres producidos en 2018, las entidades asociadas a la CECA, es decir, las antiguas cajas de ahorros, cerraron 689 locales, lo que supone la clausura de un 5,6% en un año, y del 47,6% desde 2008, año en el que aún siguieron abriendo sucursales, 502 en total. Fue en 2013, coincidiendo con su conversión en bancos y los numerosos procesos de fusión, cuando cerraron más sucursales, 3.110. Desde entonces, ha sido 2018 el año que más han clausurado. La crisis financiera tocó de lleno a la principal estrategia de las entonces cajas de ahorros, su expansión. Pero más tarde también afectó a los bancos tradicionales, que también tuvieron que entrar en procesos de ajustes que aún continúan. Las cajas, entonces, basaban su crecimiento en acompañar a los promotores en su expansión. Una orden ministerial de finales de 1979 flexibilizó la apertura de nuevas oficinas,  dando el pistoletazo que marcó el inicio de su crecimiento por todo el país, compitiendo años después sin límites territoriales con los bancos. Su expansión fue tan agresiva que en menos de 15 años ya habían superado al conjunto de los bancos en cuota de mercado. En 2007 las cajas de ahorros representaban el 55% del total de la red de sucursales bancarias.

Como señalaba anteriormente, amable lector, Cataluña lidera los cierres.  Durante la crisis, cuatro provincias han perdido más de la mitad de sus oficinas, entre ellas tres catalanas. Barcelona ha perdido 3.369 sucursales (el 57,5%) desde septiembre de 2008, cuando se marcó el máximo del sector. Ahora quedan en Barcelona 2.494 oficinas (en 2008 había 5.863). Le siguen Castellón, con un 55% menos, Tarragona (-54%) y Girona (-53,3%). Por comunidades autónomas, Cataluña es la que más ha sufrido los cierres de sucursales, con un 55,8% desde 2018. La Comunidad Valenciana ha cerrado el 49,5% de su red; le sigue Madrid, con el 47,4%. Cataluña contaba con 10 cajas de ahorros en 2008, pero fue la comunidad autónoma que experimentó un mayor número de fusiones, aunque también era la que contaba con la entidad con más oficinas de España, CaixaBank, desde octubre de 2017 con sede en Valencia como consecuencia del procés, cuyo punto álgido fue el 1 de octubre de 2017, cuando se sometió a votación ilegal la independencia de Cataluña. Desde el 1-O Cataluña ha mantenido un ritmo de cierre de oficinas muy superior a la media española. Este año el proceso continúa y hasta puede acelerarse si se tienen en cuenta, entre otros, la reestructuración que llevará a cabo Santander con la absorción de Popular y el anuncio de cierre de oficinas realizado por CaixaBank.

Pasando del ámbito bancario al ámbito de los mercados de valores, cabe destacar la novedad de que los fondos de inversión deberán revelar qué votan en las juntas de accionistas. Gestoras, planes de pensiones y aseguradoras serán más transparentes y publicarán los datos cada año.

Los fondos de inversión europeos cuentan con un patrimonio de más de 15 billones de euros, unas 12,5 veces el PIB español. Y una parte importante de este dinero está en Bolsa, pero solo en excepcionales ocasiones los gestores dan explicaciones sobre cómo votan en las juntas de accionistas de las compañías en las que participan. A partir del mes de junio será obligatorio que los fondos de inversión, los de pensiones y las aseguradoras de la Unión Europea se expliquen detalladamente. “Los inversores institucionales [fondos de pensiones y aseguradoras] y los gestores de activos revelarán públicamente con carácter anual cómo se ha aplicado su política de implicación, incluidos una descripción general de su comportamiento de voto, una explicación de las votaciones más importantes y el recurso a los servicios de asesores de voto”, detalla la norma. “Publicarán el sentido de su voto en las juntas generales de las sociedades en las que poseen acciones”, añade. Las gestoras deberán dar toda la información sobre cómo invierten y que hacen en las juntas en sus páginas webs. La primera directiva de derechos de los accionistas se publicó en 2007. Su gran misión era proteger al inversor. Obliga a las empresas a mejorar su transparencia y gobierno corporativo. La reforma de esa directiva impone más obligaciones a los emisores. Se exigirá transparencia en las remuneraciones, que no deben estar desligadas de objetivos a corto plazo, y en las operaciones con partes vinculada. Estas últimas deberán comunicarse mediante un hecho relevante al supevisor a más tardar en el momento de su celebración. El anuncio irá acompañado de un informe que valore si la operación es justa y razonable desde el punto de vista de la sociedad y de los accionistas que no sean partes vinculadas. Los asesores de voto, por su parte, deberán revelar su metodología y sus conflictos de interés. Pero la clave está en los inversores. De poco sirven las mejoras en las compañías si sus accionistas y dueños no ejercen su labor de control y supervisión. Las gestoras de fondos de inversión y de pensiones y las aseguradoras tendrán que desarrollar y publicar una política de implicación de los accionistas o explicar por qué han decidido no hacerlo. En esta política explicarán cómo integran la implicación de los accionistas en su estrategia de inversión, así como las actividades que lleven a cabo al respecto.

Una noticia que, desafortunadamente, no es gran novedad es que la mitad de los empleos en España corre riesgos por la automatización Los trabajadores con conocimientos tecnológicos avanzados ganan un 26% más que aquellos que solo tienen nociones básicas. España pertenece al grupo de países desarrollados que más oportunidades digitales disfruta pero también está entre los que más riesgos afronta dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que agrupa a una treintena larga de países más industrializados del mundo. Así lo concluye el informe de esta organización titulado ¿Cómo es la vida en la era digital? que analiza el impacto de la digitalización en distintas áreas como el empleo, los salarios, la educación, el comercio, la sanidad o la seguridad en las sociedades de los 36 países más desarrollados. Entre las fortalezas digitales españolas que destaca la OCDE están el grado de acceso de los ciudadanos a internet en sus hogares, que cifran en alrededor de un 80% de la población. Este porcentaje supera la media de acceso a la red de la OCDE fijada en el entorno del 75%. Y es incluso superior al de países como Estados Unidos, donde dicho acceso es también del 75%.

Paso al tema que encabeza esta entrada, para subrayar que la ampliación progresiva del permiso de paternidad a 16 semanas costará 2.612 millones de euros en tres años, de los que una quinta parte (498 millones) serán asumidos por las empresas. De acuerdo con la memoria que recoge el impacto presupuestario de la norma -aprobada por decreto ley el pasado 1 de marzo y todavía pendiente de convalidación en el Congreso-, el gasto de la Seguridad Social se verá incrementando en 2.114 millones hasta 2021. El decreto ley amplía la prestación de paternidad de cinco a ocho semanas en 2019 con un coste estimado de 373 millones: 302 millones para la Seguridad Social y 71 millones para los empresarios, que tendrán que seguir pagando la cotización por contingencias comunes del trabajador durante su permiso. No obstante, el documento señala que el coste para 2019 está referido a doce meses, con lo que la cifra será necesariamente más baja, dado que la ampliación a ocho semanas no entrará en vigor hasta el 1 de abril. En 2020 la prestación subirá a 12 semanas con un coste de 871 millones: 705 millones para la Seguridad Social y 166 para los empresarios. En 2021 llegará a 16 semanas, lo que costará 1.368 millones: 1.107 millones a la Seguridad Social y 261 millones a los empresarios. El decreto ley incluye además la ampliación a ambos progenitores del permiso para lactancia, lo que supondrá un incremento de gasto de 25,58 millones: 20,68 millones para la Seguridad Social y 4,9 millones para las empresas. El pago por parte del Estado de las cotizaciones de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, también contemplado en la norma, supondrá un gasto adicional de 286,71 millones. España, aún lejos de los objetivos de empleo que le marca Bruselas para 2020. Deberían crearse 1,9 millones de puestos para personas de entre 20 y 64 años en dos años para cumplir esta meta.  La economía española debería tener una tasa de empleo de la población de entre 20 y 64 años del 74% en menos de dos años. Este es el objetivo marcado para España por la Estrategia Europa 2020 en materia de empleo. Sin embargo, la actual tasa de ocupación –que mide el porcentaje de población de esa edad que tiene un empleo– es del 67,7%, según los últimos datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 201. Este porcentaje, por tanto, algo más de seis puntos porcentuales por debajo del objetivo, según destaca el Observatorio de seguimiento de indicadores de empleo de la Estrategia Europa 2020 que elabora y acaba de hacer público la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo. En el último año esta tasa ha crecido 1,6 puntos. Para ello ha hecho falta que el empleo de trabajadores de entre 20 y 64 años haya crecido a un ritmo del 2,8%, lo que ha supuesto la creación de unos 530.000 puestos de trabajo para este colectivo de edad. Si bien esta cantidad, que en un entorno de ligera pero evidente desaceleración será difícil repetir, está también muy lejos del número de empleos que haría falta crear para que España cumpliera el objetivo citado. En concreto, utilizando las proyecciones de población del Instituto Nacional de Empleo (INE) para 2020, España tendría que generar 1,9 millones de empleos para trabajadores de entre 20 y 64 años entre este año y el que viene para lograr una tasa de ocupación de este grupo del 74%. Esto apunta a que, con toda seguridad, España no logrará cumplir esta exigencia. Sí llegará a esta media exigida por Bruselas la tasa de empleo de los hombres, que aumenta más que la de las mujeres y, además, ya estaba en el 73,8% en el último trimestre de 2018. Por el contrario, la tasa de ocupación femenina se sitúa actualmente en el 61,6%. Los otros dos objetivos que marca esta Estrategia Europea y que ha evaluado el Ministerio de Empleo están relacionados con la educación. El primero de ellos marca a España la meta de rebajar al 15% la tasa de abandono escolar y en términos medios de la Unión Europea, Bruselas quiere que este indicador caiga por debajo del 10%. En este caso, España tiene actualmente, con datos de 2018, una tasa de abandono escolar prematuro del 17,9% casi tres puntos más que el objetivo previsto para el próximo año. Así, a pesar de que el abandono ha intensificado reducción en el periodo de recuperación en el empleo, que arrancó en 2014 en el entorno del 24%, en el último año ha disminuido solo cuatro décimas. Este ritmo de caída hace también complicado cumplir el objetivo marcado por Bruselas para España; aunque su cumplimiento sería más factible que en el caso de la tasa de empleo. En el caso de la Unión Europea, por el contrario, todo apunta a que sí cumplirá bajar la tasa de abandono escolar por debajo de la media, ya que solo tendrá que reducirla algo más de seis décimas, desde el actual 10,6%. Finalmente, esta Estrategia europea exige también que España eleve al 44% la población de entre 30 y 34 años que finaliza estudios universitarios. Este será el indicador que más se acercará al objetivo ya que en la actualidad se encuentra en el 42,4% tras aumentar 1,2 puntos solo en el último año. Es asimismo el único objetivo en el que España está ya por encima de la marca media que se exigirá a la UE (del 40% para 2020). Bruselas hace un seguimiento de las políticas que los países comunitarios están llevando a cabo para lograr estos objetivos. En concreto, evalúa el grado de cumplimiento de las recomendaciones específicas del Consejo a España. Dicha evaluación se reflejó en un informe que se presentó a finales de febrero y que marcará las próximas recomendaciones a los Estados miembros para el periodo 2019/2020. No obstante, a falta de saber cuáles serán estos consejos para España, Trabajo reconoce que el último informe de Bruselas, “los avances en la aplicación de las recomendaciones se califican globalmente como limitados”. Aunque ese informe también destaca “la fortaleza del crecimiento económico, durante cinco años consecutivos, con ciertos síntomas de desaceleración en 2018, la creación de empleo y la reducción del paro”. El último informe de Bruselas sobre los indicadores españoles apuntó a otras deficiencias. En concreto, marcó como retos el alto nivel de desempleo (14,45% al final de 2018), en especial entre los jóvenes y el paro de larga duración. Asimismo, Bruselas cree que España tendría que reducir la segmentación de su mercado laboral vinculada a la temporalidad y a los bajos salarios; mejorar la coordinación de los servicios públicos de empleo con los servicios sociales –donde apunta que los avances han sido también limitados–; e invertir más en I+D. Entre los logros españoles que ha destacado la Unión Europea recientemente están la reducción de la tasa de ‘ninis’ (jóvenes de entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan). Esta tasa ha bajado al entorno del 17% desde el 23% de 2015. En general, Bruselas vincula el crecimiento del empleo y la caída intensa del paro a las reformas aplicadas, según reconoce el propio informe del Ministerio de Trabajo. Cree que la subida del salario mínimo un 22,3% contribuirá a reducir la tasa de pobreza, pero también advierte de que puede tener un impacto negativo sobre las oportunidades de empleo de los jóvenes y trabajadores menos cualificados

A nivel local quisiera comentar, respecto a un gran empresa ubicada en Asturias como es Arcelor-Mittal que ésta invertirá en nueva maquinaria para automatizar el tren de chapa gruesa de Gijón. La multinacional instalará un nuevo sistema para cortar y pintar las piezas de acero, eliminará mediante prejubilaciones los empleos vinculados al actual procedimiento y hará una inversión «importante» para automatizar el trabajo en su tren de chapa gruesa de Veriña (Gijón). El proyecto consistirá en la sustitución de una de las máquinas de oxicorte por una nueva que facilitará el proceso de cortado y el de pintado de las chapas. Lo que no ha transcendido es la cantidad que la multinacional tiene previsto desembolsar ya que la mejora aún está por aprobar. La intención de la siderúrgica es ejecutar este proyecto para el año que viene. No obstante, la dirección la compañía en Asturias ya adelantó algún detalle a los sindicatos sobre esta nueva inversión. La nueva máquina tendrá un mejor rendimiento mecánico y llevará incorporada un sistema de pintado. Sin embargo, también supondrá un golpe para el empleo del taller porque obligará a amortizar algún puesto de trabajo. En primer lugar porque por motivos de patente esta nueva maquinaria tan solo podrá ser manejada por miembros externos a Arcelor-Mittal y que estarían a nómina del propio fabricante. Y segundo porque esta nueva automatización supondría eliminar dos de las grúas que actualmente trabajan para esta instalación y la figura del operador de oxicorte de desbastes. Este anuncio llega justo un año después de que la multinacional y los sindicatos pactaran un plan integral para salvar la actividad de este taller, una de las tres plantas acabadoras de la factoría de Gijón (junto con alambrón y carril), y que estuvo contra la pared debido a las pérdidas millonarias que arrastraba. Al final, aquella crisis se solventó con la inversión de dos millones de euros por parte de la multinacional y la amortización de 32 empleos en esta instalación (algunos de ellos aún están pendientes) en la que trabajan unas 340 personas. Esta vez también habrá que amortizar empleo, aunque la cifra no ha transcendido. Lo que sí le ha dicho la compañía a los sindicatos es que esas amortizaciones se realizarán mediante prejubilaciones. CC OO criticó que este nuevo proyecto «evidencia improvisación».

Me temo que a Asturias, además de intentar conservar las grandes empresas que tiene aquí radicadas, no le queda otro remedio que aprobar las medidas necesarias para fomentar la creación de empresas competitivas a nivel internacional. No hay otra opción de crecimiento y creación de riqueza para nuestra región más que esa.

SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.