Las bolsas europeas cerraban la semana con caídas moderadas en sus principales índices. A nivel sectorial, un mayor número de sectores terminaba en negativo, destacando el peor comportamiento relativo de industria básica y ocio. En positivo, destacaban salud y banca. La semana estaba marcada por la reunión de la Fed, importantes publicaciones macro y la temporada de resultados empresariales europeos. En los mercados de deuda, las TIRs de los países principales se incrementaban ligeramente y caían alrededor de -5pb las de la periferia.
Paso a referirme, amable lector, al plano político para comentar que, con relación al Brexit, el gobierno de May mantiene las negociaciones con el partido laborista con el objetivo de intentar llegar a un acuerdo de abandonar la UE antes del 23 de mayo y no «participar» en las elecciones europeas. Theresa May podría acceder a cruzar una línea roja manteniendo el acceso al mercado único. No obstante, se duda sobre la respuesta de Europa de un acceso al mercado único, pero con control de migración de personas. Durante la semana se conocía la dimisión del ministro de defensa por verse involucrado en las filtraciones de conversaciones del Consejo de Seguridad Nacional con relación al caso Huawei. En España, los resultados de las generales daban ganador al PSOE, que tendrá que formar gobierno y decidir si repite los apoyos de la moción de censura u optar por una mayoría absoluta pactando con Ciudadanos. Respecto a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, esta semana terminaban las negociaciones en Pekín y la semana que viene tendrán lugar en Washington. De momento sigue la expectativa de que en la ronda de negociaciones que se mantendrá la semana que viene se pueda anunciar una fecha para la cumbre entre presidentes, para sellar el acuerdo. Por último, en Venezuela se producía un intento de levantamiento militar liderado por Guaidó en donde las fuerzas militares se mantuvieron fieles a Maduro.
A nivel de política monetaria y bancos centrales cabe destacar que en su reunión del pasado miércoles, la Fed anunciaba su decisión de mantener los tipos de interés intactos a pesar de las presiones para la bajada del presidente Trump y del mercado. Jerome Powell argumentaba que la inflación rebotará y que la economía se encuentra en buen estado sin necesidad de ayudas por parte del banco central. Un mensaje muy poco «dovish» que hacía que las probabilidades de que haya un recorte de tipos de aquí a final de año se sitúen en el 53% frente al 67% previo al anuncio.
A nivel doméstico, lo que me parece más destacable, además del tema al que hago referencia en el titular del blog esta semana, es que el Banco de España aboga por ceder parte de sus poderes a la CNMV. La subgobernadora, Margarita Delgado, defiende el modelo ‘twin peaks’ y la Comisión pasaría a vigilar la conducta de los bancos
El modelo de supervisión financiera en España es una anomalía en Europa. Es uno de los pocos países con tres instituciones que en numerosas ocasiones se solapan en sus funciones: la CNMV, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) y el Banco de España. La subgobernadora de este último organismo, Margarita Delgado, se inclina por ceder las competencias de vigilancia de la conducta de todo el sector al actual supervisor de los mercados. La ministra de Economía, Nadia Calviño, se comprometió a que un Gobierno liderado por el PSOE emprendería la reforma del sistema nacional de vigilancia del sistema financiero. Y, el pasado lunes, la segunda persona que más manda en el Banco de España defendió que el modelo que debe seguirse es el de dos supervisores, cada uno centrado en una labor específica. Conocido en la jerga regulatoria como twin peaks, este sistema consiste en que haya un único vigilante de la solvencia del sector financiero y otro encargado de hacer que todas las entidades que vendan productos u ofrezcan servicios financieros se comporten de manera adecuada. En la práctica, esta fórmula traspasaría una parte importante de los actuales poderes de supervisión del Banco de España a la CNMV. El organismo que preside Sebastián Albella se ocupa ahora de controlar los mercados de renta variable y deuda y también es el responsable de que se cumplan las normas de comercialización de algunos, pero no todos, productos financieros. Entre ellos, los fondos de inversión, los productos cotizados (acciones o bonos, por ejemplo), los derivados (opciones, futuros, y warrants, entre ellos) y los estructurados o depósitos que incluyen un derivado en su composición. La paradoja es que la CNMV no tiene competencias en la comercialización de productos de préstamo (léase, créditos al consumo, hipotecarios y los vinculados a tarjetas de crédito) y de los depósitos clásicos. La actual legislación tampoco le permite ocuparse de la venta de los seguros de ahorro, en la práctica un producto financiero más que se ofrece en las ventanillas de los bancos. Entre ellos, los seguros de ahorro a largo plazo (Sialp), los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS), los planes de previsión asegurados (PPA), los seguros de rentas vitalicias o los unit linked. Ademas, tampoco tiene capacidad de actuación sobre los fondos de pensiones. Todos estos instrumentos caen bajo la batuta supervisora de la DGSFP, un organismo que ni siquiera es independiente, sino una dirección del Ministerio de Economía. El cambio eventual tendría como consecuencia que la CNMV habría de ocuparse de velar por la integridad del mercado y, al mismo tiempo, de la comercialización de todos los productos financieros sin distingos de ningún tipo. A cambio, el Banco de España tendría que hacerse cargo del control de la solvencia de las empresas de servicios de inversión (sociedades y agencias de valores), gestoras de fondos de inversión y de capital riesgo y, previsiblemente, también de los fondos de pensiones, así como de las aseguradoras. Quedaría por dilucidar el papel de la DGSFP en el nuevo esquema de supervisión. Es decir, si es más eficiente que sus funciones se repartan entre el Banco de España y la CNMV. La reforma propuesta por el anterior Ejecutivo apostaba por su transformación en una agencia independiente, pero que siga en un sistema de doble supervisión no tendría, a priori, sentido. El Gobierno ha anunciado que promoverá una «reforma de la arquitectura institucional de los organismos de regulación y supervisión en el ámbito de la gobernanza económica». Calviño lanzará un libro blanco para recabar todas las opiniones de expertos y sectores afectados y, por fin, plantear la reforma, que supondrá «avanzar hacia un modelo de supervisión financiera twin peaks». También está en entredicho la continuidad en solitario del supervisor de las auditoras, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), empotrado ahora en el Ministerio de Economía.
En relación al tema de esta entrada, los autónomos alertan de que la creación de empleo se desplomará un 40% este año. En contra de lo que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez, los trabajadores autónomos constatan una notable desacelereación en el mercado laboral. Este colectivo advierte de que la capacidad de creación de empleo entre este grupo de trabajadores va a sufrir una notable caída durante el presente ejercicio. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), explica que el dato que esperan para 2018 «va a ser un 40% inferior al del año pasado», y las cifras relativas al primer trimestre son consistentes con las malas expectativas que manejan en ATA. «En el mismo trimestre del año pasado», explica esta asociación, «los autónomos generaron algo menos de 50.000 nuevos empleos netos, lo que supone que este año el ritmo de crecimiento no nos lleva a ser más optimistas que el año anterior en el que se crearon 537 empleos netos al día (11.820 puestos de trabajo y 36.553 autónomos más)». Estos datos «son una cuarta parte de los que se crearon en el mismo periodo de 2018», y las cifras se encuentran asimismo «por debajo de las de 2017». Esta situación, prosigue Amor, responde a principalmente a dos razones. En primer lugar, y al contrario de lo que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez, a la desaceleración que estima que está sufriendo el mercado laboral en su conjunto. La previsión de ATA es que en 2019 se generen entre 300.000 y 330.000 puestos, lo que supone una notable reducción respecto a los más de 550.000 empleos que la economía creó en 2018. Y a ello, el sindicato añade el efecto negativo que ha tenido la celebración de las elecciones generales. Un contexto electoral, desarrolla Amor, «frena la creación de empleo» ya que introduce un factor de inestabilidad y prudencia ante el posible resultado, algo que afecta especialmente a los autónomos. La compleja situación a la que se enfrentan estos trabajadores afecta tanto a la creación de empleo por cuenta propia como por cuenta ajena. Así, «el número de trabajadores por cuenta ajena contratados por un autónomo persona física ha pasado de los 887.093 en diciembre de 2018, a los 893.096». Es decir, el ritmo es «del 0,7%», «la mitad» que el del anterior ejercicio. Por todo ello, los autónomos presentaron sus peticiones al Gobierno, algo que es habitual siempre que se celebran unas elecciones pero que en el actual contexto de desaceleración cobra más importancia. Amor exigió que se forme un Ejecutivo «lo antes posible» que «dé estabilidad, moderación y seguridad jurídica», mientras que la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, trasladó a Pedro Sánchez «que cumpla con el compromiso de transformar los sistemas de cotización de los autónomos». «Los autónomos hemos sido una parte muy importante de los debates electorales y ahora reivindicaremos que se materialicen las promesas», añadió Landaburu. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta), por su parte, señaló que «los tiempos políticos no pueden retrasar los grandes asuntos pendientes» como la justicia contributiva al sistema público de Seguridad Social; terminar con la brecha fiscal existente entre empresas y autónomos; introducir planes de relevo generacional y un sistema de protección para los autónomos mayores de 52 años que fracasan en sus negocios.
Triste para mí, como española y como economista, es conocer que España es el segundo país de la UE más alejado de su objetivo de empleo para 2020. España es el segundo país más alejado de su objetivo de empleo para 2020 fijado en la Unión Europea y se sitúa, con una tasa de empleo del 67% en 2018, a siete puntos porcentuales de su meta de alcanzar una tasa del 74%, según un estudio sobre empleo publicado por la oficina estadística comunitaria Eurostat esta pasada semana. Solo Grecia, cuya tasa de empleo se sitúa en el 59,5%, se aleja más que España y se sitúa a diez puntos para alcanzar su objetivo de elevar al 70% la tasa de empleo entre la población con edad comprendida entre los 20 y 64 años para 2020. El estudio refleja que un total de 13 Estados miembros han superado su meta nacional de empleo. Se trata de Irlanda (74,1%, 5,1 puntos porcentuales por encima de su meta), Malta (75%, cinco puntos más), Lituania (77,8%, cinco puntos más), República Checa (con una tasa de empleo del 79,9%, 4,9 puntos más que su meta), Alemania (79.9%, 2,9 puntos más), Estonia (79,5%, 3,5 puntos por encima de su meta) y Letonia (76,8%, 3,8 puntos más). También la han superado ya Suecia por 2,6 puntos (82,6%), Croacia por 2,3 puntos (65,2%), Polonia por 1,2 puntos (72,2%), Portugal, Eslovenia y Eslovaquia por 0,4 puntos (75,4% en los primeros dos casos y 72,4%). En el conjunto de la Unión Europea, la tasa de empleo batió nuevo récord en 2018 y subió al 73,2%, un punto más que el año anterior y a solo 1,8 puntos de la meta europea de lograr una tasa de empleo de al menos el 75% para 2020. La tasa de empleo en España también creció en 2018 un punto y medio porcentual hasta el 67% respecto al año anterior, pero se sitúa como la cuarta más baja, sólo por delante de Grecia (59,5%), Italia (63%) y Croacia (59,5%). En el polo opuesto se sitúan Suecia (82,6%), Alemania y República Checa (79,9% en ambos casos), los tres países con la mayor tasa de empleo.
Me temo, amable lector, que no nos libramos de la subida fiscal al diésel, para 2020. Me siento afectada porque vivo en una vivienda unifamiliar con caldera de gasóleo para el suelo radiante y conduzco un coche diésel. En todo caso, eso es lo de menos. El gasóleo será 3,8 céntimos más caro, salvo para el campo y el transporte. El Gobierno comunica además a Bruselas aumentos del IRPF para las rentas altas. El litro de gasóleo subirá 3,8 céntimos a partir de 2020 con la subida tributaria que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere aplicar para «equiparar progresivamente» la fiscalidad del diésel, ahora más benévola, a la de la gasolina, según recoge el Programa de Estabilidad que el Ejecutivo en funciones acaba de remitir a la UE. Transportistas y agricultores estarán exentos de tal subida, precisa el mismo documento. La actualización del Programa de Estabilidad plantea que en 2020 entren en vigor todos los cambios fiscales que el Gobierno socialista incluyó en su fallido proyecto de Presupuestos Generales del EStado para 2019, tumbado en el Congreso. Se estima un aumento de recaudación de 5.644 millones al año. Tales cambios se sintetizan en los siguientes puntos.
IRPF. Aumento de dos puntos en el tipo de gravamen para las rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para quienes ingresen más de 300.000. El tipo del ahorro subirá del 23% al 27% cuando los rendimientos pasen de 140.000 euros.
Sociedades. Tipo efectivo mínimo (calculado sobre la base imponible) del 15% (18% para la banca). Menos exenciones por doble imposición para grandes empresas. Rebaja del gravamen del 25% al 23% para las sociedades que facturen menos de un millón de euros al año.
IVA. Rebaja al 10% para los servicios veterinarios y al 4% para los productos de higiene femenina. Los libros, periódicos y revistas en soporte electrónico también tendrán un tipo rebajado del 4%.
«Tasa Google». Creación de un tributo (3%) sobre la facturación de grandes empresas tecnológicas en servicios de publicidad o venta de datos.
«Tasa Tobin». Nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, consistente en gravar con el 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas cotizadas por «brokers» y otros operadores.
Los cambios fiscales, sin duda, se avecinan. En mi opinión, controlar el fraude fiscal sería además, cuestión prioritaria. De nada sirve subir impuestos si no se consigue con ello incrementar la recaudación final. No siempre subidas de la presión fiscal se han traducido en incrementos de ingresos para el Estado.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.