Los selectivos de renta variable europeos presentaban destacados avances en la semana impulsados por el tono más dovish de los bancos centrales, a excepción de los mercados portugués y español, que mostraban un comportamiento más plano. Respecto a los mercados de deuda, se volvían a ver descensos generalizados en las TIRs por la actitud más dovish de los bancos centrales. En el ámbito sectorial, se han producido ganancias generalizadas impulsadas por unas expectativas monetarias más expansivas de lo esperado En lo relativo a la política monetaria del BCE llama la atención que en su intervención de esta semana durante el simposio de banqueros centrales de Sintra, Mario Draghi sorprendía a los mercados con unas declaraciones mucho más dovish de las que hacía en la rueda de prensa de la semana pasada, dejando la puerta claramente abierta a bajar tipos, lo que disparaba las probabilidades de bajada de tipos en Europa, tan pronto como en septiembre. Así, llevaba a la rentabilidad del Bund a mínimos históricos (-0,30%) y al euro a perder la barrera del 1,12 $/€.
En efecto, amable lector, el BCE sopesa activar «nuevos estímulos» con los que impulsar la inflación. El Banco Central Europeo (BCE) estudia activar nuevos estímulos, como una bajada de los tipos de interés o la compra de deuda, si su meta de conseguir una inflación cercana al 2 % continúa en peligro. «En ausencia de mejoras, de manera que el retorno sostenido de la inflación hacia nuestro objetivo se vea amenazado, serán necesarios estímulos adicionales», dijo Draghi en la apertura de los paneles de la sexta edición del foro anual de la localidad lusa de Sintra, el último al que asistirá como presidente del BCE. Su intervención estaba rodeada de un máximo interés tras divulgarse esta pasada semana que la inflación de la eurozona en mayo fue del 1,2 %, lo que hace que se prevea complicado lograr la meta de cerca del 2 % que el organismo mantiene. Draghi se refirió a ello al final de su discurso, en el que ha repasado las medidas tomadas por el BCE durante la última década para hacer frente a los «retos» aparecidos en la zona euro. En ese tiempo, dijo, el BCE «demostró que no tiene pocas herramientas para responder» a las crisis, y que algunas de ellas, como los tipos de interés negativos, «han demostrado ser efectivas». «Nosotros estamos comprometidos», aseguró ante el auditorio, al que recordó que la política del organismo es «paciente, persiste y prudente». Y en ese contexto, apostilló, volverán a actuar si se verifica que la meta de inflación continúa en riesgo. La forma en que lo hagan se estudiará «en la próximas semanas» en el Consejo del Gobierno del BCE, que sopesará todos los instrumentos disponibles, aunque el italiano ya ha hecho referencia a algunas de las opciones más probables. Entre ellas, figuran la «política de más cortes en los tipos de interés», así como «medidas que permitan contener factores externos». También ha sido explícita su referencia a la compra de más deuda pública y privada, un programa que «todavía tiene considerable espacio». «No estamos resignados a tener una baja inflación», agregó en el que es su último foro anual del BCE antes de que su mandato expire el próximo 31 de octubre.
Pese a no descartar nuevas actuaciones del organismo, dejó también un recado a los responsables de la política fiscal, que «debe jugar su papel» para que progrese la economía. La intervención de Draghi fue seguida por una bajada del euro, que pasó de cambiarse a 1,1243 dólares en la negociación europea del mercado de divisas una hora antes de su discurso a situarse en 1,1182 dólares. Además, la rentabilidad del bono alemán a diez años llegó a un mínimo histórico en -0,296 %. También llegó a mínimos históricos la rentabilidad del bono español a diez años, que se situó en el 0,449 %. De esta manera, la prima de riesgo española -diferencia entre el bono nacional a diez años y su homólogo alemán- se redujo hasta 75 puntos básicos. En el resto de Europa, la prima de riesgo italiana alcanzó 249 puntos; la portuguesa, 88 puntos básicos, y la griega, 289. Las reacciones también fueron inmediatas en las principales bolsas europeas, que habían comenzado la jornada a la baja y se dieron la vuelta, hasta registrar en algunos casos ganancias de casi el 1 %. Tras la rotunda apertura de Draghi, la agenda de Sintra continuó con una sesión sobre los 20 primeros años de la unión monetaria presidida por el vicepresidente del BCE, el español Luis de Guindos.
En cuanto a la Reserva Federal, el presidente Jerome Powell adelantaba una posible bajada de tipos de interés tan pronto como el próximo mes, sin descartar un movimiento de 50p.b., ante la incertidumbre desatada por la guerra comercial de Trump y la debilidad de la inflación, que se mantiene por debajo del nivel esperado por la FED. La Fed mantiene los tipos frente a Trump, pero deja abierta la opción de bajarlos. Solo uno de los diez gobernadores votó por reducir ya la tasa de interés en 0,25 puntos. La Reserva Federal (Fed), el banco central de EE UU, mantuvo estable el tipo de interés principal vigente en el país (situado desde diciembre en el rango comprendido entre el 2,25% y 2,50%) aunque, como se esperaba, introdujo un cambio de tono en su discurso que deja abierta la opción a rebajar los tipos si la desaceleración y la guerra comercial lo aconseja. En una referencia implícita, el comunicado difundido señala que la Fed seguirá atenta a la evolución económica y que «actuará según corresponda para sostener la expansión». De los diez gobernadores, solo uno se pronunció por la rebaja de tipos, con un recorte de 0,25 puntos. El resto fue unánime en esperar a tener más datos antes de hacer cambios. La fortísima presión al banco central por parte del presidente de EE UU, Donald Trump, para que bajase ya las tasas (acrecentada en el inicio de la precampaña electoral para su intento de reelección), no logró doblegar al organismo. El grueso de los analistas daba por hecho que no se rebajarían los tipos y que habrá que esperar al menos hasta julio para ver quizá una suavización de las condiciones monetarias que, en términos históricos, siguen siendo laxas. Y esto pese a que la Fed ha realizado nueve subidas desde diciembre de 2015 tras haber mantenido los tipos en un inaudito 0% a 0,25% durante siete años (2008-2015). La Fed sopesa que EE UU cumple este mes diez años de crecimiento continuo, que en julio se convertirá en el periodo de recuperación más largo de la historia del país desde que hay datos (siglo XIX) y que el paro está en el 3,6%, el nivel más bajo desde diciembre de 1969. Por el contrario, la inflación aún no alcanzó el objetivo; el país, aunque con la mayor tasa de crecimiento -junto con España- de los grandes países avanzados, se enfrenta a la desaceleración internacional, lo que también se deja sentir levemente en su economía; EE UU vive inmersa en un conato de guerra comercial de consecuencias inciertas y todos los análisis apuntan a que el estímulo de la rebaja fiscal de Trump de diciembre de 2017 empezará a disiparse.
No puedo abandonar el teman de la guerra comercial dado que durante la semana, ambos países confirmaban que se encontraban preparando la reunión de presidentes de la próxima semana en la cumbre del G-20 en Japón, lo que servía de cierto alivio para los mercados, puesto que ya comenzaban a descontar la posibilidad de un «no acuerdo». Si bien, las expectativas en torno a este encuentro pasan por que sirva de punto de partida de una nueva ronda de negociaciones entre ambos países. Asimismo, varias compañías estadounidenses están ejerciendo presión para que el gobierno americano no imponga aranceles sobre el resto de las importaciones chinas (300.000 M. $).
En lo relativo al inevitable Brexit, en la semana de votaciones dentro del seno del partido conservador para elegir al sustituto de May, tras las que la lista se reducía a dos candidatos. Por un lado, y en línea con lo esperado, Boris Johnson se imponía en todas las votaciones; el diputado conservador basará su candidatura en la idea de salir de la UE antes del 31 de octubre, bien sea con acuerdo o sin él. Por otro lado, el ex ministro de exteriores Jeremy Hunt, priorizará llegar a un acuerdo antes de salir del bloque europeo. Así, ahora se abre un proceso de voto postal, que se abre a las bases del partido y será quien determine la identidad del nuevo sucesor.
Paso a tratar el tema que me parece más destacable a nivel doméstico y es que el Tribunal de Cuentas ha detectado el pago de pensiones a más de un millar de fallecidos. Esto solo puede pasar en el país de la picaresca que inspiró «El Lazarillo de Tormes». El informe desvela que de los más de 11 millones pagados por este error solo se han recuperado 2,2. El Tribunal de Cuentas ha detectado en uno de sus informes de fiscalización que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) pagó en 2016 pensiones no contributivas a 1.096 personas que ya habían fallecido, superando el importe global de las nóminas abonadas indebidamente los 11 millones de euros. El informe analiza las nóminas emitidas en diciembre de 2015 y diciembre de 2016 y cruza esta información con los datos de fallecidos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2016. La conclusión del órgano fiscalizador es que existen «debilidades» en el procedimiento de detección de fallecidos por parte de los órganos gestores de las prestaciones, «debilidades» que, a su juicio, resultan «especialmente significativas» cuando el plazo transcurrido entre el fallecimiento y su detección es superior a cuatro años, dada la posible prescripción del derecho a recuperar las cantidades indebidamente pagadas. En su informe, el Tribunal de Cuentas desvela que el Imserso pagó en 2016 un total de 1.096 pensiones no contributivas a personas ya fallecidas por un importe superior a los 11 millones de euros, del que sólo se han recuperado en torno a 2,2 millones, aproximadamente el 20% de la cantidad global abonada de manera indebida. Comunidad Valenciana es la región en la que el Tribunal detecta un mayor número de beneficiarios fallecidos (234) y el mayor importe abonado indebidamente (9,8 millones de euros). De esta cantidad, apenas se han recuperado 1,5 millones de euros. No obstante, el órgano fiscalizador señala en este punto que algunas entidades financieras no devuelven el dinero al considerar que son cantidades prescritas por haber transcurrido más de cuatro años. Por ello, el Tribunal recomienda a la Seguridad Social que estudie la posibilidad de implantar un procedimiento homogéneo para recabar la colaboración de las entidades financieras en la retrocesión de mensualidades que van más allá de los últimos cuatro años cuando los fondos continúen depositados en la cuenta bancaria. En caso contrario, insta a obtener de los bancos información para identificar a los cotitulares que hayan podido disponer indebidamente de las cuantías correspondientes, todo con el objetivo de que el Imserso o las comunidades autónomas inicien las actuaciones judiciales o de cualquier otra índole que estimasen procedentes. En relación con el procedimiento de retrocesiones bancarias por nóminas emitidas a favor de fallecidos, el Tribunal de Cuentas anima a la Seguridad Social a instar a las entidades financieras a que efectúen los controles de vivencia y que informen de los resultados a los órganos gestores de la prestación.
Más de 19 años fallecido y cobrando pensión
Generalmente, en más de la mitad de los casos en los que se abonan pensiones no contributivas a personas ya fallecidas, las mensualidades que se pagan de más no llegan a uno o dos meses, algo que el Tribunal de Cuentas sitúa dentro de la normalidad, pues los pagos cesan en cuanto el órgano gestor de las prestaciones tiene conocimiento del fallecimiento. Ahora bien, existen casos bastante llamativos, como nuevamente el de la Comunidad Valenciana, donde casi el 70% de las pensiones no contributivas abonadas indebidamente a personas fallecidas se estuvieron pagando durante más de cuatro años, llegando la mayoría de ellos a superar los 10 años de abono con posterioridad a la muerte del beneficiario. Incluso en un caso se llegó a pagar la pensión a un fallecido durante más de 19 años, según advierte el Tribunal de Cuentas. Si pasamos a fijarnos en los datos por comunidades, de acuerdo con este informe, Comunidad Valenciana (234), Galicia (208), Andalucía (186) y Canarias (134) son las comunidades autónomas donde el Imserso pagaba en 2016 un mayor número de pensiones no contributivas a personas fallecidas. Les siguen Madrid (94), Castilla y León (76), Castilla-La Mancha (65), Cataluña (36), Cantabria (26), Extremadura y Asturias (9), Aragón (8), Murcia (4), Ceuta y Melilla (tres cada ciudad autónoma) y Baleares (1). Las pensiones no contributivas garantizan una renta económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y los servicios sociales complementarios del sistema de la Seguridad Social a las personas que no hayan cotizado nunca o no lo hayan hecho el tiempo suficiente para alcanzar la prestación de nivel contributivo.
En 2016, año fiscalizado en este informe, los Presupuestos Generales del Estado establecieron la cuantía mensual de las pensiones no contributivas en 367,9 euros mensuales (5.150,6 euros al año), aunque existen complementos para personas con discapacidad o afectadas por una enfermedad crónica en un grado igual o superior al 75%. En relación con su financiación, las pensiones no contributivas se sufragan mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, figurando el crédito en el presupuesto de gastos del Imserso, y materializándose el pago a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, excepto para las comunidades de Navarra y País Vasco. Las pensiones no contributivas constituyen la práctica totalidad (el 99,19%) de las prestaciones económicas abonadas por el Imserso.
Parece un alivio, amable lector, saber que la banca no cobrará al cliente por los tipos en el 0% y negativos. El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, aseguró que los bancos no se plantean la posibilidad de comenzar a cobrar a sus clientes por los depósitos debido al nuevo retraso en la subida de interés, así como tampoco cree que la entrada de nuevos competidores digitales vaya a propiciar un encarecimiento de los productos y servicios, sino al contrario. Por su parte, El BCE pide más recortes a la banca para afrontar la desaceleración de la economía. Luis de Guindos rebate a las entidades al recordarles que los tipos bajos han tenido «un impacto positivo» en su actividad durante los últimos años. El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha instado a las entidades españolas a «continuar el esfuerzo de reducción de costes» realizado durante los últimos años para seguir ajustando las partidas que más gastos le suponen como la red de oficinas y la plantilla ligada a esas sucursales. Y lo deben hacer, entre otras razones, teniendo en cuenta que «hay una desaceleración en la economía mundial, la europea y en la española, aunque menor», que puede acabar por afectar también a la actividad bancaria. El exministro de Economía en el Gobierno de Mariano Rajoy ha recomendado a la banca «actuar en términos de reducción de exceso de capacidad, eliminación rápida de los créditos dudosos y mejorando su relación de costes con respecto a los ingresos» que generan. Lo ha hecho en el Curso de Verano de la UIMP y APIE, donde también les ha recordado que la competencia de los nuevos operadores ‘fintech’ supone «otro elemento adicional sobre el cual es importantísimo mejorar su eficiencia». Durante la última década, la banca española ha pasado de contar con 45 grupos bancarios (antes bancos y cajas) a tener poco más de una docena en la actualidad. En este periodo, el cierre de oficinas ha supuesto una merma del 40% de la red al pasar a tener 26.319 sucursales; y la reestructuración laboral ha supuesto la salida de un tercio de toda la plantilla, hasta las 187.182 trabajadores hasta finales de 2018, según el Banco de España. De hecho, dos grandes grupos como Santander y CaixaBank acaban de formalizar sendos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que supondrán las salidas de 3.223 y 2.023 empleados en los próximos meses, respectivamente. La insistencia de Luis de Guindos acerca del «ajuste de costes» se justifica porque en el conjunto de la Unión Europea aún representan un 60% de los ingresos frente a poco más del 50% de otros territorios, como ocurre en Estados Unidos. Lo que ha hecho Luis de Guindos, al igual que indicó el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en su última intervención en este evento es apuntar que «los bajos tipos de interés han tenido un impacto positivo desde el punto de vista de una visión global». El vicepresidente del BCE sostiene que la política monetaria que la institución viene desarrollando desde hace más de cinco años «ha permitido» no solo la propia recuperación de la economía y de la actividad de la banca, una reducción de los préstamos dudosos (impagados) con los que tenía que contar el sector en los peores años de la crisis, o un incremento de la demanda de crédito de familias y empresas, que también ha impulsado su negocio. Refuerza así la posición ya expresada por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien el pasado lunes afirmaba que «en su conjunto, el efecto neto es positivo para los bancos». El gobernador admitía que «si bien es cierto que reducen el margen financiero de las entidades, también favorecen que los créditos crezcan más de lo que lo harían en otra situación, algo bueno para los bancos, y mejora la capacidad de pago de los clientes, lo que reduce la morosidad, uno de sus grandes problemas históricos, y permite que puedan vender carteras de activos dañados». No opinan lo mismo los ejecutivos de la banca, que han vuelto a temer los efectos de una prolongación de las actuales políticas monetarias más allá de finales de este año, cuando el BCE había previsto iniciar la subida de tipos. De hecho, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, apuntó el miércoles que la entidad «evaluará» la cifra de beneficio final ante el anuncio del presidente del BCE, Mario Draghi, acerca de la prolongación de su política de estímulos monetarios y tipos bajos durante los próximos meses y, al menos, hasta bien entrado 2020. Goirigolzarri ha indicado que ante este contexto el banco «está evaluando permanentemente» las perspectivas de la corporación. «En el caso de que hagamos algún tipo de modificación al respecto, la haremos», indicaba. Por su parte, el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha indicado que la entidad tiene «capacidad de resistir» a una prolongación de los tipos bajos.Ha recordado que el banco ya ha demostrado esa capacidad que tiene para hacer frente a este tipo de medidas, que reducen su margen de intereses. Por otra parte, el vicepresidente del BCE se ha referido a los procesos de investigación en marcha para aclarar el supuesto espionaje encargado al excomisario Villarejo por parte del anterior presidente de BBVA, Francisco González, para evitar el desembarco de grandes inversores como Sacyr en la entidad hace 14 años. Luis de Guindos ha puesto el foco en la vía judicial, dejando de lado el análisis interno que está llevando a cabo el propio banco sobre este caso. «Ya está judicializado y al final estaremos a lo que digan los tribunales», ha afirmado. Luis de Guindos ha recordado que con una causa judicial abierta como la de la Audiencia Nacional, se quedan pausados el resto de expedientes que pudieran estar abiertos en torno a la aclaración de lo que ocurrió con los contratos de BBVA y la empresa de seguridad Cenyt vinculada al excomisario. «Es en la justicia donde se dilucidarán las responsabilidades que haya, en su caso», ha apuntado. El que fuera ministro económico del PP hasta marzo del año pasado ha pedido en cualquier caso «rapidez» y «sobre todo, pedimos que el análisis fuera lo más profundo posible». Fuentes del supervisor europeo admiten que existe «comunicación» con la entidad acerca del desarrollo de las investigaciones, aunque por ahora no se ha instado a la actual cúpula del banco a tomar medidas concretas para mejorar su reputación tras este caso.
Me paro en un par de casos bancarios.
El primero, el de Bankia que revisará su objetivo de beneficios si el BCE prolonga los tipos en mínimos. La entidad admite que ahora no es el momento idóneo para acometer la privatización. El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha apuntado que la entidad «evaluará» la cifra de beneficio final ante el anuncio del presidente del BCE, Mario Draghi, acerca de la prolongación de su política de estímulos monetarios y tipos bajos durante los próximos meses y, al menos, hasta bien entrado 2020. Goirigolzarri ha indicado que ante este contexto el banco «está evaluando permanentemente» las perspectivas de la corporación. «En el caso de que hagamos algún tipo de modificación al respecto, la haremos», ha indicado. El ejecutivo ha insistido en que, en cualquier caso, Bankia tiene «las palancas suficientes» para conseguir sus objetivos marcados, como los incluidos en su actual Plan Estratégico, en vigor hasta el año 2020. En el primer trimestre de este año, el resultado ha caído casi un 11% hasta los 205 millones de euros. El último consenso de los analistas anticipan que el resultado de 2020 caerá un 40% con respecto a las ganancias anunciadas inicialmente. Goirigolzarri ha confirmado que, a pesar de la caída de los tipos, que siguen profundizando en terreno negativo, «mantenemos el compromiso de distribuir 2.500 millones de euros» entre los accionistas en forma de dividendo durante este periodo. Esa cifra, ha recordado, permite generar capital «por encima de los requerimientos regulatorios» y a la vez llevar a cabo su plan. En cualquier caso, espera que el anuncio realizado por Mario Draghi en el encuentro de Sintra (Portugal) no se postergue demasiado y confía en que más pronto que tarde las políticas monetarias cambiarán, con un incremento de tipos muy gradual. «Nos encontramos cómodos con los tipos bajos, pero incómodos si están en negativo, como ahora», ha indicado el presidente de Bankia en el Curso de Verano de la UIMP y APIE en Santander. A la espera de que se forme gobierno y eche a andar de forma práctica la legislatura, José Ignacio Goirigolzarri ha admitido que este no es el mejor momento para acometer la privatización de Bankia, aunque sigue defendiendo que esa desinversión del Estado -que tiene un 60% del grupo- tiene que realizarse como así lo determina el memorándum firmado con la Unión Europea tras el rescate de hace seis años. «En una situación como esta, teniendo en cuenta el precio que el mercado está dando al valor, no me parece el momento más propicio», ha explicado al respecto. Y ha avanzado que «si se alarga» la situación actual de tipos bajos, «no es bueno ni para el precio de la acción ni para la propia privatización». Para hacer frente a esta etapa en la que el margen de intereses es más escaso, Bankia está centrando su actividad en otras actividades más allá de las hipotecas, como los préstamos al consumo y los créditos a empresas, así como con lo relativo al negocio de seguros, inversiones y a la generación de beneficios a través de comisiones vinculadas a este tipo de productos y servicios.
Por su parte, Caixabank parece que mantendrá su plan.
En ese mismo evento de la UIMP y la APIE, el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha indicado que la entidad tiene «capacidad de resistir» a una prolongación de los tipos bajos.Ha recordado que el banco ya ha demostrado esa capacidad que tiene para hacer frente a este tipo de medidas, que reducen su margen de intereses. El presidente de CaixaBank ha recordado que el grupo tiene «una amplia paleta de colores» sobre la que actuar, en otros productos y servicios que van más allá de las hipotecas, como las tarjetas, los seguros, servicios de inversión, etc. «Modificaremos las estrategias comerciales si hace falta», ha afirmado Gual, hacia ese tipo de segmentos. En cualquier caso, CaixaBank no va cambiar el planteamiento de su plan estratégico, presentado a finales de 2018 en Londres. En ese análisis «ya contemplábamos que el escenario de tipos podía ser más bajo», ha apuntado, como así ha ocurrido. Por otra parte, Gual ha defendido las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pactado hace un mes con los sindicatos por el cual se les da los trabajadores la posibilidad de acceder a un sistema de prejubilación a partir de los 54 años. Lo ha hecho tras las críticas lanzadas por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ante este tipo de medidas que alejan su idea de retrasar la jubilación ante el envejecimiento de la población. Gual ha indicado que el banco «tiene que ser práctico» con un ERE como el pactado y que tiene que «velar» por los intereses de la entidad. Jordi Gual ha defendido que «el banco tiene que seguir siendo competitivo» y ha asegurado que se ha planteado una reestructuración laboral «correcta y acorde a la ley». Las palabras del presidente de CaixaBank llegan después de que Hernández de Cos cuestionara este tipo de medidas. «Todos tenemos la sensación de que una de las posibilidades de afrontar el reto demográfico y las implicaciones para el sistema de pensiones es seguir aumentado la edad de jubilación», indicó en este mismo evento. Por eso recordó que «lo importante no es tanto la edad legal de jubilación como la edad efectiva de jubilación» en referencia a los procesos de reestructuración que llevan a cabo los bancos. El de CaixaBank, al que se han apuntado casi 3.000 trabajadores para cubrir las 2.023 plazas disponibles, supondrá el desembolso de 890 millones de euros con salidas de personal que comenzarán a partir de los 54 años, quienes contarán con la indemnización correspondiente más las cotizaciones a la Seguridad Social hasta los 63 años. En el caso del Santander, el ERE pactado esta misma semana establece también prejubilaciones a partir de los 55 años con abonos de hasta el 80% del sueldo dependiendo del tramo de edad.
Cambiando del ámbito bancario al de los mercados de valores, le indico que la CNMV dispara la imposición de multas un 44% hasta alcanzar las 39. El importe total sumó 9,08 millones y el supervisor abrió 21 expedientes sancionadores y concluyó 23. La CNMV ha publicado su informe anual de 2018, en el que revela que impuso 39 multas, un 44% más que en el ejercicio previo, que inició 21 expedientes sancionadores (16 en 2017) y que concluyó 23 expedientes. El plazo medio en tramitación de cada expediente sancionador fue de 180 días naturales.. En 17 de los expedientes los presuntos infractores se acogieron a los supuestos de terminación anticipada, que permite la terminación del procedimiento mediante el reconocimiento voluntario de responsabilidad por el presunto infractor o mediante pago voluntario con la aplicación de las reducciones que, sobre las multas pecuniarias, prevé este precepto. El importe de las multas, pese a que su número creción, disminuyó desde los 13,964 millones de euros hasta los 9,08 millones. El supervisor que preside Sebastián Albella destaca que en 2018 siguió descendiendo la cuota de los mercados nacionales en la contratación de acciones españolas, que ya se ha situado en un nivel similar al de los principales países europeos y que continuó la tendencia a emitir renta fija fuera de España, aunque las emisiones en el país siguen representando la mayor parte (53%). La actividad de negociación sobre valores españoles se mantuvo estable (931.000 millones de euros), aunque con menos cuota de los mercados nacionales, que se ha situado a un nivel similar al nivel en el que se encuentran los mercados de otros países europeos importantes con respecto a la contratación de sus valores. El pasado año se llevaron a cabo 63 ampliaciones de capital por sociedades cotizadas con captación de recursos por un total de 7.389,8 millones de euros, con una bajada del 70% respecto al año anterior. El importe de las ofertas públicas de valores en procesos de salida a bolsa fue de 733,7 millones de euros frente a 2.944,5 millones en 2017. «Muchas compañías cancelaron o aplazaron sus planes de salida por la situación de los mercados. En lo que respecta a opas, se autorizaron seis, con un importe potencial de 23.842 millones de euros, el valor más elevado de los últimos ejercicios, destacando la oferta sobre Abertis», señala el organismo.
En todo caso, me parece positivo este incremento de los expedientes sancionadores porque pone de manifiesto el mayor control que está practicando la entidad como organismo supervisor de los mercados financieros.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.