A lo largo de la semana se han producido ligeros avances en los principales selectivos de renta variable europeos que refuerzan la escalada iniciada semanas atrás. Sin embargo, la semana ha estado especialmente marcada por el ataque mediante drones a las instalaciones de Saudi Aramco, que afectaban al 5% de la producción de crudo mundial y llegaba a elevar el precio del barril de Brent hasta los 68$/b. Varias instalaciones de Arabia Saudi (Aramco) fueron atacadas, implicando el cierre de 5,7 b/día de producción de crudo, aproximadamente la mitad de la producción de Arabia y un 5% de la producción mundial. Durante la semana, Arabia Saudita apuntaba que recuperaría la normalidad antes de lo previsto, en un plazo de 2-3 semanas, y que actualmente ya ha recuperado un 50% de la producción perdida, a pesar de que existe cierta preocupación entre los analistas del sector en cuanto a la factibilidad de tan rápida reparación. En cuanto al origen del ataque, tanto Arabia Saudí, como Estados Unidos apuntan a los Houthis yemeníes apoyados por Irán, lo que ha llevado a un enturbiamiento aun mayor de las relaciones entre EE.UU. e Irán, a un incremento de las sanciones económicas y a una operación militar de la coalición liderada por Arabia Saudí contra el norte de Yemen. Así, el precio del barril de Brent se disparaba a principios de semana hasta los 68 $/b, y replegaba sobre los 65$/b una vez se iban conociendo los plazos de recuperación de la producción. Por sectores, Oil&Gas era quien presentaba los mayores avances, junto a Health Care y Utilities, mientras que materias primas sufría el mayor retroceso. Por su parte, las TIRs de la deuda soberana caían hasta el 0,23% en el bono español a 10 años y hasta el -0,52% en el bund alemán.
En lo relativo a política monetaria, en su reunión de esta semana, la Fed tomaba la decisión de recortar los tipos de interés 25pb por segunda vez este año, hasta situarlos en el rango del 1,75%-2%. Sorprendía el hecho de que hubiera 3 voces contrarias, 2 en contra de cualquier bajada de tipos y sobre todo una, la del presidente de la Fed de St, Louis que se mostraba favorable a una bajada de 50pb. Además, 7 de los miembros apuntaban como apropiado un recorte de tipos más de cara a final de año. Con respecto a las previsiones de crecimiento, estas se revisaban en una décima al alza hasta el 2,2% gracias al crecimiento del consumo y a un sólido ritmo de creación de empleo, sin embargo, los niveles de inflación se mantenían intactos. Por último, Powell hacía mención de las recientes presiones en los mercados monetarios y recalcaba que cualquier medida de incremento de balance debería ser considerada como un aspecto meramente técnico más que una medida de política monetaria.
En Europa, la noticia más destacada me parece el hecho de que Merkel lanza un plan de 40.000 millones hacia la economía verde. El Gobierno alemán anunció un ambicioso plan de medidas ambientales que movilizarán más de 40.000 millones de euros con el que aspira a marcar un hito global en la lucha contra la crisis ambiental. La coalición gobernante ha presentado un paquete que incluye una iniciativa de fijación de precios del carbono para limitar el uso de combustibles fósiles en Alemania, donde el Partido de los Verdes está disfrutando de más apoyos. El objetivo es que el país, que ha abrazado la causa de la lucha contra el cambio climático, pueda además cumplir con los compromisos internacionales de reducción de gases de efecto invernadero. El transporte, la agricultura o la vivienda son sólo algunos de los sectores que se verán afectados en la primera economía europea por un abanico de medidas que se prevé que pueda sumar al menos 40.000 millones. El plan puede ayudar a los conservadores de la canciller Angela Merkel y sus socios socialdemócratas (SPD) a detener el avance de los Verdes, pero corre el riesgo de acumular más presión sobre la industria en un momento en que la economía ya está en recesión. El punto de referencia clave para juzgar el éxito ambiental del plan será si frena efectivamente las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a través de los precios, dice Ottmar Edenhofer, director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático. «Podría llamarlo un éxito si se pone sobre la mesa una reforma creíble de los precios del CO2. Si sólo tenemos un montón de programas de subsidios, entonces lo llamaría un fracaso», declaró Edenhofer, y agregó que tales iniciativas en general han tenido un impacto climático limitado. Cree que un nuevo precio del CO2 debe desempeñar un papel central en el paquete, y que el Gobierno debe comprometerse a un plan transparente de precios en aumento. Después de dos años desechando el objetivo de reducción de emisiones autoimpuesto para 2020, el Gobierno ahora está luchando por cumplir con el compromiso asumido con la UE de reducir las emisiones de carbono en un 55% en comparación con los niveles que había en 1990 para 2030. Con la economía desacelerándose, el Gobierno también se enfrenta a las llamadas de economistas para utilizar el desafío ambiental como una razón para gastar en un gran plan climático después de años de prudencia fiscal. Hasta ahora, se ha resistido a esa presión. Según la propuesta de los conservadores, que probablemente se modifique en la negociación con el SPD, se emitirán certificados que otorguen a los mayoristas de combustibles fósiles el derecho de vender cantidades superiores a un límite equivalente a un volumen de carbono aún por determinar.
A nivel doméstico, inevitable mencionar la nueva cita electoral para el próximo 10 de noviembre, después de que el Rey, tras la ronda de contactos con todos los partidos políticos, decidiera no proponer ningún candidato a la presidencia ante la constatación de la falta de apoyo de Pedro Sánchez. Y no sale gratis, como señalo en el titular del blog en el día de hoy, porque la repetición electoral bloquea el reparto de 7.000 millones a las comunidades autónomas. El Gobierno en funciones no podrá actualizar el reparto de fondos o compensar el IVA y los Presupuestos no se abordarán ya hasta iniciado 2020. Y lo peor es que no pasa nada para ellos, para los políticos responsables de no haberse puesto de acuerdo. Me parece tremendo que finalmente asumamos el coste únicamente los ciudadanos.
La segunda tentativa frustrada de investir como nuevo presidente del Gobierno a Pedro Sánchez tras su victoria en las elecciones generales del 28 de abril aboca a España de nuevo a las urnas con consecuencias económicas que van más allá de los 140 millones de euros que costará la repetición electoral. Mantener al Gobierno en funciones, hasta que de la votación del próximo 10 de noviembre salga un nuevo Ejecutivo, dejará bloqueados unos 7.000 millones de la financiación autonómica e impedirá iniciar el diseño de unos Presupuestos Generales para 2020, lo que previsiblemente limitaría su efecto el próximo ejercicio. Dado que el último intento ha durado cinco meses y que tanto Navidad como todo enero son inhábiles en el Parlamento, es de esperar que cualquiera que sea el resultado de las elecciones el nuevo Gobierno no comience su mandato hasta ya iniciado 2020. Así, de un lado, esta coyuntura impediría definitivamente entregar a las comunidades autónomas la actualización de las entregas a cuenta de 2019, que se realiza cada año para casar sus ingresos con el incremento real de la recaudación. Este año el monto asciende a unos 4.500 millones que, según aclaró a finales de agosto la Abogacía del Estado a una consulta del Ministerio de Hacienda, no pueden ser abonados por un Ejecutivo en funciones. Aunque el reparto definitivo sería discrecional, y de ahí que los servicios jurídicos consideren que no puede quedar en manos de un Ejecutivo provisional, de mantenerse los porcentajes de 2018, las comunidades más afectadas por el impago serían Andalucía, que dejaría de ingresar 967 millones; Cataluña (861 millones); Madrid (648 millones); Galicia 346 millones o Canarias (261 millones). Dejando de lado el volumen, no obstante, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, ha reconocido que la pérdida de esta inyección sería especialmente grave para Murcia y la Comunidad Valenciana. La falta de estos recursos, con los que las regiones contaron para diseñar sus presupuestos de 2019, podría elevar los plazos de impago a proveedores y hacer inviables los objetivos de déficit de estas y otras regiones, especialmente a partir de noviembre. Hacienda, en todo caso, trabaja estos días para buscar vías alternativas para facilitar fondos a las autonomías y ya ha anticipado a algunas como la valenciana que le adelantará fondos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por ejemplo. Más complicado es que el Estado abone a los territorios el mes de IVA de 2017 que se perdió al implantarse el nuevo sistema de información SII, otros 2.500 millones que debían liquidarse este año. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez propuso revertir este efecto de la reforma del IVA, la medida se incluyó en las cuentas de 2019, que el Parlamento tumbó, motivando los comicios del 28A.
A nivel regional, el Principado ajustará sus cuentas para cumplir el criterio de estabilidad. El ministerio de Hacienda ha remitido al Principado, al igual que a otras comunidades autónomas, una carta en la que le insta a revisar su plan económico y financiero de este año para no incumplir los criterios de estabilidad fijados por el Ejecutivo central. El posible desajuste en las cuentas autonómicas se debe, según fuentes del Gobierno, a los efectos de aplicación de la nueva norma que fija en 35 horas la jornada laboral de los funcionarios. Esta medida, indicaron fuentes del Ejecutivo que dirige el socialista Adrián Barbón, «es algo imprevisto, por lo que será necesario hacer cambios, pero eso no supone ningún desajuste». De hecho, el Gobierno regional prevé salvar la posible advertencia con la revisión del gasto real de algunas consejerías. La advertencia de Hacienda, remitida de oficio dentro de su programa de vigilancia del cumplimiento de la estabilidad económica por parte de las autonomías, no ha sentado bien en algunos ámbitos del gobierno regional. De haberse producido con el PP gobernando, habría sido motivo de declaraciones en contra, evidentemente.
Solo encuentro una solución a esta desastrosa situación de repetición electoral en tan breve período de tiempo: cambiar la legislación para que los políticos que no logren ponerse de acuerdo tras unas elecciones para formar un gobierno, no se puedan presentar nuevamente como cabezas de lista además de no cobrar el sueldo por una razón lógica: que no ha hecho bien su trabajo.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.