Las bolsas europeas cerraban con caídas marcadas por la propagación del coronavirus en China, que disparaba el riesgo de alerta sanitaria a nivel internacional. Los esfuerzos de China por contener su expansión tranquilizaban a los mercados. De esta manera, sectores con mayor exposición a China sufrían, mientras que sectores defensivos presentaban un mejor comportamiento relativo. Por su parte, el petróleo (Brent) caía a mínimos de 7 semanas (niveles 60 $/b, -6%) por la preocupación de los efectos del virus en la economía mundial. En los mercados de deuda, continúan las subidas en soberanos, donde el temor de escalada de la alerta sanitaria en China ha aumentado la aversión al riesgo. A nivel macro, destacaban los signos de recuperación de la economía alemana.
En lo relativo al Banco Central Europeo (BCE) se puede decir que, de momento, sin cambios en la política monetaria y con pocas novedades en la revisión estratégica, más que al anuncio del arranque formal de la misma y la reiteración de que se espera concluir para finales de año. La revisión estratégica estudiará el objetivo de inflación de la institución, así como la forma de alcanzarlo, evaluando el arsenal de instrumentos disponibles y el modo de comunicarlo. Además, abordará asuntos como la estabilidad financiera, empleo, analizará como incorporar el impacto económico de cambio climáticos en su política. Así, en el mercado se mantiene la expectativa que durante esta revisión estratégica no haya cambios en la política monetaria, mientras el foco de la discusión de la revisión estratégica está en el objetivo de inflación. Si bien la presidenta se abstuvo de mostrar su posicionamiento ni en las medidas de política actuales ni en la revisión estratégica, el mercado percibió un tono más dovish al esperado, lo que provocó la caída del euro a mínimos de los dos últimos meses, perdiendo el nivel de 1,11$/€.
Lagarde emprendió como digo, esta semana, la revisión estratégica del BCE con una ejecutiva renovada. El BCE sigue escudriñando los efectos del ambicioso y controvertido paquete de medidas de estímulo aprobado el pasado mes de septiembre, en la recta final del mandato de Mario Draghi. La presidenta de la institución desde noviembre, Chistine Lagarde, no se ha limitado a poner el piloto automático y ha abierto un proceso de revisión de la estrategia del BCE y de análisis de la efectividad de las herramientas monetarias empleadas hasta ahora. El Consejo de Gobierno se ha reunido esta semana en Francfort, en la segunda cita de Lagarde en la presidencia, y la revisión estratégica ha sido uno de los puntos de mayor interés del encuentro. El otro, la valoración de la situación económica actual, después de que Lagarde reconociera en el encuentro de diciembre que «los riesgos son menos pronunciados» y que se apreciaban ciertas señales de estabilización económica. Es la primera a la que asisten los dos nuevos miembros del Comité Ejecutivo del BCE, la alemana Isabel Schnabel -en sustitución de la dimitida Sabine Lautenschläger- y el italiano Fabio Panetta, que releva al francés Benoit Coeuré. Lagarde ha dado a la banquera alemana poderosas competencias en el BCE: el seguimiento de las compras de deuda y de la implementación de las políticas de la institución. Lagarde ya anunció en diciembre que la revisión del mandato estratégico del BCE da comienzo este mes. La definición del objetivo de inflación en la zona euro es el tema central y lleva sin modificarse desde 2003, cuando se estableció que debe estar cerca del 2%, aunque por debajo. Pese a los múltiples estímulos, el BCE sigue sin aproximarse a ese nivel y no ha conseguido tampoco elevar las expectativas de inflación. La revisión estratégica también incluirá cuestiones como los efectos negativos de las medidas del BCE, en un momento en que la efectividad de los tipos negativos está a debate, y la apuesta por la sostenibilidad y la postura que en consecuencia adopte el BCE en la compra de bonos verdes.
A nivel del inevitable tema del Brexit, el Parlamento Británico daba luz verde el jueves a la transposición del acuerdo de salida a su marco legal, quedando ahora pendiente únicamente la firma de la Reina para que alcance el rango de ley. Así, se avanza en los trámites para la votación del 29 de enero en el Parlamento Europeo y la materialización de la salida del Reino Unido el próximo 31 de enero. Ya queda menos para el divorcio. Por su parte, el Comisario de Asuntos Económicos Gentiloni muestra la disposición de Europa a llegar a un acuerdo comercial con Reino Unido, siempre que haya voluntad por el lado británico. Ahora bien, mantiene la alerta de los tiempos, al pretender Reino Unido alcanzar un acuerdo amplio antes de finales de 2020. Por otro lado, el Ministro de Finanzas británico anunciaba su intención de que la economía británica crezca al doble de lo registrado en los últimos años mediante una mayor inversión en formación e infraestructura. Considera que las normas comerciales se pueden relajar tras la salida del bloque común, lo que debería tener un impacto positivo en las empresas y, por ende, en el crecimiento de la economía.
Cambio de tercio, al Impeachement, cabe decir que durante el miércoles, tras una larga sesión en el Senado de los EE.UU., los republicanos hicieron valer su mayoría en la cámara alta (53 vs 47) para rechazar los argumentos presentados por los representantes del partido demócrata en contra de Trump. El proceso continuará durante estos días.
A nivel doméstico y a lo que me refiero en el titular del blog en el día de hoy, S&P advierte de que la derogación completa de la reforma laboral perjudicaría al ráting. La agencia crediticia avisa de que si derogar la reforma laboral implica la vuelta a la situación de rigidez en el mercado previa a su implementación podría dañar al ráting. Los planes del nuevo Gobierno de cambiar la regulación del mercado laboral podrían dañar la calificación de la deuda soberana española. Los últimos choques dialécticos al respecto entre el PSOE y sus socios de gobierno, de Unidas Podemos, hacen difícil vaticinar el impacto que tendría sobre la economía española. Mientras que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), ha anunciado una derogación total de la reforma de 2013, el ala socialista defiende cambios únicamente en sus aspectos «más lesivos», en palabras de la vicepresidenta y titular de Economía, Nadia Calviño y de Hacienda María Jesús Montero, que comentó que ni siquiera los sindicatos piden la derogación completa. «Si se trata de aportar soluciones a problemas estructurales del mercado de trabajo, como la precariedad, la alta temporalidad… esto sería positivo, porque devolvería la confianza y podría ayudar a subir el potencial de la economía», ha dicho Mrsnik. En cambio, si se vuelve a niveles anteriores, de rigidez en la capacidad de negociación en momentos difíciles, por ejemplo, «sería un paso atrás», ha avisado. Mientras que la promesa de derogación de la reforma laboral es vista con cautelas, la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.000 euros este año y a 1.200 al término de la legislatura «no tiene por qué ser negativo», apunta S&P. «Existe margen de subida sin que tenga consecuencias que puedan perjudicar al empleo», ha apuntado Mrsnik, al considerar que el salario mínimo ha estado «muy por debajo en los últimos años comparado al de otros países, y lejos del 60% del salario medio que pide la UE». Además, ha añadido, «en los últimos años han mejorado los beneficios del sector empresarial y ha habido una bajada de costes financieros, mientras que los salarios no han cambiado. Por tanto, existe potencial de subida».
El FMI (Fondo Monetario Internacional) ha vuelto esta pasada semana a recortar su previsión de crecimiento para España, tanto para este año como el que viene debido al freno, mayor de lo esperado, del consumo y el comercio exterior. El organismo que dirige Kristalina Georgieva estima que la economía española crecerá este año al 1,6%, dos décimas menos de lo previsto en su última actualización de octubre, y una décima menos en 2021, estabilizándose en el 1,6%. La rebaja de dos décimas es la más importante de las principales economías avanzadas, cuyas previsiones se mantienen prácticamente sin cambios desde octubre. También revisa a la baja sus previsiones de avance de la economía mundial, hasta el 3,3% este año y el 3,4% en 2021, una y dos décimas menos respectivamente respecto al trimestre pasado, ya que a pesar de una cierta relajación de las tensiones comerciales, se ve lastrada por el frenazo de las economías emergentes, en especial de India. En su último informe actualizado de Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI ha decidido recortar sus previsiones para España «debido a las secuelas de una desaceleración más marcada de lo previsto de la demanda interna y de las exportaciones en 2019». Hay que señalar, no obstante, que en la actualización de octubre pasado, el organismo no tuvo en cuenta las correcciones publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en septiembre, que revisaron a la baja al avance del PIB en la serie histórica de 2018, 2017 y 2016.
Quisiera abordar ahora el creciente papel de los bancos centrales en la lucha contra el cambio climático.- La estabilidad financiera y la climática «son dos bienes públicos». Las finanzas sostenibles han ido ganando peso en la agenda del Banco de España. Los bancos centrales han optado por abandonar la «procrastinación» de otras autoridades y tomar medidas para ganar un papel creciente en la lucha contra el cambio climático. Así lo constata el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), la institución donde se sientan los principales banqueros centrales del mundo. El organismo multilateral advierte en un reciente informe de que el fenómeno de la alteración del clima es una fuente de «grandes riesgos financieros sistémicos». La institución afincada en Basilea (Suiza) ha publicado esta semana el documento El cisne verde, en el que hace un repaso a las distintas medidas que pueden tomar los bancos centrales para luchar contra el cambio climático. El organismo que aglutina a los banqueros centrales se resiste a que éstos actúen solamente como rescatadores de último recurso también en el aspecto del clima, ya que, tal y como advierte, «es muy poco lo que pueden hacer los flujos financieros y monetarios contra los impactos irreversibles del cambio climático». Frente a las catástrofes físicas, las autoridades monetarias y regulatorias tienen una potencia de fuego muy limitada. Lograr una economía libre de carbón requeriría muchas más herramientas de las que disponen los bancos centrales. Sin embargo, el BIS considera que las autoridades bajo su paraguas tienen que actuar igualmente, «precisamente porque la procrastinación ha sido el modus operandi dominante para muchos gobiernos durante un tiempo», critican. El banco central de los bancos centrales reconoce que la inacción por parte de gobiernos y otras instituciones pone en riesgo la capacidad misma de las autoridades monetarias de hacer cumplir sus mandatos. Por ello, el BIS otorga a éstas el mandato de ir más allá en sus atribuciones como forma de garantizar a largo plazo la estabilidad de los precios. En esencia, Basilea propone cuatro acciones generales que han de desarrollar los bancos centrales: 1) ayudar proactivamente a promover la visión a largo plazo, apoyando valores e ideales de las finanzas sostenibles; 2) reclamar un papel más importante de la política fiscal destinada a fomentar la transición ecológica; 3) incrementar la cooperación en asuntos ecológicos por parte de autoridades internacionales y financieras, y 4) apoyar iniciativas que promuevan una mayor integración de las dimensiones climática y financiera en las normativas contables de las empresas. «La estabilidad financiera y climática son dos bienes públicos crecientemente interdependientes», concluye el BIS, que reconoce que los potenciales riesgos de la crisis del clima superan con creces las posibilidades de su informe.
Finalmente, y a nivel regional, en lo que nos va a afectar, la subida del sueldo a los funcionarios beneficia a 60.000 empleados asturianos entre los que me incluyo. El Gobierno garantiza, con la aprobación del Real Decreto-ley, que el incremento se hace efectivo desde el 1 de enero de 2020 . El incremento retributivo del 2% que ha aprobado esta pasada semana el Consejo de Ministros beneficiará a 57.871 empleados públicos asturianos, según ha informado Delegación del Gobierno en Asturias. El Gobierno garantiza, con la aprobación del Real Decreto-ley, que el incremento se hace efectivo desde el 1 de enero de 2020. La subida salarial se aplica a los empleados públicos de las administraciones estatal, autonómica y local, y también al sector público empresarial, lo que representa que se van a incrementar las retribuciones de más de 2,5 millones de empleados públicos. De acuerdo con los datos de Delegación del Gobierno en Asturias, la subida beneficia a 37.049 empleados de la Administración asturiana, 9.139 de los ayuntamientos, 8.841 de la Administración central y 2.842 de las universidades.
Como funcionaria del Estado español en ese último grupo relativo a Universidades, agradezco la subida, aunque sea escasa para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios en los últimos años.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.