Las bolsas europeas cerraban planas la semana, de nuevo marcadas por la evolución del Covid19 a nivel mundial. Si a principios de semana las previsiones del FMI, anticipando una fuerte recesión en 2020, pesaban en el sentimiento, el plan de Trump para volver a la normalidad e ir relajando las medidas de distanciamiento social dejaba en un segundo plano la batería de flojos datos económicos que se anunciaron. Se ha dado una fuerte volatilidad durante la semana. En el inevitable tema del coronavirus, en esta semana empezaban los primeros debates sobre cuándo y cómo levantar las medidas de confinamiento. En EE.UU., Trump daba a conocer su estrategia de normalización. Así, marcaba una ruta en 3 fases, en la que se va modulando la actividad (número de personas que se pueden reunir, los viajes, la actividad de los hospitales,..) condicionado a la capacidad de testear y de «rastrear» contactos. Señalan también que incluso en la fase 3, habrá que pensar en una nueva realidad con mayores estándares de higiene y distanciamiento. Por su parte, Nueva York, extendía las medidas de confinamiento hasta el 15 de mayo. Por otro lado, la OMS advertía que el coronavirus no ha alcanzado el pico de infectados a nivel mundial, preocupando el crecimiento de casos de Reino Unido y Turquía, aunque sí reconocía que esa fase se haya podido superar en Europa. Países como Francia o la India se encuentran todavía en fase de alargamiento de las medidas, mientras que China sigue en la lucha por controlar los brotes de casos importados, focalizándose ahora en los que tienen origen en Rusia, con quien cierra la frontera.
Como indicaba, Estados Unidos no podrá reabrir su economía por completo el 1 de mayo, la fecha fijada por la Casa Blanca, según advirtió el director general de salud pública del Gobierno estadounidense, Jerome Adams. En una entrevista Adams aseguró que la «mayoría del país» no podrá volver a la normalidad el 1 de mayo, a pesar de que algunos miembros de la Administración creen que es necesario reactivar el país para esa fecha. El funcionario argumentó que algunas partes de Estados Unidos que se han visto menos impactadas por la pandemia podrán ir abriendo de manera escalonada a medida que se hacen test para detectar en qué zonas hay peligro de que se expanda el coronavirus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado optimista sobre la reactivación de la economía y, hasta hace poco, quería que el país volviera a la normalidad el 12 de abril, domingo de Pascua, aunque luego aceptó que sería necesario esperar al menos hasta el 1 de mayo. Para poder reanudar la actividad económica el 1 de mayo, el mandatario ha creado un grupo de trabajo con ese objetivo específico. Dentro del Gobierno de EE.UU. existen desacuerdos entre los responsables sanitarios, que piden extender la cuarentena, y asesores económicos, como el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien esta semana aseguró que «absolutamente» será posible reanudar la economía el 1 de mayo. En Estados Unidos se han registrado más de 490.000 contagios, mientras que más de 18.000 personas han muerto por el virus, una tercera parte en la ciudad de Nueva York, epicentro de la pandemia, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins.
Una noticia impactante de esta pasada semana es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su decisión de suspender la financiación de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) mientras lleva a cabo una «revisión del papel» que el organismo ha jugado en la pandemia del coronavirus, al tiempo que le ha acusado de «encubrimiento» de la enfermedad. Según ha precisado el mandatario estadounidense, la revisión tendrá en cuenta «el papel de la OMS en la mala administración y encubrimiento de la propagación del coronavirus». Asimismo, ha asegurado que, mientras Estados Unidos imponía restricciones de viajes a China en los primeros estadios de la pandemia, la OMS «se opuso» a las medidas que llevaba a cabo su Administración. «Otras naciones y regiones que siguieron las recomendaciones de la OMS y mantuvieron sus fronteras abiertas a China aceleraron la pandemia en todo el mundo», ha agregado. En este sentido, Trump ha señalado que el Covid-19 podría haberse contenido con unas cifras de mortalidad más bajas si no hubiera sido por «la falta de transparencia de China». También ha asegurado que la OMS no informó antes sobre los peligros del virus, incluido el hecho de que podía contagiarse de persona a persona. Además, ha sugerido que las decisiones de la OMS, de la que ha valorado que «está muy centrada en China», pueden haber causado un aumento en las muertes a causa del coronavirus y que el organismo no ha reconocido sus propios errores, que han sido «muchos». «Ha habido muchas muertes por sus errores», ha criticado.
En mi opinión, y siendo necesaria la OMS y sin que sirva de precedente, entiendo las razones de Trump. La verdad es que le entiendo y no le quito razón por la parte económica. La OMS no lo ha hecho bien. Eso es indiscutible.
Yendo a lo descatado en el titular en el día de hoy, uno de mis economistas favoritos, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos, considera que la pandemia ha generado en España la situación económica «más grave desde la Guerra Civil». Guindos afirma que el parón de la economía como consecuencia de la pandemia ocasionará que la economía mundial entre en recesión, «y la europea aún con más intensidad», y pronostica que el Producto Interior Bruto (PIB) mundial puede caer en un mes y medio en torno al 5%, debido a que se perderán entre dos y tres puntos porcentuales por mes de confinamiento. España tenía una ventaja al inicio de esta crisis: crecía más que la media de sus socios de la eurozona. Y un problema: que su estructura económica está más expuesta a la crisis, ya que depende más de servicios como el turismo, muy afectados por la pandemia. Este hecho diferencial, muy probablemente, implicará una recesión más profunda. Guindos pronostica que «lo más probable es que se vea algo de crecimiento a partir del tercer trimestre». «Pero habrá que esperar al año 2021 -asegura- para ver una recuperación real de la actividad. En cualquier caso, en 2021 no se compensará toda la caída de 2020». Ante la petición empresarial de una moratoria e incluso exonerar el pago de impuestos, Guindos argumenta que las empresas tendrán «una caída brutal» de la facturación, por lo que «es básico aliviar sus cargas fiscales», si bien la recaudación del Estado «también caerá mucho». Guindos explica que desde el BCE se van a destinar este año 1,1 billones a la compra de activos, fundamentalmente para comprar deuda pública y evitar la fragmentación de la zona euro. De ese dinero, España recibirá entre 120.000 y 130.000 millones El vicepresidente del banco europeo precisa, no obstante, que aunque los estados van a sufrir una caída de ingresos, los niveles de deuda en la zona euro «son sostenibles», por lo que «en ningún escenario» se contempla una condonación o una quita. Guindos no entra en el fondo del debate europeo habido en las últimas semanas sobre la política financiera de la UE pero subraya que tras el acuerdo del pasado jueves, los gobiernos podrán usar el Mecanismo de Estabilidad Europea (Mede) para acceder al equivalente al 2 por ciento de su PIB, lo que para España supondrá unos 24.000 millones. El exministro defiende que «siempre hay que ser favorable a los acuerdos políticos en situaciones tan extraordinarias como la actual», pero objeta que «los pactos de la Moncloa de 1977 tal vez no sean extrapolables» a la actual situación. En cualquier caso, sostiene que los acuerdos son buenos aunque para lograrlos «lo importante es establecer un marco de confianza y lealtad mutua entre el Gobierno y la oposición».
A nivel doméstico, desde la perspectiva interna del gobierno, se han anunciado las Rentas Mínimas de Inserción que convivirán con el ingreso vital del Gobierno.
El Gobierno ultima una medida para ayudar a las personas más vulnerables y empobrecidas, las más afectadas por la ralentización de la economía tras el decreto del estado de alarma que busca atajar los contagios por coronavirus. Se trata de un ingreso mínimo vital dirigido a las unidades familiares, una medida estructural y permanente que complementará las prestaciones que ya ofrecen las comunidades autónomas, según aclaró el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. A la espera de que se apruebe, las familias que no tienen acceso a otras ayudas dependen de la última capa de la red de la Seguridad Social destinada a prevenir la pobreza: los sistemas de renta mínima de inserción (RMI) de las comunidades autónomas. Se trata de un modelo descentralizado que no cuenta con ningún estándar nacional sobre qué asistencia mínima debe ofrecerse, por lo que hay grandes diferencias entre regiones. Desde los 300 euros de Melilla, pasando por los 400 de Madrid, la región con el PIB más alto de España, hasta los más de 610 de Navarra y los 644 del País Vasco, según los últimos datos oficiales, del ejercicio 2018. Sin embargo, aunque los requisitos y las cuantías varíen entre regiones, en todas el proceso para acceder a la prestación es lento y complicado, circunstancias que ahora se han agravado debido a la crisis sanitaria. Tal y como lo expresó Philip Alson, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza en su última visita a España el pasado febrero, “el sistema de la RMI sugiere que, o bien está estructurado intencionalmente para excluir a las personas, o está extremadamente mal diseñado”. Las familias que solicitan la RMI, los trabajadores sociales presentes durante todo el proceso y las plataformas ciudadanas hacen suyas las palabras de Alson. Denuncian que la cantidad de las prestaciones son bajas; los periodos de espera se alargan meses (hasta seis en Madrid o nueve en Andalucía); los requisitos punitivos de residencia impiden el acceso a las personas sin hogar; son incompatibles con trabajos temporales; dejan fuera a los menores de 25 años; y su carga burocrática puede ser una barrera insuperable para muchos. Estas dificultades habrían empujado a ciertos colectivos a la economía sumergida para sobrevivir, una salida que también se ha complicado con la crisis. “La situación ha empeorado para quienes no tenían nada, ellos se buscaban la vida, y eso no se puede poner en ningún salvoconducto para poder moverse”, explica Hontanares Arranz Peña, profesional de los servicios sociales. La Comunidad de Madrid, una de las regiones que impone más exigencias para acceder a la RMI y tiempos de espera más largos a las familias desde que son aceptadas hasta que comienzan a cobrar, podría servir para ilustrar. “La dificultad más sangrante y que ocurre en todas las regiones sin excepción es cómo acreditar la insuficiencia de ingresos. Se trata de demostrar que eres pobre de solemnidad”, explica Arranz. “El sistema está hecho para pillarte en una trampa, la Administración parte de la base de que engañas”, dice. Y pone un ejemplo, a los tres meses de enviar la documentación requerida, la Administración vuelve a solicitar los movimientos bancarios. “Durante esas semanas, la gente ya se ha buscado la vida para sobrevivir. Un familiar que ayuda a pagar el alquiler puntualmente, un compañero que presta dinero para pagar la compra… Esas ayudas puntuales hay que justificarlas de una manera muy específica y dejan fuera del sistema a mucha gente”, explica la trabajadora social.
Estos problemas recorren cada región de norte a sur del país. Los últimos datos oficiales del Ministerio indican que, en 2018, las personas que recibieron la RMI fueron 293.302, frente a las 313.291 del año anterior, casi 20.000 menos. Pero, según denuncian trabajadores sociales, la razón por la que se conceden menos ayudas no es tanto que las condiciones de vida de las regiones hayan mejorado, sino que se ha caído del sistema mucha gente que necesita la renta por un procedimiento que tachan de injusto. Si la situación ya era compleja, a los solicitantes de la RMI se unen los muchos trabajadores que se han quedado sin empleo a causa de los miles de ERTEs que las empresas han aplicado a sus empleados ante el Covid-19.
En mi opinión, y lo digo convencida, y no solo por esta crisis, la aplicación definitiva de este tipo de renta será inevitable, más tarde o más temprano. Escribiré mis razones al respecto.
Ánimo para continuar con el confinamiento, amable lector.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE