Esta pasada semana, los selectivos de renta variable europeos terminaban con caídas, lastrados por la volatilidad que experimentaba el petróleo durante la misma y los malos datos macroeconómicos que se han ido publicando, factores que compensaban los esfuerzos del gobierno americano para hacer frente a la pandemia con un nuevo paquete de medidas de 484.000 M. $. En este sentido, la administración Trump ya se encuentra preparando la siguiente medida de estímulo, al tiempo que en el Eurogrupo continúan las discrepancias en como estructurar el fondo de recuperación. Así, gran parte de los sectores terminaban en negativo. En los mercados de deuda, se ha producido un repunte de las TIR (tasa interna de retorno) de los países periféricos (España, Italia) con el foco en la revisión del rating de Italia por parte de S&P y con la mirada puesta en la reunión del BCE de la próxima semana, en la que se podrían rebajar las exigencias de rating para el colateral a aceptar en las operaciones de liquidez, pudiéndose extender la medida al crédito. En lo relativo a Covid-19, se ha producido una escalaba de tensión respecto al papel que ha jugado la OMS en la pandemia, con Australia poniendo en jaque sus relaciones diplomáticas con China y exigiendo una investigación externa del trabajo de este organismo, al tiempo que las noticas de resultados «cuestionables» en el contraviral que estaba probando la compañía Gilead suponían un mazazo para el sentimiento inversor.
A nivel de política monetaria, la autoridad del BCE relajaba las reglas respecto a la elegibilidad de los activos admitidos como colateral, aceptando los activos calificados por debajo de grado de inversión, siempre que tengan una calificación crediticia igual o superior a BB. De cara a la próxima reunión del BCE no se descarta que se saque más artillería, que sin duda llegará en la reunión de junio, si no hay contundencia y acuerdo en el frente fiscal, sin éste la caída del PIB podría llegar al -15% según la presidenta Lagarde. En el que queda por hacer, seguirá cruzando líneas rojas, en términos de «calidad de activos» a comprar o descontar y/o planteándose la entrada en otros activos (ETFs). En cuanto a los volúmenes de compras, la autoridad monetaria mantiene la vigorosidad en el estímulo (36.000 M €), destacando 20.000 M € del PEPP, 12.500 M € del sector público (PSPP) y 1.800 M € del corporativo (CSPP).
Nos afectan mucho las decisiones del Eurogrupo, donde el foco estaba puesto en la reunión de los líderes de la Unión Europea. Tras cuatro horas de videoconferencia, aprobaban el jueves la necesidad de establecer un fondo de emergencia para apoyar la recuperación económica del bloque, delegando en la Comisión Europea la elaboración de la propuesta que estará lista para mediados de mayo. No obstante, pese a percibirse un tono más solidario entre los estados miembros (sobre todo geografías del norte) no se llega a un acuerdo sobre la estructura por la que debería trasmitirse los fondos, con un grupo de estados miembros con Italia, España y Francia a la cabeza (los más tensionados en cuanto a deuda) apoyando que sea por medio de subvenciones, y el otro, liderado por Alemania y Holanda, que fuera por medio de préstamos.
A nivel doméstico, destaco en el titular de este blog en el día de hoy, el hecho de que los autónomos podrán renunciar al sistema de módulos. Además, el consejo de ministros ha aprobado que pymes y trabajadores por cuenta propia afectados por la crisis puedan aplazar el pago de la renta de sus locales. El goteo de medidas fiscales para dar alivio a los agentes económicos en medio de la pandemia del coronavirus y la paralización de la economía vivió esta semana un nuevo capítulo que, según cálculos gubernamentales, implica la inyección de otros 1.100 millones de euros. Se aprobó que los trabajadores autónomos que tributen en módulos puedan realizar el cálculo del pago fraccionado del IRPF y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del IVA con el método de estimación directa y no objetiva. Ello supone que en el periodo afectado por el estado de alarma su tributación se ajustará a sus ingresos reales. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) se felicitan por la aprobación de esta medida. Según sus cálculos, 400.000 autónomos tributan con el sistema de módulos, concentrados en la hostelería, el taxi o el comercio, lo que implica que pagan impuestos independientemente de sus resultados. «Poder salir en 2020 de este sistema de tributación y pasar a estimación directa y poder recuperarlo en 2021 es una medida muy bienvenida», añaden desde ATA, que prevé que 250.000 autónomos podrían solicitar el cambio. Si bien siempre se ha podido pasar de un sistema a otro, hasta ahora, cuando se producía el cambio de módulos a estimación directa, los contribuyentes tenían que permanecer en él tres años antes de volver al régimen previo. Pero los autónomos que sigan en el sistema de módulos tendrán una rebaja del IRPF y del IVA: cada trimestre se podrán descontar los días del estado de alarma. Las pymes que calculan su pago fraccionado según los beneficios de años anteriores podrán cambiar de sistema y realizar el cálculo según los beneficios reales trimestrales, con lo que los efectos económicos de la pandemia quedarán mejor reflejados. Asimismo, Hacienda da la posibilidad de supeditar el pago de deudas tributarias de Sociedades a la obtención de financiación avalada por el ICO. En apoyo de las empresas, el Gobierno también ha establecido un mecanismo para renegociar y aplazar el pago de alquileres de locales a grandes tenedores o empresas públicas. Con otros propietarios, se podrá usar la fianza para hacer frente a la renta.
No ha sido agradable escuchar que así, sin previo aviso, y aprovechando la coyuntura pandémica y saltando procesos debidos, la Seguridad Social asume la gestión de las pensiones de más de 637.000 funcionarios de clases pasivas. El Ministerio de Hacienda deberá transferir a Escrivá los 15.500 millones para el pago de la nómina anual de este colectivo. El Gobierno aprovechó el real decreto de medidas laborales y fiscales para paliar los efectos de la crisis aprobado esta pasada semana para algo que, en teoría, no tiene que ver con el coronavirus. En concreto, para iniciar el traspaso de la gestión de las pensiones de los funcionarios civiles y militares (Régimen de Clases Pasivas) desde el Ministerio de Hacienda –donde han estado siempre hasta ahora– al nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Varias disposiciones adicionales de este decreto inician este traspaso que se ejecutará definitivamente cuando se apruebe otro real decreto de estructura del ministerio que dirige José Luis Escrivá. Pero, de momento, se aprueba que dicha gestión de pensiones y otras prestaciones del personal del Estado pasarán a depender, primero de manera transitoria de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y, después, definitivamente del Instituto Nacional de Seguridad social (INSS). Pero ¿quiénes forman parte de este Régimen de Clases Pasivas? ¿Cómo cotizan estos funcionarios? ¿Cómo se jubilan? Actualmente, hay 637.213 funcionarios en Clases Pasivas, la mayoría de ellos de la Administración General del Estado, las Cortes y otras instituciones constitucionales, los militares de carrera y fuerzas de seguridad del Estado o la mayoría de los docentes y otros funcionarios transferidos a las comunidades. No obstante, se trata de un régimen a extinguir ya que desde el 1 de enero de 2011 no entran nuevos trabajadores. Aun así, todavía existe el colectivo antes citado de pensionistas y cerca de 700.000 cotizantes cuyas cotizaciones, al igual que estas pensiones, las paga el Estado (que es el empleador) con impuestos. El presupuesto actual para el pago de estas pensiones ronda los 15.500 millones de euros anuales, que, cuando se haga efectivo este traspaso, deberá transferir Hacienda a la Seguridad Social incluidos los gastos de gestión. El sistema de cotización y jubilación de este colectivo es sustancialmente distinto al del resto de asalariados. Así, en lugar de pagar cotizaciones, el Estado hace su aportación en función de un “haber regulador” que es el equivalente a la base reguladora pero que fija cada año la Ley de Presupuestos para cinco grupos (A1, titulados superiores; A2, titulados medios, C1 administrativos; C2 auxiliares administrativos y E, resto). En este caso, el empleador (el Estado) aporta el 18,3% frente al 23,6% del empresario del Régimen General de la Seguridad Social, y el trabajador (funcionario) pone el 3,86% en lugar del 4,7% de los asalariados del Régimen General. La pensión también se calcula aplicando un porcentaje al citado “haber regulador” que le corresponda por categorías al funcionario y dicho porcentaje varía en función de los años de servicio y, en este caso se cuantifica con toda la vida laboral. Los funcionarios de Clases Pasivas se pueden jubilar a los 60 años si tienen 30 años de servicio, si bien se les aplica un coeficiente reductor en la cuantía de la pensión, pero no por edad, sino por cada año de servicio previo a los 35 años. Así, si tienen trabajados 35 años al cumplir 60 años no se les aminora la pensión. El secretario de Acción Sindical de FSC-CCOO, Raúl Olmos, declaró que este sindicato “espera que el cambio de Hacienda a la Seguridad Social no deteriore la calidad de la gestión de las pensiones de los funcionarios”. Mientras que desde el sindicato de funcionarios CSIF se quejaron ayer de no haber sido consultados y desconfiaban del uso de un real decreto por el Covid-19 para iniciar este traspaso. Por otra parte, en la citada norma, la Seguridad Social también decretó que el aplazamiento de deudas con la Seguridad Social que soliciten empresas y autónomos será “incompatible” con la moratoria de cotizaciones para paliar los efectos de la crisis sanitaria en el tejido empresarial. La Seguridad Social aún no ha publicado la orden ministerial de los sectores que podrán acogerse a la moratoria, el resto deberá optar por los aplazamientos a un tipo de interés del 0,5%, más bajo que el habitual. El sindicato de funcionarios CSIF ha exigido «una reunión urgente a los ministerios de Hacienda y de Seguridad Social para aclarar el traspaso en la gestión de las pensiones de los funcionarios» al departamento que dirige José Luis Escrivá. Esta central ha manifestado una importante inquietud por la decisión de iniciar este traspaso utilizando la vía del último Real Decreto de medidas laborales y fiscales para paliar la crisis sanitaria y sin ningún tipo de negociación con los sindicatos ni con los grupos parlamentarios. Desde esta central han denunciado que desde que se publicó esta medida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) han recibido «centenares de llamadas entre ayer y hoy de personal funcionario preocupados por el futuro del régimen de clases pasivas y la regulación de sus pensiones». Este régimen abona en la actualidad las pensiones de más de 637.000 funcionarios y tiene otros tantos como cotizantes.Así, han acusado al Gobierno de aprovechar una norma para paliar los efectos económicos del Covid-19 «para modificar de extranjis la gestión de las pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo». Es más, sospechan que este cambio parece «encaminado a finalizar con cualquier atisbo de separación y de autonomía del régimen de clases pasivas del estado, de una manera completamente sorpresiva», se quejan.
Y cierro con una noticia que tampoco es favorable en términos de financiación y es que el coste de financiación de España a 10 años se triplica en solo dos meses. El Tesoro vende deuda por valor de 65.850 millones desde el 1 de marzo. El mercado de deuda se ha convertido en un termómetro para medir el impacto de la crisis sanitaria en la economía. A la actividad de los inversores en el mercado secundario se suman en las últimas semanas las operaciones realizadas en el primario tanto por emisores públicos como privados. Aquí el Tesoro español ha sido especialmente prolífico. Entre emisiones a corto, medio y largo plazo España ha captado 65.850 millones de euros en mes y medio, 55.552 millones desde que se declaró el estado de alarma. A las subastas que estaban programadas se añaden dos colocaciones sindicadas con las que ha vendido 25.000 millones. Es decir, el 38% del total de lo adjudicado desde el 1 de marzo. Realizó la última de ellas esta misma semana con la venta de un bono a 10 años. La intensidad en la apelación al mercado forma parte de la estrategia del Tesoro para captar recursos con los que poder hacer frente a las necesidades de financiación derivadas de la crisis económica del Gran Confinamiento, que dispararán el déficit hasta rozar el 10%, según el FMI. Desde que el Covid-19 fue declarado pandemia, el organismo que dirige Carlos San Basilio ha acelerado las emisiones de deuda y en lo que va de año lleva vendidos 117.177 millones de euros, el 59,6% de la emisión bruta prevista, en principio, para el conjunto de 2020 (196.504 millones). Por su parte, la emisión neta estimada a inicios de año era de 32.500 millones, pero finalmente llegará hasta los 100.000, según Goldman Sachs. Esta hiperactividad ha venido acompañada de un incremento en el coste de financiación de las nuevas operaciones, un reflejo del aumento de las rentabilidades en el mercado secundario, donde el bono español a 10 años ha pasado del 0,3% de finales de febrero al 1%. El coste teórico se ha triplicado a ese plazo. Esta alza ha llevado a que referencias como las letras a nueve meses y a un año hayan regresado a rentabilidades positivas. Es decir, el Tesoro deja de cobrar por vender deuda a ese plazo.
En definitiva, comenzamos a vislumbrar el negro panorama económico que tenemos por delante y, lo peor, es que la caída no ha hecho más que empezar. Mucho ánimo para seguir con el confinamiento, amable lector.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE