Ha sido la pasada, una semana de ligeras correcciones en Europa ante el riesgo de que la sentencia del tribunal alemán pudiera torpedear el programa de QE del BCE y limitar su efecto en los mercados, si bien los representantes de la institución han respondido con fuerza, defendiendo su independencia. En Europa, destaca Reino Unido, cuyo índice sí que conseguía cerrar en positivo la semana, al igual que EE.UU., en el marco de las negociaciones comerciales entre ambos países con la meta puesta en un acuerdo de libre comercio. En el frente del coronavirus, los datos animan a pensar en que la pandemia comienza a estabilizarse en Occidente, con numerosos países comenzando las fases del desconfinamiento a la espera de que se continúe avanzando en una respuesta eficaz contra el virus. EE.UU. y China lideran esta carrera, en medio de tensionamientos en sus relaciones derivados del origen del virus, lo que también ha sido un factor de presión para los mercados.
Por su parte, Donald Trump está convencido de que EEUU tendrá vacuna del coronavirus a finales de año y ha revisado al alza el número de muertes que la enfermedad dejará en su país, hasta un mínimo de 80.000, 20.000 más de las que preveía hace unos días. Hasta ahora, los expertos en salud del Gobierno de EE.UU. habían citado enero de 2021 como la fecha más temprana en la que podrían tener disponible una vacuna del coronavirus, y Trump reconoce que «los médicos preferirían que no dijera» nada más optimista. El mandatario también ha elevado su predicción del número de muertes que dejará el coronavirus en EE.UU., dado que el cálculo de 60.000 fallecimientos que citó el 20 de abril ya ha quedado obsoleto y ahora supera los 67.000.
Me ha llamado especialmente la atención, y por eso lo destaco en el titular del blog en el día de hoy, que el Gobierno alemán no descarta las vacaciones en Baleares. Hasta ahora, Baleares era uno de los principales destinos europeos de los alemanes fuera de su país. El comisionado de Turismo del Gobierno alemán, Thomas Bareiss, dijo ayer que no descarta que los alemanes puedan pasar sus vacaciones en las Islas Baleares o en las islas griegas, si la evolución de la pandemia del coronavirus lo permite. Creo que este verano no tendremos viajes a destinos lejanos, lo que no quiere decir que no se pueda viajar dentro de Alemania o a países vecinos en los que las cifras de contagio también se estén ralentizando», dijo Bareiss. Agregó, no obstante, que «no descartaría otras regiones en Europa como las [Islas] Baleares o las islas griegas». «Si apenas se registran nuevos contagios y la atención médica funciona, también se podría barajar unas vacaciones de verano allí», dijo. Recordó también que en la Unión Europea y en la Organización Mundial del Turismo (OMT) ya se está debatiendo qué criterios deberían cumplirse. Con ello, el Ejecutivo alemán ofrece un poco de esperanza al sector turístico de las Islas Baleares. Hasta ahora, era uno de los principales destinos europeos de los alemanes fuera de su país. En todo caso, Bareiss se mostró convencido de que los alemanes podrán viajar por su país y pernoctar en establecimientos turísticos. Eso sí, con condiciones sanitarias más estrictas para aquellas zonas con cifras de contagio mayores. Precisamente, la canciller alemana, Angela Merkel, y los líderes de los estados federados anunciaron el alivio de algunas restricciones y el prolongamiento de la norma general del distanciamiento social hasta el 5 de junio, dentro de la lucha contra la pandemia del coronavirus. «Hemos logrado el objetivo de detener la expansión del virus y de no saturar nuestro sistema hospitalario», dijo la canciller, con las cifras del Instituto Robert Koch, competente en la materia en Alemania. El número de contagios ayer fue de 164.807, con un aumento de 947 respecto al martes. Las víctimas mortales ascendieron a 6.996; 165 más que en las últimas 24 horas respecto al día anterior.
A nivel doméstico, destacar que más de 20 millones de personas reciben sus rentas del Estado. En España viven actualmente 47,1 millones de habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. De todos ellos y después de la sacudida económica y social que ha supuesto para España la pandemia de Covid-19, más de 20 millones de personas reciben sus rentas del Estado, con un coste de unos 30.000 millones de euros al mes. Este grupo de perceptores de rentas procedentes de dinero público está formado por los siguientes colectivos. El más abultado de todos ellos no tiene que ver directamente con esta crisis económica, ya que lo forman los 8,9 millones de pensionistas que reciben alguna pensión pública (jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad o en favor de familiares). Asimismo, hay otros 637.000 pensionistas de clases pasivas. Con todo, la nómina para pagar pensiones supera con creces los 10.000 millones de euros al mes. El segundo colectivo es el de 5,2 millones de trabajadores que ya reciben prestaciones y subsidios por desempleo y que aún aumentará. Entre ellos están la mayor parte de los 3,4 millones de trabajadores incluidos en ERTE (de los que tres millones ya cobran prestación y al resto se la reconocerán esta semana). A estos beneficiarios se suman los casi dos millones de parados que ya cobraban ayudas antes de la pandemia. Y unos 950.000 nuevos parados protegidos que reciben o recibirán prestación. Solo la factura mensual de estas prestaciones por desempleo será de 4.500 millones de euros, a los que hay que sumar casi 2.000 millones que costeará la Seguridad Social en exoneraciones de cuotas empresariales. En el grupo de perceptores de rentas extraordinarias por la crisis sanitaria hay que añadir 1,4 millones de trabajadores autónomos con prestación por cese de actividad (de los que 1,2 millones ya la cobran). Con todo ello, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dijo que el esfuerzo de su ministerio desde el 12 de marzo hasta finales de mayo para el pago las citadas exoneraciones, las ayudas a autónomos y 750 millones de liquidez con moratorias y aplazamientos de pago sumarán 6.500 millones en dos meses y medio. Las rentas públicas son también los salarios de los 3,2 millones de funcionarios y empleados públicos, según la encuesta de población activa (EPA). El pago a estos trabajadores del sector público es algo superior a los 10.000 millones al mes (142.000 al año). En esta contabilidad hay que incluir un número indeterminado de personas empleadas de hogar y de temporales incluidos en ERTE que ahora también cobrarán ayudas extraordinarias. A las cifras cabría aún sumar bajas y permisos laborales costeados por la Seguridad Social, así como las decenas de miles de personas que cobran rentas mínimas de las comunidades. Y otro colectivo que aún no cobra pero que está pendiente de recibir una renta del Estado son el millón de hogares en los que viven tres millones de personas susceptibles de recibir el nuevo ingreso mínimo vital, que Escrivá llevará al Consejo de Ministros en la segunda mitad de mayo. El ministro dijo que prevé que los primeros beneficiarios de esta nueva prestación de la seguridad social, que tendrá un mínimo para todo el territorio nacional, empezarán a cobrarla ya en junio. Además, avanzó que cuando esta ayuda esté plenamente vigente costará unos 3.000 millones de euros al año. No avanzó más detalles, salvo que los diseñadores de esta renta están “explorando un sistema multicanal de solicitudes” para que llegue a quien no se relaciona normalmente con las Administraciones públicas.
A nivel regional, malas noticias. Asturias ya tiene más de 83.000 parados tras un incremento de 6.342 personas en abril.
Malas noticias a nivel nacional y regional. Y es a lo que, desafortunamente, nos tenemos que ir acostumbrando.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE