Cuando dirigí por primera vez, en 2006, junto con un compañero del área de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo, el Curso de Extensión Universitaria sobre ‘Instrumentos Financieros a disposición de las pymes (pequeñas y medianas empresas)’, lo hice desde el convencimiento de la importancia que tienen este tipo de empresas en el tejido productivo español. En todo momento, facilitar la financiación a las pymes –empresas con menos de 250 trabajadores – es fundamental para nuestra economía, pero lo es más en esta situación crítica como consecuencia del coronavirus. En España, el 99,90% de las empresas son pymes y crean el 74% del empleo patrio, lo que sitúa a nuestra economía como una de las más dependientes de las pymes de toda Europa. En el caso de España, la OCDE recoge la existencia de 2,63 millones de empresas en el país, de las que el 94,4% son micropymes, de menos de 10 trabajadores; el 5,5% son pymes de entre 10 y 249 empleados, y solo el 0,1% de las compañías, algo más de tres millares, serían grandes compañías, con plantillas de más de 250 empleados. Además, las pymes suponen el 63% del valor añadido bruto. Este peso de las pymes hace más vulnerable a España ante el impacto de la COVID-19, porque las pymes son las que corren más riesgo de cerrar. Por otro lado, España ha sido uno de los países más castigados por la enfermedad en términos sanitarios, con un Gobierno que tardó en tomar medidas y, posteriormente, adoptó medidas férreas que supusieron un fuerte parón de la actividad económica, golpeando duramente a las pymes, con alto riesgo de quebrar por la prolongación de las medidas de bloqueo contra el coronavirus y que representaban el 75% de todos los trabajadores en los sectores directamente afectados. Este peso de las pymes ha llevado al FMI a estimar que el PIB español pasará de crecer un 1,5% a caer un 8%, y que la tasa de paro de un país construido sobre pymes como el nuestro amenaza con dispararse del 14% al 20%.
Para salir de esta situación tan grave, sin duda, una buena noticia es la reciente aprobación del pacto de la Unión Europea, con un fondo de 750.000 millones de euros, con 390.000 millones como ayudas no reembolsables (el punto de partida era medio billón) y los 360.000 millones restantes, créditos. El paquete de Recuperación y Resiliencia se eleva a los 672.500 millones de euros, desde los 560.000 millones; 312.500 en subsidios y 360.000 en créditos. Sin embargo, no todo se puede dejar en manos de Bruselas, sino que nuestro país y también, dentro de sus competencias, nuestra región, tendrán que articular sus propias políticas de reconstrucción, sin perder de vista que uno de los primeros problemas que se plantean es el incremento del déficit público, provocado tanto por el aumento de los gastos de todo tipo, comenzando por los sanitarios, que tendrá que acometer el sector público –estimados en más de 100 millones de euros- y la inevitable caída de recaudación impositiva (unos 150 millones de euros) debida al descenso en la actividad económica, lo que reducirá las rentas de empresas y particulares, el consumo y la riqueza. A partir de estos fondos europeos, es preciso afinar con las medidas económicas a adoptar y, en mi opinión, la fiscalidad es una variable clave. Cobran especial valor todas las medidas -como las dirigidas a reducir el fraude- que, sin añadir presión fiscal indirecta a los obligados tributarios, puedan contribuir al sostenimiento de los ingresos públicos y a mejorar la equidad global del sistema impositivo, sin descuidar la seguridad jurídica en su aplicación. En la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida son interesantes medidas como la aplicación intensiva de las nuevas tecnologías, el impulso de la facturación electrónica y la implantación de incentivos para que se generalicen los pagos con medios electrónicos. El aplazamiento y fraccionamiento del pago de deudas tributarias, que se ha ido aplicando, es necesario en una situación con una presión tan fuerte sobre los ingresos empresariales.
Agilidad en los pagos
Así mismo, cada territorio, en la medida de sus competencias en materia tributaria, puede estudiar la aprobación de los beneficios fiscales para los colectivos más afectados por la crisis. Es recomendable desarrollar incentivos para la movilidad y la recualificación de los trabajadores, en particular en aquellos sectores en los que la actividad no se recuperará por completo mientras no haya vacuna. Considero que es primordial la agilización en los procedimientos y los pagos a trabajadores afectados por los ERTEs, así como lo son las compensaciones a los autónomos por el cese de actividad. Las pymes y los autónomos no tienen el músculo financiero para poder esperar meses y, si las ayudas no llegan a tiempo, y no todas están llegando, muchos cerrarán definitivamente. En el ámbito financiero debería establecerse un procedimiento de urgencia de tal forma que las deudas públicas con proveedores de bienes y servicios que sean pymes y autónomos se paguen de inmediato, así como agilizar el pago de ayudas y subvenciones lo más rápido posible, sin alargar los trámites burocráticos y formales de aquellas ya concedidas. La aprobación de un mecanismo de compensación y liquidación inmediato a pymes y autónomos, entre sus obligaciones fiscales y derechos de cobro frente a la Administración pública, estimo que es una medida adecuada. A nivel regional, también se podría esperar que el Gobierno complementase la cobertura de los avales gestionados por el ICO para autónomos y pymes, cubriendo el 20% restante hasta llegar al 100% de los préstamos solicitados. Opino que, a nivel autonómico, es preciso reconocer que la herramienta de la fiscalidad es la que provoca graves diferencias entre territorios, según el color político de cada gobierno. Para cualquier economista que no esté ciego, la discriminación impositiva territorial es un factor determinante en la localización de empresas, inversiones y ciudadanos. Mantener el tejido productivo empresarial es básico para sustentar una economía, y estimular la realización de inversiones y creación de empresas es ineludible para recuperarnos económicamente. En este sentido, soy una firme partidaria de no aumentar la presión fiscal, una medida muy golosa, fácil, cómoda y rápida en los tiempos que nos encontramos, pero ineficaz económicamente, cuando no letal para las empresas, si es exagerada. Una economía no se construye o, mejor dicho, no se reconstruye con medidas rápidas que aplasten a las empresas o laminen a la maltrecha clase media. Una economía fuerte se construye con un proyecto a largo plazo, bien consensuado políticamente, basado en nuestras fortalezas como país y nuestros recursos productivos y capital humano, y no en medidas para sostenerse cuatro años o bien, para forzar el ‘quítate tú, para ponerme yo’. Quisiera estar equivocada, pero es lo que observo en nuestra clase política, de todos los partidos sin excepción: escasa formación para el cargo en una gran mayoría, cortoplacismo, poca generosidad y amplitud de miras, egoísmo personal y ambición de poder. Lo que le pueda suceder a las pymes o a los ciudadanos en general, no es lo que más les importa.
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NB: Este artículo fue publicado dentro de la colección de artículos del Suplemento «RECONSTRUIR ASTURIAS», publicado con EL COMERCIO de 31/07/2020.
Enlaces:
https://www.elcomercio.es/asturias/asturias-tejido-productivo-20200727171111-nt.html#otero
https://canales.elcomercio.es/reconstruir-asturias/
«Una economía fuerte se construye con un proyecto a largo plazo, bien consensuado políticamente, basado en las fortalezas como país y los recursos productivos y capital humano, no en medidas para cuatro años».
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.