España: empresa en quiebra

Ha sido esta última del mes de agosto, una semana de subidas generalizadas marcada por los avances en la relación comercial entre EE. UU.-China y los progresos en el tratamiento de la pandemia, donde la utilización de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 era aprobada como tratamiento viable. Las bolsas americanas se vuelven a situar en zonas de máximos recuperando las fuertes caídas sufridas en marzo. Por su parte, China anunciaba su determinación en el cumplimiento de los compromisos de la Fase 1 del acuerdo comercial, a pesar de que varias voces apuntan a que no estaría completando las compras asignadas en el documento. Los representantes de comercio de ambas potencias valoraban vía telefónica los avances realizados en la implantación de la Fase 1 del acuerdo comercial firmado hace seis meses, mostrando un tono constructivo y resaltando los progresos por ambas partes para asegurar el éxito del acuerdo. Se comprometían a seguir avanzando en el cumplimiento para consolidar las relaciones.

En lo relativo al coronavirus, lo más destacado de la semana era la noticia de que en EE.UU la FDA. aprobaba la utilización de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 como un tratamiento viable para nuevos enfermos. Por su parte, la industria europea farmacéutica estaría solicitando a la UE cierta protección sobre posibles problemas con sus vacunas para el Covid dado la velocidad y la menor evidencia que ha sido posible en el desarrollo de estas vacunas.

A nivel europeo, la Comisión Europea prestará 81.400 M € a 15 estados miembros con condiciones muy favorables para financiar los esquemas de protección temporal de empleo establecidos por los respectivos gobiernos. Los mayores beneficiarios, a falta de la aprobación de los veintisiete, serán Italia (27.400 M €), España (21.300 M €), Polonia (11.200 M €) y Bélgica (7.800 M €). El volumen de la ayuda financiera está por debajo de los 100.000 M € del fondo SURE, pudiendo recurrir otros países al mecanismo hasta 2022.

En efecto, y como señalo en el titular del blog en el día de hoy, si España fuera una empresa, estaría en quiebra. Dependemos totalmente de ayuda exterior para superar este agujero económico que nos va a dejar el coronavirus.

Como señalo, Bruselas plantea que España reciba 21.300 millones del fondo de desempleo. La Comisión Europea ha propuesto en efecto que España reciba un préstamo de 21.300 millones de euros en el marco del fondo europeo contra el desempleo, conocido como SURE por sus siglas en inglés. España será, así, el segundo estado miembro que más se beneficie de este instrumento, solo por detrás de Italia, con 27.400 millones, según el planteamiento publicado por Bruselas, que ahora deberá ser debatido y adoptado por el Consejo. La propuesta llega tras el proceso de consultas de la Comisión con los Estados miembros que han requerido la ayuda y tras evaluar sus peticiones. En el caso de España fue el primer país que la solicitó y situó su petición en torno a 20.000 millones. La idea es que 15 países de la UE se beneficien de este instrumento por valor total de 81.400 millones. El SURE cuenta, en términos globales, con 100.000 millones de euros y fue concebido por Bruselas en medio de la pandemia para “apoyar los regímenes nacionales de reducción del tiempo de trabajo o medidas similares”.

A nivel doméstico, podemos destacar que el Banco de España pide elevar los rastreos para no dañar la economía con más confinamientos.  En los 8.091 municipios con actividad empresarial, el 21% de las empresas se vieron obligadas a suspender su actividad.

El Banco de España cree que sería recomendable aumentar “de forma drástica” la capacidad de detección y rastreo de contagios por coronavirus para evitar el impacto socioeconómico de las medidas asociadas a confinamientos. En este sentido, apunta que la realización de test a gran escala en todo el mundo y el aislamiento de quienes presenten PCR positivo tendría un coste mensual inferior a las pérdidas económicas que la pandemia podría provocar en menos de una semana, según algunos estudios. Así lo señala la institución en un artículo en el que analiza las medidas de contención, evolución del empleo y propagación del Covid en los municipios españoles. El Banco de España afirma en dicho artículo que la búsqueda “exhaustiva” de casos y el rastreo de sus interacciones sociales permitirían aislar los casos diagnosticados y sus contactos, lo que, a su vez, facilitaría la contención inmediata de eventuales focos locales. “La experiencia de países como Alemania, Corea del Sur y Taiwán confirma las posibilidades de éxito de esta estrategia. Estos países han realizado pruebas de diagnóstico masivas a la población y la pandemia ha evolucionado de forma relativamente más favorable sin necesidad de imponer medidas de confinamiento tan extremas como en España o Italia”, subraya. Los resultados del estudio también apuntan que “no se observa un efecto rebrote significativo en la evolución del empleo” en los municipios que se vieron más afectados por los cierres sectoriales en un primer momento. El Banco de España resalta que, en los 8.091 municipios con actividad empresarial, el 21% de las empresas se vieron obligadas a suspender su actividad. Según el organismo, aquellos municipios más afectados por el cese de las actividades no esenciales habrían sufrido mayores pérdidas de empleo, pero, a la vez, habrían experimentado una propagación menos virulenta de la pandemia durante el mes de abril. De hecho, en algunos municipios, eminentemente agrícolas, ninguna empresa se vio afectada por estos cierres sectoriales, mientras que en el municipio más vulnerable afectaron al 100% de las empresas. En cuanto a la evolución del empleo a escala municipal, y según los datos del número de afiliados a fin de mes publicados por la Seguridad Social entre el 29 de febrero y el 30 de abril, la afiliación a la Seguridad Social cayó un 3,1% en ese período, con una variabilidad muy elevada entre municipios. En una cuarta parte de los municipios, la caída ha sido superior al 6%, mientras que en una vigésima parte se han registrado incrementos de más del 6%. Por territorios, la evolución del empleo ha mostrado una heterogeneidad considerable, con un peor comportamiento en Canarias y en el sur de la península.

Cambiando de tema, se ha producido una avalancha de impugnaciones a Hacienda por sus inspecciones post-confinamiento. Las empresas se rebelan contra la ampliación del plazo para comprobar e inspeccionar que se otorga la Agencia Tributaria por su “supuesta” suspensión de procedimientos y alegan que ha estado trabajando con intensidad. Esta avalancha de impugnaciones de contribuyentes a Hacienda se está produciendo por las facultades extraordinarias que se está atribuyendo en las inspecciones tras el confinamiento.

Muy destacable, tristemente destacable por la razón que está detrás, es que la crisis del coronavirus también está impactando en el sistema de pensiones, que pierde beneficiarios, algo que no es habitual, puesto que su tendencia desde hace años es al alza. Así, desde inicio de año, la Seguridad Social paga casi 24.000 prestaciones públicas menos, concretamente 23.823, según se extrae de datos publicados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Y eso pese a que el número de nuevas altas de pensión registrado el pasado mes de julio (último dato disponible) sufre uno de los mayores incrementos de los últimos años: 49.521 nuevas altas, lo que supuso un 7,1% más que hace un año. Esta tasa positiva se debe fundamentalmente a los incrementos de cerca del 12% que experimentaron el número de altas de pensiones de jubilación y viudedad. Sin embargo, si se considera el acumulado anual, desde enero hasta julio de 2020 han causado alta 293.752 nuevas pensiones, un 14,8% menos que en el mismo periodo del año pasado. No cabe duda de que detrás de estos datos inéditos está la pandemia, tal y como admite el propio Ministerio, que explica que se debe tanto al cierre de oficinas en los meses de estado de alarma, que dejaron de prestar atención presencial durante algunas semanas, como a la propia situación de confinamiento, que hizo que muchos ciudadanos postergasen sus gestiones con la Seguridad Social.

El escenario que afrontamos de cara a este comienzo de nuevo curso, es de lo más negativo, pero nos toca enfrentarnos a esta nueva realidad, en la que indudablemente seremos más pobres.

SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.