Esta pasada semana, la incertidumbre sobre el impacto económico de la creciente segunda ola del coronavirus a nivel mundial ha penalizado la renta variable, con cesiones en todos los sectores, tanto en EE.UU. como en Europa. Lo mismo ha ocurrido en el precio del crudo y en la evolución de las TIRes de deuda. Los indicadores económicos han revertido la recuperación iniciada en los meses post confinamiento, sentimiento que sigue calando en nuevas revisiones económicas a la baja a nivel mundial para 2020 (Italia esta semana). Tampoco han ayudado las vagas declaraciones de la FED sobre inflación y estímulo, así como el continuado desacuerdo político en EE.UU. para acordar nuevos estímulos económicos.
En lo relativo al coronavirus, parece que la segunda ola confirma su avance, obligando a la puesta en marcha de nuevas medidas de contención a nivel global, aunque sin alcanzar confinamientos estrictos como los vividos en marzo. Reino Unido ha liderado estas medidas con limitaciones horarias en el ocio y con la llamada a la vuelta del teletrabajo, revertiendo las medidas de incentivo a la vuelta a los centros laborales, implantadas previamente para limitar el impacto económico en las ciudades. Por su parte, la posibilidad de obtención de una vacuna a principios de 2021 se pone en duda, al rebajar una compañía especialista la probabilidad del 70% al 54%.
A nivel europeo, el virus y el euro presionan al BCE para tomar más medidas en diciembre. La divisa podría dar tregua ante los comicios en EE UU pero no el Covid-19. El mercado apuesta por un alza del programa antipandemia. El BCE no ceja en su mensaje de estar listo para emplear las herramientas a su alcance si fuera necesario y el curso de los acontecimientos en la zona euro está abonando el terreno para que vuelva a actuar con determinación. Las fuertes caídas bursátiles de la pasada semana fueron un primer aviso de lo que puede estar por venir, con una clara reacción pesimista de los inversores ante el avance de la pandemia en Europa, con especial incidencia en el Reino Unido y España. El avance del coronavirus está obligando de nuevo a las restricciones a la movilidad, lo que promete elevar aún más la incertidumbre y dañar de nuevo a las economías, mucho antes de lo que se esperaba. Christine Lagarde reconoció esta semana que la recuperación observada en el segundo y tercer trimestre sigue siendo incierta e incompleta y continúa “fuertemente sujeta a la evolución de la pandemia y al éxito de las políticas para hacerle frente”. Gracias en parte a esa recuperación, el euro se ha visto fortalecido a niveles de hace más de dos años frente al dólar, aunque su apreciación también se esté convirtiendo en otro argumento de peso –junto al impacto económico de una segunda ola de coronavirus– en favor de nuevos estímulos monetarios, que el mercado espera ya para la reunión de diciembre. La apreciación del euro permite el abaratamiento de las importaciones, un arma poderosa para impulsar la recuperación, pero es un notable factor de presión a la baja sobre la inflación. El BCE reconoce que vigila muy de cerca su impacto sobre su objetivo de estabilidad de precios, si bien ha renunciado a tomar medidas para frenar la escalada de la divisa. El BCE poco puede hacer para frenar al euro. La gran parte de esa subida se debe a la debilidad del dólar. La volatilidad por las elecciones en EE UU puede reforzar al billete verde. Lagarde tendrá que esperar y ver, pero no tiene sentido quemar cartuchos hasta el mes de diciembre. Por lo pronto, el euro ha dado un respiro y cede posiciones al nivel de los 1,17 dólares ante el incremento de la incertidumbre entre los inversores. Se descarta igualmente medidas del BCE ante la apreciación del euro, que estaría sostenida no solo por un dólar más débil –después de que la Fed haya flexibilizado su objetivo de inflación y abierto una larga era de tipos cero– sino por la recuperación económica en la zona euro, que los nuevos rebrotes de la pandemia pueden poner ahora en entredicho.
Un euro a 1,18. El BCE prevé un euro relativamente fuerte para los dos próximos años, en los 1,18 dólares frente a los 1,14 dólares estimados para este año, aunque ello no sería un lastre para el aumento de la inflación, según sus últimas previsiones económicas. Así, calcula que los precios suban a un ritmo del 1,5% interanual en el primer trimestre del año próximo desde el 0,4% del primer trimestre de 2021. El riesgo está en que la pandemia y el mayor margen de respuesta de la Fed echen por tierra esas previsiones.
Pasando al tema doméstico con el que titulo el blog en el día de hoy, que afecta a uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro país, que es la supervivencia del sistema de pensiones tal y como está diseñado, parece que el Banco de España considera insuficientes los incentivos para retrasar la jubilación. Yo más bien considero que lo que hay que hacer es penalizar duramente la jubilación anticipada, cuando esta no es necesaria. El debate sobre cómo retrasar la edad efectiva de jubilación está encima de la mesa. O, dicho de otro modo, cómo mantener a una persona trabajando más tiempo, incluso más allá de los 65 años. No se trata de una cuestión baladí si se tiene en cuenta que por cada año que se alargue la edad efectiva de retiro (situada ahora en 64,5 años) se reduciría el gasto en pensiones entre un 0,4% y 1,2% en 2048. Sin embargo, «el sistema no ofrece importantes incentivos para estar en el mercado laboral más allá de los 65 años». Así lo afirmó esta semana en una conferencia Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, dejando entrever que aquí puede haber también margen de actuación de cara a la futura reforma de las pensiones. Arce explicó que el supervisor había llevado a cabo un análisis actuarial en el caso de una persona con una larga carrera de cotización dependiendo de la edad en la que se jubilara y los resultados fueron concluyentes: en este ejemplo posponer la edad de jubilación no genera un mayor retorno. Esta es la misma afirmación -aunque fue menos categórica y habló de incentivos insuficientes- que hizo recientemente el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien avanzó que el Gobierno está estudiando mejorarlos. No obstante, Escrivá dio a entender que la manera en la que se plantean alargar la edad de retiro irá más dirigida a penalizar a las personas que se jubilen antes de tiempo –con un recorte real del 8% de la pensión– que en premiar a quienes la retrasen. El Banco de España, por su parte, discrepó del anuncio del ministro de que van a suprimir ciertos beneficios fiscales, como podrían ser las bonificaciones a los planes de pensiones privados, y precisó que «no se puede descartar a priori el uso de incentivos fiscales», porque son una herramienta prioritaria para inducir determinados comportamientos, aunque sí admite que el diseño actual es «mejorable». Animó así a hacer un análisis pormenorizado de cuál es la efectividad y eficiencia de estos instrumentos y, en caso de que sean insatisfactorios, revisarlos, porque «debemos ser cuidadosos y selectivos» ya que «los recursos públicos van a ser más preciados que nunca». En este sentido, mostró su predisposición a incentivar los planes de ahorro, tanto colectivos como privados, ya que, a su juicio, «hay espacio claro para mejorar este instrumento fiscal» ya que no están muy implantados, su rentabilidad no es muy alta y el coste no es muy elevado. De igual manera, abogó por estudiar el modelo de planes de pensiones de empresas de Reino Unido, en el que, salvo que el trabajador lo rechace, a los empleadores se les obliga a incluirlo por defecto y una parte lo paga la empresa y otra el trabajador.
En lo relativo al tema de la gran fusión bancaria proyectada en nuestro país, la nueva CaixaBank podrá cambiar las condiciones de 28 millones de tarjetas. La fusión de CaixaBank y Bankia alterará los contratos de algunos productos mientras que el supervisor avisa de que las hipotecas no pueden modificarse. Una vez aprobado el proceso de fusión por los consejos de administración de CaixaBank y de Bankia esta pasada semana, queda aún un arduo trabajo por llevar a cabo para que ambas entidades logren ser un solo banco en el primer trimestre de 2021. Uno de los más complicados ahora es la integración tecnológica, con el encaje de los 20 millones de clientes que tienen entre ambas instituciones, con sus respectivos contratos de productos. Aunque todavía esta operación corporativa tiene que pasar por diferentes aprobaciones, incluida la de las respectivas juntas de accionistas, que será el último paso. Pero ante la elevada cartera de clientes, productos, oficinas e influencia que tendrá esta fusión, y el revulsivo que será para otras operaciones similares en el sector, el Banco de España ha decidido ponerse al frente de las ya previsibles dudas que están surgiendo a los clientes de ambas entidades y de las repercusiones de la creación de este gigante bancario para los usuarios. En el portal del cliente bancario, el organismo supervisor ha publicado una comunicación dirigida a los clientes financieros en la que explica que las fusiones pueden suponer repercusiones prácticas para las gestiones del día a día, ya que es posible que se reordenen les redes comerciales y se reasignen los clientes en las zonas donde las oficinas se solapan. En cuanto a las condiciones de los productos que los clientes tengan contratados, el Banco de España ha recordado que las fusiones no suponen por sí mismas cambios automáticos, pues no pueden cambiarse las condiciones que se pactaron en productos de una duración determinada, como es el caso de un préstamo hipotecario o personal, de manera que los clientes seguirán pagando las mismas cuotas, tal como se habrían abonado a la entidad con la que contrataron en un inicio. La futura entidad que nacerá de la fusión de CaixaBank y Bankia será el banco líder por activos, con 664.000 millones de euros, pero también por cuotas de mercado en créditos, depósitos, tarjetas de pago, seguros e hipotecas, entre otros productos. También lo será en red de oficinas. Con datos de junio, la entidad resultante tendrá el 28% de cuota de mercado en hipotecas del mercado nacional, que, según la advertencia del Banco de España, los titulares de estos créditos no podrán sufrir alteraciones en las condiciones de sus contratos. Sin embargo, el organismo recuerda que si el cliente es titular de un producto de duración indefinida o de renovación automática, como puede ser una cuenta o una tarjeta, las condiciones podrían ser modificadas por la nueva entidad, aunque esto no es consecuencia necesariamente de la fusión, pues cualquier entidad puede cambiar las condiciones de este tipo de productos a lo largo de la vida de la operación. CaixaBank cuenta con un parqué de tarjetas de 18 millones, con una cuota de casi el 20%, y que e eleva al 23,4% si se tiene en cuenta la facturación de este dinero de plástico. Mientras que Bankia suma un total de 10 millones de tarjetas de débito y crédito y una cuota de casi el 11% en número. El Banco de España apunta que, en dicho supuesto, el cambio de condiciones tiene que respetar unas reglas. Así, si no es favorable para el cliente, como por ejemplo si se eleva el importe de alguna comisión, la entidad tendrá que avisar con la antelación suficiente al usuario, que tendrá derecho a cancelar la cuenta sin penalización antes de que el cambio sea efectivo. CaixaBank y Bankia se han diferenciado en la última década en su política comercial, con una apuesta por diferentes productos para sus respectivos clientes, y en una estrategia de comisiones también muy distinta. El hecho de que Bankia sea una entidad con ayudas públicas (recibió más de 24.000 millones) ha condicionado en cierta manera su estrategia comercial, con ciertos productos con precios más baratos, sobre todo aquellos más cotidianos y esenciales. CaixaBank ha preferido impulsar sus productos de ahorro a largo plazo, aunque las hipotecas han sido un revulsivo comercial de ambos bancos, pero con políticas de precios diferentes. La estrategia en medios de pago también ha sido muy diferente. CaixaBank fue, de hecho, la primera en aplicar una tasa a los no clientes por sacar efectivo de sus cajeros. Impuso un precio de 2 euros por extracción. Es evidente que con esta fusión nace el mayor gigante bancario español. La nueva entidad resultante de la fusión de CaixaBank y Bankia tendrá una cuota de mercado en depósitos del 24%, en ahorro a largo plazo del 29%, en crédito al consumo del 23%, en financiación a hipotecas del 28%, y en crédito a empresas del 24%, según datos agregados de ambas entidades a cierre del segundo trimestre. La cartera de crédito de la nueva CaixaBank, marca que será la que registrará la nueva entidad, sumará 368.500 millones de euros, mientras que la de recursos de clientes asciende a 555.400 millones. Los activos bajo gestión se elevan a 128.900 millones de euros. Todo, en manos de 20 millones de clientes. El número de oficinas repartidas por toda España de CaixaBank y Bankia asciende a 6.300 sucursales. Su plantilla se eleva a 51.500 empleados. El capital de la futura entidad ascenderá a 38.900 millones de euros, y los activos totales a 664.000 millones de euros.
También afecta a a la economía española el hecho de que el GSMA pospone a junio el Mobile World Congress 2021 por la pandemia. Los organizadores creen que la situación hace aconsejable aplazar la feria. Confían en celebrar el congreso con el 85% de los grandes expositores, pero ya avanzan que tendrá un dimensión menor que las últimas ediciones. La pandemia por el Covid-19 ha vuelto a trastocar los planes de la mayor feria de móviles del mundo, el Mobile World Congress de Barcelona. Su organizador, la GSMA, anunció esta semana que ha decidido aplazar la edición de 2021, prevista inicialmente entre el 1 y el 4 de marzo, hasta finales del próximo mes de junio. La asociación de la industria detrás del MWC cree que la evolución de la pandemia por el coronavirus, que ya les obligó a cancelar la edición de 2020 justificando la medida en motivos de “fuerza mayor”, no hace aconsejable mantener las fechas previstas. La nueva fecha elegida para su celebración es del 28 de junio al 1 de julio, según explicó el consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, que voló a Barcelona para comunicar la decisión. La organización aseguró que esta reprogramación les permitirá lidiar con las “circunstancias externas” relacionadas con esta crisis sanitaria. Preguntado por si la peor situación del coronavirus en España ha influido en la decisión, Hoffman respondió que posponiendo la fecha “se daría más tiempo a que se produzcan avances por parte de la industria farmacéutica y llegue la vacuna”. El consejero delegado de la GSMA resaltó que se trata de una reorganización que no se volverá a repetir y que en 2022 el MWC de Barcelona volverá a celebrarse en el mes de febrero, como venía siendo habitual, y que el motivo principal de hacerlo es garantizar una mayor presencialidad. El evento, en cualquier caso, y según precisó la organización en un comunicado, será presencial, pero contará también con partes virtuales. Y se espera que tenga un menor tamaño. Hoffman dijo que prevén que en junio de 2021 sigan vigentes algunos requisitos de seguridad, como la distancia social, “que van a hacer que no sea recomendable recuperar por el momento las dimensiones que tuvo el evento en sus últimas ediciones”. Los responsables de la GSMA reiteraron, como ya hicieran el pasado febrero, su compromiso con la feria catalana y afirmaron que “están invirtiendo” para que el MWC21 “pueda seguir adelante en Barcelona con seguridad”, y que sea el primer gran evento global post pandemia. La GSMA insistió sobre que la decisión de posponer la fecha se ha decidido tras consultar con todas las partes afectadas.
Y una última noticia que puede parecer sorprendente pero que no lo es tanto: las farmacéuticas prevén pérdidas en ventas de más de 4.000 millones por el coronavirus. La menor prescripción de medicamentos por la reducción de visitas médicas influye en la caída de los ingresos de las compañías. Las compañías farmacéuticas tampoco escapan al impacto negativo del Covid pese a estar en una mejor situación con respecto a sectores como el turismo o la automoción, ya que han continuado y aumentado sus operaciones al ser un sector esencial en la pandemia. Un informe reciente de la consultora Evaluate Pharma revela que las 15 empresas líderes en ventas de la industria esperan este año pérdidas por valor de 4.900 millones de dólares (unos 4.170 millones de euros) debido a las medidas de confinamiento global derivadas de la crisis del coronavirus. La menor prescripción de fármacos por la disminución de las visitas médicas debido al distanciamiento social, las cuarentenas y la restricción de la movilidad incide en esta previsión de descenso de los ingresos, explica el documento publicado en julio y que incluye pronósticos para 2020, la variación estimada entre marzo y junio, y a 2026. Aquí también influye la cancelación de las operaciones de rutina, la menor atención a crónicos o el retraso en el inicio de los nuevos tratamientos por las mismas razones.
Lo que en mi opinión no es en absoluto justificable es que se estén desatendiendo otras patologías a causa del coronavirus. Reforzar el sistema sanitario es primordial para garantizar la salud de la ciudadanía.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.