Patriotismo económico francés

Ha sido una semana de subidas generalizadas en los índices europeos que, pese al miedo al impacto de la segunda ola de coronavirus en la economía, recibían con optimismo los buenos datos del PMI Manufacturero. Asimismo, destacan en la semana los comentarios de Lagarde, donde reconocía la posibilidad de que la inflación supere temporalmente la barrera del 2%, y el positivo por coronavirus del presidente de EE. UU. Donald Trump, donde aun está por ver el impacto que pudiera tener en la carrera electoral. En lo relativo al coronavirus, la pandemia mundial supera el millón de muertos y el número de contagiados supera los 33 M. En España, el COVID-19 supera los 32.000 fallecidos y los 780.000 contagiados. Por lo que respecta a la política monetaria europea, Lagarde reconocía esta semana que el Consejo estudia en la revisión estratégica un cambio de enfoque a la hora de medir la estabilidad de precios, permitiendo que la inflación supere temporalmente la barrera del 2% después de haber estado en mínimos durante demasiado tiempo como lo anunciaba la FED en el simposio de Jackson Hole. Mientras los precios continuaban cayendo en la Eurozona en septiembre (IPC: -0,3% anual vs -0,2%ant; IPC subyacente +0,4% vs +0,6%ant) añadiendo más presión la institución. No me olvido del Brexit porque escala la tensión en las negociaciones entre la UE y Reino Unido, agravadas con la apertura por parte de la UE de una «causa legal» a Reino Unido por la ruptura de los compromisos alcanzados en el acuerdo de divorcio.

En lo relativo a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, me llama la atención como Francia promueve el patriotismo económico para rescatar a las pymes. El gobierno francés crea un fondo para invertir en 1.500 compañías de este tamaño. Así, Francia apuesta por el patriotismo económico para rescatar a las pequeñas y medianas empresas de la crisis del coronavirus. Así lo ha señalado el ministro de Economía, Bruno Le Maire, quien ha anunciado la creación de un fondo específico para invertir en un portafolio de 1.500 compañías de este tamaño, que empezará a operar en breve con una participación mínima de 5.000 euros. Actualmente, los ciudadanos franceses tienen colocados cerca de 90.000 millones de euros en productos de ahorro a largo plazo, como seguros de vida. Pero para Le Maire, es una prioridad orientar el ahorro «hacia la economía real y las empresas”, siendo las pymes el tejido de la economía nacional. “Es una forma de patriotismo económico”, ha afirmado.  El Gobierno espera que el monto de la participación mínima facilite la entrada de ahorradores individuales al fondo, que será lanzado a través del banco público BPI France desde una plataforma digital. La lista incluye a empresas de muchos sectores económicos y repartidas por todo el país, la mayoría francesas y no cotizadas. Según Le Maire, Francia es el primer país europeo en innovar con un producto financiero de este tipo, que permitirá que una parte del ahorro privado financie a pequeñas y medianas empresas, especialmente en los momentos actuales de crisis económica cuando el país galo espera registrar una caída de su PIB del 10% a finales de 2020. Según el Banco de Francia, la economía tardará dos años en recuperarse y el paro crecerá hasta el 12%. En la presentación de los presupuestos para 2021 esta pasada semana, Le Maire señaló que Francia seguirá apoyando a empresas y particulares. «El Estado no dejará caer a nadie”, insitió. Desde el comienzo de la crisis, el Gobierno francés ha prometido movilizar 300.000 millones de euros (12% de su economía) para soportar la economía ante el impacto del coronavirus.

A nivel doméstico, tenemos que lamentar que la  llegada de turistas internacionales se desploma un 75,9% en agosto y el gasto se hunde un 79%. Los datos son similares a los de julio debido a las cuarentenas impuestas en los principales países emisores de turistas hacia España. El turismo no levanta cabeza debido a los rebrotes en España. El número de turistas extranjeros que vinieron a España en agosto cayó un 75,9%, hasta 2,443 millones (10,1 millones el año pasado), con el consiguiente recorte del gasto, que bajó de 11.765 millones de euros a 2.457 millones, el 79% menos. Las encuestas que ha publicado esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE) arrojan descensos similares a los de julio como consecuencia del mantenimiento de las cuarentenas en los principales países emisores de turistas hacia España. Los datos de entradas de turistas y gasto acumulados son también pobres: entre enero y agosto últimos vinieron a España 15,7 millones de personas a pasar las vacaciones, frente a los 58,2 millones hace un año, y el gasto en estos ocho meses sumó 16.747 millones, frente a los 63.899 millones de ese periodo de 2019 (-73,8%). Entre los grandes emisores, los descensos más significativos se los anotó el turismo británico, que de 2,18 millones de llegadas en agosto del año pasado disminuyó a 256.528 (el 88,2%) seguido de Alemania, con 298.217 entradas (1,12 millones en agosto de 2019). Con esas caídas, Francia se colocó como primer emisor de turistas hacia España, por delante de Reino Unido, el campeón tradicional. En agosto viajaron a España 863.665 millones de turistas franceses (un 57,2% de descenso sobre el mismo mes del año pasado) y en lo que va de año casi 2,9 millones (64,7% menos). Cataluña fue el destino principal de los turistas en agosto, adonde llegaron 459.271 personas (más de la mitad, franceses), un 80,6% menos que un año antes. Le siguen Baleares, con 453.794 entradas (80% menos), de los que casi un tercio eran alemanes; y la Comunidad Valenciana, con 430.092 turistas y una disminución anual del 66,2%, con Francia como primer país de origen (cerca del 50 %).

Otro cambio que nos ha traído la crisis del coronavirus es el incremento del ahorro de las familias, que se dispara por el Covid-19 hasta un récord del 31,1%

Los hogares españoles gastaron en el segundo trimestre, periodo que coincidió prácticamente con el estado de alarma por el Covid, menos de lo que ingresaron, lo que llevó a que su tasa de ahorro se situara en el 31,1%, su valor más alto de toda la serie, iniciada en 1999, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta tasa supera en más de diez puntos el anterior máximo, del 20,1%, alcanzado durante el segundo trimestre de 2009, en la anterior crisis económica. En términos desestacionalizados, la tasa de ahorro de los hogares también marcó máximos históricos al situarse en el 22,5% de su renta disponible. En sólo tres meses, esta tasa ha subido más de 12 puntos.  Entre abril y junio de este año los hogares recortaron su renta disponible bruta un 8,8%, hasta los 193.460 millones de euros, y su gasto en consumo se situó por debajo de esta cantidad, en 133.222 millones de euros, un 23,9% menos, de forma que su ahorro fue positivo. En concreto, el ahorro de los hogares se situó en 60.204 millones de euros, frente a los 36.856 millones de euros del segundo trimestre de 2019. Los hogares dedicaron el segundo trimestre 3.728 millones a inversiones, un 57,1% menos que en igual periodo de 2019. Teniendo en cuenta todo lo anterior, junto a las transferencias de capital recibidas por el sector, se obtiene que los hogares mostraron una capacidad de financiación de 56.146 millones de euros en el segundo trimestre, más del doble que la del mismo periodo de 2019 (27.431 millones). En el segundo trimestre, la economía española registró una capacidad de financiación de 2.144 millones de euros, el 0,9% del PIB, por debajo de los 11.737 millones de euros del mismo periodo del año pasado (3,7% del PIB). El resultado del segundo trimestre de este año es consecuencia de la capacidad de financiación registrada por los hogares, las instituciones financieras y las sociedades no financieras, frente a la necesidad de financiación que mostraron las Administraciones Públicas, del 13,2% del PIB, máximo en 21 años. Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la economía nacional registró una capacidad de financiación del 0,2% del PIB, cifra 1,6 puntos inferior a la del trimestre anterior. La renta nacional bruta alcanzó entre abril y junio los 250.701 millones de euros, un 20,3% menos que en igual trimestre de 2019, tras reducirse un 23,1% el excedente de explotación de las unidades productivas, hasta los 105.422 millones de euros, y bajar un 14% la remuneración percibida por los asalariados, hasta los 125.607 millones de euros. La renta nacional disponible bruta se situó en el segundo trimestre en 247.928 millones de euros, un 20,6% menos que en igual periodo de 2019. En datos desestacionalizados, la renta nacional bruta y la renta nacional disponible retrocedieron un 17,3% y un 17,6%, respectivamente, en relación al trimestre anterior.

Respecto al sector bancario, De Cos afirma que hay margen para una mayor consolidación en el sector bancario que favorezca el fortalecimiento de las entidades y del sistema.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha señalado que la baja rentabilidad y la competencia de nuevos agentes son algunos de los principales retos del sector bancario de cara al futuro. De Cos asegura que en el sector bancario las mejoras en la calidad del balance de la última década han permitido que esté actuando como factor mitigador, y no amplificador, del impacto de la crisis del coronavirus. No obstante, su fuerte impacto económico hace previsible un aumento de los deterioros por riesgo de crédito, especialmente en el momento en que finalicen las moratorias a los hogares o los períodos de carencia de los préstamos avalados a las empresas. En este sentido, puntualiza que las autoridades deben extremar el esfuerzo de seguimiento de estos riesgos, seguir adoptando medidas para mitigarlos y, por supuesto, actuar de manera contundente si llegaran a materializarse.  Respecto a posibles fusiones, De Cos remarca que todavía existe margen para una mayor consolidación en el sector, que favorezca el fortalecimiento de las entidades y del sistema en su conjunto». A nivel europeo, tras la aprobación del fondo de recuperación, «debemos seguir avanzando en la creación de una capacidad de estabilización macroeconómica común, impulsando la finalización de la Unión Bancaria y de la Unión del Mercado de Capitales». De hecho, la recuperación depende de que se mantengan las medidas de apoyo.  En otro orden de cosas, el gobernador ha recordado que la recuperación de la economía española es todavía «parcial», «heterogénea», «frágil e incierta» y depende de que se mantengan «las medidas de política económica aprobadas a raíz de la crisis». El Banco de España prevé, en el escenario más benigno de los que se ha planteado, que el PIB español caerá un 10,5 % en 2020 y crecerá un 7,3 % en 2021, y en el segundo escenario contempla una caída del 12,6 % este año y un repunte del 4,1 % el próximo año.

Por otro lado, Gobierno, UGT y CSIF firman un acuerdo para la nueva clasificación de empleados públicos. Aumentarán los salarios de unos 40.000 trabajadores afectados por la norma.

La Administración General del Estado (AGE) ha firmado un acuerdo con la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Central Sindical Independiente (CSIF) para otorgar una nueva clasificación profesional a 34.000 trabajadores, según ha informado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. El acuerdo, firmado por Isabel Borrel, directora general de la Función Pública y representantes de UGT y CSIF, dará un nuevo status a estos empleados públicos, conforme al IV Convenio Único del personal laboral. CC.OO no lo ha firmado. Según ha explicado CSIF en un comunicado, dicho cambio implicará que las nóminas de todos estos trabajadores afectados por este convenio, unos 40.000, se incrementarán entre 357€ y 1.325€. Además, el IV Convenio establece una clasificación profesional actualizada según el sistema educativo vigente y al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, lo que lo equipara con el resto del mercado laboral del Estado. Para CSIF, el acuerdo llega por la cesión del Gobierno a sus presiones. El sindicato había convocado movilizaciones próximamente. CSIF, sindicato más representativo en la función pública, confía en negociar pronto la oferta pública de empleo de 2021 para paliar las necesidades de personal, agravadas por el Covid-19. Además, este sindicato cree necesario desarrollar otros aspectos del Convenio Único, como poner en marcha un concurso de personal abierto y permanente, la negociación de las condiciones de acceso a la jubilación parcial y los procesos de cambio de régimen jurídico del personal, además de la revisión del sistema complementario de retribuciones. Por su parte, para AGE esta nueva clasificación profesional representa “una apuesta por la profesionalización del personal laboral”. Ello permitirá a la Administración del Estado contar con perfiles profesionales especializados. UGT ha asegurado que firmar este acuerdo implica la desconvocatoria de las movilizaciones previstas.

Todo lo que sea paz laboral, es buena noticia. Y la creación de empleo sería mejor noticia aún.

SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.