Fuertes alzas generalizadas en una semana en la que las elecciones americanas y la continuación en la publicación de resultados han sido capaces de dejar en un segundo plano en los mercados la segunda ola del coronavirus y las nuevas medidas de confinamiento. En esta línea, el demócrata Joe Biden accede a la Casa Blanca ante un Donald Trump que tachaba las elecciones de robo electoral y amenaza con una transición no ordenada. Por su parte, en el apartado de resultados, tanto Europa, como EE. UU., con un 70% y 80% de los resultados publicados, continuaban sorprendiendo positivamente al mercado, con una caída interanual de BPAs del S&P del -7% (vs -20% esperado), y del -19% (vs -30% esperado) en el EuroStoxx. En este contexto, se producían subidas indiscriminadas en todos los sectores. En el apartado macro, la Comisión Europea revisaba a la baja las perspectivas económicas de la Zona Euro para 2020 y planteaba una recuperación menos fuerte en 2021, mientras que la Reserva Federal: cumplía con una intervención muy neutral, pese a seguir mostrando su disposición a usar todas las medidas a su alcance.
En lo relativo al coronavirus, el avance de la segunda ola sigue lastrando el sentimiento en Europa, con la toma de medidas cada vez más restrictivas a la movilidad para intentar contener la pandemia. La última que nos ha impactado es el confinamiento total de un mes anunciado para Inglaterra desde este jueves, aunque no ha sido el único, con países como Portugal, Austria, Grecia y Bélgica adoptando medidas de confinamiento total o parcial, como las vistas en Francia y Alemania.
A nivel doméstico, todo malas noticias.
Para empezar, con la que me refiero como titular del blog en el día de hoy y es que el Gobierno impulsa un plan para actuar contra la desinformación. Muy peligroso y muy sospechoso en mi opinión. A través del Ministerio de la Presidencia que dirige Carmen Calvo, ha impulsado un plan para actuar contra la desinformación y «la difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos» que «persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios». La disposición, publicada esta pasada semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se fundamenta en que el acceso a la información veraz es uno de los pilares que sustenta a las sociedades democráticas y en que «la libertad de expresión y el derecho a la información se consagran como derechos fundamentales», y para velar por ello crea un mecanismo de vigilancia compuesto esencialmente por departamentos del Gobierno. El plan permitiría, en caso de que se considere necesario, realizar campañas de comunicación pública dirigidas por la Secretaría de Estado de Comunicación para frenar esa desinformación detectada. Para elaborar el proyecto, se toma como punto de partida el Plan de Acción contra la Desinformación del Consejo Europeo de 2018, que reclama una acción coordinada de los estados miembros para atajar la desinformación. Así, el Ejecutivo crea un Sistema Nacional para la prevención, la detección, la alerta, el seguimiento y respuesta a este fenómeno. La estructura para la lucha contra la desinformación está formada por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las Autoridades públicas competentes y el sector privado y la sociedad civil. Por parte del Consejo de Seguridad Nacional, según consta en el BOE, le corresponde asistir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, la denominada Comisión Permanente contra la desinformación estará coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación, que es la responsable de la coordinación de la política informativa del Gobierno. Las «autoridades públicas competentes» que se integrarán en ese mecanismo son asimismo la Secretaría de Estado de Comunicación, la Presidencia del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia y los Gabinetes de comunicación de Ministerios y «otros organismos relevantes». Esas autoridades competentes serán las que podrán solicitar la colaboración del sector privado y la sociedad civil, entre los que se citan los medios de comunicación, las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general. El plan de actuación contra la desinformación establece cuatro niveles. El primero es la detección, la alerta temprana y la notificación del problema. El segundo nivel comprende la convocatoria de la alerta y la realización de una campaña de comunicación pública sobre la desinformación, entre otras medidas. Un tercer escalón conllevaría dar información a nivel político-estratégico por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación y hacer seguimiento y evaluación de la alerta, mientras que el cuarto estadio sería la coordinación de la respuesta a nivel político por parte del Consejo de Seguridad Nacional en caso de atribución política de una campaña de desinformación a un tercer estadio. La puesta en práctica de este procedimiento, según recoge el BOE, se probará y entrenará tanto en ejercicios nacionales como en simulacros realizados conjuntamente con otros países e instituciones de la Unión Europea.
Europa ya ha dicho que estará muy atenta a esta disposición. ¡Cómo para no estarlo!
Cambiando de tema, pero igualmente negativo, los concursos de acreedores crecen un 51,10%, la mayor subida en ocho años. El número de deudores concursados -antigua suspensión de pagos- en el tercer trimestre del año subió un 51,10% respecto del trimestre anterior, lo que supone la primera subida desde el comienzo de la pandemia y el mayor aumento intertrimestral en casi ocho años, desde 2012. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que el total de concursos ha crecido un 1,6% en tasa interanual, tras dos trimestres a la baja. En cuanto a las empresas que se declararon en concurso de acreedores (1.026), crecieron un 43,7% desde el trimestre anterior pero se redujeron un 1,6% en tasa interanual. Por tipo de concurso, 1.609 fueron voluntarios (un 2,7% más que en el tercer trimestre de 2019) y 69 necesarios (un 18,8% menos); por clase de procedimiento, los ordinarios disminuyeron un 5,5%, mientras que los abreviados aumentaron un 2,3%. El número de familias que se declararon en concurso de acreedores (652) aumentó un 6,7% interanual en el trimestre, con lo que ha subido en cinco de los ocho últimos trimestres. De los 1.678 deudores concursados en el tercer trimestre, 1.026 eran empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas), y 652 personas físicas sin actividad empresarial, lo que supone el 61,1% y el 38,9%, respectivamente, del total de deudores. El 21,2% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el comercio, y el 11,5% la hostelería; en cuanto al número de asalariados, el 59,6% tiene menos de seis, y de ellas, el 25,9% no tiene asalariados. Desglosados los datos por comunidades autónomas, Cataluña (454), Madrid (325) y la Comunidad Valenciana (220) son las que cuentan con mayor número de deudores concursados en el tercer trimestre. Entre las tres concentran el 59,5% del total. Navarra presenta la mayor bajada anual en el tercer trimestre, del 86,4%, y Cantabria el mayor aumento, del 100,0%.
El desastre del turismo se agrava en septiembre con una caída del 87% de los visitantes. Y es que en el acumulado del año, España pierde tres de cada cuatro visitantes que llegaron en 2019. La pandemia del Covid-19 ha propiciado un desplome sin precedentes en la temporada turística de verano en España, agravado en el mes de septiembre por los rebrotes. En el mes la llegada de turistas extranjeros se ha desplomado un 87%, 12 puntos más que en los meses de julio y agosto. Apenas llegaron 1,1 millones de extranjeros en el mes, y apenas seis millones en los meses de julio, agosto y septiembre (en junio fueron apenas 200.000). La cifra supone una caída del 80% en la temporada alta. En términos acumulados, el desplome es del 74,9% (16,8 millones de visitantes frente a 67 millones). El hundimiento ha sido particularmente acusado en los turistas alemanes y británicos, segundo y tercer mercado de origen para la industria española, con caídas del 75,8% y el 80,8%, respectivamente, en lo que va de año. El turismo francés ha aguantado mejor gracias a la cercanía y a la facilidad de los desplazamientos en coche: ha bajado el 64%. Por comunidades autónomas, el desplome de los visitantes de Alemania y Reino Unido pesa mucho en Baleares, que pierden el 86,9% de los tiristas. Canarias, por el contrario, resiste mejor la pandemia, aunque sufre una caída del 65,9% en nueve meses. Andalucía, Cataluña, la Comunitat Valenciana y Madrid están entre el 70% y el 80% de caída. En el mes de septiembre, las pérdidas son de más del 90% para Baleares (94%), Canarias y Madrid, muy afectada por el rebrote en septiembre y donde apenas llegaron 48.123 extranjeros en el mes.
Por su parte, Garamendi alerta de que un nuevo confinamiento domiciliario sería «un drama y un desastre» económico. Ha afirmado que si se va a un nuevo confinamiento, se necesitarán medidas «excepcionales y urgentísimas» desde el punto de vista económico para evitar que las empresas «fallezcan» y se destruyan puestos de trabajo. El líder de la CEOE ha argumentado que, cuando llegó la primera ola, las empresas estaban mejor situadas, pero ahora que ha llegado la segunda, ya llevan meses sufriendo las consecuencias de la pandemia, con sectores, como el turismo, el comercio y la hostelería, que han quedado «absolutamente arrasados» por decisiones administrativas tomadas para frenar el Covid. En este punto, Garamendi ha subrayado que la CEOE siempre ha apoyado y seguirá apoyando las decisiones que se adopten desde el Ministerio de Sanidad, aunque considera que los plazos, como el del estado de alarma, decretado hasta el 9 de mayo, deben valorarse y examinarse en tiempos más cortos. Además, ha hecho hincapié en que el virus no se está transmitiendo a través de las empresas, que están actuando bien cuando se detectan positivos en su plantilla, sino que obedecen más a reuniones sociales y familiares «y a los botellones». En su opinión, España debe trabajar «seriamente» la parte sanitaria de la pandemia (rastreadores, camas UCI, etc.) para evitar que colapse o se sature la Sanidad, pero al mismo tiempo ha reclamado que trabaje «muy seriamente» en la parte económica, con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y los créditos ICO, sobre los que ha dicho que deben prorrogarse. «Hay que darles una patada hacia adelante, una prórroga o una moratoria, o muchas empresas no podrán pagarlos», ha advertido. Garamendi ha hecho además un llamamiento a la ciudadanía para que se instale la aplicación Radar Covid «porque no se ha apuntado casi nadie». En este sentido, ha asegurado que quiere hablar de este tema con los sindicatos para impulsar el uso de esta ‘app’.
En definitiva, un país de capa caída, con un pésima gestión de esta pandemia y con un gobierno que decide ahora crear un «ministerio de la verdad», para tapar la «mala información» de su «mala gestión». Hoy es uno de esos días que me gustaría haber nacido en otro país. No lo puedo ocultar. Se me pasa. En unos días se me pasa.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.