Esta pasada semana, se han producido alzas generalizadas en los índices de renta variable europeos, apoyados en la revisión al alza de perspectivas de crecimiento gracias a la buena marcha de las campañas de vacunación, y al plan de estímulos de 1,9 bn $ aprobado en EE.UU.. Adicionalmente, el BCE también apoyaba el sentimiento del mercado con la intervención de Lagarde, quien sorprendía en su proactividad y con medidas concretas para contener las tensiones en deuda, ante el riesgo de que éstas puedan frenar la recuperación. Muy buen desempeño de todos los sectores, destacando los avances registrados en retail, telecomunicaciones, turismo y construcción.
A nivel de política monetaria, Lagarde sorprendía en su proactividad y con medidas concretas para contener las tensiones en deuda, ante el riesgo de que éstas puedan frenar la recuperación. Así, frente a unas expectativas en las que se esperaba únicamente la comunicación para contener los repuntes en TIRs de la deuda, se comprometía expresamente a acelerar el ritmo de compras del PEPP en el siguiente trimestre, aunque sin dar una cifra explícita. En la revisión del cuadro macro mantenía las expectativas de crecimiento (ya eran más bajas que las del consenso), y retocaba al alza las de inflación, si bien matizaba que no veía tensiones en este frente, y que las expectativas de inflación de medio plazo basadas en encuestas seguían sometidas.
Yendo al tema del titular del blog en el día de hoy, cabe mencionar que la Seguridad Social cerró 2020 con un déficit récord de 20.000 millones de euros. El aumento de las transferencias del Estado, que ya el año pasado superaron los 30.000 millones para afrontar la pandemia, aminoró el deterioro del saldo del sistema. El sistema de Seguridad Social cerró 2020 con unos ingresos de 152.044 millones de euros y unos gastos de 171.883 millones de euros, lo que arroja un saldo negativo de casi 20.000 millones de euros (19.839 millones concretamente), prácticamente el 1,8% del PIB. Se trata de unos números rojos que marcan un récord histórico, en el marco de la crisis del Covid-19, según las cifras extraídas del Informe Económico Financiero de la Seguridad, a la espera del cierre de la Contabilidad Nacional a finales de marzo. Habría que remontarse a 2017 para encontrar el segundo déficit más abultado en términos absolutos (18.675 millones) y a 2016 para hallar el segundo déficit sobre el PIB más elevado (1,66%). Este resultado es fruto del mayor incremento de los gastos en lo que va de siglo, ya que avanzaron casi un 9%, frente a un incremento de los ingresos que, aun siendo elevado (7,6%), fue superior en los años de bonanza 2006 y 2007, previos a la anterior crisis financiera y en 2019 (7,73%). Esos casi 20.000 millones, no obstante, son solo la cifra que la Seguridad Social está reconociendo como saldo negativo. Si bien, analizado sus cuentas se observa que en 2020 se duplicó el capítulo de transferencias del Estado, que es el dinero que la Administración estatal transfiere a la Seguridad Social en teoría para el pago de prestaciones universales, no contributivas y otros gastos que se costean con impuestos (como el ingreso mínimo vital u otras ayudas familiares) y, por tanto no aflora como deuda de la Seguridad Social. Pasó de los 15.687 millones de transferencias estatales en 2019 a 30.364 en 2020, 14.677 millones más, gracias a una ampliación aprobada por el Gobierno. Si no se excluyera esa transferencia extraordinaria del saldo final de las cuentas, el déficit del sistema superaría los 34.000 millones de euros. Sin embargo, pese a que estas transferencias ampliadas no aparecen en la deuda de la Seguridad Social porque es el Estado el que abona la cuantía con la imposición general, sí debería contabilizarse en el déficit estatal final, al que podría añadir hasta 1,4 puntos en 2020 (con lo que se espera que super el 11% del PIB a cierre del año). De esta ampliación de transferencias, unos 7.000 millones se destinaron al pago de las prestaciones extraordinarias y cotizaciones de los autónomos por la pandemia. Pero descontado este gasto extra, quedarían algo más de 7.000 millones de gasto estructural que se sumaría al que podría denominarse como déficit ordinario, que se elevaría al entorno de los 28.000 millones de euros, frente a los 20.000 reconocidos por la Seguridad Social para 2020. Asimismo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abonó también el pasado año 9.784 millones por las cotizaciones de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo (entre ellos los afectados por ERTE), lo que supuso 4.237 millones más que en 2019. Así, el saldo negativo de la Seguridad Social en 2020 se habría deteriorado aún más si no hubiera sido por las transferencias específicas de más de 30.000 millones y el pago de cuotas por parte del SEPE por valor de casi 9.800 millones de euros.
Multas de hasta 187.515 euros para las grandes empresas sin plan de igualdad. Las empresas con más de 100 trabajadores están obligadas desde ya a tener un plan de igualdad para sus plantillas, tal y como exige el Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato de aprobado el 7 de marzo de 2019, donde se les daba a las compañías de este tamaño un plazo de dos años para la aprobación de estos planes. Esa norma dio un plazo de un año para que las empresas de más de 150 trabajadores adoptaran esa medida –algo que ya se cumplió en 2020–; y tres años para que lo hicieran las de más de 50 empleados, por lo que el año que viene por estas fechas, todas las compañías españolas con una plantilla de más de ese volumen de trabajadores deberá tener un plan de igualdad. Según el apartado 13 del artículo 7 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, los plazos para que las empresas tengan estos planes de igualdad son de cumplimiento obligatorio y no tenerlos supondrá una sanción de carácter grave para la empresa, que pueden oscilar de 626 a 6.250 euros. Es más si existe una orden de la autoridad laboral para que la empresa tenga uno de estos planes y, aun así sigue sin tenerlo, la sanción sería muy grave y las multas se elevarían a una horquilla de entre 6.251 a 187.515 euros. Además, estas sanciones son compatibles con otro tipo de sanciones adicionales según sea el grado del incumplimiento empresarial. Podría ser el caso de la pérdida automática, y de forma proporcional al número de trabajadores afectados por la infracción, de las ayudas, bonificaciones u otros beneficios derivados de la aplicación de programas de empleo. El sindicato UGT ha recordado esta obligación en un comunicado en el que ha precisado que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 se contabilizaron 13.094 empresas de más de cien trabajadores, que son a las que la ley les exige tener desde ya un plan de igualdad. «Resulta fundamental que las empresas cumplan la ley y no se demoren en su aprobación. Las mujeres tienen menos empleos, peores trabajos y retribuciones, puestos más bajos y condiciones de trabajo que no se corresponden con las de nuestros compañeros», expone UGT. El sindicato recuerda que las mujeres ganan casi 6.000 euros menos que los hombres de media al año y que los empresarios «se ahorran» más de 44.000 millones de euros anuales en sueldos de las trabajadoras.
En la crisis del coronavirus, España se suma a las ayudas directas a empresas que tienen países europeos desde hace casi un año. El plan de ayudas directas de 11.000 millones de euros para empresas, se sumará a las iniciativas que otros países europeos ya han venido adoptando desde el inicio de la pandemia para compensar a los negocios afectados por las restricciones administrativas. Más allá de los 120.000 millones en créditos avalados por el Estado y de los 40.000 millones desembolsados en los ERTE y en las prestaciones extraordinarias para autónomos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un plan de ayudas a empresas con 11.000 millones para transferencias directas, recapitalizaciones y reestructuraciones de deuda. Le llevan la delantera otros países europeos, algunos de los cuales tienen en vigor desde el inicio de la crisis sanitaria ayudas para compensar las caídas de facturación y cubrir los gastos fijos de las empresas que mayor impacto económico han sufrido por las restricciones para frenar la expansión de la covid-19.
Pasando al análisis del sistema bancario, la banca española cierra en 12 años más oficinas de las que tiene ahora. Por primera vez, los cierres superan el 50% entre bancos, excajas y rurales, con Cataluña como la comunidad que pierde más sucursales, un 64% Con datos de diciembre, hay 22.271 agencias, tras haber cerrado 23.391 desde 2008.
La crisis financiera que se inició entre 2007 y 2008 fue el detonante del cambio radical de la banca, que se ha ido agudizando a lo largo de estos 12 años, con cierres de entidades financieras, fusiones, la digitalización y el Covid. Un cambio que sigue adelante, y que supone un giro total en un sector que estaba acostumbrado a tener un local en las mejores esquinas de cualquier población, a aprovechar cualquier promoción de viviendas para inaugurar una sucursal o a captar o robar clientes de un banco a otro gracias a la cercanía de los locales. Pero esta estrategia de expansión como una mancha de aceite, como la definían entonces, no solo ha pasado a la historia, sino que ahora se ha vuelto en varios casos en su contra. En 2008 el sector financiero español contaba con 45.662 oficinas. Era el número más alto de la historia del sector financiero. A partir de esa cifra, año a año el goteo con más o menos intensidad de cierre de sucursales ha sido imparable, y lo seguirá siendo. Al cierne de 2020, el número total de sucursales se había reducido a 22.271, tras cerrar desde 2008 un total de 23.391 locales bancarios. Por primera vez se han cerrado ya más oficinas que las que operaban al cierre del ejercicio pasado. El 51,2% de la tupida red de sucursales existentes en España han dado el cerrojazo. Ahora, las antiguas cajas de ahorros (CaixaBank, Bankia, Ibercaja, Liberbank, Unicaja, Abanca, Kutxabank y las dos únicas cajas que sobreviven Ontinyent y Pollença) cuentan con un total de 10.079 oficinas, mientras que los bancos tradicionales tienen en la actualidad 8.200 agencias, y las cooperativas de crédito, 3.992. Las antiguas cajas de ahorros han sido las que más han reducido su presencia. Habría que trasladarse a marzo de 1977 para encontrar un número más pequeño. Pero el tsunami de cierres no ha pasado. Para este año se espera una nueva y más elevada criba de sucursales. Solo Santander cerrará algo más de 1.000 locales (su ajuste empezó en febrero). A ello se sumarán otras alrededor de 1.400 clausuras de CaixaBank y Bankia tras su fusión, que se llevará a cabo este mes. BBVA también cerrará en los próximos meses otras 500 agencias mínimo. Ibercaja cerrará 199 hasta junio de 2022, Sabadell tiene planes para cerrar otras 300 como mínimo, aunque la cifra está sin confirmar. La fusión de Unicaja y Liberbank también llevará pareja el cierre de unas 400 agencias. Otros pequeños bancos también seguirán esta estrategia de cierre ante la búsqueda de la eficiencia y la rentabilidad en el sector, y el cambio de costumbres de los clientes, sobre todo a raíz del Covid, que ha acelerado su digitalización. La banca española así se convertirá en una gran plataforma financiera, con algunas oficinas. En Madrid se han cerrado en este periodo 3.304, un 54,9% de las que tenía hace 12 años. Andalucía ha sufrido el cierre de 3.244 oficinas, el 57,4%, según datos del Banco de España. Aunque la comunidad andaluza es la que cuenta todavía con más sucursales operativas, 3.760, mientras que en Cataluña hay 2.929, y en Madrid 2.719. Eso sí, desde 2008, y sobre todo desde los dos últimos años, las oficinas bancarias son cada vez más grandes y con un mayor número de empleados. Así, pasan de 5,9 trabajadores por sucursal, de media, a 7,7, según datos a septiembre, últimos disponibles en plantilla. Las megaoficinas se concentran principalmente en Madrid, donde la medida de trabajadores por sucursal es de 15,9, aunque también hay que tener en cuenta que es en esta comunidad donde se concentran los servicios centrales de los bancos, lo mismo que en Cataluña, con 9,5 empleados por sucursales, pero también están los servicios centrales algunas entidades, como CaixaBank o Sabadell. La siguiente comunidad con más empleados por agencia bancaria es el País Vasco, con 7,3, pero ya se encuentra por debajo de la media del país. Extremadura, por su parte, es la comunidad autónoma con menos empleados por sucursal, 3,7. En cuanto a la plantilla, los ajustes, al igual que los cierres de sucursales, es tradicionalmente una de las principales vías para ahorrar costes y ganar eficiencia. De momento, ni el Banco de España ni el Banco Central Europeo han publicado datos actualizados a cierre de 2020 de las plantillas. Pero con datos de septiembre las salidas de empleados se elevan desde 2008 a casi 100.000 empleados. En la actualidad, y desde finales de 2020 los bancos han anunciado o tienen planes para destruir unos 15.000 empleos. De esta forma, la plantilla total de este sector quedaría por debajo de los 160.000 empleos.
PLANES DE CLAUSURA DE MÁS DE 5.000 LOCALES
Avisos. Los continuos mensajes del Banco Central Europeo, del Banco de España, de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y de los expertos también están ejerciendo una presión en el sector que ha decidido pisar el acelerador en su nuevo ajuste. A lo que se suma el cambio de hábitos de los clientes, que han encontrado en la digitalización un medio rápido de operar con su entidad.
Acelerador. Tras anunciarse la fusión de CaixaBank y Bankia, los planes de cierre de los bancos españoles se elevaba a unas 4.000 sucursales entre 2020 y 2021, para situarse el número de sucursales al final de este ejercicio en niveles de 1977. Ahora, los planes se han acelerado y todos han incrementado el número de locales a clausurar. De hecho, ahora en ambos ejercicios, entre cierres y planes de cierres, superan los 5.000.
CaixaBank se lleva la gestión de las cuentas de la Comunidad de Madrid. El contrato lo tenía hasta ahora Banco Santander
CaixaBank se convierte durante los próximos 4 años en la entidad financiera principal de Comunidad de Madrid después de resultar elegida en concurso público. El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, y el director territorial Centro de CaixaBank, Rafael Herrador, han suscrito el convenio por el que el banco se convierte en el proveedor de servicios de recaudación y pagos de la Comunidad. Hasta ahora estas cuentas las tenía Banco Santander, pero en el último concurso las ha ganado CaixaBank, justo en pleno proceso de fusión con Bankia. CaixaBank, como adjudicatario del concurso de gestión de tesorería, será la entidad colaboradora en el nivel máximo y por tanto pasa a gestionar en exclusiva todos los pagos a proveedores, IRPF y Seguros Sociales. CaixaBank se convertirá en el único pagador de las nóminas de los 192.000 empleados públicos de la región y los 24.000 profesores de la escuela concertada. También gestionará el abono de todas las rentas sociales dependientes de la Comunidad, siendo un total de 80.000 prestaciones. En total, la Comunidad de Madrid realiza unos pagos anuales del área de sanidad de 8.500 millones, con una recaudación de procedentes del Tesoro Público de 15.000 millones. A ello se suman 9.900 millones del pagos de tesorería exceptuando la sanidad y otra partida de recaudatoria de 2.800 millones de euros. El director territorial Centro de CaixaBank, Rafael Herrador, destacó en la firma telemática el sólido compromiso de CaixaBank en la región, ya que “este convenio fortalece la magnífica relación que mantenemos con la Comunidad de Madrid y la entidad será el banco de referencia de la región y de todos sus empleados”. Este convenio estrecha la colaboración entre las dos instituciones y contribuye a reforzar el vínculo que les une, según explica la entidad financiera. Herrador también destacó la importancia de la colaboración entre las instituciones, uno de los pilares de la cultura corporativa de la entidad. Este mes CaixaBank y Bankia esperan formar ya una sola entidad, que se convertirá en el mayor banco de España tanto por activos como por número de oficinas, de las que una gran parte estarán en Madrid.
A nivel local, noticia favorable y agradable. Somos honestos los asturianos. Asturias es la sexta región con menores intentos de fraude a las compañías de seguros, según Axa, con una tasa del 1,97% frente a la media española del 2,21%. Por debajo de Asturias en fraude se sitúan Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco y Madrid, que es donde menos intentos de engaño se producen. En todas las regiones el mayor fraude lo cometen los hombres y esto también ocurre en Asturias. En seguro de hogar los hombres son los autores en el 58,09% de los casos en Asturias y en el de automóvil los varones protagonizan el 74,9%.
O sea, que tampoco en esto hay igualdad. Parece que hay más defraudadores que defraudadoras.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.