Ha sido una semana de subidas de entorno al +1% en Europa, dejando un comportamiento algo dispar entre geografías, con el selectivo español terminando plano, los índices alemán y francés con repuntes de c.+1%, el italiano dejándose un -1%, y el FTSE inglés liderando las subidas con >+2,5%. En el apartado sectorial gran parte de los sectores presentaban un comportamiento positivo, destacando los repuntes de construcción, utilities y consumo básico, mientras que la nota negativa la dejaban oil&gas y autos con caídas de entorno al-1,5%/-2%.
A nivel de política monetaria, seguían los mensajes contradictorios entre los bancos centrales, con una FED que sigue lanzando mensajes de apoyo a pesar del buen tono de la economía, mientras que en el BCE se oyen voces a favor del freno en los estímulos cuando las noticias económicas son más decepcionantes. La FED, en sus actas de la última reunión de marzo muestran la precaución de los miembros respecto a los riesgos relacionados con el COVID-19 y el firme compromiso de la institución a mantener las medidas de política monetaria hasta alcanzar los objetivos de empleo e inflación, a pesar de que la economía ya da muestras fuertes de recuperación, apuntalada por el masivo estímulo monetario y fiscal y el fuerte ritmo de vacunación. Por su parte, el BCE, dejaba ver un menor consenso de lo esperado con respecto al aumento de las compras del PEPP, reflejando el deseo de algunos de que el ritmo vuelva al ritmo anterior. Además, tanto el gobernador de Austria como de Holanda apuntaban que ven una recuperación robusta en la zona euro para la segunda mitad del año, lo que, en su opinión, podría permitir el inicio de la retirada de los estímulos para la compra de deuda de emergencia por la pandemia.
El FMI destaca el mayor impacto de las decisiones de la Fed, frente al efecto «regional» del BCE. Las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) tienen una influencia significativa en las condiciones financieras en los mercados emergentes, mientras que los efectos secundarios de las políticas del Banco Central Europeo (BCE) son «más pequeños y regionales», según señala el Fondo Monetario Internacional (FMI) de cara al impacto potencial de futuros cambios de posición de los bancos centrales de países avanzados a medida que se consolida la recuperación. Ante la expectativa de que las economías avanzadas se recuperen de la crisis de la Covid-19 más rápido que la mayoría de las economías emergentes, gracias a un acceso más temprano a las vacunas y un mayor margen para mantener políticas macroeconómicas de apoyo, la institución internacional alerta de que esta divergencia podría complicar la tarea de los bancos centrales de mercados emergentes si las tasas de interés en las economías avanzadas comienzan a subir. El FMI recuerda que la política agresiva de flexibilización de los bancos centrales de las economías avanzadas al comienzo de la pandemia proporcionó un gran alivio a los mercados financieros de las economías de mercado emergentes, por lo que considera clave que, de cara a la recuperación, estos proporcionen una orientación clara sobre los escenarios futuros de su política para evitar perturbaciones financieras en los mercados emergentes. El análisis del FMI sugiere que, mientras que un endurecimiento de la política monetaria resultante de una economía estadounidense más fuerte de lo esperado tiende a ser relativamente benigno para la mayoría de economías, un endurecimiento sorpresivo, que podría reflejar un cambio en la función de reacción esperada de la Fed, tiende a frenar el apetito por el riesgo de los inversores globales y a desencadenar salidas de capital de los mercados emergentes.
Galicia llevará al Constitucional la Ley de Cambio Climático. El carácter «retroactivo» sobre el plazo de las concesiones y las prórrogas pone en riesgo un centenar de industrias y cinco mil edificios, algunos públicos, asentados en dominio público marítimo-terrestre. Y esa es la situación a la que me refiero en el titular del blog para el día de hoy . Para ello se basa en los informes de la Asesoría Jurídica de la Xunta y del Consello Consultivo de Galicia, que han concluido la inconstitucionalidad del proyecto de ley impulsado desde el Ministerio que dirige Teresa Ribera por la redacción de su artículo 18, en los puntos 3 y 4. Tanto la industria como la propia Xunta sostienen que la ley creará inseguridad jurídica porque ese artículo introduce retroactividad tanto en el plazo de las concesiones como en las prórrogas de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Ence es de las afectadas, el caso más controvertido, pero hay hasta cien en su situación: pequeñas cetáreas que necesitan captar el agua del mar para su actividad; granjas de acuicultura, conserveras y hasta 5.000 edificaciones -incluyendo colegios y centros de salud-. La conselleira del Mar, Rosa Quintana, conocedora de la estrecha vinculación entre esas actividades económicas y su entorno más próximo como generadoras de empleo y riqueza ha apelado «a todos» los diputados de Galicia en el Congreso para que » se sientan libres» y voten en contra de la ley basándose en los dos informes jurídicos. La gota que ha colmado el vaso ha sido la respuesta por escrito de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que según explica el departamento gallego reconoce que artículo 18.4 se prescinde de la prórroga extraordinaria, de manera que los 75 años de extensión se computarían desde el inicio de la concesión y no desde la petición de más plazo, como permite la Ley de Costas para todas las concesiones anteriores al año 2013. El comunicado de la Consellería del Mar muestra su malestar también por el «menosprecio» de la ministra ante los dictámenes de la Asesoría Jurídica de la Xunta y del Consello Consultivo de Galicia, porque, dice, «no va a considerar ningún juicio de valor previo a la aprobación de la ley, lo emita quien lo emita».
Por su parte, Trabajo mantiene que hará la contrarreforma laboral con o sin acuerdo del diálogo social. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, es el principal negociador del Gobierno en la mesa del diálogo social que aborda los cambios en el mercado de trabajo. Esta reunión será la primera desde que hay dos vicepresidentas –la segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz– que tienen distintas prioridades de calendario en la negociación de esta reforma. Mientras Díaz quiere empezar cerrando los puntos de la contrarreforma laboral y de la subcontratación, la vicepresidenta económica prefiere abordar primero la reforma de la contratación y de las políticas activas, entre otras cuestiones. Si bien, en esta mesa de diálogo social, el Ejecutivo y los sindicatos se están encontrando con otro problema: la negativa de los empresarios a abordar siquiera la contrarreforma laboral. En este punto, el secretario de Estado de Empleo y principal negociador del Gobierno en esta mesa, Joaquín Pérez Rey, fue preguntado por qué hará el Gobierno si no logra el respaldo del diálogo social para estos cambios y sugirió de forma clara que los harán con o sin acuerdo por haberse comprometido con Bruselas. “Tenemos confianza absoluta en alcanzar un acuerdo pero los compromisos con Europa son los que son y tenemos que cumplirlos”, dijo el responsable de Trabajo. Además, Pérez Rey negó cualquier diferencia interna en el Gobierno al respecto. “El Gobierno se plantea modernizar el mercado de trabajo en aquellos aspectos comprometidos con Europa en el marco de los fondos de recuperación: que son políticas activas; negociación colectiva y cambios del modelo de contratación. Todas estas cuestiones se verán en sucesivas mesas de negociación. Ya se está hablando del reequilibrio de negociación colectiva y de la dignificación de la subcontratación”.
Se da la circunstancia que unas treinta entidades piden ampliar la cobertura del ingreso mínimo vital; se trata de una treintena de entidades y partidos de izquierda de España han remitido una carta a todos los grupos del Congreso en la que piden la reforma del real decreto 20/2020 para dar más cobertura a las familias y personas en situación vulnerable con el llamado ingreso mínimo vital (IMV). Los firmantes han informado de que la carta la remitieron el pasado día 30 a los grupos del Congreso tras conocerse que en marzo, el IMV llegó a 203.000 hogares y 565.000 personas una vez tramitadas más del 75% del 1,15 millones de solicitudes remitidas hasta la fecha. En la carta se recuerda el anuncio de que el IMV llegaría a 850.000 hogares y beneficiaría a 2,3 millones de personas en situación de vulnerabilidad, por lo que, señalan los firmantes, «solo alcanza al 32 por ciento» de las familias previstas. «Estos datos objetivos para analizar la implementación del IMV – se dice en la carta- ponen al desnudo las restricciones injustas del articulado del real decreto-ley 20/2020 para acceder a la prestación». Las entidades destacan, igualmente, el reciente estudio de la organización Intermon Oxfam sobre las previsiones de incremento de la pobreza severa en España como consecuencia de la pandemia, que puede alcanzar a más de 5 millones de personas, por lo que entienden que es «más urgente acometer las reformas necesarias para que el Ingreso Mínimo Vital dé cobertura al cien por cien de los hogares y personas vulnerables».
Desde mi punto de vista, no hay alternativa posible a ayudar económicamente a quien lo necesita. De todas, todas no la hay. Es mi opinión y me puedo equivocar en muchas cosas pero creo que esta no.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.