En esta pasada semana, el BCE retocaba sus guías permitiendo mantener los tipos de interés más bajos durante más tiempo y extender los programas de compras de activos. Lagarde se mostraba muy convencida y afirmaba que el BCE ha aprendido de su pasado y que no revertirá su política acomodaticia «demasiado pronto». Esta visión empieza a mostrar diferencias con respecto a otros bancos centrales como la Fed o el BoE, que ya están pensando en el calendario para reducir estímulos.
En lo relativo a la relación entre la UE – Reino Unido, las relaciones entre ambos vuelven a ponerse a prueba, esta vez con respecto al protocolo de aduanas en Irlanda del Norte. La UE considera que R.U. no está cumpliendo con lo establecido mientras que este afirma que el protocolo está ocasionando problemas en el comercio de esta región con R.U. Todo ello después de que la UE se negase a renegociar esta parte del acuerdo del Brexit hace unas semanas.
En lo relativo a la fiscalidad, Bruselas quiere avanzar hacia un sistema tributario más justo, sólido y eficiente en la Unión Europea, pero deberá evitar que la nueva fiscalidad empresarial coloque en una situación de desventaja competitiva a las compañías comunitarias. La Comisión Europea publicó a finales de mayo una comunicación centrada en la tributación empresarial para el siglo XXI, que pretende crear un nuevo marco a largo plazo para la fiscalidad de las empresas en la Unión Europea. La digitalización ha desbordado la configuración actual del sistema tributario y, por esta razón, el objetivo de la institución comunitaria pasa por encontrar soluciones que permitan avanzar en los próximos años hacia un esquema más justo, sólido y eficiente en Europa. En este sentido, la globalización acelerada durante la última década ha provocado que las figuras tributarias existentes pasen a ser muy vulnerables, especialmente en el contexto de la UE. El viejo continente lidera un movimiento para aplicar la sostenibilidad y la ética en el mundo de los negocios, pero debe cuidar los detalles para que sus empresas no se vean perjudicadas respecto a las de otras regiones. La propuesta de la Comisión Europea para la tributación de las empresas no es la única novedad que se ha producido en esta materia durante las últimas semanas. De hecho, forma parte de una agenda más amplia de reforma fiscal impulsada desde Bruselas. Al mismo tiempo, avanzan en paralelo otros proyectos como la imposición sobre los envases de plástico no reutilizables y el mecanismo de ajuste de las fronteras del carbono. Además, el G-20 confirmó hace unos días el cierre de un acuerdo entre 130 países para establecer un impuesto mínimo global -que será al menos del 15%- sobre los beneficios de las multinacionales, que aplicará a las plataformas digitales.
Una se pregunta si el SPAC es una prueba de madurez para nuestros mercados de valores.
Las salidas a bolsa de las SPAC (compañías con un propósito especial de compra) en Estados Unidos levantan ingentes cantidades de dinero de los inversores para llevar a cabo adquisiciones. En cambio, en Europa apenas se han producido seis o siete operaciones, en Países Bajos e Italia. En España se han sucedido noticias según las cuales se está produciendo una fuga de talento en forma de ejecutivos y gestores que buscan jurisdicciones en la que se ha iniciado este movimiento. Debemos preguntarnos los motivos de este movimiento, analizarlos y tomar las decisiones adecuadas desde el regulador (Mineco), supervisor (CNMV), bolsas de valores, banca de inversión y asesores financieros y legales. Se han recibido multitud de comentarios al anteproyecto de Ley del Mercado de Valores en cuanto a la nueva regulación de las SPAC. Reclamemos, de todos los involucrados, velocidad en la toma de decisiones y en los desarrollos legales adicionales a los mecanismos ya existentes de protección de los inversores que es el aspecto fundamental a desarrollar tal y como ESMA (supervisor europeo) acaba de publicar. Las SPAC ya son posibles bajo nuestra normativa quedado pendiente de articular los aspectos más «novedosos» o reforzando los mecanismos actuales de protección de los inversores para adoptarlos a las singularidades de las SPAC. La modificación de la ley de opas en determinadas circunstancias de no concreción de los proyectos y devolución de aportaciones a los inversores o su fiscalidad son elementos esenciales sin los que, lamentablemente, la realidad de nuestro mercado será una nueva «colonización» de nuestras empresas por SPAC extranjeras, en lugar de proyectos liderados desde España. Necesitamos unos mercados competitivos que reflejen las tendencias imperantes en nuestro entorno para llevar a cabo las salidas a bolsa. Debemos ser competitivos como país y ambiciosos en agilizar el debate, los grupos de trabajo, aprobar las normas necesarias en los aspectos críticos y tomar las medidas adecuadas desde todas las partes involucradas. No podemos permitirnos no estar a la altura de los países de nuestro entorno. Ahora que en la agenda política se apuesta por la recuperación para la segunda parte de la legislatura tras la reciente crisis de Gobierno, no toda la recuperación puede depender del Plan de Recuperación transformación y resiliencia y los distintos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte). Necesitamos con urgencia normativa que permita llevar a cabo la cotización de SPAC y que España no se descarte, a las primeras de cambio, como una jurisdicción posible a tal fin. Es el momento de centrar esfuerzos y no dejar pasar esta oportunidad para los mercados de capitales europeos y, en concreto, el español. Tenemos mucho conocimiento de asesores, bancos de inversión, bolsas de valores, depositario central de valores, CNMV y también en el Ministerio de Economía como para no subirnos a este tren que es la prueba de madurez de nuestros mercados. Nuestro mercado debe ofrecer soluciones a los retos planteados por la figura de las SPAC en los ámbitos del derecho societario, el gobierno corporativo, la normativa del mercado de valores y fiscalidad adecuada a supuestos de estrés que permitan que las SPAC puedan desarrollarse en España en igualdad de condiciones a otros mercados, con la adecuada protección de los inversores. Para ello la mejor herramienta es la información completa y precisa sobre los términos y condiciones de la oferta (que incluye no solo la suscripción de acciones), información sobre las finalidades y política de inversión de las SPAC, los potenciales conflictos de interés con el equipo gestor y/o los sponsors, y los escenarios de aprobación de las futuras operaciones o devolución del capital invertido. El resultado son mercados eficientes y que gozan de la confianza de los inversores internacionales. Hace 30 años de las privatizaciones de compañías que siguen siendo referencia: Telefónica, Repsol, Endesa, Red Eléctrica, etc. Si aquello supuso un reto para un mercado y bolsas de valores que se estaban modernizando, ahora tenemos una oportunidad que debería ser una palanca de creación de riqueza.
Cambiando de tercio, comentar que los trabajadores afectados por despidos colectivos subieron un 18,1% hasta abril 2021 respecto al mismo periodo de un año antes, con 5.021 trabajadores afectados. De su lado, la cifra de trabajadores inmersos en procesos de suspensión de contrato o reducción de jornada cayó un 97,6%, hasta los 19.989 empleados, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los que se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus y el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). En el acumulado del año, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas descendió un 97% en comparación con el mismo periodo de 2020, hasta sumar 25.010 afectados, de los que casi el 80% formaban parte de expedientes de reducción de jornada o suspensión de contrato. Las cifras solo recogen los procedimientos de ámbito nacional, por lo que no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas. Además, Trabajo ha explicado que al no disponer íntegramente de su fuente de base, la publicación de la Estadística de Regulación de Empleo «ha sufrido modificaciones en cuanto a su formato habitual, adaptándose a los datos disponibles». De los 25.010 trabajadores afectados por ERE en el conjunto de los cuatro primeros meses del año, un total de 8.091 estaban en procedimientos en los que la causa alegada fue la fuerza mayor, cifra que es un 98,7% inferior a la del mismo periodo del año pasado. Los ERE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) afectaron a 16.919 trabajadores, cifra que supuso un descenso de 178.229 personas respecto a abril de 2020 (-91,3%). Además, 15.177 procedimientos finalizaron con acuerdo en los cuatro primeros meses de este año (-91,9%), mientras que 1.742 lo hicieron sin acuerdo (-76,2%). En el mes de abril, se registraron un total de 3.468 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. De estos, 2.628 se vieron afectados por una suspensión de contrato o reducción de jornada y 840 estuvieron en un despido colectivo.
Más dramas, además del drama de la luz, que mucha gente vive como un drama y un agobio, la constante presión de la subida del recibo de la luz. El textil prevé prescindir de 30.000 trabajadores cuando finalicen los ERTE. Han cerrado el 25% de las tiendas y solo se ha perdido el 13% del empleo. Las ventas aún se sitúan un 35% por debajo de los niveles pre-crisis. El comercio empieza a ver la luz al final del túnel. El fin del estado de alarma, la menor restricción a la movilidad y la recuperación de la confianza del consumidor han propiciado que las ventas de uno de los sectores más castigados por la pandemia empiecen a crecer, aunque todavía estén muy lejos de los niveles precrisis. Una de las actividades más afectadas ha sido el textil, que sigue sin levantar cabeza desde marzo de 2020. “La limitación de reunión y la falta de movilidad ha propiciado que la gente no haya renovado vestuarios”, recalca Eduardo Zamácola, presidente de la patronal Acotex. El último barómetro elaborado por la organización traía una sorpresa en el sombrío panorama de los últimos quince meses: las ventas apenas descendieron en junio un 0,3% respecto al mismo mes de 2020, el descenso más leve desde que arrancó la pandemia. “El dato es positivo, pero hay que cogerlo con pinzas. En junio, todas las ventas son promociones y rebajas, con lo que en muchos casos desaparecen los márgenes”, asegura Zamácola. Pese al repunte experimentado en junio, las ventas están un 35% por debajo de los niveles precrisis. El optimismo reciente se torna en pesimismo cuando el análisis se dirige al mercado laboral. “En la pandemia echaron el cierre el 25% de los comercios y solo se ha perdido un 13% del empleo. Esos doce puntos de diferencia señalan a los 30.000 trabajadores que están en ERTE de fuerza mayor y no van a recuperar el empleo cuando desaparezcan las suspensiones de empleo”. El presidente de Acotex resalta las contradicciones de la normativa laboral surgida de la pandemia. “No tiene sentido que con un 40% de caída de ventas no se pueda despedir y que haya que asegurar los puestos de trabajo hasta seis meses después de finalizado el ERTE de fuerza mayor. Hemos pedido al Gobierno que se nos ayude a despedir y un buen instrumento sería el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Este fondo paga las retribuciones de los trabajadores en caso de insolvencia o concurso de acreedores. La petición de la patronal, que trata de elevar la protección de los afectados ante un despido inevitable, no ha obtenido por ahora ninguna respuesta por parte de la Administración, En cualquier caso desde Acotex subrayan que es importante mantener los ERTE de fuerza mayor con sus bonificaciones hasta que no se recupere completamente la normalidad. Desde la patronal del textil insisten, sin embargo, en el que el verdadero problema que vive ahora el comercio no es el de las ventas, si no el cierre del grifo bancario. “Tenemos muy poca capacidad de comprar producto, ya que la banca ha retirado de forma masiva el crédito a las empresas. Creemos que una buena manera de compensarlo podría ser a través de la aseguradora de crédito estatal Cesce».
Yendo a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy y es tema recurrente todos estos días, es que el precio de la luz bate todos los récords y se sitúa esta pasada semana en 106,57 euros el megavatio hora. Y nos lleva a todos a cantar aquel famoso cántico: «Ay Mariluz, apaga luz». Si los precios están así, mejor apagar la luz cuando no sea menester. El máximo histórico estaba en 103,76 euros, y este mes de julio se habían dado ya el segundo y tercer importe más caro, 99,80 el día 2 y 98,80 este pasado martes 20. El precio de la luz en la subasta diaria está batiendo todos los récords y se sitúa en los los 106,57 el megavatio hora (MWh). Hasta la fecha, el máximo histórico estaba en 103,76 euros, y este mes de julio se habían dado ya el segundo y tercer importe más caro, 99,80 el día 2 y 98,80 este martes 20. FACUA-Consumidores en Acción conmina al Gobierno de coalición a que emprenda de una vez nuevas medidas para poner freno a la especulación en la fijación de las tarifas eléctricas. La asociación plantea un decálogo de reivindicaciones, entre ellas un cambio en las reglas de la subasta del mercado mayorista, la bajada del IVA de forma permanente, el control de ofertas fraudulentas de las eléctricas y la aprobación de un nuevo modelo de bono social que represente al menos un 50% de descuento en la factura y del que se puedan beneficiar las familias que cobren no más de 2 salarios mínimos, que aumentarían hasta 3 en función del número y características de los miembros. La asociación también exige una recuperación para el Estado de las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen para integrarlas en una empresa pública de energía, de manera que con ella puedan fijarse precios justos que contribuyan a reducir la factura de la luz.
Y comento algo que me parece bastante injusto para con todos los que hemos superado duras oposiciones y que lleva a suprimir el valor del mérito y la capacidad en la función pública.
Así, el interino que lleve 10 años en su puesto pasará a ser fijo sin tener que opositar. Montero salva ‘in extremis’ el decreto de reducción de la temporalidad en el empleo público del Gobierno ofreciendo varias concesiones. La minoría parlamentaria del Gobierno quedó patente esta pasada semana en la última sesión del Congreso de los Diputados antes del parón estival, en la que el Ejecutivo tuvo que ofrecer importantes concesiones para lograr ver aprobado, por un solo voto de margen y tras un empate que obligó a repetir la votación, el decreto ley para reducir la temporalidad en la función pública y regularizar a varios cientos de miles de interinos. El texto, que había sido pactado por el Gobierno con los sindicatos UGT, CC OO y CSIF, había despertado importantes recelos en el bloque de investidura e incluso entre el socio minoritario del Ejecutivo. Ante las dudas de que el decreto llegara siquiera a ser convalidado, María Jesús Montero, que acaba de sumar Función Pública a la cartera de ministra de Hacienda, heredando la norma diseñada por su antecesor, Miquel Iceta (ahora ministro de Cultura), se ofreció a tramitar la norma como proyecto de ley permitiendo cambios durante el proceso. “Me consta que algunos grupos parlamentarios, porque ha sido objeto de discusión en las últimas horas, no comparten todo el planteamiento” del decreto, admitió Montero , anunciando su “voluntad de tramitar como proyecto de ley y poder incorporar cuantas mejoras” aporten los grupos que apoyasen su convalidación. Montero recordó que el decreto presentado ante el Congreso busca reducir la tasa de empleo temporal en la administración pública a un máximo del 8%, a la vez que establece vías para hacer fijos a unos 300.000 interinos de larga duración, tras los varapalos judiciales sufridos por la administración por esta práctica. “Se trata de la mayor oferta pública de nuestra historia reciente”, dijo Montero, recordando que la regularización se llevará a cabo antes del 31 de diciembre de 2024. La norma contempla pruebas de acceso en las que la experiencia tendrá un peso del 40% e indemnizaciones de 20 días de salario por año trabajado y hasta 12 mensualidades para los interinos que no las superen. Mientras la oposición hablaba de un enorme ERE público, Montero puso sobre la mesa dos importantes concesiones a otros grupos. De un lado, permitirá la opción de que los ejercicios de la fase de oposición dejen de ser eliminatorios si así lo determinan las comunidades autónomas o la administración competente en cada caso. De otro, la ministra propuso aplicar una excepción por la que se hará fijos, sin necesidad de que superen una oposición, a los interinos que lleven más de 10 años cubriendo una plaza que en dicho periodo no haya salido a concurso. Los ofrecimientos llevaron a ERC a cambiar su voto de contrario a favorable. Con todo, la votación se saldó con un empate que obligó a la presidenta del Congreso de los Diputados, Mertixell Batet, a ordenar la repetición legalmente estipulada. Se abstuvo entonces una diputada de Podemos que, en conciencia, inicialmente se había pronunciado en contra. Finalmente, el apoyo de PSOE, Podemos, ERC y Compromís, junto a las abstenciones de PNV y Más País, permitieron su aprobación por un solo voto de margen.
APROBADA LA REBAJA DE IVA DE LA LUZ Y AL FIN DE LAS MASCARILLAS
Y para cerrar con algo positivo:
La aprobación del decreto de los interinos no fue el único frente parlamentario que tuvo este pasado miércoles el Gobierno. También tuvo que lidiar con la convalidación del decreto que elimina la obligatoriedad de usar mascarillas en exteriores cuando se pueda mantener la distancia social en plena campaña de algunas autonomías para revertir la medida por el auge de contagios de Covid. El Congreso validó finalmente la norma con 180 votos a favor, 90 en contra y 78 abstenciones. Finalmente, en medio de fuertes críticas por el récord de precios de la electricidad, la Cámara Baja aprobó la rebaja del IVA de la luz, del 21% al 10% hasta final del año para contratos de hasta 10kW, con 193 votos a favor, 3 en contra y 152 abstenciones.
Pues eso. Llámese usted Mariluz o no Mariluz, toca apagar la luz, que está desbocada y nos obliga a rascar el bolsillo. Y a algunos, menos afortunados, a que les corten la luz por no poder pagarla a estos precios. Triste, muy triste.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.