En esta semana las bolsas asiáticas concluían con caídas destacadas entre sus principales mercados. Por su parte, las bolsas americanas terminaban la última sesión del mes con nuevos descensos y cerraban septiembre con su peor comportamiento desde marzo de 2020. Los descensos continuaban incluso a pesar de la noticia de la aprobación de un paquete de gasto para prorrogar en nueve semanas y evitar el cierre gubernamental. Precisamente al otro lado del charco, se crea la idea de una ‘supermoneda’ de un billón de dólares para evitar un “Apocalipsis financiero”. Washington explora opciones exóticas para sortear el bloqueo a la elevación del techo de gasto. Un creciente número de políticos en EE UU están tomando nota de la posibilidad de que el Tesoro acuñe una moneda de platino gigante (en términos más financieros que físicos) para evitar un impago de la deuda. Las negociaciones sobre el techo de gasto del Gobierno federal siguen estancadas, lo que expone al país, de nuevo, a un cierre gubernamental. Un contexto en el que todo el gasto no esencial se corta de raíz porque el Ejecutivo no tiene luz verde para pagar sueldos, alquileres o suministros.
Ya en 2011 y 2013 se vivieron situaciones similares. Este 2021, el 18 de octubre, según la secretaria del Tesoro Janet Yellen, se habrá agotado el techo de gasto disponible, y los republicanos del Senado están bloqueando la aprobación (pese a que con la administración Trump el techo de gasto se subió tres veces). Aunque hay mecanismos legislativos para sortear el bloqueo (como un proceso de reconciliación presupuestario), existen también obstáculos. Los economistas no ahorramos hipérboles para describir el escenario de un default en la deuda de EE UU, cuyos bonos son el activo libre de riesgo por excelencia y, por tanto, clave de bóveda de la arquitectura financiera mundial. «Sería un Apocalipsis financiero», declaró el economista jefe de Moody’s, Mark Zandi. «Es una locura solo barajar la opción de no pagar la deuda a tiempo». «Podría provocar una cascada de catástrofes de proporciones increíbles, y dañaría América por 100 años», indicó el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon. Con todo, el partido republicano sigue enrocado, lo que abre la puerta a planteamientos exóticos como la supermoneda, una suerte de Plan C. Un botón rojo que se apoya en una laguna legal, pero que se ha barajado en otras situaciones similares para evitar el cortocircuito de la economía, como admitió recientemente Barack Obama, quien también tuvo que afrontar el bloqueo legislativo del techo de gasto. Entre las numerosas atribuciones del presidente de Estados Unidos, como gobernar el país más poderoso del mundo, indultar un pavo en Acción de Gracias o ser el responsable del eventual lanzamiento de cabezas nucleares, está el de acuñar monedas conmemorativas. Son piezas de colección que homenajean determinadas personalidades o momentos y que se venden, por lo general, por menos de 10 dólares, que van a parar a las arcas públicas. Pero ninguna ley limita el valor de dichas monedas por lo que, sobre el papel, sería posible pagar deudas con esta supermoneda. La administración Biden rechaza de plano esta alternativa, y deja la responsabilidad del techo de gasto en la negativa republicana a aprobarlo. En paralelo, esta opción podría acabar con un conflicto de competencias: dado que el Cogreso ha legislado el aumento de gasto ligado al plan de estímulo y, a la vez, puede rechazar que el Tesoro gaste por encima del techo en vigor, el Tesoro tiene dos órdenes contradictorias procedentes de la misma cámara legislativa.
Los economistas, no obstante, apuestan por alternativas más aburridas y menos vistosas. Especialmente porque, evitando el colapso de la deuda, la Casa Blanca abonaría el terreno a la desconfianza de los inversores: la seriedad y solvencia financiera del país quedarían en entredicho y, el activo libre de riego tendría una pizca de incertidumbre en su cotización. Recuerdan que las divisas están respaldadas por la confianza, y que la del dólar quedaría dañada. El escenario económico no sería precisamente halagüeño. Con todo, en ocasiones anteriores estas situaciones se han salvado en el último minuto, o incluso después de que el Gobierno federal cancelara sus actividades no esenciales, a cambio de algún tipo de negociación presupuestaria. Aunque exótica, la moneda gigante no es la panacea ni parece, a fecha de hoy, poco más que una salida desesperada ante el alocado escenario de una catástrofe financiera provocada de forma voluntaria.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha avisado de que el Gobierno agotará sus reservas de efectivo para el 18 de octubre, por lo que ha instado al Congreso a que apruebe ya el aumento del techo de endeudamiento para evitar un posible impago de deuda. Desde 1969, el Congreso de Estados Unidos ha elevado en 78 ocasiones el tope de endeudamiento del Gobierno de forma permanente, temporal o revisando la definición de deuda. Yellen ha alertado que, con arreglo a momentos de parálisis anteriores por el límite de deuda, «esperar hasta el último minuto puede causar un daño serio a la confianza de las empresas y los consumidores, elevar los costes de préstamo de los contribuyentes e impactar negativamente el rating crediticio de Estados Unidos».
Al otro lado del charco, en Reino Unido se suspende la ley de competencia para facilitar el suministro de gasolina. El Gobierno británico anunció esta semana una suspensión temporal de la aplicación de leyes sobre competencia a la industria de los combustibles para facilitar que las compañías pueden «compartir información» y «optimizar» el suministro de combustible a las gasolineras. El ministro de Empresas, Energía y Estrategia Industrial, Kwasi Kwarteng, se reunió con representantes del sector para abordar el cierre de estaciones de servicio en Reino Unido en los últimos días ante la escasez de transportistas
A nivel doméstico, el Gobierno ha empezado a multar por incumplir la Ley de teletrabajo. Las empresas podrán recibir sanciones de hasta 7.500 euros por no formalizar los acuerdos de trabajo a distancia. La Ley 10/2021 de trabajo a distancia ha modificado (en su disposición final primera) dos artículos de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS).
Por otro lado, España está a la cola europea en competencias digitales y en la mitad de la tabla mundial. El país lleva un lustro en torno al puesto 30 entre 64 economías. El Plan de Recuperación es un buen impulso para mejorar, pero no el único. Las competencias digitales de la economía española, analizadas desde un prisma internacional, llevan estancadas ya un lustro. Así lo pone de manifiesto la última edición del ranking del Centro de Competitividad Digital del Institute for Management Development (IMD), presentado esta semana, que sitúa al país en la posición 31 de una clasificación que analiza un total de 64 economías. La tabla, un año más, está liderada por Estados Unidos, seguido de Hong Kong, Suecia, Dinamarca y Singapur. La mayoría de vecinos europeos, quitando a Italia, Portugal o Grecia, también se encuentran por delante. España, según los últimos datos, avanza dos posiciones respecto a la pasada edición, un progreso que se debe a las mejores puntuaciones obtenidas en dos de los tres factores principales que conforman el estudio. Así, en la rama de conocimiento, el país se sitúa en el lugar 31. En las competencias de preparación para el futuro lo hace en el puesto 35, y se mantiene estable, en el lugar 33, en la categoría de tecnologías digitales.
Pasando al tema de la semana, jubilarse dos años antes podrá suponer un recorte de hasta 7.889 euros en la pensión. Algo que me parece de lo más justo y razonable. Para una jubilación ordinaria el castigo irá del 2,81% al 21%. Si se accede a la pensión tras un despido, la reducción puede llegar al 30%. El Congreso de los Diputados comenzará en los próximos días a discutir el primer paquete de medidas para la reforma de las pensiones acordado entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos el pasado julio. Este pacto, que ligará las jubilaciones a la evolución de la inflación y contempla un aumento de las bonificaciones por el retraso de la pensión, también incluirá un endurecimiento de las penalizaciones para aquellos que decidan adelantar su retiro profesional. Este nuevo esquema, que pretende aumentar la vida laboral de los españoles para acercar la edad real de retiro a la legal, incluye una serie de coeficientes reductores en caso de adelantar la jubilación que dependerán del tiempo cotizado: el recorte más agresivo se le aplicará a aquellas personas que adelanten su jubilación y hayan cotizado menos de 38 años y medio (la rebaja oscilará entre el 3,26% y el 21%); en el segundo escalón se encuentran los que hayan cotizado menos de 41 años y seis meses (del 3,11% al 19%); después los que hayan cotizado menos de 44 años y medio (del 2,96% al 17%); y, por último, los que hayan cotizado más de 44 años y medio, que se arriesgarán a un recorte de entre el 2,81% (por adelantarla un mes) y el 13% (por jubilarse dos años antes).
Diferentes supuestos
Estos coeficientes reductores, a su vez, se traducirán en distintas cantidades dependiendo del importe de la pensión. Para una persona con menos de 38 años y medio cotizados, que tenga derecho a una jubilación máxima (cuyo importe anual se encuentra en los 37.567 euros) y que haya decidido retirarse dos años antes, el recorte sería de 7.889 euros, dejando esta pensión en 29.678 euros. Si, por el contrario, esta misma persona decidiese jubilarse un año antes en vez de dos, la reducción sería de 2.066 euros.
Por último, si este trabajador optase por adelantar el retiro tan solo un mes (se aplica una reducción del 3,26%), su pensión perdería 1.224 euros al año. Por su parte, para una pensión mínima (está en 9.569 euros) con una carrera corta (menos de 38 años y medio cotizados), adelantar dos años el retiro costará 2.009 euros anuales. Si este mismo trabajador decidiese retirarse un año antes, el recorte se queda en 526 euros anuales.
Jubilación tras despido
Otra posibilidad, ya fuera de los anteriores supuestos, es que el trabajador haya accedido a la jubilación tras un despido, la cual en este caso se podría adelantar hasta cuatro años. Dependiendo del tiempo cotizado, retirarse cuatro años antes acarreará un castigo de entre el 30% y el 24% sobre el importe de la pensión; mientras que si el pensionista en cuestión solo se adelanta un mes, la penalización oscilaría entre el 0,63% y el 0,5%.
Cierro con el tema de las criptomonedas como el bitcóin que se han hecho ya un hueco entre los inversores profesionales. En todo el mundo hay registrados más de 800 fondos alternativos y de capital riesgo especializados en este tipo de activos. Se trata de un mercado que mueve casi dos billones de dólares (1,7 billones de euros), y que no para de crecer.
La alternativa española
La mitad de los fondos registrados para invertir en este tipo de activos está en Estados Unidos, aunque también hay foco potente en Hong Kong, Reino Unido o Suiza. En la Unión Europea, su presencia es aún muy incipiente. En Luxemburgo, el gran centro financiero de la industria de fondos, solo hay tres fondos especializados en criptoactivos, y uno de ellos, Protein Capital Fund, que tiene adn español y ha aparecido una alternativa española.
Definitivamente, las criptomonedas han llegado para quedarse. La cautela en este tipo de inversiones se impone. Es mi humilde opinión.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.