La semana ha estado marcada por el hecho de que las autoridades del mercado chinas están intentando convencer a las estadounidenses en temas como los estándares de auditoría para mantener el listing en los mercados americanos. A nivel de Covid, se disparan las alertas. A la preocupación que ya venía acusando por el crecimiento de contagios en Europa, la advertencia de la «peligrosidad» de una nueva variante del virus detectada en Sudafrica, Bostwana y Hong Kong ha provocado importantes descensos en Bolsa. También en la española.
Sorprende la muestra de cómo va a ser la primera ‘Bitcoin City’ del mundo.
Dos meses después de convertirse en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda oficial, El Salvador redobla su apuesta por la criptomoneda. Su presidente planea un proyecto faraónico para crear la primera ‘Bitcoin City’ del mundo, sin impuestos y con un volcán como fuente de energía. El empeño del presidente de El Salvador de adelantarse al futuro y moldearlo a imagen y semejanza de los deseos de los seguidores más enfervorecidos del bitcoin ha multiplicado el protagonismo de este país centroamericano, de 6,5 millones de habitantes.
Pasando a un tema de especial importancia para mí, tras la cumbre del clima de Glasgow, parece claro que los bancos centrales ignoran el impacto climático de sus inversiones, alerta un informe. Solo cuatro bancos centrales, los de Francia, Eslovenia, Alemania y Suiza imponen restricciones a los combustibles fósiles en sus carteras de inversiones, según el primer chequeo al desempeño de estas entidades. Los bancos centrales del G20 y el Eurosistema no están teniendo en cuenta el impacto climático de sus inversiones. Las políticas de inversiones sostenibles y responsable que practican son “inexistentes, opacas o no tienen en cuenta los impactos ambientales”. Es la conclusión de un informe (Bajo el Radar: la inversión insostenible de los bancos centrales) elaborado por una ONG francesa. La tesis central de este trabajo es que los bancos centrales no predican con el ejemplo. Los bancos centrales son los encargados de velar por que la banca comercial tenga suficiente dinero para prestar a las empresas; y supervisar la estabilidad financiera y el buen funcionamiento de los mercados financieros. Pero además son inversores que gestionan carteras y poseen activos (lo que les permite financiarse a sí mismos y devolver fondos al Estado). Sin embargo, la opacidad predomina en sus llamadas políticas de inversión socialmente responsable. Solo uno de los 37 bancos analizados (Francia) considera seriamente el impacto climático en su política de inversión y dispone de planes creíbles con una cartera de inversiones congruente con el Acuerdo de París contra el cambio climático (destinado a evitar un calentamiento de más de 1,5 ºC por encima de la época preindustrial). Globalmente, solo cuatro bancos centrales (los de Francia, Eslovenia, Alemania y Suiza) imponen restricciones a las inversiones en combustibles fósiles.
Yendo al titular del blog en el día de hoy, es triste saber que España se coloca en primera posición mundial en el incremento de insolvencias empresariales en 2021. Grave cuestión. El país terminará este año con un incremento del 24% respecto a 2019. La desaceleración en la recuperación económica de España está lastrando al tejido empresarial más de lo previsto. La administración, los bancos y hasta Bruselas esperaban un mayor dinamismo de la economía nacional tras el fin de las restricciones por la pandemia. Sin embargo, el crecimiento está resultando “decepcionante”, según el Consejo. A casi un mes de que concluya 2021, la economía española se mantiene un 5% por debajo del nivel de marzo de 2020, cuando el Gobierno activó las medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis provocada por el Covid-19. En contraste, siempre según la estimación del Consejo, países como Alemania o Francia ya han superado sus márgenes y se encuentran medio y un punto por encima, respectivamente. A este escenario se suman las nada alentadoras previsiones, según las cuales España tardará aún entre tres y cuatro trimestres en recuperar el nivel previo a la primavera pasada. Su retraso impide que la descongelación de las empresas y del empleo se pueda hacer sin un daño considerable en el tejido productivo a medio plazo. En consecuencia, se espera que para 2022 España se mantenga en el top 10 de los países a nivel mundial con mayor incremento de insolvencias respecto a 2019, con un aumento del 26%, dos puntos más que el año previo. A pesar de estos altos porcentajes, el CGE advierte de que en términos absolutos, el país es de los que menos proporción de insolvencias tiene en comparación con el resto del mundo, donde Francia ostenta el primer puesto con 50.000 empresas en quiebra. En comparación, la previsión para España es de 4.900. Más allá de estas cifras, en términos generales se observa que la masiva intervención de los gobiernos durante la pandemia ha evitado una ola de insolvencias en el mundo que, sin embargo, volverá a su cauce con la retirada de los apoyos. No en vano se estima que el índice global registre un aumento del 15% anual en 2022, tras las caídas del 6% en este año y del 12% en 2020. En España esta cifra es bastante menor: del 3,3%. Sin embargo, sin las sucesivas moratorias concursales la tendencia hubiera sido al alza.
Cambiando de tercio, el Supremo decidirá si la exclusión de Bolsa de Telepizza fue legal. El tribunal aclarará si los dueños de derivados pueden impugnar una opa; la CNMV autorizó en 2019 que la cadena de pizzerías dejara de cotizar.
La batalla legal a cuenta de la opa por Telepizza se eleva a la cúpula judicial española. El Tribunal Supremo decidirá si la exclusión de la cadena de comida rápida acordada el 4 de julio de 2019 por la CNMV, después de la opa a 6 euros por acción lanzada por un consorcio liderado por KKR. El interés casacional que menciona el alto tribunal está en dirimir si los dueños de derivados –en este caso, de equity swaps, como ocurrió con el fondo Polygon– pueden impugnar ante la jurisdicción la autorización de una opa. La CNMV ganó la partida en la batalla final y rechaza que el fondo activista Polygon esté legitimado para formular el recurso contra la autorización de la CNMV de excluir de negociación las acciones de Telepizza. Pero ahora el Supremo toma el testigo, al detectar varias cuestiones en las que debe aportar claridad. KKR, Torreal, Artá y Safra anunciaron una opa sobre Telepizza el 21 de diciembre de 2018 al mencionado precio. La oferta tenía como objetivo terminar con la exclusión de Bolsa de la compañía en virtud de un informe de EY que valoraba la empresa en un rango de 5,52 a 5,82 euros por acción. Varios de los accionistas presentes en la empresa se rebelaron contra la oferta, entre ellos Bestinver, Perpetual y Highclear. Entre los tres, controlaban cerca de un 10%. Otros inversores, como Emmanuel Boussard y Polygon, que llegaron a tener un 16% y un 12,6% respectivamente, también se opusieron. Entre todos, estuvieron a punto de hacer descarrillar la oferta. Aceptaron dueños del 27,7% del capital y los compradores lograron un 56,3%, muy por debajo del umbral del 90% planteado en un principio y que al final retiraron. La compañía no hubiera sido excluida de forma automática según la actual normativa. La Audiencia Nacional aduce en su sentencia que Polygon carecía de legitimación puesto que no era accionista, sino un inversor “a través de productos complejos en los que las acciones operan con subyacente, sin derecho alguno sobre esas acciones”. También añade que Polygon fue comprando los derivados con “posterioridad al anuncio de la opa y conocía el riesgo al que se exponía”. Polygon, según el auto en el que el Tribunal Supremo admite a trámite el recurso de casación defiende que su inversión a través de derivados también merece protección. El fondo reconoce que sí, que compró tras el anuncio de la opa, pero aduce que esperaba que esta se “ajustaría a Derecho”, lo que, a su juicio, no ocurrió. Polygon defiende que el precio pagado no era equitativo y que los accionistas minoritarios de Telepizza habían sido “privados de las garantías de haber invertido en una compañía cotizada por un accionista que tenía una mayoría muy reducida de las acciones”. Polygon y otros fondos se rebelaron contra la oferta liderada por KKR La futura sentencia del Supremo interpretará un artículo de ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, así como otro de la normativa de opas. Este último es el que se refiere a que una oferta pública de adquisición “podrá o no dirigirse a todos los titulares de warrants o de otros valores o instrumentos financieros que den opción a la adquisición o suscripción de acciones”. La reforma de la Ley de Sociedades de Capital, en vigor desde el pasado mes de mayo, ha incluido una salvaguarda para los accionistas minoritarios. Se exige que los que hayan lanzado la opa tengan al menos el 75% del capital para que se acuerde la exclusión. En el caso de Telepizza, no se hubiera alcanzado dicho porcentaje.
La CEOE pide más agilidad para los fondos europeos
La falta de agilidad en la Administración central y entre las distintas administraciones públicas es una de las causas a la que apuntan patronal y sindicatos a la vista del reducido porcentaje de activación de convocatorias existente para ejecutar los fondos europeos. Es su reacción al conocer la estimación realizada por Funcas, en la que se indica que solo tiene abiertas convocatorias para un 21% del total de fondos de recuperación previstos para este año. En concreto, se fija en 5.700 millones de euros. A la CEOE lo preocupa especialmente “la frustración que se genera en las empresas por la lentitud en la llegada de los fondos a la economía real”, según ha declarado Luis Socías, jefe de la oficina de proyectos europeos. A este impacto se le añade el riesgo de que puede ralentizarse el ritmo de la recuperación.
“Sería un gran error no usar todos los recursos que brindan los fondos”.
Una de las críticas que formula la patronal es que no se garantiza un equilibrio entre grandes proyectos transformadores con convocatorias específicas dedicadas a pymes y autónomos. “Solo vemos pequeñas convocatorias, atomizadas, por cuantías menores, es difícil ejecutar fondos de esta forma”, dice Socías. Otro de los puntos que destacan es la necesidad de mejorar la agilidad de los sistemas administrativos, y citan como muestra el decreto 36/2020 de medidas urgentes para la modernización de la administración pública y la ejecución del plan de recuperación, que afirman que no se aplica porque está bloqueado en la mesa del Congreso. Desde la patronal española, se cita un ejemplo concreto de la falta de agilidad. Se lanzó el PERTE del vehículo eléctrico en julio, pero solo se han llevado a cabo convocatorias para elementos menores, no para la línea fundamental del proyecto.
En el ámbito del sistema bancario, a vueltas con la fusión de BBVA y Banco Sabadell. Las declaraciones de Torres encienden una llama que ya parecía apagada: la integración de ambas entidades financieras. El martes pasado, un conocido banquero especulaba en petit comité con la posibilidad de que BBVA y Banco Sabadell volviesen a reintentar su fusión, cuyas negociaciones se quebraron en diciembre del pasado año, poco más de un mes después de reconocer que estaban bordando su unión. Las conjeturas de este banquero venían a cuento a raíz de la operación que había anunciado un día antes BBVA. Iba a lanzar una opa sobre el 50,15% del capital de su filial turca Garanti que no controla. El anuncio, por cierto, sorprendió al mercado, que no esperaba esta compra ahora, lo que provocó que la acción de la entidad que preside Carlos Torres se desplomará un 5,5%. La unión de estos dos bancos no necesita que se realice con los ingresos que le han aportado a BBVA la venta de su filial en EE UU. Se podría llevar a cabo acudiendo al mercado que en estos momentos está dispuesto a sufragar una fusión bancaria si la operación tiene lógica industria y los inversores creen en ella.
A nivel local, Asturias solicita fondos europeos para trenes de hidrógeno y biogás
Se trata de un proyecto compartido por el Principado y Renfe que prevé desarrollar modelos alternativos a las locomotoras diésel. El Gobierno asturiano y el Grupo Renfe han firmado un acuerdo para impulsar la incorporación progresiva de combustibles alternativos como el biogás y el hidrógeno en los trenes de la compañía que ahora funcionan con motores diésel. El pacto incluye la solicitud de fondos europeos y supone, según los firmantes, una iniciativa pionera en España. para la descarbonización del ferrocarril. El consejero de Industria, y el presidente de Renfe, Isaías Táboas, suscribieronel acuerdo en virtud del cual ambas instituciones promoverán desarrollos tecnológicos e innovadores para buscar alternativas a los trenes diésel. Bajo la coordinación del Gobierno de Asturias y con la participación de otras empresas, Renfe realizará las primeras pruebas con un tren de viajeros, utilizando biogás para la tracción ferroviaria. El protocolo se desarrollará por fases, en función de la “financiación disponible”, y en la primera de ellas se desarrollarán, probarán y validarán los modelos de trenes que la empresa pretende utilizar con biogás e hidrógeno. Con ello, se prevé la transformación de una unidad eléctrica “serie 3600” para ser impulsada con hidrógeno. En la segunda fase se plantea sustituir, siempre que se cuente con ayudas europeas, el parque ferroviario regional por vehículos impulsados por gases renovables. Cuando el proyecto cuente con las subvenciones necesarias, se incorporará la Fundación Barredo, que aportará sus instalaciones únicas y singulares para realizar ensayos.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.