En esta pasada semana no hubo novedades con el BCE que no subirá tipos en 2022, pero reducirá casi a la mitad las compras de deuda. El BCE no tiene previsto subir el año próximo el tipo oficial de interés (situado actualmente en el 0%) pese a que lo había anunciado la Reserva Federal de EE UU (Fed) y a que el Banco de Inglaterra hizo el primer movimiento, con una subida del 0,1% al 0,25%, y el Banco de Noruega acometió la segunda revisión al alza (la anterior fue en septiembre), con un incremento del 0,25% al 0,5%.
El BCE sí acometerá una reducción de la expansión monetaria. El eurobanco tiene dos programas de compra de deuda. El más contundente es el que se empezó a aplicar el 19 de marzo de 2020 por la pandemia (el plan denominado PEPP). Con este programa está adquiriendo títulos por un valor de 60.000 millones mensuales. Esta semana confirmó que, según lo previsto, este programa finalizará a finales de marzo próximo, aunque podría reanudarlo si las circunstancias cambiasen.
Por el contrario, la Reserva Federal sí que prevé subir tipos en 2022. Powell reconoce que la alta inflación es un problema y defiende que acelerar el ‘tapering’ permitirá abordar mejor cualquier escenario.
La FED ha decidido acelerar su plan de retirada de estímulos, reduciendo así a partir del próximo mes de enero en 30.000 millones de dólares (26.592 millones de euros) al mes sus compras de bonos y titulizaciones, en vez del ajuste mensual de 15.000 millones de dólares (13.296 millones de euros) aplicado hasta ahora, lo que dejaría a la entidad margen para subir hasta en tres ocasiones los tipos de interés en 2022.
A nivel doméstico, cabe destacar que el nuevo mecanismo de ajuste de las pensiones no evitará el recorte de sus cuantías. Economistas del mundo académico critican que no se puedan calcular los futuros ajustes en la cuantía de las prestaciones y eso impide tomar decisiones de ahorro.
España debe hacer los cambios necesarios en su sistema de pensiones para que en el año 2070 su gasto en pensiones sobre el PIB no se eleve en 8,3 puntos, tal y como prevé el último informe del Ageing Report 2021 de la Comisión Europea, que este aumento del gasto como el mayor de la UE con diferencia. De ahí que la reforma de pensiones que se tramita en el Parlamento incluya varias medidas para intentar frenar que el gasto se dispare. Entre estos cambios está la creación de un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que sustituirá al factor de sostenibilidad (FS), aprobado 2013 pero que está en suspenso. El motivo del Gobierno para derogar ahora este factor sin ni siquiera haberlo puesto en marcha y sustituirlo por el futuro MEI es que este último, a diferencia del primero, no supondrá una merma en la cuantía de las pensiones. Sin embargo, el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, formado entre otros por el profesor titular de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, Enrique Devesa y los economistas de la Universidad de Extremadura, Borja Encinas e Inmaculada Domínguez, ha concluido en una comparativa de ambos mecanismos que, entre otras cosas, el futuro MEI no evitará un recorte de la cuantía de las pensiones, aunque no sea inmediato. Así, este grupo de expertos ha determinado que el futuro MEI no solo “no mejorará la cuantía de la pensión” porque, a pesar de que implica un aumento del tipo de cotización del 0,6%, repartido entre la empresa y el trabajador, este incremento no se va a traducir en una mayor pensión. Muy al contrario esta mayor recaudación prevista para el periodo 2023-2032 –de unos 2.225 millones anuales– no servirá para pagar las pensiones de esos años en los que, casi con toda seguridad, volverá a engrosar el déficit, sino que irá a nutrir el Fondo de Reserva. Esto “generará una falsa apariencia de mejora de la sostenibilidad del sistema”. Sus cálculos indican que desde 2057 el MEI experimentará un menor ahorro acumulado que el factor de sostenibilidad, y crecerá hasta sumar un déficit acumulado de 7,75 puntos del PIB en 2067, último año del estudio (unos 87.000 millones de euros de 2020). Tras descartar la mejora de las pensiones, este grupo de expertos –que se completa con los profesores de Economía de la Universidad de Valencia, Mar Devesa y Robert Meneu– sostienen que se producirá un desvío del gasto previsto y “habrá que utilizar el componente 2 del MEI –que se activa si no es suficiente con lo recaudado entre 2023 y 2030– y que implicará “un recorte de pensión y otro aumento de cotizaciones”. Otra diferencia destacada entre ambos mecanismos es que el factor de sostenibilidad “hacía explícito el recorte mediante la disminución prevista de la cuantía inicial de la pensión [de en torno al 0,5% anual acumulado y revisable cada cinco años según la esperanza de vida], que podía ser conocida con suficiente antelación para tomar decisiones para aumentar su pensión, si se considerará que esta no iba a ser suficiente”. Esto, por el contrario no ocurrirá con el futuro MEI, cuyo principal problema es que es difícil de cuantificar individualmente, debido a la falta de concreción del recorte del gasto cuando se active el componente dos.
En lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy es que la banca parece que va a tomar medidas para ser más «amable» y accesible para los mayores.
Los bancos deberán formar a sus empleados para que atiendan bien a los mayores. Varias entidades ofrecen prioridad a las personas de más edad en las oficinas y en el sevicio de atención al cliente. La banca está avanzando en materia de atención al cliente para adaptarse a la nueva normativa elaborada por el Gobierno –todavía en fase de anteproyecto– con medidas específicas dirigidas a las personas de avanzada edad o más vulnerables. Las entidades deberán formar de manera específica a su red de atención al cliente que las atiendan de manera eficaz. La futura ley exige al sistema financiero disponer de un servicio para responder a los clientes de carácter “gratuito, eficaz, accesible, inclusivo, no discriminatorio y evaluable” que se prestará de forma continuada las 24 horas del día todos los días del año, y prohibirá utilizar contestadores automáticos y medios análogos como canal exclusivo de comunicación con los usuarios. Las entidades bancarias defienden que mantienen la asistencia personal en toda la red de oficinas y que la atención a través de contestadores “es accesoria”. Aseguran que «hay muchos escalones de comunicación» al alcance de todos, a pesar del cierre de muchas sucursales, como las oficinas físicas y móviles, la banca telefónica y digital, los agentes colaboradores y también los cajeros. El borrador de la ley pone el acento en dos puntos de especial interés. “En particular [las entidades] adoptarán las acciones necesarias para que el personal al servicio de dichos departamentos cuente con una formación y capacitación especializada, incluyendo una formación específica previa en atención a personas consumidoras vulnerables y, en especial, a personas con discapacidad o de edad avanzada”. Este párrafo, sin embargo, no se concreta en nada. Varias entidades han puesto en marcha programas específicos de accesibilidad física y digital, así como formación para la plantilla para adaptar la atención de personas mayores y personas con distintas capacidades, realizan encuestas de satisfacción a clientes, con segmentación por edades. Varias entidades envían las comunicaciones legales a mayores de 75 años por defecto en papel y otras priorizan su atención en la cola de los servicios de atención al cliente y en las oficinas físicas. Igualmente, las entidades financieras han diseñado productos específicos, como las cuentas seniors, con servicios asociados relacionados con la salud, y se les ofrece una gama de seguros de dependencia por fallecimiento, por accidente o del hogar.
Finalmente, y a nivel empresarial, el 60% de las empresas prevé subir precios en 2022. Más firmas trasladarán a sus clientes el aumento de costes de suministros, laborales y energéticos.
Esto no es más que la respuesta al incremento de los costes de suministros, energéticos y laborales. Así se desprende de la última oleada de la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Económica (EBAE) correspondiente al cuarto trimestre de este año sobre una muestra de 5.231 empresas. De acuerdo con las perspectivas de los encuestados, «las empresas españolas perciben una evolución positiva de su actividad en el cuarto trimestre, levemente más favorable que la observada en el tercero», tanto en términos de facturación como de empleo subraya el informe del Banco de España Sin embargo, esta evolución positiva «parece estar viéndose parcialmente entorpecida por las alteraciones que están teniendo lugar en las cadenas de suministros» de materias primas, productos intermedios y energía. Según lo expresado por las empresas encuestadas este fenómeno «persistirá en los próximos trimestres». El 74% de las empresas declaran haber observado en este cuarto trimestre del año un aumento en los precios de sus consumos intermedios. Este porcentaje se sitúa 21 puntos porcentuales por encima de lo expresado en el trimestre anterior. Las empresas encuestadas esperan, asimismo, que estos desarrollos inflacionistas se mantengan al inicio del próximo año: el 77,6% prevén incrementos adicionales en el primer trimestre de 2022 y una cifra similar, el 75%, estiman que las tensiones se mantendrán a lo largo del año. De estos resultados se desprende que las empresas consideran que las actuales presiones de costes de sus consumos intermedios tendrán un carácter relativamente persistente«. Con todo, las respuestas de las empresas apuntan a que los incrementos para los precios de venta siguen siendo inferiores a los observados en el coste de los consumos intermedios, «lo que apuntaría a una compresión de los márgenes empresariales«.
Con esto cierro el blog en el día de hoy y también por este año 2021. Le deseo todo lo mejor para 2022, también en el plano económico. ¡FELIZ NAVIDAD!
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.