Ha sido la pasada una semana de comportamientos mixtos en todas las geografías, a la espera del desenlace en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, con el IBEX liderando las caídas con un descenso del -1%. La semana venía marcada por las reuniones en Bruselas, donde se discutía la quinta ronda de sanciones contra Rusia, así como los compromisos para asegurar los suministros energéticos en Europa. En esta línea, Rusia anunciaba el pago de suministro de gas en rublos por parte de los países no-amigos. Por sectores, Basic Resources y Oil&Gas experimentaban subidas de un 6,6% y 6,2% respectivamente, mientras que los sectores cíclicos volvían a verse como los más afectados, principalmente retail, turismo y ocio y construcción, con caídas de un -2,8%, -3,2% y -3.9% respectivamente.
En el ámbito de la geopolítica, el objetivo del maratón de cumbres celebrado en Bruselas el pasado jueves, que comenzó con una reunión de la OTAN y otra del G7 y terminó con un Consejo Europeo, ponían de manifiesto la unidad sin fisuras de los occidentales contra Vladimir Putin. Durante la jornada se puso especial foco en el siguiente paquete de sanciones contra Rusia, así como en los compromisos a adoptar para asegurar los suministros energéticos en Europa. Además, se plantea intensificar los esfuerzos para coordinar las respuestas contra la evasión de sanciones ante la creciente inquietud sobre el posible suministro de tecnología de China a Rusia. Por su parte, el presidente Zelensky lanzaba mensajes esperanzadores, al anunciar que las negociaciones avanzan pese a las confrontaciones, pese a la insistencia de EE. UU. en las alertas sobre los riesgos que podría conllevar que Putin emplee armas y ataques más indiscriminados, particularmente el empleo de armas químicas.
Yendo al titular del blog en el día de hoy, Lagarde denuncia el uso de las criptodivisas para evadir las sanciones a Rusia. El BCE vigila con atención la liquidez en el mercado de materias primas y advierte del riesgo de ciberataques. El Banco Central Europeo se mostró dispuesto desde el primer momento a aplicar las sanciones financieras que la UE, junto a Estados Unidos y Gran Bretaña, decidieron aplicar a Rusia por la invasión a Ucrania y se mostrará muy vigilante contra el uso de las criptodivisas, un activo desregulado y por tanto fuera del control del supervisor, para evadir tales sanciones. Así lo ha advertido esta semana la presidenta del BCE. Christine Lagarde, que ha asegurado que el BCE está tomando medidas para “apuntar con claridad a todos aquellos que están negociando y ofreciendo servicios relacionados con los criptoactivos y que están siendo cómplices para eludir las sanciones”. El miembro del comité ejecutivo del BCE Fabio Panetta también ha afirmado que “los criptoactivos no deben convertirse en un resquicio para eludir las sanciones”. La pujanza de las criptodivisas ya era una preocupación para los reguladores, que habían alertado de su potencial para desequilibrar la estabilidad financiera. Tal advertencia está cobrando aún más peso con el estallido de la guerra en Ucrania, por su posible uso por parte de particulares que puedan así evitar las duras sanciones impuestas a la banca rusa -buena parte ha quedado excluida del sistema de pagos Swift-, y también por el temor a que la situación económica y de mercado actual acabe causando problemas para la estabilidad financiera. Al término de la pasada reunión del Consejo de Gobierno del 3 de marzo, el BCE aseguró de hecho en el comunicado su compromiso con la estabilidad de precios y también con la estabilidad financiera. Fabio Panetta ha reconocido que el BCE vigila atentamente la volatilidad en las cámaras de compensación de los mercados, en especial en los más expuestos a Rusia como la energía y las materias primas. “También es necesario ser conscientes de la creciente amenaza de ciberataques”, advirtió Panetta.
Cambiando de tercio, explicamos cómo funciona el tope a los precios de la energía en Reino Unido. La Unión Europea debate estos días cómo frenar el impacto de la escalada de los costes de la energía sobre los ciudadanos, algo para lo que el Reino Unido aplica desde 2017 un tope a los precios que pagan los hogares en sus recibos. El límite que las compañías energéticas en el Reino Unido pueden cobrar a sus clientes aumentará un 54% a partir del 1 de abril, como consecuencia del encarecimiento del gas y el petróleo en el mercado mayorista global. Ese regulador británico del sector energético, Ofgem, anunció el pasado 3 de febrero este incremento del coste para los hogares, que se aplicará al menos hasta el 30 de septiembre, cuando se revisará la situación. Al anunciar la medida, Ofgem explicó que es necesaria para hacer frente a «un aumento récord de los precios mundiales del gas en los últimos seis meses», provocado por un auge de la demanda tras la pandemia y exacerbado por la guerra de Ucrania. El organismo calcula que la subida del tope máximo afectará a unos 22 millones de personas, en especial a aquellos sin contratos de tarifa fija (hoy ya minoritarios), aunque algunos proveedores podrían decidir mantener sus precios por debajo del límite oficial.
La invasión de Ucrania paraliza las líneas de tren que unen China y la UE. Los operadores se ven obligados a enviar la mercancía por mar mientras que las navieras prevén un alza de precios y una caída de la oferta. Si en 2021, la principal causa fue el efecto acaparamiento de China, con el fin de garantizar las necesidades de consumo para 1.200 millones de habitantes, casi cuatro veces la población de toda la Unión Europea, este año el desencadenante la invasión de Ucrania por Rusia. El despliegue de las fuerzas armadas rusas en territorio ucraniano ha provocado la paralización de las líneas de ferrocarril que cruzaban Ucrania, mientras que las sanciones económicas internacionales a Rusia han provocado que el Gobierno ruso haya optado también por cerrar parte de esas rutas. 
A nivel empresarial, la UE ultima la aprobación de la ley que ‘atará en corto’ a las ‘big tech’. La Ley de Mercados Digitales (DMA, por su siglas en inglés), con la que Bruselas quiere frenar el poder de las big tech y facilitar la aparición de competidores más pequeños que no sean aplastados por empresas dominantes anticompetitivas, está a punto de ser aprobada por la UE. Esta norma, junto a la Ley de Servicios Digitales (DSA), que quiere obligar a las empresas tecnológicas a asumir más responsabilidad por el comportamiento ilegal en sus plataformas, cubriendo áreas como la privacidad y el uso de datos, y que también se prevé que salga pronto adelante, será la primera gran revisión de las leyes de la UE sobre internet en 20 años. Al parecer, el intenso lobby practicado por Google y otras grandes tecnológicas desde hace más de un año, no habría logrado modificar las nuevas reglas para evitar los abusos de posición de dominio. Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft cumplen con esas reglas, pero según el FT es probable que también incluya muchos más grupos de lo que se pensaba inicialmente, añadiendo sitios como Booking.com o el gigante de comercio electrónico Alibaba.
A nivel doméstico, los autónomos están en lucha contra los nuevos tramos que plantea el Gobierno. Lucha Autónoma, un colectivo nacional de trabajadores autónomos, convocó movilizaciones en ciudades de todo el país. Los asturianos, llamados a manifestarse en Oviedo y Gijón, tomaron la plaza de La Escandalera para protestar contra los nuevos tramos de cotización planteados por el Ministro José Luis Escrivá. “Nos oponemos tanto al sistema de tramos, que va en contra de cualquier justicia social y económica, como a los avances y las posiciones que se han ido conociendo del proceso de negociación”, destacan desde la plataforma.
Pasando al sector bancario, la banca cierra una de cada tres oficinas en los últimos cinco años. Los bancos cierran 9.700 sucursales desde 2016 hasta contar con 19.300 establecimientos.
Las oficinas bancarias se encuentran en pleno proceso de extinción. Hasta no hace mucho España era el país que más sucursales bancarias y bares tenía por habitante. Primero, la crisis financiera de 2008 obligó a reestructurar la red. Luego, la digitalización del negocio y los bajos tipos de interés llevaron a los bancos a bajar la persiana en las sucursales para ahorrar en gastos y durante el último año la crisis sanitaria del Covid-19 se ha llevado por delante aparte de una red cada vez menos extensa. El caso es que en los últimos cinco años la banca española ha cerrado el 33,4% de las sucursales, lo que supone una de cada tres, según los últimos datos del Banco de España. En concreto, entre 2016 y 2021 los bancos cerraron 9.700 oficinas hasta dejar su red comercial en 19.338 sucursales. El Mediterráneo y las provincias al noroeste de la península han sido las zonas geográficas más afectadas. En ese sentido, Cataluña y Castilla y León se vieron especialmente castigadas, con siete provincias en las que el cierre de oficinas ha estado por encima del 40%. De hecho, en Tarragona el repliegue ha sido más intenso, ya que desde 2016 han echado el cierre más de la mitad de las oficinas (50,1%) hasta quedarse con 224. En Girona han bajado la persiana 209 sucursales (el 45,5%). En Palencia y Barcelona el recorte de oficinas ha sido del 44,1%, mientras que en Zamora del 43,5%, en Salamanca el 41,5% y en León del 40,9%. Además, en otras 13 provincias el cierre de sucursales se ha situado por encima de la media nacional: Valladolid (38,8%), Alicante (38,5%), Lleida (38,3%), Valencia (37,8%), Castellón (37,5%), Pontevedra (-36,5%), Murcia (36,4%), Madrid (35,9%), Almería (35,6%), A Coruña (35,3%), Islas Baleares (34,8%), La Rioja (34,1%) y Burgos (33,4%) Por su parte, en las zonas del centro del país el recorte ha sido más suave. En 15 provincias el cierre de sucursales ha estado por debajo de la media (Bizkaia, Ávila, Segovia, Álava, Málaga, Córdoba, Soria, Zaragoza, Toledo, Navarra, Huelva, Ciudad Real, Jaén, Granada y Badajoz). Además, en Huesca el cierre se ha situado por debajo del 20%. En Teruel han cerrado el 14,8% de las sucursales, en Albacete el 12,9% y el Cuenca tan solo el 9,7%.
El transporte de viajeros también se moviliza y el de carga pone en jaque al país. Unesid habla de una crisis de extrema gravedad. Asociaciones del taxi, de vehículos de alquiler, empresas de ambulancias y autobuses de transporte discrecional se suman a las protestas de los transportistas de mercancías contra la subida de precios en el combustible. Representantes de estos colectivos, bajo el paraguas del departamento de viajeros del Comité Nacional de Transportes por Carretera (CNTC), serán escuchados por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Presionan para ser incluidos en la rebaja en el litro de gasoil, y la extensión a la electricidad y gas, que el Gobierno está articulando vía bonificaciones en el gasoil profesional para el transporte pesado. Otro gran segmento del sector, el del reparto de paquetería que agrupa la patronal UNO, está a la expectativa de los detalles que el Ministerio de Transportes se ha comprometido. Habrá 500 millones en bonificaciones, pero se desconoce la bajada que experimentará el gasoil, el periodo de aplicación, y si esta alcanzará a vehículos ligeros. La incertidumbre ha hecho que federaciones de transportistas como Fenadismer, Fetransa y Feintra decidieran en la noche del lunes sumarse a un paro que ya convoca al 65% de los vehículos. Sus motivos no son exactamente los mismos que los que llevaron a la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera a llamar a la movilización. Inmersas en la CNTC que ha negociado las rebajas en el gasoil con el Gobierno, Fenadismer reacciona a la falta de concreción de las iniciativas. Los pequeños transportistas de la Plataforma, por su parte, se quejan de trabajar a pérdidas y demandan una revisión del sistema de contratación de estos servicios. Impuesto de hidrocarburos. Los productores y exportadores de frutas y hortalizas temen que el paro en el transporte pueda tener un “impacto muy grave” en su actividad si no hay corredores seguros para el tránsito por carretera. Esta posible solución mientras dura el conflicto también ha sido demandada desde el Partido Popular, que sugirió al Gobierno la intervención del Ejército para garantizar la seguridad, si fuera necesario.
A nivelo local, cabe mencionar que Arcelor Mittal paró esta semana su línea de producción de hojalata a causa de la huelga del transporte. Una parada que ya había sido anunciada por la compañía a finales de la semana pasada y que justificaba por la falta de suministros. La siderúrgica vive un momento complicado en Asturias por tres factores: los elevados costes energéticos, el cierre patronal de los transportistas y el conflicto interno por la gestión del contrato relevo, que ha llevado a paros intermitentes de una parte de la plantilla bajo el amparo de los sindicatos CC OO y CSI. Los precios de la electricidad ya obligaron a parar el lunes el taller de alambrón, una desconexión a la que se ha sumado la acería de Gijón y el tren de carril. Estas paradas causadas directa o indirectamente por la escalada de los precios llevarán, previsiblemente, a regulaciones temporales de plantilla, como ya ha reconocido la compañía. En principio, Arcelor pretende negociar los ajustes de empleo planta a planta. Desde CC OO señalaron estar abiertos a negociar un ERTE con la dirección de la empresa. Por otra parte, también empieza la inversión en la línea 1 de galvanizado, cifrada en unos 10 millones de euros, para poder producir Magnelis, acero especial para estructuras solares.
Desde luego, son malas noticias para la industria nacional y local. Urge un control en esta escalada de precios que afecta tanto a personas físicas como jurídicas.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.