En esta semana los índices de renta variable europeos y americanos han seguido con subidas generalizadas (+3,3% EuroStoxx50 y +2,3% S&P500) acompañados de un dato de IPC en línea con lo esperado, no dando lugar a gran volatilidad. Además, la apertura de las fronteras en China ayudaba a que continúe la senda alcista que llevan las bolsas desde el inicio del año. Por sectores, Tecnología encabezaba las subidas de la semana, mientras que, en materias primas, el petróleo se anotaba una subida del 8,2%.
En el caso de EE.UU. el dato de inflación de diciembre reafirmaba al mercado en que hemos visto el pico de inflación y que está en modo de desaceleración, aunque en la parte de servicios, y en particular vivienda vemos que continúa habiendo mucha tensión, lo que provocaba bastante volatilidad en torno a la publicación del dato. Así, el IPC con su moderación en diciembre (6,5% vs 7,1% ant) y con una caída con respecto noviembre del -0,1%, gracias a unos costes de energía a la baja, que hacían ver la primera caída mensual en más de dos años.
Por lo que se refiere a la Reserva Federal, la semana cargada de intervenciones en la que Powell evitaba hacer referencia a los próximos movimientos de política monetaria, lo que aliviaba al mercado, que temía que podíamos tener una intervención dura para seguir conteniendo las expectativas de inflación. Por otro lado, distintos miembros apuntaban a que la FED podría reducir la intensidad de la subida de tipos a 25pb en la próxima reunión. Harker, esperaba que la FED lleve a cabo varias subidas adicionales de intensidad convencional durante el 2023, hasta alcanzar un nivel ligeramente superior al 5%. Collins, se decantaba por reducir la intensidad de las subidas tras la reunión del 1 de febrero a un cuarto de punto porcentual y Bullard declaraba que la última lectura de inflación está en la dirección correcta y que 2023 será un año de desinflación, aunque la trayectoria será volátil y requerirá que los tipos de interés permanezcan en niveles suficientemente restrictivos durante más tiempo.
Pasando al BCE, a la autoridad monetaria europea, por un lado, teníamos el dato de las expectativas de inflación de los consumidores de la Eurozona a corto y medio plazo, que caían en noviembre de acuerdo a la encuesta del BCE, situando las expectativas a un año a +5% (vs +5,4%oct) y a tres años a +2,9% (vs +3%ant). Por otro lado, las declaraciones esta semana iban más marcadas por el mensaje de que más subidas son necesarias y de mayor intensidad a la convencional en las próximas reuniones, al hilo del debate generado en el seno del Consejo por las controvertidas declaraciones de Centeno que apuntaban a que el fin del ciclo del «tightening» está próximo.
En lo relativo al titular del blog en el día de hoy, destaco que el BCE propone regular las criptomonedas sin respaldo como juegos de azar. El 12% de la población española tiene monedas digitales, que ya mueven en torno a 60.000 millones de euros en España y 2,5 billones de dólares en el mundo.
“La regulación debe reconocer la naturaleza especulativa de las criptomonedas sin respaldo y tratarlas como a juegos de azar”. Así calificaba Fabio Panetta, miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), a las monedas digitales. Para él, carecen de valor intrínseco y son “una apuesta disfrazada de inversión” y llama a los reguladores a actuar con contundencia. “La gente siempre ha apostado de muchas maneras diferentes”, señala, “en la era digital es probable que las criptomonedas sin respaldo sigan siendo un vehículo para los juegos de azar”. Con estas palabras, Panetta busca no abandonar a quienes han destinado parte de sus ahorros en invertir en estos activos, que ascienden a 845.000 millones de euros en criptoactivos en Europa y exige una fiscalidad más contundente con el sector: “Deben ser gravados de acuerdo con los costes que generan a la sociedad”, apunta. El FMI estima la capitalización del mercado de criptomonedas en 2,5 billones de dólares. De ellos, unos 60.000 millones de euros se circunscriben a España, según el “Informe de Primavera 2022” publicado por el Banco de España. Unos 5,7 millones de españoles posee criptoactivos, un 12% de la población total de España. Según este mismo documento, las monedas digitales suponen el 4,8% del PIB y un 2,7% de todos los activos financieros que se movieron durante el 2021 en España. El país es la quinta economía por volumen de transacciones de criptoactivos de Europa, por lo que también se convierte en uno de los mayores blancos para los estafadores que operan con monedas digitales. “Pueden utilizarse para la evasión fiscal, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la elusión de sanciones”, describe el miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central, “también tienen altos costos ambientales”. Y de hecho, las estafas de criptomonedas no dejan de sucederse. Según la plataforma de datos de blockchain Chainalysis, se estima que los estafadores robaron unos 14.000 millones de dólares en criptodivisas en 2021 en todo el mundo. Solo en España, más de 400.000 españoles han sido víctimas de estos fraudes. A España también han llegado las estafas masivas con monedas digitales. La última de ellas fue descubierta por la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra en noviembre: se estima que 17.000 personas han sido víctimas de una organización criminal ubicada en Albania que conseguía unos 400 euros por minuto. A partir de llamadas telefónicas que prometían grandes beneficios con inversiones iniciales de 250 euros, los estafadores consiguieron hasta 2.400 millones de euros. En verano se intervinieron alrededor de 70 páginas web fraudulentas de venta multiproducto que afectó a unas 4.000 personas y obtuvieron unos 2,5 millones de euros. Actualmente la Audiencia Nacional mantiene abiertas cuatro macro-investigaciones que sumarían un fraude superior a los 1.500 millones de euros. Las estafas siguen varios patrones. A veces se utiliza el ‘esquema ponzi’, donde los perjudicados creen que las ganancias provienen de una actividad legal, pero tienen origen en otros inversores engañados. Este es el caso de uno de los mayores estafadores en España, deternido en Valencia a comienzos del 2022, al que se le imputó 7 delitos de estafa y blanqueo de capitales. En otros casos, las criptomonedas se utilizan para blanquear capital de otras actividades ilícitas. Un ejemplo es el grupo de narcotraficantes detenido en Sevilla en febrero de 2022 que blanqueaba sus ganancias derivadas del transporte de cocaína a partir de las monedas digitales. Los estafadores también recurren a técnicas conocidas, como el ‘phishing’, que manipula a sus víctimas bajo la apariencia de fuentes de confianza para obtener sus datos personales. A finales del 2021, la Guardia Civil desarticuló una red que se valía de este método para conseguir hasta 600.000 euros de unos 106 perjudicados que después invirtieron en criptomonedas. Y los fraudes también se sirven de la novedad, como la creación de una nueva moneda virtual. Es el caso del token “Holdlife”, que sustrajo más de medio millón de euros a un millar de afectados.
Cambiando de tercio, las eléctricas presionan a Ribera para cambiar quién paga la ‘excepción ibérica’ hasta 2025. Las compañías quieren que el Gobierno aproveche la ampliación del tope al gas para introducir reformas y evitar la distorsión de cargar a clientes con contratos fijos el coste de compensar a las centrales de gas. El Gobierno quiere blindarse frente a grandes subidas del precio de la luz mientras dure la crisis energética. Y la forma más fácil, hasta que la Unión Europea acceda a revolucionar la actual regulación del mercado eléctrico mayorista, pasa por mantener el actual mecanismo de tope al gas que se aplica en el mercado español durante los próximos años. La vigencia de la denominada ‘excepción ibérica’ -el límite al precio de gas que se utiliza para producir electricidad que se aplica en España y Portugal- expira el próximo 31 de mayo, pero el Ejecutivo español quiere extenderla al menos hasta final de 2024 y va a solicitar a la Comisión Europea permiso para prolongarla. Las grandes eléctricas admiten que el mecanismo ideado por el Gobierno ha servido para contener el precio de la luz en el mercado mayorista durante los últimos seis meses, desde que entró en vigor el pasado 15 de junio. Pero las compañías advierten de que una medida intervencionista de este tipo sólo tiene sentido si es estrictamente temporal y mantenerla durante otros dos años pone en cuestión su carácter excepcional. Desde el sector eléctrico se reclama que el Gobierno aproveche la petición a Bruselas de extensión de la vigencia de la excepción ibérica para incluir cambios en su funcionamiento, fundamentalmente reformas sobre cómo se reparte quién paga el coste adicional que supone tener activado un tope al precio del gas y que seguirá engordando si se mantiene el mecanismo hasta 2025.
Y es que desde las compañías eléctricas se viene denunciando la “distorsión” que supone la excepción ibérica para el funcionamiento del mercado minorista de luz, dado que el coste millonario de compensar a las centrales de gas para que cobren a pesar del tope lo que les cuesta producir la electricidad lo están pagando también clientes que tenían contratada una tarifa que les daba derecho a un precio fijo y que ahora se ha convertido en variable por el sobrecoste que se les aplica.
La ‘excepción ibérica implica imponer un un precio máximo al gas que se utiliza para producir electricidad (de 48,8 euros por MWh de media durante un año) para rebajar la cotización del conjunto del mercado eléctrico al conseguir que el precio del gas no contamine el del resto de tecnologías de producción. Pero la electricidad producida por las centrales se sigue pagando a su precio real para que no produzcan con pérdidas, así que perciben una suerte de compensación que pagan los clientes que se benefician de la bajada general del precio del mercado mayorista.
Desde el mismo día de entrada en vigor del mecanismo, el sobrecoste de las centrales de gas lo empezaron a pagar los clientes con tarifa regulada. Y de manera progresiva esa compensación se ha ido asumiendo también por los clientes del mercado libre cuando han ido actualizando las condiciones de sus tarifas al renovar o cambiar su contrato. Es precisamente este traslado de un sobrecoste variable (dependiendo del precio del gas y de cuánto se utilicen las centrales de gas) a clientes con tarifas que tenían pactado un precio fijo lo que las grandes eléctricas consideran una distorsión comercial inasumible y presionan al Gobierno para eliminarlo.
Por su parte, Ayuso denunciará al Constitucional el nuevo impuesto a las grandes fortunas. El recurso se interpondrá en enero y también se pedirá la suspensión cautelar. Con esto sigue los pasos de Andalucía. Ayuso considera que el gravamen temporal, diseñado por el Ministerio de Hacienda para anular las bonificaciones y descuentos de varias autonomías en el impuesto sobre el patrimonio, «invade las competencias autonómicas en materia fiscal, genera inseguridad jurídica y vulnera la lealtad institucional.» El recurso se interpondrá antes de que termine el mes de enero, aunque previamente se solicitará la suspensión cautelar. Para la presidenta, según explica el Ejecutivo regional en una nota, “no hay justificación” para crear este impuesto. Por un lado, se «ignora» la Constitución en relación a la arbitrariedad de los poderes públicos, a las competencias autonómicas y al principio de igualdad. Por otro, la nueva figura impositiva se lanza en «un momento en el que el Gobierno está recaudando de manera histórica, con unos ingresos tributarios récord que podrían cerrar el año en torno a los 250.000 millones de euros.
Finalmente comentaré que España propondrá a Bruselas sacar el gas del mercado mayorista europeo. El Gobierno remite su propuesta para el debate que se iniciará en primavera sobre la reforma del ‘pool’ electrico. Esta propuesta, incluida en un informe que analiza el Gobierno en su reunión de esta pasada semana, es la primera que envía un Estado miembro a la Comisión Europea sobre la citada reforma y coincide con la solicitud de España de que se extienda hasta fin de 2024 la llamada excepción ibérica, que impone en la Península un precio tope a la generación eléctrica con gas y caduca en junio. Ese es el plazo que el Gobierno prevé para alcanzar un consenso para la reforma del mercado marginalista.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.