En esta pasada semana, los índices de renta variable europeos y americanos interrumpen las subidas de la semana previa, registrando bajadas semanales (-1,4% EuroStoxx50 y -1,3% S&P500), acompañados por la preocupación sobre los próximos movimientos de la FED, tras el buen dato de empleo del viernes pasado.
Ha sido una semana cargada de intervenciones con el foco puesto en la intervención de Powell, el martes, para ver si movía el mensaje tras el fortísimo dato de empleo del mes de enero conocido el pasado viernes. Tras Powell han hablado varios miembros de la FED, todos ellos replanteándose la necesidad de ajustar más la política monetaria tras el dato de empleo de enero, alguno hablando de llevar los tipos a niveles del 6%.
Al otro lado del mundo, el Gobierno japonés analiza cambiar al presidente de su banco central. El principal candidato, es Masayoshi Amamiya, actual vicegobernador del Banco de Japón. El Gobierno japonés está estudiando la posibilidad de que Masayoshi Amamiya, vicegobernador del Banco de Japón (BOJ), suceda a Haruhiko Kuroda como jefe del banco central. Funcionarios del gobierno y de la coalición gobernante han mantenido conversaciones con Amamiya. Se anticipó una nominación para principios de este mes, y el cambio de liderazgo inminente podría marcar el comienzo de ajustes en la política monetaria después de años de un estímulo total. El mercado especula con la posibilidad de que esos cambios vendrían de la mano de un nuevo gobernador.
Calviño trabaja en la aprobación de las reglas fiscales durante la presidencia española del Consejo. España suma fuerzas junto a Portugal e insta a la Comisión a presentar un proyecto para poder aprobarlo en la segunda parte del año. En efecto, España ya está comenzando los preparativos para su presidencia del Consejo Europeo. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se reunió esta pasada semana en Madrid con su homólogo portugués, Fernando Medina, para abordar los desafíos que España gestionará durante su liderazgo de los 27 en la segunda mitad del año. Particularmente, en lo referente a la negociación de la reactivación de las reglas fiscales europeas. Calviño ha insistido en que la Comisión Europea presente sus propuestas concretas para que se pueda encauzar un acuerdo lo antes posible, es decir, durante la presidencia española del Consejo.
El trasvase masivo de clientes de gas acelera: 200.000 hogares cambian a la tarifa subvencionada en un mes. Las ayudas millonarias del Gobierno a las tarifas reguladas provoca un vuelco comercial histórico en el sector del gas natural. Las grandes energéticas siguen registrando un trasvase masivo de clientes hacia las tarifas reguladas de gas natural por las ayudas activadas por el Gobierno para bajar la factura en plena crisis energética. Los traspasos de contratos no sólo no frenan tras la avalancha inicial de los últimos meses, sino que incluso se intensifican en lo que va de año. Las principales gasistas, obligadas a ofrecer las diferentes tarifas reguladas (denominadas tarifas de último recurso, TUR), están atendiendo un auténtico alud de peticiones para saltar al negocio regulado. Un vuelco comercial total frente a la tendencia de los últimos años en que las tarifas reguladas tenían una cartera de clientes menguante mientras engordaba la de las tarifas del mercado libre.
Yendo a lo que destaco en el blog, en el día de hoy, las nucleares meten prisa al próximo Gobierno: deberá decidir en 2024 si retrasa el cierre de las centrales. Las eléctricas dueñas de las centrales y el Consejo de Seguridad Nuclear coinciden en que hacen falta tres años de trabajos previos para prolongar el permiso de un reactor. | El calendario de clausuras pactado entre las energéticas y el Gobierno contempla que Almaraz será la primera central en cerrar en 2027. El Gobierno pactó en 2019 con las grandes eléctricas un calendario para el cierre progresivo de todas las centrales nucleares que conducirá al apagón atómico total en el país. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP contempla una clausura escalonada de las plantas que arrancaría en 2027 y culminaría con el último el cierre en 2035. Mientras que PP, Vox y Ciudadanos han estado metiendo presión para revisar el calendario de cierre para alargar los plazos en plena crisis energética el Ejecutivo se muestra firme defendiendo mantener sin cambios las fechas de clausura acordadas y subrayando que ni ninguna compañía ha transmitido su voluntad de cambiar los plazos ni retrasar el cierre es una solución para atender las urgencias provocadas por la anterior crisis.
Entretanto, las propias nucleares rehúyen hasta el momento el choque directo con el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la posibilidad de prolongar la vida de las centrales. Desde el sector nuclear sí que se se apunta, no obstante, que no hay imposibilidades técnicas para que las centrales funcionen más allá de las fechas previstas, pero adviertiendo de que sólo lo harán si se garantiza su viabilidad. Esto es, las compañías eléctricas no se oponen a seguir operando sus reactores si se les garantiza la rentabilidad con algún tipo de retribución estable o ingresos fijos, y también con menos impuestos que los que asumen actualmente. El Ejecutivo ha transmitido a la Comisión Europea una propuesta de reforma de la regulación comunitaria del mercado mayorista de la electricidad con el objetivo de dejar en actual sistema de fijación diario de precios variables a las centrales de gas y carbón, mientras que las nucleares, la hidráulica y las renovables pasarían a tener un precio fijo durante años mediante contratos con el sistema eléctrico. Bruselas trabaja en su propio plan de reforma del mercado eléctrico para combatir la volatilidad de los precios energéticos, y el Gobierno español presiona para acelerar los cambios con el objetivo de tener un acuerdo europeo este mismo año o a principios del próximo. A la espera de ese eventual acuerdo comunitario y de conocer los términos de esa futura reforma con la que se busca dominar los vaivenes de los precios eléctricos, las nucleares advierten de que los plazos para decidir si se revisa el calendario de cierres de las centrales no son ilimitados y si se quiere retrasar las primeras clausuras la decisión no puede demorarse.
Y para finalizar, una mala noticia. Para Cataluña especialmente: la fuga de empresas no cesa en Cataluña. Pierde 181 en 2022 y Madrid gana 191.
El año pasado, 4.935 compañías trasladaron su sede social de una región a otra, de las que 1.645, un tercio del total, eligieron Madrid. Cataluña registró el saldo negativo más elevado y pierde ya 6.300 empresas desde el inicio del ‘procés’ en 2012. La inestabilidad política e institucional, aderezada con unos impuestos elevados, es el caldo de cultivo perfecto para ahuyentar a la inversión y mantenerla alejada. Ha pasado una década desde que Artur Mas diera el pistoletazo de salida al procés y, de momento, nada bueno ha traído para el país. Me refiero a España.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.