Esta semana ha destacado por varias noticias. La primera de ellas, las claves del nuevo trimestre: a merced de los tipos, los bancos y el miedo a la recesión- Los resultados empresariales, las dos citas del BCE y la Fed, y la marcha del crédito bancario fijan la atención de los inversores.
Las inquietudes y los problemas vividos en el mundo económico y del dinero en el primer trimestre del año siguen vivos en este segundo que acabamos de estrenar. La inflación no se acaba de encauzar, los tipos al alza siguen amenazantes y el melón abierto por la crisis bancaria en Estados Unidos y Suiza puede ofrecer nuevos episodios convulsos a los mercados. Y, además, el escenario bélico en Europa continúa muy presente con la guerra de Ucrania.
Cuál será la resistencia de la economía y, muy especialmente de los bancos, a estos tipos altos tras casi una década de precio del dinero regalado se muestra como una incógnita que tiene su escenario más negativo en la recesión. De ahí que la pericia de los bancos centrales en manejar esta complicada situación resulte clave, tanto en los movimientos sobre los tipos como en el manejo de la liquidez.
En el escenario geopolítico, con la entrada de China como mediador del conflicto entre Rusia y Ucrania, cualquier acuerdo sería muy bien recibido por el mercado. También el G-7 se reunirá el 19 y 21 de mayo en Japón. Otra incógnita que se cierne sobre este trimestre es el precio del petróleo después del reciente acuerdo de reducción de producción en la OPEP. Cualquier tensión al alza en el crudo daría marcha atrás a buena parte de los avances frente a la inflación, y habrá que estar pendientes de la cita del cartel que se celebrará el 4 de junio. Y el trimestre terminará con la reunión del Consejo Europeo, en la que se esperan novedades en política energética y en relación a los fondos europeos. El 1 de julio comenzará la presidencia de España en el Consejo de la UE.
Lo que destaco como titular del blog en el día de hoy es el hecho, de que se ha cuantificado el ahorro de la banca en la no aplicación de los intereses de pasivo como debiera. En concreto, la banca española se ahorra 1.500 millones al no remunerar el ahorro como otras entidades europeas. Los hogares dejan de percibir 924,16 millones de euros por tener unos tipos de interés sobre el pasivo menores, según datos del BCE. Las sociedades no financieras dejan de obtener una remuneración de 547,97 millones de euros.
El ahorro total (1.472,13 millones de euros) se ha obtenido calculando los diferenciales de tipos de interés de las entidades de España y la zona euro del mes de febrero tomando como referencia los pasivos en el balance para ese mismo mes. Como tanto los depósitos como el interés fluctúan cada mes del año, la cantidad que se ahorran las entidades españolas puede variar en el conjunto del ejercicio. Según los datos del BCE, los hogares españoles contaban con 925.500 millones de euros en depósitos a la vista en el segundo mes del año. La menor remuneración de España (0,08%) frente a Europa (0,12%) supone que las familias españolas dejan de percibir 370,2 millones de euros. Mucho más elevados son los diferenciales en los depósitos a plazo. En los depósitos hasta dos años, las entidades españolas ofrecen un interés del 0,30%, mientras que las europeas, un 1,07%. Dado que las familias españolas tenían 60.000 millones en este tipo de producto de ahorro, la menor remuneración de los bancos de España implica que los hogares recibieron 462 millones menos de remuneración.
Siguiendo con la banca pero otra temática. La banca deja a 121 municipios más sin oficina pese a los planes de inclusión financiera. El 57% del territorio español está desierto de sucursales bancarias. Encontrar una oficina bancaria en la España rural es cada vez más complicado. En el último año, las entidades dejaron sin sucursal a 121 municipios más pese a los planes acordados junto al Gobierno para la inclusión financiera de colectivos vulnerables. Según los últimos datos que publica el Banco de España, en total ya son 4.618 pueblos, de los 8.131 que se distribuyen a lo largo del territorio nacional, los que carecen de oficina bancaria. Esto supone que en más de la mitad del país (el 57% de los municipios) no se puede acceder a los servicios financieros de forma presencial.
La cifra de cierres de oficinas en 2022 se ha visto condicionada porque en el último año Unicaja acometió gran parte de su plan de reestructuración de la red tras la fusión con Liberbank. Igualmente, hay que tener en cuenta que la entidad andaluza mantiene con su marca oficinas bajo el régimen de franquicia, a través de agentes financieros. En la práctica, supone que en algunas poblaciones sí existen puntos físicos en los que se prestan servicios financieros básicos, a través de estos agentes, pero no figuran en los registros de estadísticas del Banco de España porque no son sucursales como tal. En cualquier caso, el repliegue de oficinas bancarias en la llamada España vaciada ha sido constante en los últimos años. Las reestructuraciones debido a la continua digitalización del negocio y los planes de ahorro de costes en la época de los bajos tipos de interés han dejado una escuálida red. En ese proceso, las provincias de la mitad norte de la península y las del mediterráneo han sido las más castigadas y cada vez cuesta más encontrar establecimientos financieros en el territorio. En cambio, en la mitad sur, las islas y Galicia, el parque se ha mantenido más estable. La comunidad autónoma que más ha sufrido el cierre de sucursales es Castilla y León, ya que en la mayor parte del territorio no hay ninguna sucursal. De hecho, las nueve provincias castellano-leonesas se ubican entre las diez primeras con mayor porcentaje de municipios sin oficina bancaria. Palencia es la provincia con mayor tasa de municipios sin sucursal (91,6%). En Zamora (89,5%), Salamanca (89,5%), Ávila (86,7%), Valladolid (86,2%), Soria (84,7%), Burgos (84,4%) y Segovia (81,3%) la tasa de pueblos sin oficinas es superior al 80%. León se sitúa cerca, con el 78,2%. Para paliar esa brecha, las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc crearon el Observatorio de Inclusión Financiera. Se trata de una iniciativa con el objetivo de detectar los problemas que afrontan los colectivos más vulnerables a la hora de acceder a los servicios financieros para diseñar medidas de ayuda.
Nunca me deja de sorprender Escrivá que confía en que la mitad de los trabajadores retrasen su jubilación tres años para cuadrar las cuentas de su reforma- El economista Miguel Ángel García critica que los responsables de Seguridad Social hayan basado los cambios normativos en “hipótesis de muy improbable cumplimiento”. La reforma de pensiones recientemente aprobada por el Gobierno y por casi todos sus socios de investidura en el Parlamento sigue despertando las críticas de una buena parte de los expertos conocedores de la Seguridad Social. La última de estas críticas se suma a la de organismos públicos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) , Banco de España; o privados como Fedea, Funcas, BBVA Research o el Instituto de Actuarios y está entre las más severas. Se trata del documento «La Reforma del sistema público de pensiones en 2022 y 2023. Contenido y posibles efectos» del economista Miguel Ángel García, profesor colaborador de la Universidad Rey Juan Carlos, investigador de Fedea y ex director de ordenación de la Seguridad Social, publicado por el Instituto Santa Lucía.
En este crítico análisis, García considera que la reforma aprobada apuesta por la suficiente cuantía de las pensiones a costa de empeorar la equidad personal y entre generaciones y, a pesar de ello, “es incompleta” porque necesitará medidas adicionales en un plazo corto de tiempo –que él calcula ya desde 2025– que deberán adoptar los futuros Gobiernos. Pero lo que este economista experto en Seguridad Social considera lo “más nocivo” de la reforma es “la utilización de previsiones extraordinariamente optimistas de gasto e ingresos, muy difíciles de cumplir, que han hecho perder un tiempo muy valioso para aplicar de forma progresiva medidas correctoras”.
Con ello, este experto en Seguridad Social se refiere a dos parámetros utilizados por el equipo del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para cuadrar las cuentas de su reforma de pensiones y que García califica de “hipótesis (casi deseos) de muy improbable cumplimiento”, algo que también ha sugerido la Airef en su última opinión sobre las cuentas públicas. En concreto, se refiere a la reducción del gasto en pensiones derivada de los incentivos a la jubilación demorada aprobados en la primera parte de la reforma y a la elevada tasa potencial de crecimiento del PIB.
Así, para conseguir una reducción del gasto en pensiones en 1,5 puntos de PIB en 2050 por el aumento previsto de las jubilaciones demoradas debido a los incentivos aprobados, Escrivá habría estimado un cambio de comportamiento de más de la mitad de los futuros pensionistas (del 55% de ellos) que decidirían voluntariamente retrasar su jubilación tres años, accediendo al retiro a los 68 años. También la Airef ha llamado la atención sobre este punto al advertir “que el resultado final de esta reforma depende fundamentalmente de que los trabajadores y empresas modifiquen su comportamiento actual (respecto al momento de jubilarse), por lo que el impacto podría variar entre 0,2 puntos si solo un 10% opta por la demora en la edad de acceso a la jubilación y hasta 1,5 puntos si más del 55% se acoge a la demora de la jubilación”.
Por tanto, el Ministerio habría utilizado en sus cálculos el punto máximo de ahorro dentro del abanico posible. Esta cuantificación dice estar apoyada en el contenido de la memoria de análisis de impacto normativo de la ley 21/2021 (primera fase de la reforma de pensiones) basada en una encuesta realizada por el equipo de Escrivá y que no ha sido enteramente publicada.
Yo habría hecho lo mismo, la verdad. No tengo pensado jubilarme antes de esa edad, de hecho, no antes de los 70 así que según que casos, la hipótesis no es tan desacertada.
Y cerrando con un tema triste: La apuesta por las energías renovables de España se topa con la escasez de agua. Los especialistas advierten de que el país padece una falta estructural de este recurso natural que se verá agravada por los efectos del cambio climático, pese a lo cual España aspira a convertirse en una referencia internacional en la industria. La fiebre del hidrógeno verde y las energías renovables ha llegado a España con fuerza y mucho dinero detrás. El Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre un PERTE de Energías Renovables e Hidrógeno Renovable que movilizará hasta 16.300 millones de euros en los próximos años para impulsar esta industria. El objetivo de estos planes, financiados con fondos europeos, es ser una palanca para la reindustrialización de la economía española. Algunos ejemplos de este despliegue son la inversión de 2.000 millones de BP para producir hidrógeno verde en su refinería de Castellón, el Valle andaluz del hidrógeno verde de Cepsa con una inversión de 3.000 millones o el Valle del hidrógeno verde de Cataluña, donde hay inversiones por valor de 1.200 millones. Otra de las grandes apuestas de futuro es el coche eléctrico. Sagunto, en la Comunidad Valenciana, ha conseguido hacerse con una inversión de 4.500 millones para levantar una gigafactoría de baterías. Pero todos estos planes pueden verse limitados por la escasez de agua, un sempiterno problema de los territorios al sur de Europa que se acentúa con el cambio climático.