La última encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales (AAII) refuerza el optimismo bursátil de los pequeños inversores. Las recompras de acciones están ayudando. Las bolsas siguen marcando máximos anuales con el IBEX 35 divisando ya los 10.000 puntos. Analizando el mercado, con los flujos de capitales que se han dirigido a la renta variable, hay un aspecto a destacar que está detrás de este último tramo de subidas, y que se ha comentado poco: las recompras de acciones. Desde la finalización del blackout de la recompra de acciones, tras las publicaciones de resultados, se ha alcanzado en estas últimas semanas el nivel más elevado de todo el ejercicio. Ello también puede ser debido a que muchas instituciones y empresas hacen cierres contables anticipados y pueden finalizar el año desde la perspectiva de las inversiones en los mercados a 30 de noviembre, en lugar de 31 de diciembre. Veremos si toda esta anticipación no desangela la estacionalidad propiamente dicha del rally de Navidad que se da en diciembre.
Por otro lado, el ministro alemán de Finanzas anticipa recortes en los programas de incentivos económicos tras el fallo del Constitucional.
El ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, afirmó esta pasada semana que será necesario realizar recortes en los programas de incentivos coyunturales después de que el Tribunal Constitucional alemán falló que el uso de créditos extraordinarios vinculados a la pandemia para este fin no se ajusta a derecho. En el futuro faltarán recursos financieros estatales que estaban previstos para la renovación de la economía y la infraestructura. Las consecuencias inmediatas de la decisión, que ha obligado al Gobierno a congelar temporalmente el presupuesto extraordinario conocido como Fondo para el Clima y la Transformación, son «duras», reconoció el ministro liberal. No obstante, aseguró que a largo plazo la situación tiene «ventajas», ya que ahora el Ejecutivo se verá «obligado a modernizar la economía con menos subvenciones estatales» y a «hacer con menos dinero una política más efectiva». La decisión anunciada por el Tribunal Constitucional supuso un duro varapalo para el Gobierno alemán encabezado por el socialdemócrata Olaf Scholz. El año pasado, éste había transferido 60.000 millones de euros sin gastar de deuda vinculada originalmente a la pandemia a un fondo para financiar eminentemente la transformación verde, bajo el argumento de que era necesario compensar las inversiones perdidas por los efectos del Covid sobre la economía. No obstante, la corte con sede en Karlsruhe (sur) halló que el traspaso de recursos de un fondo a otro de forma retroactiva no estaba lo suficientemente legitimado y contravino el principio de anualidad del presupuesto. El fallo probablemente obligará al Ejecutivo a reponer los fondos ya gastados en subvencionar el precio de la electricidad o el saneamiento de edificios, entre otros, y a recortar o a buscar fuentes de financiación alternativas para el resto de medidas proyectadas.
Por su parte, Reino Unido anuncia 110 medidas para relanzar su economía y entre ellas se encuentran rebajas fiscales, incentivos y una apuesta firme por la IA. El canciller británico, Jeremy Hunt, responsable de la Hacienda del Reino Unido, ha anunciado esta pasada semana ante el Parlamento una batería de 110 medidas, incluyendo rebajas fiscales y otras medidas de estímulo, con un impacto anual de 20.000 millones de libras (22.910 millones de euros), así como un recorte de las previsiones de crecimiento de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR). El ministro de Hacienda del Reino Unido ha presumido de que el conjunto de medidas anunciado representa “el mayor recorte de impuestos a las empresas de la historia moderna y el mayor recorte de impuestos jamás realizado para los trabajadores”. En conjunto, ha defendido que el impacto general de las medidas de crecimiento supondrá aumentar la inversión empresarial en la economía del Reino Unido en alrededor de 20.000 millones de libras anuales, por lo que se trataría “del mayor impulso jamás visto para la inversión empresarial en los tiempos modernos”, un paso decisivo para cerrar la brecha de productividad con otras grandes economías y la forma más efectiva de aumentar los salarios y el nivel de vida de las familias británicas. En este sentido, el canciller británico ha anunciado la simplificación del sistema tributario aplicado a los autónomos, así como una rebaja de las cotizaciones sociales para 27 millones de trabajadores del sector público y privado con una rebaja al 10% desde el 12% del seguro nacional para los ingresos entre 12.570 y 50.270 libras (14.400 y 57.587 euros), lo que se traducirá en un ahorro de 450 libras para un salario medio de 35.000 libras (40.094 euros). Por otro lado, Hunt ha anunciado que, a partir de abril de 2024, impondrá la condición de que cualquier empresa que presente ofertas para grandes contratos gubernamentales deberá demostrar que paga sus propias facturas en un plazo medio de 55 días, que se reducirá progresivamente hasta un máximo de 30 días.
Además, Sunak anuncia una futura bajada de impuestos a las empresas “seria y responsable”. El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha anunciado que su Gobierno bajará los impuestos a las empresas “a su debido tiempo” para estimular el crecimiento económico, pero que estos cambios se harán “cuidadosamente y de forma sostenible”. “Lo haremos de forma seria y responsable, basándonos en normas fiscales que garanticen la liquidez y se basen en las previsiones independientes de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria”, ha precisado el político, que ha añadido que la revisión impositiva requerirá “disciplina”. A pesar de que Sunak no ha proporcionado detalles, ha sostenido que el enfoque estará “muy centrado en la oferta (supply-side)”, por lo que estas rebajas afectarían al Impuesto de Sociedades más que al equivalente británico del IRPF. Sunak ha hecho énfasis en que se procederá “con cuidado” y cautela para evitar tensiones en los mercados similares a las vividas durante la presentación en 2022 del ‘minibudget’ de su predecesora en el cargo, Liz Truss, y que le costó el puesto. “Con el tiempo, podremos, y bajaremos, los impuestos”, ha declarado. El anuncio supone la “siguiente fase” después que el Ejecutivo del primer ministro conservador declarase la semana pasada que daba por cumplido su objetivo de reducir a la mitad la inflación este año, tras cerrar en octubre en el 4,6%. Así, se procederá a reducir la deuda, bajar impuestos, fomentar las energías renovables y a mejorar los estándares educativos del Reino Unido para recuperar el terreno perdido en las encuestas frente a la oposición laborista liderada por Keir Starmer.
Pasando al ámbito doméstico, el Gobierno está obligado a rehacer contratos de carreteras por 290 millones por la inflación. El Ministerio de Transportes se lanza a una revisión de los precios de dos de los tres contratos de mantenimiento preventivo de 1.515 km de carreteras convencionales. Se trata de un claro revés para el nuevo Ministro de Transportes y Movilidad, Oscar Puente. La Dirección General de Carreteras, el organismo dependiente del antiguo MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), está teniendo serias dificultades para ejecutar una de las últimas inversiones anunciadas por el Consejo de Ministros antes del final de la anterior legislatura: destinar 414 millones de euros para mejorar el firme de 1515 kilómetros de carreteras convencionales. En concreto, esta inversión estaba previsto que se estructurase en tres contratos de servicios diferentes, dependiendo la zona geográfica: el primero para Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura; el segundo para Aragón, Cataluña, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana; y el tercero para Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Madrid. Cada uno ha corrido, al menos por el momento, suertes diferentes. La licitación que involucra a las comunidades del arco Mediterráneo es la única de las tres que no ha sufrido cambios. La de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura ha aplicado una revisión de precios, mientras que la de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Madrid ha sido suspendida, a la espera de elaborar un nuevo pliego, previsiblemente elevando la cuantía económica que ofrece. En total, los contratos en jaque tienen un valor estimado de casi 290 millones de euros.
Yendo a lo que destaco en el blog en el día de hoy, S&P alerta de que la «fragmentación parlamentaria» puede frenar las reformas económicas. S&P Global Raitings ha alertado de que la «fragmentación parlamentaria» en España puede frenar las reformas fiscales y económicas, incluso en políticas críticas para garantizar que la deuda respecto al PIB siga una senda descendente. En una nota de que no supone una calificación, S&P Global señala que la «primera prioridad» del nuevo Gobierno será la aprobación unas cuentas para 2024, algo que obligará a tomar «decisiones difíciles», como la eliminación gradual de las «costosas» ayudas anticrisis «La flexibilidad fiscal de España ya se ha visto limitada por las decisiones del Gobierno (en la anterior legislatura)», indica la agencia de calificación, que señala en concreto a la revalorización de las pensiones respecto al IPC como responsable. Para S&P Global, la complicada geometría parlamentaria del nuevo Ejecutivo «podría limitar su capacidad para gobernar de manera eficaz y oportuna», así como para «abordar los retos económicos a más largo plazo», entre los que destaca el «déficit estructural» de la Seguridad Social y el «elevado» desempleo. Respecto a la pactada condonación parcial de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), S&P de momento coincide con otras agencias de calificación al señalar que no tendrá impacto en las calificaciones sobre España.
En otro orden de cosas, la Seguridad Social pierde 3.053 afiliados extranjeros en octubre. La estadística cae un 0,1% y vuelve a los descensos después de que en septiembre ganara 10.462 cotizantes. El 55,7% de los trabajadores extranjeros al finalizar octubre eran varones , y el 44,3%, mujeres. La Seguridad Social perdió una media de 3.053 afiliados extranjeros en octubre, un 0,1% menos respecto al mes anterior, con lo que el décimo mes del año se cerró con 2.683.937 trabajadores inmigrantes inscritos en el sistema. Con el retroceso de octubre, la afiliación media de extranjeros vuelve a los descensos después de que en septiembre ganara 10.462 cotizantes. Del total de trabajadores extranjeros existentes al finalizar octubre, el 55,7% eran varones y el 44,3%, mujeres, según ha informado esta semana el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social subió en octubre en 14.403 cotizantes, hasta un total de 2.683.504 ocupados, 494.083 más que antes de la llegada de la pandemia.
Pasando al ámbito empresarial, dos noticias que destacar.
En primer lugar, Inditex, que está imparable en Bolsa y conquista máximos históricos. El grupo textil gallego se revaloriza un 50% desde enero y llega en un momento dulce a la publicación de sus cuentas, el 13 de diciembre. La cotización de Inditex no encuentra obstáculo que la frene y en su escalada conquista esta semana cotas máximas históricas al cambiarse a 36,88 euros por acción con una subida del 1,51%. El grupo textil gallego, cuya capitalización en Bolsa roza los 115.000 millones de euros, llega en un buen momento a su presentación de resultados trimestrales el próximo 13. Se destaca así mismo que el valor ha recuperado más del 11% desde los mínimos cosechados en octubre, abriendo la puerta a extender los ascensos y continuar con la tendencia principal alcista.
En el caso de Naturgy, lo que cabe destacar es el blindaje de su presidente. El contrato de Francisco Reynés (Palma, 1963) contempla indemnizaciones millonarias tanto si es cesado como si se mantiene como presidente pero despojado de sus funciones ejecutivas, según se detalla en el Informe de gobierno corporativo del grupo remitido en su momento a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En caso de salida de la compañía, el presidente percibiría un pago de dos anualidades de su retribución fija y variable, y también 1,25 veces su sueldo fijo para compensar el no cobro de la variable. Esto es algo más de 8,4 millones de euros (dada la retribución total de 2,83 millones percibida el pasado año, con 2,2 millones de parte fija), a los que se sumarían los 13,3 millones que acumula en su plan de pensiones. En total, unos 21,7 millones de euros. Si perdiera sus funciones ejecutivas y se quedara como presidente no ejecutivo, la compensación sería la misma pero solo con una anualidad (casi 5,6 millones) si no se cumplieran los objetivos del plan de incentivos a largo plazo, pero podría recuperar el pago de una segunda anualidad extra si se alcanzara la rentabilidad mínima marcada cuando finalice el plan de incentivos.
No comment. Esta última noticia habla por sí sola.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.