Como dato muy destacable de esta semana está el hecho de que Francia y Alemania anuncian un acuerdo para la reforma de las reglas fiscales en la UE. Las diferencias de criterio entre París y Berlín era la pieza que le faltaba a la Presidencia española para lograr su objetivo. «Esta tarde tenemos un 100% de acuerdo con Christian Lindner sobre las nuevas reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: una excelente noticia para Europa, que garantizará unas finanzas públicas sanas y una inversión en el futuro.» Con este mensaje, el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, ha anunciado su acuerdo con su homólogo alemán, Christian Lindner, para la reforma de las reglas fiscales de la Unión Europea, después de una reunión de ambos en París, en el Ministerio de Economía. El acuerdo pudo ser ratificado por los 27 estados miembros de la UE, en la reunión extraordinaria de los ministros europeos de Finanzas (Ecofin) convocada por la Presidencia española de turno de la Unión Europea para intentar sacar adelante la reforma de las reglas fiscales antes de acabar el año. Las diferencias de criterio entre Francia y Alemania era la pieza que le faltaba a la Presidencia española para lograr su objetivo. Cuando asumió la Presidencia rotatoria del Consejo Europeo en junio, el Gobierno español fijó como uno de sus objetivos acordar esta reforma fiscal de la UE antes de finales de año. Y ahora se encuentra cerca de conseguirlo. Durante las últimas semanas, los Estados del bloque —especialmente Francia, Alemania, España e Italia— multiplicaron los contactos para alcanzar un “compromiso”, a pesar de que coinciden en los pilares fundamentales de la reforma. De hecho, esta mantendrá la polémica regla de un déficit público máximo de un 3% y una deuda del 60% del PIB. Precisamente, el año que viene se desactivará la cláusula de escape que ha mantenido en suspenso la aplicación de los límites de déficit y deuda desde el inicio de la pandemia del covid-19, en marzo de 2020.
La reforma fiscal de la UE “permitirá por primera vez desde la creación del euro disponer de un verdadero pacto de estabilidad y crecimiento, que no sea solo un pacto de estabilidad”, destacó Le Maire. Aunque esta medida no modificará los topes de déficit y deuda, sí que pretende que resulten más fáciles de aplicar. Durante las últimas décadas, numerosos países de la UE —entre ellos, Francia y Alemania— tuvieron grandes dificultades para respetar esas reglas.
Yendo a lo que señalo en el titular del blog, Bruselas pide explicaciones a España. La Comisión Europea ha pedido a España explicar «cómo» y «cuándo» dejará de dar subsidios a los combustibles fósiles en su hoja de ruta a 2030, conocida como Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El Ejecutivo comunitario ha publicado esta pasada semana una evaluación de los planes de cada uno de los 27 Estados miembros, así como una serie de recomendaciones de cara a la presentación final de estos planes antes del 30 de junio de 2024. El principal subsidio a los combustibles fósiles en España es la baja fiscalidad que aplica a la gasolina y el diésel, con una carga impositiva inferior al promedio de la Unión Europea, según se desprende de los informes mensuales sobre carburantes que publica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esa baja fiscalidad se considera un subsidio a estos productos, que en el caso del diésel es todavía más evidente al ser inferior a la de la gasolina. En el PNIEC, el Ministerio para la Transición Ecológica define como subsidios la exención o reducción de determinados impuestos a algunos colectivos. Es el caso de la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos por el uso del gasóleo en la agricultura y ganadería, así como en el uso profesional y el transporte de mercancías, pasajeros y taxi. También los tipos impositivos reducidos que aplican al gasóleo utilizado como carburantes en vehículos especiales o de vehículos agrícolas y, en general, como combustible para la calefacción, el GLP y gas natural destinados a usos distintos a los de carburante o en motores estacionarios, con fines profesionales, y el queroseno destinado a usos distintos de los de carburante. Para eliminar los subsidios, el departamento que dirige Teresa Ribera plantea medidas poco concretas, como no otorgar nuevas autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos o dar ayudas a las alternativas renovables. Pero la Comisión pide «explicar con más detalles sobre cómo y cuando España planea eliminar los subsidios a los combustibles fósiles».
Gestión del agua
Bruselas también recomienda a España «prestar especial atención a la gestión del agua» debido a «los riesgos de interrupción del suministro eléctrico, ya que las inundaciones, el calor y la sequía afectan a la producción de energía». Sin ir más lejos, el año pasado, la sequía llevó a esta producción hidráulica a su nivel más bajo desde que hay registros, lo cual hace mella en los precios de la electricidad porque su alternativa natural es la producción con ciclos combinados (centrales que queman gas). Y pide especificar la cantidad de reducción del consumo de energía que se logrará con la mayor eficiencia de los edificios públicos y explicar las medidas sobre pobreza energética con objetivos «mesurables y específicos» y «detalles sobre los recursos financieros» para poner en marcha estas medidas.
Por su parte, el Gobierno solicita a Bruselas el cuarto desembolso de fondos europeos por más de 10.000 millones. La solicitud incluye algunas reformas claves, como las adoptadas en el ámbito de las pensiones. El Gobierno de España informó esta semana de que ha solicitado formalmente a la Comisión Europea (CE) el cuarto desembolso del Plan de Recuperación y Resiliencia por valor de 10.021 millones de euros, vinculados al cumplimiento de 61 hitos y objetivos. Según ha indicado el Ejecutivo la aportación se destinará a 44 hitos y 17 objetivos. La solicitud incluye algunas reformas claves, como las adoptadas en el ámbito de las pensiones, la sustitución factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional, la adecuación del período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación y la adecuación de la base máxima de cotización. También incorpora, entre otras, reformas para mejorar el emprendimiento y el clima de negocios, concretamente la entrada en vigor de las Leyes Crea y Crece y de Start-ups, así como la modificación de la de Mecenazgo para mejorar su régimen de incentivos fiscales. El Ejecutivo español ha presentado un paquete legislativo y de inversiones para mejorar la eficiencia y la digitalización de los procedimientos judiciales, que ya ha sido negociado con la CE.
Cambiando de tercio, los funcionarios serán evaluados. Las medidas de refuerzo de la evaluación del desempeño de todos los empleados públicos entraron esta semana en vigor tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la norma que las regula. Estas medidas forman parte de un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación aprobado por el Consejo de Ministros, en cuyo Libro II se recogen cambios estructurales en el modelo de la Función Pública, con avances en la planificación estratégica de los recursos humanos y la incorporación de la evaluación del desempeño o nuevos sistemas de acceso. En concreto, el texto regula la evaluación del desempeño obligatoria, el procedimiento por el que se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento del personal, todo ello con el objetivo mejorar la productividad para, a su vez, mejorar la prestación del servicio público. Dichas evaluaciones, consensuadas con las organizaciones sindicales tras el proceso de información pública del anteproyecto de ley de Función Pública que decayó por la convocatoria de elecciones, «se plantean en positivo», según el Gobierno, por lo que «en ningún caso implicarán la pérdida de la condición de funcionario para quienes no las superen». En el caso de que un empleado público no tengan resultados satisfactorios en las mismas, «se fomentarán medidas de formación para dotarles de herramientas que les permitan un mejor desempeño». Para quienes superen estas evaluaciones, habrá beneficios directos en distintas variables, como la remuneración del complemento de desempeño, que sustituye al complemento de productividad. Además, se fomentará su progresión en la carrera profesional al ser clave en los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo y para el acceso a las formaciones que plantee.
Y una noticia que, afortunadamente no es muy habitual. Ha sido detenido el fundador del grupo Herrero Brigantina por una presunta estafa piramidal masiva. Los afectados se elevan a más de 35.000 en toda Europa.
Agentes de la Policía Nacional han detenido al fundador del grupo Herrero Brigantina, Juan González, que se enfrenta a una querella en los tribunales por parte de clientes suyos que le han denunciado por una presunta estafa piramidal. La detención se llevó a cabo en Madrid el pasado 15 de diciembre dentro de unas actuaciones bajo secreto de sumario, sin concretar si guarda relación directa con la querella presentada inicialmente ante un juzgado de Salamanca. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se encuentra a la espera del informe de la Fiscalía antes de decidir si asume la competencia para investigar la presunta estafa piramidal perpetrada presuntamente por el grupo de empresas Herrero Brigantina y que habría afectado a más de 35.000 clientes en toda Europa. El magistrado decidió abrir unas diligencias previas después de la inhibición del Juzgado de Instrucción de Salamanca. Posteriormente, recibió una querella y fue el 26 de octubre cuando decidió acumular todo, al apreciar una conexidad en los hechos denunciados. Fuentes jurídicas señalan que Pedraz espera contar en próximas horas con el informe fiscal para decidir si asume la causa. La Fiscalía alertaba sobre una estafa “al realizar varias suscripciones de capital del producto financiero ofertado por Herrero Brigantina por importe de 25.000 euros”. La querella añadía que un cliente, denunciante de los hechos, intentó el rescate de su inversión “ante las noticias de la crisis económica que estaba sufriendo la entidad”, aunque no había recibido los fondos ni contestación alguna de los responsables de Herrero Brigantina. En este sentido, el escrito afirmaba que las empresas de Herrero Brigantina no estaban autorizadas para operar como aseguradoras o empresas de distribución de seguros, un hecho “advertido por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía”. “Existen decenas de clientes que han presentado querellas por estafa contra esta compañía creada en 2011 por el economista y empresario Juan González, el dinero retenido alcanza en algunos casos los 300.000 euros por cliente”, relataba. Entre otras actividades, añadía la Fiscalía, Herrero Brigantina vendía planes de pensiones, hipotecas y préstamos. “Se han descubierto más de 35.000 clientes afectados que han perdido su dinero en Europa, entre los que se encuentran pymes, autónomos y familias, con sus soluciones de inversión, planes de pensiones, seguros, hipotecas y préstamos”, añadía.
A destacar también que sólo dos CCAA acumulan superávit en la Seguridad Social en la última década. Madrid y Baleares son las únicas comunidades autónomas que han sumado superávit en las pensiones contributivas durante la última década, acumulando hasta 19.000 millones y 4.000 millones de euros, respectivamente, en pleno debate sobre el modelo de caja única de Seguridad Social por el acuerdo entre PSOE y PNV. Así lo arrojan los datos que proporciona desde 2013 el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre las cantidades de ingresos y gastos en pensiones contributivas por comunidades autónomas, y que al término del pasado año dejó a Madrid y Baleares con superávit, a diferencia de gran parte del resto de territorios. Más concretamente, la Comunidad de Madrid cuenta con un acumulado de 18.962 millones de euros, siendo la región en la que los ingresos superan en mayor medida a los gastos en la Seguridad Social de toda España desde el año 2013. Le sigue Baleares, que ha acoplado un superávit de 4.187 millones de euros durante la pasada década. Al cierre de 2022, Madrid obtuvo un superávit de 3.033 millones de euros, la cifra más alta desde 2013. No obstante, nunca ha estado por debajo de los 1.500 millones de euros, mientras que superó por primera vez los 2.000 millones de diferencia positiva en 2019. Desde entonces nunca ha bajado de dicha cifra, excepto en el año de la pandemia, cuando su diferencia positiva bajó hasta los 1.700 millones de euros. Por su parte, Baleares registró un superávit de 611 millones de euros al término del pasado año, aunque el año que más dinero acumuló de la Seguridad Social fue en 2019, con 692 millones de euros. Los años que menos diferencia positiva sobre los gastos fueron 2020 (159 millones de euros) y 2013 (202 millones de euros). En el lado contrario se sitúa Cataluña, que es una de las comunidades autónomas con más gastos que ingresos en la Seguridad Social desde el año 2013. Según estos datos, la región presidida por Pere Aragonès suma un total de 30.464 millones de euros de déficit contributivo en la última década.
Y finalmente una noticia que tiene impacto local, y es que ArcelorMittal descarbonizará con despidos y cierres de plantas. El plan en España incluye el recorte de 440 empleos y las clausuras en Asturias de un horno alto y de un centro de procesamiento. Sin duda, no es buena noticia para el empleo en el Principado de Asturias.
A pesar de lo anterior le deseo Feliz Navidad. ¡Hasta el año que viene!
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.