Las cifras de inflación de España y Alemania publicadas esta semana aumentan las posibilidades de que el BCE comience en junio el ciclo de bajada de tipos. El IPC español de abril repuntó hasta el +3,3 por ciento, una décima más de lo que descontaba el mercado y una décima más del de marzo, que se situaba en el +3,2 por ciento. Esta evolución se ha debido, principalmente, a la subida de los precios del gas, frente a la bajada de abril de 2023, y al aumento de los precios de la alimentación, mayor que el del año pasado. También, aunque en menor medida, a la electricidad, cuyos precios bajan, pero menos que en el mismo mes del año anterior. Sin embargo, el dato que ha sentado bien al mercado ha sido la tasa de variación anual estimada de la IPC subyacente, la inflación sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, que ha disminuido cuatro décimas, hasta el +2,9 por ciento, desde el +3,3 por ciento de marzo. También hemos conocido el IPC alemán, que se ha situado en el +2,2 por ciento, lo que significa quedar en su nivel más bajo desde mayo de 2021 y ligeramente por debajo de las previsiones del mercado, que apuntaban a una cifra del +2,3 por ciento, según las estimaciones preliminares. También, en este caso, la inflación subyacente, ha descendido hasta el +3 por ciento en abril, que es su nivel más bajo desde marzo de 2022. Con estos niveles de inflación, principalmente en Alemania, se allana todavía más el camino para el BCE, para que en su próxima reunión de junio anuncie el primer recorte de tipos.
Yendo a lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy, es posible hacer una radiografía del problema del acceso a la vivienda: malo si compras, peor si alquilas. La problemática existente de acceso a una casa en alquiler o en propiedad afecta, en su mayoría, a los hogares con menos renta y poca capacidad de ahorro, mayoritariamente jóvenes y extranjeros, y se concentra en ciudades con gran actividad económica o turística, El problema del acceso a la vivienda marca, especialmente en los últimos meses, la agenda política española. Aunque popularmente se suele utilizar el dicho ‘dato mata relato’ para justificar un argumento, en la situación del sector residencial hay varias caras de un mismo mercado: ubicaciones, edades, propiedad o alquiler. ¿Hay un problema de acceso generalizado a la vivienda en España? A grandes rasgos, no. ¿Hay un problema de acceso a la vivienda en determinados estratos económicos y de edad? Sí. De media, los hogares que viven en alquiler, que según el último dato del INE son el 16,5% de los españoles, destinan solamente uno de cada cuatro euros de sus ingresos a pagar su renta mensual. Esta cifra está muy por debajo del 35%, el porcentaje máximo recomendado. Este esfuerzo es, incluso, inferior en el caso de las familias con una vivienda en propiedad: únicamente dedican uno de cada diez euros de salario al pago de la hipoteca y sus gastos, según datos del Banco de España. Los hogares que desean adquirir una casa tampoco están en el peor escenario: de media, pagar una casa a tocateja cuesta 7,3 años de salario íntegro, dos menos de lo que se requería en 2009, cuando se alcanzó el máximo, 9,5 años. Con estos datos, la conclusión sería que no existe un problema generalizado de acceso a la vivienda en España, al menos no mayor que en los últimos años. En cambio, hay otra cara de la moneda. Mientras hoy en día se requieren 7,3 años de sueldo para comprar una vivienda, entre los años 1987 y 2000 este tiempo era la mitad, alrededor de tres años y medio. En la práctica, adquirir una casa en 2024 cuesta el doble que en 1995, en relación con los salarios actuales. Ocurre lo mismo en el caso del alquiler: el 20% más pobre de la población destina el 45% de sus ingresos de sus ingresos a pagar su renta, mientras que este porcentaje baja hasta el 15% entre el 20% de la población más rica. Esto provoca, entre otras consecuencias, que el 61% de los hogares que residen en arrendamiento no dispongan de ahorro para acceder a la propiedad, según el BdE. De forma simplista, el problema de la vivienda se concentra en la población con menos recursos, principalmente jóvenes o de origen extranjero, que vive en alquiler y en ciudades con una gran actividad económica o turística. Las personas se enfrentan en el acceso a la vivienda al dilema de elegir entre lo malo y lo peor, entre «susto o muerte», parafraseando el dicho popular que alude a los callejones de difícil salida. La mayor parte de los jóvenes, el 66% de todos los comprendidos entre 18 y 34 años, residen en el hogar familiar, fruto de sus condiciones laborales, y no se han emancipado, un 32% más que la media de la Unión Europea. Los jóvenes españoles registran una de las mayores tasas de paro de todo el Viejo Continente: el 21% no tiene empleo y el 25% lo tiene solo parcial. Esta casuística tiene una incidencia sobre la primera. A todo esto hay que sumar que menos del 3% de todos los menores de 35 declaran vivir en una casa alquilada a precios reducidos, frente al 26% de Francia o el 10% de la media de europea. Por el contrario, España tiene un porcentaje mucho mayor de jóvenes que viven en una casa cedida gratuitamente, principalmente por familiares. Esta situación de precariedad laboral, a su vez, obliga a los jóvenes a decantarse por el alquiler, al no tener los ahorros suficientes para comprar una casa. Esto se conoce como la ‘carrera de la rata‘, un fenómeno acuñado por el inversor y escritor Robert Kiyosaki: como no ahorro, vivo en alquiler, que me impide ahorrar y, por lo tanto, no me puedo comprar una casa. A esto se suma que, entre 2015 y 2022, los precios de compra y alquiler han subido más, un 28,5% y un 42%, respectivamente, que los salarios de los jóvenes, que lo han hecho en un 25%. Vivir en alquiler es también un factor limitante para aquellas familias que desean acceder a una vivienda en propiedad. Según el Banco de España, más allá de que el 61% de los inquilinos no dispone del dinero suficiente que se requiere para comprar, del 39% restante que sí lo tiene, más de la mitad no podrían canalizarlo a la compra a través de una hipoteca porque, con los tipos de interés actuales, ningún banco se la otorgaría, ya que el pago mensual del crédito superaría el 35% de sus ingresos, tope que ponen las entidades. Además, de media, el porcentaje de los ingresos que deben destinar los hogares al pago de su vivienda es el doble en el caso del alquiler comparando con los que lo hacen en propiedad: un arrendatario dedica el 22% de su renta a alquiler, mientras que los compradores solo el 11%. En el caso del quintil más bajo, el 20% de la población que menos ingresos tiene, este esfuerzo se eleva por encima del 40%. Esto se traduce en que, del total de hogares que viven en arrendamientos a precio de mercado, el 40% se encuentra en situación de sobreesfuerzo, el doble que la media de la Unión Europea, una cifra que se ha multiplicado por diez veces desde 2007.
Vivir en una gran ciudad
El otro factor que incluye en el acceso a la vivienda es el lugar de residencia del hogar: la problemática no es la misma en todas las regiones. Los mayores precios de alquiler y compra se registran en unas pocas comunidades, mientras que la renta media de los hogares no es proporcionalmente superior. Estas regiones son principalmente Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Baleares, en las que los ciudadanos que viven en alquiler destinan el 40% o más de su salario al pago del arrendamiento. En estas cuatro, además de en Canarias, la mitad de los hogares asignan el 40% de sus ingresos a su alquiler. La situación es similar, aunque no tan grave, para acceder a una vivienda en propiedad. Mientras la media nacional fija en 7,3 años de salario la compra de una casa, se superan los ocho años en Andalucía, Cantabria, los dos archipiélagos, Madrid y Cataluña. Incluso, en las islas mediterráneas, se superan los doce años en la periferia de las áreas urbanas.
A nivel bancario, un par de noticias destacadas esta semana. La primera que el Santander gana un 10,9% y confirma su previsión de lograr un récord de más de 12.000 millones. El banco evita dar por sentado que mejorará sus resultados en 2025, al contrario que algunos de sus competidores. Como sus principales competidores españoles, el Santander no ha notado aún el impacto del cada vez más cercano inicio del ciclo de bajadas de los tipos de interés de referencia por parte de los bancos centrales. La entidad ganó 2.852 millones de euros entre enero y marzo, un 10,9% más que en el mismo periodo del año pasado. De no ser por el impuesto a la banca (que le costó 335 millones, el 49,5% más), hubiera registrado el mayor beneficio trimestral desde su fundación en 1857. El grupo, así, está en línea con su previsión de superar en el conjunto del ejercicio los 12.000 millones de euros, por encima del récord histórico de 11.076 millones del año pasado. Al contrario que otras entidades, sin embargo, el banco presidido por Ana Botín no ha dado por sentado que en 2025 volverá a marcar un nuevo máximo de beneficio. Este año, así, sigue esperando obtener una rentabilidad sobre el capital del 16%, pero para el próximo mantiene la previsión de lograr entre un 15% y un 17%. «Para el año 2025 vemos que podemos tener un buen desempeño, pero hay que ser conservadores«, ha argumentado su consejero delegado, Héctor Grisi. Sus acciones han caído el 3,74%, si bien en el banco lo achacan a una recogida de beneficios habitual tras las recientes subidas. El banquero, asimismo, ha descartado que las dudas del presidente del Gobierno sobre su continuidad de los últimos días hayan tenido efecto en la economía. «Vemos una España con fortalezas: afiliación récord de 21 millones (de trabajadores), sector exterior bastante bien, la inflación controlada, las cuentas saneadas… Necesitamos inversión, que es lo importante, pero hay una cierta combinación de situaciones que están generando ese tipo de incentivos para que se genere inversión y el capital está entrando en España. Por la parte política hay que esperar a ver qué sucede, pero no hemos sentido en ningún momento que la incertidumbre esté afectado a la economía«, ha sostenido. Con el crédito subiendo apenas un 0,8%, la mejora del resultado del banco hasta marzo fue fruto principalmente de la subida de los ingresos básicos (17,7%) gracias a la desigual traslación del elevado nivel de los tipos. En España, el rendimiento medio de los créditos de sus clientes ha subido en un año del 3,28% al 4,64%, mientras que el tipo pagado por los depósitos ha pasado del 0,53% al 1,03%, con lo que el diferencial a favor de la entidad ha aumentado del 2,75% al 3,61%. Grisi, en esta línea, ha apuntado que el banco sigue gestionando sus tipos para «aprovechar al máximo» el todavía alto nivel de tipos de referencia. Las comisiones también subieron (6,5%), pero el impuesto a la banca redujo la mejora de los ingresos totales al 10,4%. Los gastos (6,5%) y las provisiones (9%) crecieron menos, con lo que el resultado antes de impuestos aumentó el 11,9%. El pago del impuesto de sociedades, sin embargo, creció más por Brasil (19,3%), lo que explica que la mejora del beneficio final fuese del 10,9%. El capital se mantuvo en el 12,3%, la rentabilidad se situó en el 14,9% (16,2% si se anualiza el impuesto a la banca, que solo se paga en el primer trimestre) y la morosidad bajó ligeramente respecto a diciembre hasta el 3,1%. Por países, España repitió como primer filial por beneficios, con 772 millones de euros, un 65,5%, y una rentabilidad del 18% (23,3% sin el impuesto), que ya cubre el coste que le exigen los inversores. En segundo lugar, también repitió Brasil (561 millones, 19,7% más). Hubo crecimientos de resultados en México (411 millones, 14,6%), Portugal (303 millones, 68,7%) Polonia (213 millones, 28%) y descensos en Reino Unido (305 millones, -22,8%), Estados Unidos (279 millones, -6,8%), Argentina (101 millones, -27,2%) y Chile (90 millones, -39,8%).
La segunda noticia bancaria de la semana es la posible fusión BBVA-Banco Sabadell: Cabe preguntarse cómo afectaría a los clientes ambos bancos la operación. El BBVA está estudiando una posible fusión con Banco Sabadell y ha contratado a un grupo de asesores para analizar la operación, según ha informado el banco en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De llevarse a cabo finalmente la fusión se crearía un auténtico gigante bancario. La entidad resultante de una eventual integración de Sabadell en BBVA tendría activos globales de 1,037 billones de euros (801.690 millones de euros de BBVA y 236.135 millones de euros de Banco Sabadell), con datos al cierre del primer trimestre el año. Si se atiende solo a los activos en España, el banco resultante tendría activos valorados en 637.461 millones de euros (452.227 millones de euros de BBVA y 185.234 millones de Banco Sabadell). La dimensión de esta fusión de BBVA y Sabadell pone en alerta a la Generalitat Valenciana y los empresarios. El presidente de la Generalitat advierte de que «defenderá el territorio» ante la pérdida de la sede financiera de Alicante por la operación- La CEV y la Cámaras lamentan la reducción de la competencia en el sector bancario. Frente a la cautela –e, incluso, el silencio- que mostraron el día que saltó la noticia, los principales representantes de los empresarios de la Comunidad Valenciana y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, han mostrado esta semana a las claras sus reticencias ante la posible fusión por absorción del Sabadell por parte de BBVA, y no han dudado en alertar de las consecuencias negativas que la operación puede acarrear en la autonomía. Para empezar, por el hecho de que Alicante perderá la sede del Sabadell, pero también por la concentración que se producirá en el sector financiero y las posibles consecuencias en el flujo de crédito.
«Presión» de los empresarios
Por su parte, el presidente de la CEV , Salvador Navarro, ha mostrado «cierta preocupación» desde el empresariado valenciano por la posible fusión, ya que la falta de competencia «hace que el crédito deje de fluir». «Vamos a intentar trasladar la presión, y lo digo así, a la entidad que resulte para que se mantenga en lo posible el compromiso con el territorio«, ha aseverado, y ha advertido que si sale adelante la fusión «perjudicará a la Comunidad Valenciana» porque «de nuevo las sociedades se irán al domicilio social de Madrid, que es lo que está ocurriendo con algunas entidades». No obstante, en declaraciones posteriores, ha instado a «no dar por perdida» la posibilidad de que se mantenga una sede social. En cualquier caso, el presiente de la patronal dejó claro su respeto por la decisión de deben tomar los consejos de administración de ambos bancos. Del mismo modo, también el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata, ha asegurado que «no es una buena noticia para los intereses» de la autonomía, y ha lamentado que «el número de operadores de bancos se está reduciendo de forma tan drástica». El presidente de la Cámara de Comercio ha afirmado que no le ha gustado que se pueda perder la sede social del Banco Sabadell, actualmente ubicada en Alicante, «a cambio de nada», lo que «tampoco es una buena noticia ni para Alicante ni para la Comunidad Valenciana». «Aquí trabajamos para que realmente los bancos estén de una forma como han estado hasta ahora, muy apoyados», ha reivindicado Morata, quien ha señalado que no sabe si para los accionistas será una buena noticia esta posible fusión, «pero para las empresas, no». También el presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, tras mostrar su respeto por lo que decidan ambas entidades, ha insistido en el perjuicio que supone para el tejido empresarial la reducción del número de operadores financieros. Igualmente, ha recordado que la presencia de la sede del Sabadell «ha servido para dinamizar y para ser tractor de otras empresas que han venido de la mano del Sabadell», por lo que ha señalado que su pérdida no beneficiará a la provincia.
Morant
Por otro lado, la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha instado a Mazón a trabajar para que la Comunidad «vuelva a ser un territorio interesante para la empresas» y ha indicado que el Gobierno «no va a obligar a las empresas ni a irse ni a quedarse en ningún territorio», en referencia a la posible pérdida de la sede del Sabadell en Alicante y las medidas que se pueden adoptar. Así , ha señalado que la regulación que se puede llevar a cabo desde el Consell «ni va a multar a las empresas» ni las va a obligar a «quedarse ni irse» de ningún territorio. «Lo que tiene que hacer el president de la Generalitat y lo que haremos nosotros también como PSPV es hacer que la Comunidad Valenciana sea una comunidad de oportunidades», añadió. «Lamentablemente, en los últimos meses estamos viendo cómo empresas que habían mostrado su interés en quedarse o asentarse en la Comunitat Valenciana están replanteándoselo«, ha denunciado. Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, expresó la prudencia del Gobierno ante la operación hasta ver si finalmente se lleva a cabo, si bien valoró como una buena noticia contar con entidades financieras «sólidas, punteras y líderes en la UE y en el mundo». A nivel más regional, comentar que la fusión de BBVA y Sabadell: afecta a miles de asturianos. Ambas entidades juntas suman más oficinas bancarias en la región que cualquier otro banco, así como miles de clientes y centenares de empleos. Los sindicatos advierten que pelearán por mantener los puestos de trabajo y «salidas voluntarias si se producen excedentes» y que se garantice la presencia física de las sucursales.
Cambiando de tercio, la retribución de los consejeros crece un 10% en 2023, por encima de los salarios y las pensiones. Las remuneraciones brutas de los altos directivos ascendieron hasta los 4.860 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria. Los miembros de los consejos de administración de las empresas situadas en España percibieron en 2023 unas remuneraciones récord. Ganaron más de 4.800 millones de euros brutos en conjunto, un aumento del 10,1% sobre el ejercicio previo. Esta es la mayor subida anual de todas las categorías de renta analizadas en la última estadística de la Agencia Tributaria, recientemente actualizada. El volumen de los salarios y las pensiones creció en un 7,6% y un 9% anual, respectivamente. De media, los rendimientos de todos los contribuyentes sujetos al impuesto sobre la renta —entre los que se encuentran trabajadores, jubilados, autónomos, empresarios y directivos, entre otros— avanzaron un 7,2% anual. Un análisis más detallado muestra que las rentas totales de los consejero, en máximos históricos en 2023, crecieron a mayor velocidad en el último año que el volumen total de salarios públicos (5,6%) y salarios privados (8,3%). Entre estos últimos, los altos ejecutivos superaron tanto a los sueldos de las grandes empresas (9,6%) como de las pymes (6,6%). También estuvieron por encima de las pensiones públicas (9,4%), de los ingresos brutos de profesionales (4,1%) y de las prestaciones por desempleo (3,2%). Ni que decir cabe del conjunto de autónomos (-0,9%) o de las pensiones privadas (-1,1%). Las cifras de la agencia dan cuenta de la sólida evolución que han registrado las rentas que reciben aquellos que se sientan en los máximos órganos de dirección de las compañías. De hecho, si se echa la vista hacia los años previos a las sucesivas crisis ocasionadas por la pandemia y la escalada de los precios, estos perfiles se erigen como el colectivo con más aumentos porcentuales. Entre 2019 y 2023, las rentas salariales brutas crecieron un 22% y las pensiones, casi un 24%. Sin embargo, en el mismo periodo las retribuciones de los altos directivos lo hicieron un 39%, la mayor tasa de todas. Los datos muestran el volumen total de rentas que recibe cada perfil de contribuyente y, también, los ingresos medios de cada uno de ellos a excepción de los consejeros. Es decir, se sabe que los asalariados percibieron 28.903 euros brutos de media y que los pensionistas llegaron a los 18.503 euros, con sendos aumentos anuales del 5% y 7,9% que se explican por el aumento del empleo, por las revalorizaciones salariales y por la actualización de las pensiones con la inflación. Sin embargo, por cuestiones metodológicas no se conoce a cuánto ascendió la remuneración media de los altos ejecutivos. Con todo, explican fuentes tributarias, es de suponer que los pagos per cápita a los consejeros se hayan disparado en un año marcado por el repunte de los beneficios empresariales en las grandes empresas del Ibex, que en muchas ocasiones han llegado a récord. A partir de aquí, como es lógico debido al diseño progresivo del IRPF, los consejeros son los que más impuestos pagaron sobre su renta al alcanzar en 2023 un tipo efectivo de retención del 33,64%. Este se encuentra a gran distancia del 16,79% que soportaron los salarios y del 9,64% de las pensiones. Sin embargo, los tipos medios de gravamen recogidos en la estadística son los que se aplican únicamente sobre los rendimientos del trabajo, por lo que otro tipo de ingresos ligados a las retribuciones variables y en especie o los bonus quedan fuera de la base de datos. Esto hace pensar que gran parte de los rendimientos obtenidos por los mayores directivos se gravan a tipos sustancialmente menores. Todos estos números llevan a que organizaciones como Oxfam Intermón denuncien que las remuneraciones en España mejoran mucho para unos pocos mientras se van ensanchando las diferencias respecto de la mayoría de los trabajadores. En su último informe sobre desigualdad, publicado en el mes de enero con motivo de la celebración del Foro de Davos, la ONG denunciaba que el sueldo medio de los miembros del consejo de dirección de las grandes empresas aumentó un 19% entre 2021 y 2022 y un 45% desde 2020. En paralelo, el salario medio subió un 8% en 2022 y apenas un 9% desde 2020. De manera más concreta, el 70% de las 50 mayores empresas del país retribuía a su primer ejecutivo por encima del millón de euros —Iberdrola y Banco Santander pagaron más de 10 millones a su máximo responsable— y, en promedio, el primer ejecutivo ganaba 91 veces el sueldo medio de sus plantillas. “Es realmente difícil de justificar que en promedio una persona trabajadora tardaría 91 años en ganar lo que el primer ejecutivo percibe en un solo año”, recalcaba Oxfam. En la misma línea, otros datos presentados esta semana por la organización no gubernamental señalan que el pago de dividendos creción 3,5 veces más que los salarios en España desde 2020 a 2023.
Yendo a la otra cara de la moneda laboral, el número de trabajadores afectados por ERE se dispara un 65% hasta febrero. El Ministerio de Trabajo recuerda que cuando un procedimiento afecta a varios centros de trabajo ubicados en provincias distintas se computa en la estadística un procedimiento por cada provincia. Los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas aumentaron un 65% en los dos primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2023, hasta un total de 18.587 afectados, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por tipo de procedimiento, el volumen de trabajadores afectados por despidos colectivos subió un 29% interanual en los dos primeros meses del año, hasta un total de 2.999 trabajadores afectados. Por su parte, los trabajadores afectados por suspensiones de contrato se incrementaron un 87,3%, hasta los 14.933 empleados, mientras que los afectados por procedimientos de reducción de jornada se redujeron un 32,3%, hasta un total de 655 afectados. Del total de trabajadores que estaban en ERE al finalizar febrero, el 5,4% (1.015 trabajadores) se vieron afectados por procedimientos originados por causa de fuerza mayor, en tanto que el 94,5% (17.572 empleados) lo estaba por procedimientos de regulación derivados de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP). Los primeros subieron un 7,5% respecto a enero-febrero de 2023, en tanto que los provocados por causas ETOP aumentaron un 70,3% en relación al mismo periodo del año pasado. El Ministerio recuerda que cuando un procedimiento afecta a varios centros de trabajo ubicados en provincias distintas se computa en la estadística un procedimiento por cada provincia. Además, si una empresa comunica trabajadores afectados en distintos meses, se computa un procedimiento por cada mes.
Crecen un 80% en la industria
Por sectores, el total de trabajadores afectados por todos los procedimientos se disparó un 80,2% en la industria y un 63,5% en la construcción, hasta los 12.620 y 242 afectados, respectivamente, mientras que crecieron un 41,8% en la agricultura, hasta los 275 afectados, y avanzaron un 39,1% en los servicios, hasta los 5.450 afectados. Por tipo de procedimiento, los trabajadores afectados por despidos colectivos se redujeron un 49,2% en el sector de la construcción, hasta 61 trabajadores afectados, en tanto que los afectados en la industria y la construcción crecieron un 29,7% y un 27,7% respecto a los dos primeros meses de 2023, hasta sumar 1.004 y 1.828 afectados, respectivamente. En la agricultura, los afectados por despidos colectivos sumaron 106. Por su parte, los trabajadores afectados por suspensión de contrato se sextuplicaron en la construcción, hasta un total de 170 afectados, aunque fue el industrial el sector con mayor número de empleados con suspensión de sus contratos, 11.200, un 88,6% más que en los dos primeros meses de 2023. En los servicios y la agricultura, los empleados afectados por estos procedimientos aumentaron un 83% y un 7%, respectivamente. Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana fue la que más trabajadores afectados por ERE tuvo en cifras absolutas en los dos primeros meses, con 6.838 trabajadores, la mayoría de suspensión de empleo y vinculados a la fábrica de Ford en Almussafes. A continuación se sitúa Madrid, con 2.751 afectados, y Navarra, con 1.933. Sin embargo, en términos relativos, la comunidad autónoma que más incrementó el número de trabajadores afectados por ERE hasta febrero fue Cantabria, que lo multiplicó por 11, hasta los 918 afectados. En el extremo contrario, el mayor descenso se lo anotó Murcia, con una caída de sus trabajadores afectados por ERE del 90%
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.