En esta pasada semana, la encrucijada que tiene la Fed, con la inflación que no termina de ceder y que se alarga en el tiempo con el calendario electoral (la reunión de noviembre es justo el día después de las elecciones y el mercado va a estar muy volátil), solo le dejan diciembre para actuar. Si se sigue deteriorando la economía, el efecto del retraso en la actuación de la Fed puede impedir el aterrizaje suave previsto y llevar a la economía a la recesión. Esta semana el dato de ofertas de empleo ha vuelto a decepcionar, hasta reducirse en abril a los 8,059 millones, el nivel más bajo desde febrero de 2021. El consenso esperaba 8,340 millones, lo que confirma un fuerte deterioro del mercado laboral que ve cómo se reducen estas ofertas de empleo a nivel nacional. Esta situación contrasta con lo sucedido a nivel europeo.
Y es que el BCE, como destaco en el titular del blog en el día de hoy, recorta los tipos de interés. Es preciso entender como afecta esto a la economía real. Tipos de interés más bajos significan un menor coste financiero para las empresas y una menor carga para los endeudados. El Banco Central Europeo (BCE) reducirá los tipos de interés 25 puntos básicos del 4,5% al 4,25% tras la moderación de la inflación en los últimos meses. El organismo que preside la francesa Christine Lagarde pondrá fin a la subida del coste del dinero iniciada en julio de 2022 para combatir el alza de los precios que asfixiaba a la economía en ese momento por la crisis energética de la guerra de Ucrania. En octubre de ese año, el alza de los precios tocó techo en el 10,7%. Sin embargo, el BCE parece haber controlado el alza de los precios tras el último dato de mayo que sitúa el índice de precios al consumo (IPC) en el 2,6%.
Las consecuencias de este movimiento serían las siguientes:
- Inicio de una nueva tendencia: Aunque el BCE baje los tipos, no parece que esto marque el comienzo de una serie continua de recortes. El BCE ha sido claro en su intención de ser cauteloso y basar sus decisiones en datos económicos concretos. No se espera un calendario definido para futuras reducciones.
- Impacto en la economía: La medida busca estimular el crecimiento económico en una Europa donde este ha sido débil. Reducir los tipos hace que sea más barato endeudarse para invertir, lo que potencialmente acelera la actividad económica.
- Potencial inflación futura: Aunque la inflación se ha mantenido controlada en general (2,6% en mayo), hay preocupaciones por factores como la geopolítica y las subidas salariales, que podrían presionar al alza los precios en el futuro.
- Contexto global: El BCE se adelanta a la Reserva Federal de Estados Unidos en la reducción de tipos debido a la fragilidad económica en Europa, especialmente en países como Alemania.
- Futuro de los tipos de interés: Las opiniones divergen sobre cuántos recortes adicionales podría realizar el BCE en 2024. Algunos pronostican otro recorte hacia finales de año, pero todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.
- Alivio para hipotecados: El euríbor tocó máximos de los últimos seis años en octubre al alcanzar un 4,16%. La previsión de bajada de tipos ha hecho que el índice hipotecario cerrase en mayo en el 3,68% y esto supondrá que las nuevas revisiones de los créditos sean a la baja en los próximos meses. De media, las hipotecas se abaratarán 190 euros.
- Estímulo para las bolsas: El Ibex 35 se revaloriza un 11,7% y el Euro Stoxx 50 avanza un 9,55%. Los grandes damnificados en las bolsas podrían ser los bancos que esta semana cayeron con fuerza después de las espectaculares subidas que se anotan en lo que va de año. Un menor coste financiero supone un respiro para las compañías endeudadas y un estímulo para los activos de riesgo como la renta variable.
- Volatilidad en la renta fija: Este mercado está dominado por la volatilidad, ya que los rendimientos de los bonos están fluctuando regularmente. Como el bono a 10 años de EEUU, que comenzó el año en 3,89%, subió a 4,70% a finales de abril y actualmente está en 4,43%.
En resumen, aunque el recorte inicial es significativo, el BCE adoptará un enfoque gradual y cauteloso en la política monetaria, ajustando sus decisiones según los datos económicos emergentes.
La reducción del precio de las hipotecas y la estabilidad del mercado laboral empujan los precios de la vivienda al alza.
El Índice de Precios de Vivienda (IPV) correspondiente al primer trimestre de 2024, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra una variación trimestral del 2,6% y un incremento anual del 6,3%. El aumento interanual refleja un encarecimiento significativo similar a las cifras de 2021, cuando la demanda acumulada por la pandemia comenzó a impactar el mercado. A pesar de los altos niveles de tipos de interés y el endurecimiento hipotecario, la demanda por comprar vivienda ha seguido siendo intensa. Los datos indican que el 14% de la población española busca una vivienda para comprar, superando el 12% registrado en 2021. Este fuerte interés en la compra, frente a una oferta cada vez más escasa, provoca un desequilibrio que empuja los precios al alza. La oferta de viviendas disponibles sigue disminuyendo, después de tres años consecutivos de ‘boom’ de compraventas, lo que refuerza las tensiones entre oferta y demanda y dificulta la estabilización de los precios. Un sector significativo de la demanda está compuesto por compradores solventes, con alto poder adquisitivo, inversores y extranjeros, que siguen dinamizando el mercado a pesar de los altos tipos de interés. También hay un perfil de comprador más modesto que busca oportunidades de precio más bajo, y aquellos que compran para reposición sin necesidad de financiación bancaria. La estabilidad del mercado laboral y la resiliencia del empleo también influyen positivamente en las rentas familiares, manteniendo la demanda alta. En cuanto a la vivienda de obra nueva, el incremento de precio es notable, con una subida interanual del 10,1% en el primer trimestre. Esta tendencia de fuertes incrementos se mantendrá a largo plazo debido a varios obstáculos que enfrentan los promotores y constructores, como la inflación que eleva el coste de los materiales, la baja producción y logística, y la escasez de mano de obra cualificada. Estos factores, junto con las dificultades para adquirir suelo finalista, han provocado un déficit en la producción de obra nueva que persiste desde hace más de una década.
En otro orden de cosas, se da un frenazo de las centrales de gas mientras el Gobierno pelea para darles ayudas millonarias. La avalancha de renovables hunde el peso de los ciclos combinados en la producción de electricidad en España a su mínimo en tres años, tras ser protagonistas durante la crisis energética.
La avalancha de renovables está provocando una sacudida en el mix de producción de electricidad en España. En lo que va de año la generación eléctrica de la eólica, la fotovoltaica y la hidráulica se ha disparado y ha desplazado a las centrales nucleares (que están reduciendo potencia o incluso parando por el hundimiento de los precios de la electricidad) y especialmente de las centrales de gas (que han hundido su producción tras haber sido líderes en generación durante lo peor de la crisis energética). Los ciclos combinados, que queman gas natural para producir electricidad, han recortado su peso en la matriz de generación y son hasta mayo la quinta fuente de generación eléctrica del país (tras los parques eólicos, las nucleares, las hidroeléctricas y plantas solares), concentrando apenas un 10% de toda la producción eléctrica del país. Durante 2022, en plena crisis energética tras el arranque de la invasión rusa sobre Ucrania, las centrales de gas fueron líderes en producción con casi una cuarta parte de toda la electricidad (24,7%), y el peso de los ciclos durante la última década se sitúa por encima del 15%. Este mes de mayo el peso de las centrales de gas ha caído por debajo del 9% y su producción ha seguido descendiendo hasta situarse en mínimos de los últimos tres años, según los registros de Red Eléctrica de España (REE), el gestor del sistema eléctrico. Las eléctricas que operan estas plantas se reivindican como garantes de la seguridad de suministro en el mercado español frente a la producción intermitente de las instalaciones de energías renovables, dependientes de que haya viento, sol o agua. Las centrales de gas no funcionan siempre, sólo cuando el resto de tecnologías no son suficientes para cubrir toda la demanda de electricidad. Pero siempre han de estar disponibles para enchufarse de ser necesario, dado que es una tecnología que puede producir prácticamente a voluntad y con rapidez. El Gobierno negocia con la Comisión Europea para conseguir el visto bueno comunitario para lanzar un sistema de retribuciones millonarias para las compañías energéticas que puedan garantizar la seguridad de suministro en todo momento, especialmente las que tienen centrales de gas y las que instalen grandes baterías para almacenar electricidad y poder usarla cuando sea necesaria. Unas ayudas que desde el sector gasista se calcula que deberían situarse entre los 400 y los 500 millones de euros al año para garantizar la viabilidad de las plantas y no operar con pérdidas. El proceso para activar los denominados “mercados de capacidad” dura ya más de tres años y no tiene plazos concretos para cerrarse y conseguir la autorización de la Comisión Europea, que ahora, además, será renovada tras las elecciones europeas del próximo 9 de junio, lo que previsiblemente ralentizará más el procedimiento.
Desde el Ministerio dirigido aún por Teresa Ribera (la vicepresidenta es cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas y opta a ser comisaria europea en el próximo Ejecutivo comunitario) se entiende que tras la crisis energética y la reforma del funcionamiento del mercado eléctrico emprendida por la Unión Europea, los mecanismos de pagos por capacidad han pasado de ser considerados sólo como temporales para abrirse la puerta a que sean permanentes, con vocación de ser estructurales. Y con este cambio de escenario el Gobierno trata de buscar respaldo a su intento de sacar adelante de una vez su propio sistema de retribución a las instalaciones que pueden dar estabilidad al sistema eléctrico y permitir acelerar el despliegue de renovables y la transición energética.
Las eléctricas aceleran en España la revolución de las ‘macroplantas’ que unen molinos y placas solares. Grupos como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Acciona exprimen sus puntos de conexión a la red eléctrica y sus terrenos mezclando varios tipos de renovables en una misma planta y acumulan proyectos de más de 17.600 MW, un 60% más en apenas seis meses. Las compañías eléctricas se lanzan a exprimir sus plantas de renovables. Grandes grupos como Iberdrola Endesa, Naturgy o Acciona preparan decenas de proyectos en España mezclando varios tipos de energías renovables en una misma planta para aprovechar más los terrenos en que se ubican las instalaciones y para explotar al máximo los codiciados puntos de conexión a la red eléctrica (que se han convertido en uno de los cuellos de botella para acelerar aún más el despliegue masivo de nuevas instalaciones verdes). España se prepara para el nuevo boom verde que supondrá la hibridación, que implica la combinación de varios tipos de energías verdes en una misma instalación. La hibridación que se va a convertir en la más habitual pasará por colocar paneles solares entre los aerogeneradores de los parques eólicos. Las estadísticas de Red Eléctrica de España (REE), el gestor del sistema eléctrico, muestran una avalancha creciente y cada vez más acelerada de peticiones de los permisos necesarios para desarrollar estas ‘macroplantas’ que mezclarán molinos y paneles solares.
Pasando al ámbito bancario, y siguiendo con el tema de estos días, BBVA pide autorización a la CNMC para lanzar su operación sobre Banco Sabadell. El banco podría lanzar la operación al mercado sin saber si Competencia pone o no condiciones a la operación y cuáles serían. BBVA ya ha remitido la solicitud de autorización a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para lanzar la operación que ha planteado sobre Banco Sabadell. La entidad habría completado este paso esta pasada semana, una semana después de haber presentado la solicitud de autorización para realizar la OPA ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). BBVA habría remitido un folleto distinto a cada supervisor, puesto que Competencia revisará el nivel de concentración bancaria que haya con la entidad resultante de la OPA y la fusión, mientras que la CNMV se encargará de revisar la información que BBVA ha proporcionado al mercado para realizar la OPA. Para lanzar la OPA de carácter hostil sobre Sabadell, BBVA necesita dos autorizaciones previas: la del Banco Central Europeo (BCE) y la de la CNMV. Asimismo, la eficacia de la OPA estará sujeta a que acuda, al menos, el 50,01% de los accionistas de Sabadell, a la aprobación por parte de la junta de BBVA de la ampliación de capital para afrontar el canje de acciones –junta convocada ya para el 5 de julio–, a la autorización de la CNMC y de la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA, por sus siglas en inglés) de Reino Unido. Esto implica que BBVA no necesita la autorización previa de la CNMC para lanzar la OPA, sino para lograr su eficacia, lo que abre un escenario en donde el banco podría lanzar la operación al mercado sin saber si Competencia pone o no condiciones a la operación y cuáles serían. Sin embargo, las tres autorizaciones corren en paralelo: BBVA ya ha puesto en marcha la OPA con la presentación de la solicitud y el folleto a la CNMV, a lo que seguirá la remisión de la documentación al BCE y a Competencia. El primer «visto bueno será del BCE» que es lo que le servirá a la CNMV para permitir a BBVA que abra el periodo de aceptación de la OPA, que podría extenderse de 15 a 70 días. La ley que rige estas operaciones contempla la posibilidad de ampliar la operación en caso de «resultar necesario».
Se fijará en la concentración
Tal y como se recoge en la Ley de Defensa de la Competencia, el análisis de control de concentraciones se compone de dos fases. En una primera fase, que dura «un máximo de un mes» -sin incluir posibles suspensiones para solicitar más información-, se analiza la operación y el consejo de la CNMC decide si la operación debe ser archivada, si es susceptible de ser autorizada (con o sin compromisos) o, si por el contrario, la concentración requiere ser analizada más detalladamente por los problemas de competencia que pueda generar. Esto daría paso a la segunda fase del procedimiento, donde se contempla la participación de terceros interesados, y se puede extender un máximo de tres meses sin incluir posibles pausas. Tras el análisis en segunda fase, la CNMC puede resolver autorizar la operación, archivarla, autorizarla con compromisos, autorizarla con condiciones o prohibirla. En los tres últimos supuestos, Competencia debe trasladar su decisión al Ministerio de Economía, que puede elevarla, a su vez, por «razones de interés general», al Consejo de Ministros en un plazo de 15 días. «El acuerdo final [del Consejo de Ministros], que podrá autorizar con o sin condiciones la concentración, deberá adoptarse en un plazo máximo de un mes y puede solicitar un informe», señala Competencia en su página web. Además, la Ley de Defensa de la Competencia indica que el acuerdo final debe estar «debidamente motivado». El artículo 10.4 de la misma normativa, de hecho, contempla que el Consejo de Ministros pueda valorar las concentraciones económicas «atendiendo a criterios de interés general», distintos de la defensa de la competencia, incluyendo factores como la defensa y seguridad nacional, la protección de la seguridad o salud públicas, la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio español, la protección del medio ambiente, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, y garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial. Las dos últimas fusiones bancarias, la de CaixaBank y Bankia por un lado, y la de Unicaja y Liberbank por otro, fueron aprobadas en primera fase con condiciones. En el primer caso, la CNMC tardó cuatro meses, mientras que en el segundo no llegó a dos meses. En ninguna se hizo a través de una OPA hostil. Sin embargo, Banco Sabadell ha defendido públicamente estas últimas semanas que la operación planteada por BBVA es un caso «muy distinto» al de la fusión entre CaixaBank y Bankia: «No tiene nada que ver, porque Bankia era, sobre todo, un banco de particulares, donde con un producto tienen suficiente». «[Las pymes, segmento donde Sabadell tiene una cuota relevante] necesitan varios bancos, no es como pedir una hipoteca o cuando se tiene una cuenta corriente […]. Esto es mucho más relevante, porque las pymes necesitan uno, dos, tres o cuatro bancos porque utilizan distintos productos en cada ocasión», resaltó en una reciente entrevista el consejero delegado del banco catalán, César González-Bueno. Cabe destacar que, además de que la CNMC pueda elevar esta operación al Consejo de Ministros, la Ley de Supervisión de Entidades de Crédito incluye una disposición que faculta a Economía a autorizar las operaciones de fusión, previo informe del Sepblac, del Banco de España, de la CNMV y de la DGSFP. Este paso, sin embargo, es necesario para aprobar la fusión, pero no la OPA.
A nivel local, destacar que Asturias participa con 16 «startups» en el gran foro de la innovación. Asturias cuenta con una representación de 16 «startups» (empresas emergentes) en el South Summit 2024, el mayor evento internacional de emprendimiento innovador, que se ha celebrado en Madrid la pasada semana. Las compañías son 8Y5 Digital Studio, Cowtainers Coworking, Dive-Tagsonomy, El Camaleón de Rubik, Eterna Diagnostics-Startquake, Ewala it Services, Imageryst-Image Analyst Processing, Koinsys, Konfigear SP, Less Than Three Tech, Onirx-Neosentec, Plexigrid, Pragmatech, Stockfink, We are Cycle y Zapiens.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.