Septiembre suele ser el peor mes del año para las bolsas, pero la mala fama la tiene octubre. Después de un mes de agosto marcado por el bautizado como «lunes negro», la bolsa estrena septiembre, que suele ser el peor mes del año. Septiembre es el mes que, desde 1950, ha cerrado con menos rentabilidades en positivo, en este caso sólo un 44,59 por ciento. Es decir en sólo 32 meses en el periodo lo ha logrado, en tanto que, en los 41 meses restantes, el 55,41 por ciento el cierre es negativo. Además, la media de rentabilidad es la más negativa de los 12 meses del año de forma significativa, con el -0,71 por ciento de promedio.
En esta semana cabe destacar el hecho de que la economía de la eurozona repunta en agosto, pero disminuyen los pedidos y el empleo. La actividad del sector privado de la zona euro aceleró en agosto al ritmo más elevado desde mayo, impulsada por la rápida reactivación económica del sector de servicios vinculada a los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de París. Así lo ha reflejado el índice PMI elaborado por S&P Global y el Hamburg Comercial Bank (HCOB), que repuntó de 50,2 puntos en julio a 51 este mes. El alza marcó el sexto mes de crecimiento ininterrumpido, el periodo de expansión más prolongado en los últimos dos años. Los datos parecen alentadores, pero la fragilidad económica de la eurozona aún es palpable en el deterioro de la confianza empresarial, el empleo y los pedidos.
Francia aprovechó su impulso olímpico y se consolidó como una de las fuerzas detrás la expansión económica en agosto. El sector privado de la segunda economía más grande de la zona euro avanzó a su ritmo más veloz desde mayo de 2022 y alcanzó los 53,1 puntos. A pesar de ello, continua detrás de España que ostenta el mejor resultado PMI tras registrarse 53,5 puntos, su máxima en dos meses.
Por su parte, en Reino Unido proponen una semana laboral comprimida de cuatro días.
Los empleados tendrán que trabajar todas sus horas en estos cuatro días para recibir el total de su salario. El Gobierno laborista de Keir Starmer quiere conceder a los británicos el derecho a solicitar trabajar cuatro días a la semana en vez de cinco a fin de facilitar el empleo flexible, según ha reconocido el Ejecutivo tras las informaciones publicadas en medios locales. Los empleados, no obstante, tendrán que trabajar sus horas completas para recibir el total de su salario, pero contarán con la opción de comprimirlas en los cuatro días semanales. Se espera que este plan sea dado a conocer en detalle tras el comienzo la próxima semana del curso parlamentario y estará contenido en un proyecto de ley sobre derechos de los trabajadores. Un portavoz del Ministerio de Comercio y Negocios resaltó que «cualquier cambio en la legislación laboral será consultado, trabajando en asociación con las empresas«. En virtud de la actual legislación, los empleados tienen derecho a solicitar trabajo flexible, que puede incluir trabajo a tiempo parcial, horarios de entrada y salida flexibles o trabajo desde casa, pero los empleadores pueden denegarlo en ciertas circunstancias, como puede ser si tiene un coste adicional para la compañía.
Por su parte, y yendo al titular del blog en el día de hoy, Escrivá estudia una reestructuración interna y prepara un nuevo plan estratégico para el Banco de España. El exministro ha tomado esta pasada semana posesión como gobernador para poder asistir a la reunión del BCE de la próxima semana
Por su parte, Carlos Cuerpo propone a Escrivá como el mejor candidato para el Banco de España.
Una vez superado el trámite del Congreso, José Luis Escrivá ha tomado posesión esta semana de su cargo como gobernador del Banco de España. Los trámites se han acelerado para que el exministro de Seguridad Social y más recientemente de Transformación Digital y de la Función Pública pueda estrenarse como miembro del consejo del Banco Central Europeo (BCE) la próxima semana. El Banco de España de Escrivá será el ‘cortafuegos’ de Díaz en la reforma del despido. La llegada de José Luis Escrivá al Banco de España plantea la incógnita de hasta qué punto será capaz de distanciarse de las políticas diseñadas en un Consejo de Ministros del que lleva formando parte desde 2020. Pero hay un ámbito en el que se sentirá mucho más cómodo manteniendo la línea de análisis crítico que ha llevado el supervisor bancario: las políticas centradas en el empleo. Aquí puede jugar un papel de ‘cortafuegos’ a las tesis de Yolanda Díaz cuyas propuestas sobre el despido han abierto una brecha cada vez más evidente entre SUMAR y el PSOE. Históricamente, los análisis más ‘polémicos’ del supervisor no han sido los relativos a la situación bancaria y la política monetaria, ni siquiera los que abarcan la estabilidad presupuestaria. Los roces entre el Banco de España y los miembros del Gobierno en los últimos años se centran en sus recomendaciones en materia laboral, de salarios y pensiones. Fuentes del propio organismo consideran que el margen de Escrivá para ‘filtrar’ o siquiera ‘suavizar’ los informes es limitado, si bien otra cosa son sus declaraciones y discursos públicos, incluyendo las comparecencias parlamentarias. Aquí Escrivá será responsable de sus propias palabras, aunque nadie espera que empiece su mandato poniendo el foco en las dificultades para la sostenibilidad de la Seguridad Social, cuya reforma impulsó desde la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, tampoco se descarta que Escrivá, que hasta su llegada al Ejecutivo se había granjeado una sólida reputación de independencia y criterio propio, pueda dar alguna sorpresa y ‘desmarcarse’ de Moncloa en estos temas y otros, como la financiación autonómica, e incluso cuestionado su propio ‘legado’ en algún momento. Existe el precedente de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que en 2006 pasó de secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos con José Luis Rodríguez Zapatero a gobernador y fue crítico en materia de reformas de pensiones y laboral. Pero ni en el PSOE ni en el propio Ejecutivo prevén que esto ocurra a corto plazo, aunque son conscientes de que el nuevo gobernador necesitará marcar distancias desde un primer momento.
Esto, precisamente, puede jugar a favor de la estrategia del ala socialista en materia económica del Ejecutivo, que busca poner coto a las propuestas de Yolanda Díaz, en especial en lo referente a su reforma del despido. Una cuestión en la que el PSOE considera que Díaz ha jugado a dos bandas, alentando una denuncia de los sindicatos ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) para justificar un encarecimiento de la indemnización por cese declarado improcedente, a pesar de que esta cuestión quedó explícitamente fuera del acuerdo de reforma laboral de 2021 para no lastrar la creación de empleo. Escrivá, que también participó en la recta final de aquella negociación junto a Nadia Calviño en un gesto de Sánchez que se interpretó como una forma de contrarrestar el ‘protagonismo’ de Díaz, se considera la voz más adecuada para defender las tesis del PSOE, que no quiere abrir el melón de una nueva reforma que se antoja mucho más compleja de pactar. Las discrepancias en el seno del Gobierno de coalición parecían haberse cerrado tras las elecciones con un compromiso de «mínimos» en el acuerdo, de investidura que permitió a Sánchez formar un nuevo Gobierno ‘progresista’ con Sumar (excluyendo a Podemos). El texto habla de «establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral». Pero esta redacción es demasiado ambigua y el PSOE no ve la necesidad de encarecer el despido, como plantea explícitamente Díaz. Lo que plantea el Banco de España, en pocas palabras, es evitar el abuso del despido disciplinario como una fórmula encubierta de despido ‘exprés’. Una asignatura pendiente desde la reforma de 2012 (que abarató las indemnizaciones máximas de 45 a 33 días por año).
Continuando con el tema bancario pero de otra índole, el BCE da luz verde a la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell y la deja en manos de la CNMV. El regulador bancario ha analizado la solvencia de la entidad resultante, pero no la competencia. El Banco Central Europeo (BCE) no pondrá trabas a la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. El banco de origen vasco ha comunicado al mercado que el regulador bancario europeo ha manifestado su “no oposición” a la transacción. El análisis se centra únicamente en cuestiones de solvencia de la entidades resultante, sin entrar en cuestiones como la competencia o la concentración bancaria en el mercado español. La decisión de la institución que preside Christine Lagarde, auspiciada por el Banco de España, acelera los plazos de la opa, que de acuerdo al calendario del BBVA se espera que esté cerrada hacia finales de año. El banco remitió el expediente al regulador a principios de junio y esta institución tenía un plazo de tres meses, ampliable por otro más para pronunciarse. El plazo vencía durante el mes de septiembre. La pelota pasa ahora al tejado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que cuenta con 20 días para autorizar la operación, a contar desde que admitió la opa a trámite. Puede prolongar los plazos a placer. La normativa de opas, eso sí, no le permitiría dar luz verde a la transacción sin que el BCE se hubiese pronunciado antes. Por tanto, este movimiento supone que sea el siguiente organismo en hablar sobre la propuesta. Después de eso se iniciaría el plazo de aceptación de la opa, que será de entre 15 y 70 días, cuando los accionistas del Sabadell decidirán vender o no sus títulos. Sobre el papel, la decisión de la CNMV puede llegar antes que el tercer organismo en liza, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se pronuncie. Esto supondría que los accionistas del banco tengan que decidir sobre la opa sin conocer las condiciones de Competencia, que aún no ha decidido si autorizar la transacción en una primera fase o elevar su análisis a una segunda. En este caso, los plazos se dilatarían probablemente más de lo esperado por el BBVA. Y esto implicaría la entrada en juego del Gobierno, que se ha manifestado totalmente en contra de la operación, para avalar o ampliar las condiciones impuestas por el organismo que preside Cani Fernández. El regulador que pilota Rodrigo Buenaventura también tiene margen para esperar y pronunciarse después. En todas las opas recientes ha autorizado la operación después de la intervención de la CNMC. “Es un nuevo hito muy relevante que subraya, además, la solidez y solvencia de este proyecto. La unión de Banco Sabadell y BBVA crea una entidad más fuerte y rentable, que tendrá una capacidad adicional de concesión de crédito a familias y empresas de 5.000 millones de euros al año. Esperamos recibir el resto de autorizaciones según el calendario previsto y avanzar en el proyecto más atractivo de la banca europea”. indica el presidente del BBVA, Carlos Torres, en un vídeo divulgado por el banco.
Un portavoz del Banco Sabadell, tras la publicación de la no oposición del BCE a la transacción, apunta que la decisión de este supervisor “es fruto principalmente de una evaluación prudencial y era esperado”, así como que no cambia la necesidad de contar con el sí de la CNMV y la CNMC y del Ministerio de Economía para la fusión. “A la hora de emitir su opinión, el BCE considera criterios como la solvencia del potencial comprador. Su análisis no entra en aspectos clave como aquellos relacionados con la competencia en el sector bancario español, el apoyo a las pymes o cuestiones fundamentales sobre el valor de la propuesta para los accionistas de Sabadell. La transacción es perjudicial para el acceso de las pymes al sector bancario y para los accionistas de Sabadell. El proceso sigue siendo largo y complejo, y los accionistas de Sabadell no necesitan tomar ninguna decisión en este momento”, señala. El BBVA ha exhibido ante el BCE para la autorización de la transacción su elevada posición de capital, del 12,75%. Pese a haber reducido la ratio CET 1 -el capital de mayor calidad- en siete puntos básicos frente al trimestre anterior, la cifra está por encima tanto de los umbrales fijados por el banco, de entre el 11,5% y el 12%, como del nivel fijado por los reguladores, del 9,11%. La rentabilidad sobre fondos propios se eleva hasta el 20%. El capital del Sabadell está en el 13,48%. En la documentación remitida en la presentación de la opa, el BBVA detallaba que espera un impacto de 30 puntos básicos en el capital por la absorción del Sabadell. Calcula unos costes de 1.450 millones, así como unas sinergias de 850 millones. Según ha detallado después, espera que de esos 850 millones, hasta 450 millones vengan de ahorros administrativos y de tecnología; 300 millones por personal, y 100 millones de costes de financiación.
A nivel regional, Asturias es la comunidad donde más creció la compraventa de vivienda en julio. Las operaciones aumentaron un 41,6%, mientras que la región registró el segundo mayor alza de los préstamos hipotecarios
En efecto, Asturias fue la comunidad autónoma donde más aumentó la compraventa de vivienda en julio en comparación con el mismo mes del año pasado, según los datos publicados esta semana por el Consejo General del Notariado. El crecimiento interanual fue del 41,6%. A nivel nacional, las operaciones en julio se incrementaron un 20,2%, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 31,1%. El precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.731 euros, registrándose un ascenso del 2,8% interanual. Detrás de Asturias, las regiones con un mayor repunte interanual fueron País Vasco (36,4%), Galicia (30,2%), Extremadura (29,5%), Canarias (25,9%), Navarra (24,4%), Andalucía (22,2%), Cataluña (21,7%), Madrid (21,5%), Cantabria (21,4%) y Castilla-La Mancha (20,2%). Los ascensos se situaron por debajo de la media nacional en Castilla y León (17,6%), La Rioja (16,3%), Aragón (11,8%), Baleares (11,2%), Comunidad Valenciana (11,1%) y Murcia (11,0%). Asimismo, el Principado fue la segunda comunidad donde más aumentaron las hipotecarios: el alza interanual fue del 44,6%, sólo por detrás de Castilla y León (46,6%). A continuación figuraron Comunidad Valenciana (37,2%), La Rioja (37,2%), Cantabria (36,6%), Aragón (36,6%), País Vasco (36,2%), Galicia (32,7%) y Extremadura (32,0%).
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.