Las esperanzas de Lagarde

Las cifras clave de la semana, las de empleo en EEUU, han sorprendido al alza, lo que ha provocado una primera reacción positiva de las bolsas. A los bonos, en cambio, no les ha sentado bien; posiblemente por la evolución de los ingresos salariales y por la fuerte subida del crudo. El dólar también se ha revalorizado, en un movimiento contrario, que solo puede justificarse por su papel de activo refugio. La tasa de paro se ha situado en el 4,1%, por debajo del 4,2% anterior, pero con una creación de empleo no agrícola de 254.000 nuevos puestos de trabajo en septiembre. La cifra ha sido muy superior a la que esperaba el mercado y se ha situado por encima de la media de los últimos 12 meses en la creación de empleo, que se sitúa en los 203.000. Además, ha venido acompañada de las habituales correcciones en las cifras anteriores que, en esta ocasión, y también de forma sorprendente se han revisado al alza, añadiéndose en conjunto un total de 72.000 nuevos empleos para los meses de julio y agosto.

Cabe destacar una noticia en el ámbito internacional y es que un nuevo cripto-estado emerge en el Himalaya: Bután posee el doble de bitcoins que El Salvador.

La electricidad abundante y barata han convertido a este remoto y pacífico país budista del sur de Asia en un inesperado filón para el minado de divisas digitales. Una nación comprimida entre China e India, en mitad de la cordillera del Himalaya, se ha convertido en un improbable epicentro de las criptomonedas. El reino de Bután, más acostumbrado a copar las páginas de viajes por sus espectaculares paisajes y monasterios budistas, ha saltado a un primer plano de la criptosfera después de que la firma Arkham Intelligence desvelara que el conglomerado estatal Druk Holdings posee 13.011 bitcoins, algo más del doble de los que declara El Salvador de Nayib Bukele (5.877). A precios actuales, esa participación está valorada en unos 780 millones de dólares (700 millones de euros), lo que para una población de unos 780.000 habitantes supone atesorar 1.000 dólares en bitcoins por ciudadano.

Arkham detalla que esa pequeña fortuna proviene de las operaciones de minado de bitcoin efectuadas por el brazo inversor de Bután, la citada Druk Holdings, un nombre que no ha sido elegido al azar: significa dragón del trueno, y aparece en la bandera del país sosteniendo joyas como símbolo de riqueza. “Pudimos corroborar la cronología de la actividad minera con la evolución de las imágenes satelitales de la construcción de las instalaciones”, apunta Arkham. La más grande de esas infraestructuras se encuentra en los terrenos de la fallida Ciudad de la Educación, con la que las autoridades buscaban atajar la emigración y reducir el desempleo, pero que finalmente no han acogido aulas ni libros, sino estas fábricas de bitcoins que trabajan día y noche los siete días a la semana. “A diferencia de la mayoría de los gobiernos, el bitcoin de Bután no proviene de incautaciones de activos por parte de las fuerzas del orden, sino de las operaciones mineras de bitcoin, que han aumentado drásticamente desde principios de 2023″, continúa Arkham, que coloca ahora al país en el cuarto puesto de los países con más bitcoins, solo por detrás de Estados Unidos, China y el Reino Unido, y justo por delante de El Salvador. Los datos concretos de cuántos bitcoins posee Bután se han conocido esta semana, pero sus intenciones saltaron a la luz tiempo atrás. En un lugar tan inaccesible y aislado, no hubiera sido raro que la noticia permaneciera oculta durante años y años, porque las autoridades han mantenido en secreto esa frenética actividad de las máquinas de minado, pero Forbes desveló el año pasado la localización de las instalaciones utilizando imágenes por satélite, al quedar expuestos los lazos de Bután con el universo cripto gracias a las quiebras de los criptoprestamistas BlockFi y Celsius, en quienes había depositado pequeñas cantidades. Junto a los bitcoins en su poder, las autoridades de Bután también poseen unos 35 millones en ethereum, tres millones en BNB, el token de Binance y apenas 20.000 dólares en la plataforma blockchain Polygon. La inmersión en el universo cripto sorprende, porque el país ha estado tradicionalmente más centrado en los asuntos del alma que en los de la cartera. A finales de la década de los setenta, Jigme Singye Wangchuck, cuarto monarca de Bután, quiso desmarcar a su reino de la obsesión por el crecimiento económico acuñando una expresión que pronto prosperaría en el exterior como tópico de la vida tranquila, pacífica y agradable de sus habitantes. “La felicidad nacional bruta es más importante que el producto interno bruto”, dijo. Ahora, sus herederos han transformado Bután en algo más que un retiro espiritual y de bienestar, donde también importa una preocupación tan terrenal como el dinero.

En el ámbito de la política monetaria y como destaco en el titular del blog en el día de hoy, Lagarde abre la puerta a un recorte de tipos en octubre ante la bajada de la inflación. La presidenta del BCE se declara «más confiada» sobre la evolución del IPC y vuelve a defender las fusiones bancarias transfronterizas en Europa.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado esta pasada semana que la evolución reciente de la inflación en la zona euro está en línea con lo esperado por su organismo, lo que confirma la expectativa de nuevas bajadas de los tipos de interés oficiales, tras las aprobadas en junio y septiembre. «Los últimos acontecimientos refuerzan nuestra confianza en que la inflación volverá a su objetivo de manera oportuna (2% a medio plazo). Lo tendremos en cuenta en nuestra próxima reunión de política monetaria en octubre», ha apuntado ante la comisión de economía del Parlamento Europeo, con lo que ha dejado la puerta abierta a un nuevo recorte en el consejo de gobierno del próximo 17 de octubre, sin esperar al del 12 de diciembre. La alta funcionaria francesa, así, ha destacado que la desinflación se ha «acelerado» en los últimos dos meses. El IPC general de la zona euro, ha subrayado, descendió al 2,2% en agosto y bajará aún más en septiembre, gracias sobre todo a la caída de los precios energéticos. En el cuarto trimestre, ha advertido, subirá temporalmente debido al efecto estadístico que supone que la energía comenzase ya a abaratarse en los últimos tres meses del año pasado, con lo que la comparación interanual será menos favorable. Pero lo importante, ha insistido, es que la tendencia general de la inflación es a la baja.

A nivel doméstico, señalar que las empresas declaran este año la guerra al teletrabajo e imponen el regreso a la oficina. El 55% de las compañías españolas adopta ya un modelo 100% presencial, el porcentaje más alto tras el ‘boom’ alcanzado con la crisis de la covid. «Las personas son más productivas cuando trabajan en la oficina». Así lo asegura Elon Musk, el fundador de Tesla y dueño de X (antigua Twitter), que se ha convertido en un férreo detractor del teletrabajo. El polémico empresario defiende que «trabajar desde casa es estar alejado de la realidad» y por eso impuso en sus compañías ya desde 2022 políticas estrictas, exigiendo que los empleados trabajen al menos 40 horas semanales en la oficina. «Si no te presentas (en la oficina), consideraremos que has dimitido», llegó a amenazar en una carta a sus trabajadores. Pero estas ideas de que trabajar en grupo incentiva el ingenio, que es necesario juntarse, hablar, debatir… para crear y producir más están calando más y más entre los directivos de las grandes empresas. La consultora mundial Goldman Sachs, el banco de inversión JP Morgan o Dell son grandes compañías que han dado marcha atrás en su apuesta por el teletrabajo y, o bien lo prohíben, o lo endurecen de tal forma que el que no acuda a la oficina no tendrá posibilidades de prosperar (advierte Dell). Una de las últimas firmas en sumarse a esta tendencia ha sido el gigante del comercio electrónico Amazon, que recientemente ha ordenado a todos sus empleados, más de 25.000 en todo el mundo, la vuelta a la oficina. Nadie podrá ya quedarse trabajando en sus casas salvo situaciones excepcionales, como, por ejemplo, la enfermedad de un hijo. Este paso atrás también se está produciendo entre las empresas españolas y en este último año un 55% ya ha adoptado un modelo 100% presencial, el porcentaje más alto desde 2021, cuando únicamente eran el 26%, según constata un reciente informe publicado por InfoJobs. Se confirma así que el ‘boom’ que experimentó el teletrabajo a raíz de la pandemia del coronavirus está decayendo y en 2024 siguen disminuyendo las empresas que ofrecen a sus empleados la posibilidad de teletrabajar. Si en 2021, año posterior a la peor fase de la covid-19, esta modalidad de trabajar en remoto alcanzó al 74% de las compañías, este modelo ha ido decayendo año a año: en 2022 un 66% de las empresas ofrecían la opción de teletrabajar, en 2023 eran un 51% y en 2024 se ha desinflado y únicamente suponen el 45% de las organizaciones, casi la mitad que en 2021 (74%), según los datos que arroja una encuesta elaborada por InfoJobs a más de 1.300 empresas.

En otro orden de cosas, pero también en terreno laboral, Díaz garantiza que reducirá la jornada laboral aunque no haya acuerdo con la patronal. La vicepresidenta y ministra de Trabajo confía en llegar a un acuerdo con la CEOE y los sindicatos porque «la opinión pública ha cambiado» y «los partidos se han movido». 

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, se ha mostrado esta semana optimista de cara a alcanzar un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral. Al mismo tiempo, ha asegurado que, si al final éste no es posible, el Gobierno actuará. «Queremos acuerdos, sí, trabajamos para el acuerdo, sí, es posible el acuerdo, siempre. Ahora bien, si no hay acuerdo, el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de España van a reducir la jornada laboral como hemos hecho con el salario mínimo interprofesional», ha señalado en un debate celebrado en el marco de la fiesta anual del PCE. La vicepresidenta ha explicado que es optimista al respecto porque «la opinión pública ha cambiado, las formaciones políticas se han movido y esta medida sirve para vivir mejor y, como sirve para vivir mejor, sin lugar a dudas, creo que lo vamos a conseguir». Díaz ha indicado que el objetivo de la reducción de la jornada laboral es vivir mejor y es el debate democrático por excelencia, porque va de algo clave que es mejorar la productividad y distribuirla de manera justa. La productividad en la parte de los trabajadores se ha incrementado por encima del 15 % en España. Sin embargo, en la del capital ha caído 21 puntos, por lo que tiene que ser un debate de un reparto igual y «en un marco en el que tenemos beneficios y márgenes empresariales que son brutales», ha agregado la ministra. «Es un debate democrático porque gana tiempo a la vida, porque queremos vivir mejor, porque hay tecnologías suficiente, porque hemos vivido la vida para vivir con dignidad, porque necesitamos ser creo que fundamentalmente humanos, porque necesitamos poder tener tiempo para vivir y esto es clave», ha insistido.

Y por dejar algún espacio al culebrón bancario de la temporada, destacar que Banco Sabadell y BBVA convierten la opa en una guerra de los dividendos. Sitúan en la banda alta de sus previsiones lo que destinan del beneficio a pagar a los accionistas.

La batalla de la opa entre Banco Sabadell y BBVA se libra, también, en el dividendo. La remuneración al accionista es tradicionalmente una manera de contentar y mantener la fidelidad de los pequeños inversores, claves a la hora de decidir si sale adelante la operación de compra de la entidad que preside Josep Oliu por parte del banco de origen vasco. El Sabadell, que esta pasada semana ha pagado su primer dividendo del año, ha acordado fijar el porcentaje de beneficios a distribuir a los accionistas, el ‘pay-out’, en el 60% del beneficio que logrará este año. «Este nivel de ‘pay-out’ se sitúa en la parte alta del rango establecido por la política de retribución al accionista [situada entre el 40% y el 60%]», explica la entidad en un comunicado. Por su parte, BBVA no se queda atrás y ha disparado este años sus dividendos un 81%.  El banco que dirige Carlos Torres Vila abonará el próximo 10 de octubre el mayor dividendo de su historia en plena opa. La entidad recompensará a sus accionistas con un dividendo a cuenta de los resultados de 2024 de 0,29 euros brutos por título, un 81% más que un año antes. El consejo de administración de BBVA fija que cada año la entidad debe repartir anualmente entre el 40% y el 50% del beneficio y este año la estimación es que lo sitúe en el 47%, también en la banda alta de sus objetivos. Banco Sabadell se ha comprometido a elevar el dividendo de este año un 21%. En concreto, el banco catalán anunció durante la presentación de sus resultados del primer semestre 500 millones más para retribuir a sus accionistas hasta los 2.900 millones, equivalente al 27% de la capitalización del banco. «Este aumento se explica por la suma de 250 millones de euros y por un menor impacto de la normativa Basilea IV».

Además, el Sabadell confía en que CNMV y CNMC retrasen la opa del BBVA al segundo trimestre de 2025. Oliu afirma que el ajuste del precio por los dividendos es «neutral» o «si alguna cosa, empeora la oferta». El Sabadell sigue en armas contra el BBVA. Los máximos mandatarios del banco catalán han asegurado este pasada semana en que confían en que el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre su posible comprar por parte del grupo de origen vasco, clave para el éxito o fracaso de la opa hostil lanzada por su competidor, se retrase al segundo trimestre de 2025, así como que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) espere también hasta entonces. Así lo han manifestado su presidente, Josep Oliu, y su consejero delegado, César González Bueno, en un encuentro con accionistas de su entidad en el que han cargado contra la exposición del BBVA a México. La operación «no hace ilusión a nadie», ha remachado Oliú. La CNMV ya ha dejado entrever que, aunque no tenga la obligación de hacerlo, podría esperar a que la CNMC se pronuncie antes de aprobar la opa y dar inicio al periodo de aceptación para los accionistas. Los técnicos de los dos organismos están en contacto y parece probable que el supervisor bursátil pueda esperar a Competencia si esta dictamina en primera fase. Hay más dudas de que lo vaya a hacer si pasa a la segunda.

Efectos demoledores

Sin decirlo directamente, los dos máximos dirigentes del Sabadell han venido a mostrar su confianza en que todo este complejo proceso haga que la operación descarrile. Oliú, así, ha apuntado que el Sabadell ha trasladado a la CNMC que considera que es una operación compleja (pues tendría «efectos demoledores» sobre las pymes y ha provocado una «reacción social muy importante y negativa» del Gobierno, administraciones territoriales y agentes sociales), por lo que ha asegurado «esperar» que pase a la fase dos de análisis. González Bueno, por su parte, ha considerado «probable» que la CNMV espere a Competencia, incluso en fase dos, antes de abrir el proceso de aceptación de la opa, «si es que se abre». En la misma línea, el presidente ha advertido que la cotización del BBVA está sometida a muchas incertidumbres, como las condiciones que pueda imponer la CNMC, el rechazo del Gobierno a aprobar la fusión si la opa sale adelante, o el hecho de que el banco esté imputado por el ‘caso Villarejo’. Por ello, ha pedido a la CNMV que en el folleto de la opa «no se esconda ninguna información». En particular, el impacto de que haya o no fusión, los costes de reestructuración (ha tildado de bajos los anunciados por su competidor), las sinergias esperadas (el rechazo social a la operación, ha afirmado, supondrá una pérdida de ingresos en beneficio de otros bancos) y el impacto de romper las alianzas del Sabadell con otras empresas.

El presidente ha añadido otras dudas sobre el futuro del valor de las acciones de BBVA, como el litigio en el que está acusado de los delitos de cohecho en grado de continuidad y de revelación de secretos junto a su expresidente Francisco González por la contratación del comisario José Manuel Villarejo. Por último, Oliu ha señalado que en las empresas que tienen entre 2 millones y 10 millones de facturación y las que facturan entre 10 millones y 50 millones, «pasar de cuatro bancos a tres tiene unos efectos demoledores en la oferta de crédito y puede tener unos efectos demoledores también en el futuro en el propio capacidad de desarrollo de estas empresas».

Nada que añadir a lo anterior, salvo que estoy totalmente de acuerdo.

SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.