En esta pasada semana ha destacado el hecho de que Italia y Dinamarca ultiman nuevas alzas fiscales para las criptomonedas. El país transalpino estudia elevar el impuesto sobre las plusvalías de las inversiones en activos digitales del 26% actual hasta el 42% en 2025. El Consejo fiscal danés, en cambio, propone un principio de tributación por inventario, que grave incluso las ganancias no realizadas. A primera vista, Italia parecería un país criptofriendly. Sin embargo, no es del todo cierto. La medida, incluida en los presupuestos que tendrán que aprobarse en las próximas semanas en el parlamento, ha desatado la ira del sector, convencido de que mermará el interés inversor en el país. Junto a Italia, en Dinamarca el Consejo Fiscal ha sugerido adoptar un sistema de tributación por inventario que grave incluso las ganancias no realizadas, con hasta un 42%.
En el caso del país transalpino, el incremento del impuesto afecta tanto a las obtenidas por transmisión como las que proceden de la actividad de staking [el equivalente de un depósito]. Por ahora no se hace mención al límite exento de tributar: a día de hoy el impuesto se aplica en los rendimientos superiores a los 2.000 euros. En un documento técnico, el Ejecutivo detalla que con esta medida prevé recaudar unos 16,7 millones de euros adicionales al año, que se sumarían a los 27 millones recaudados anualmente. Si se aprobara esta iniciativa, Italia se convertiría en el país que grava de forma más agresiva las ganancias de los activos digitales.
Es evidente, como destaco en el titular del blog en el día de hoy que la victoria de Donald Trump tendrá un impacto económico global. Más aranceles, menos impuestos y una regulación más laxa. Son los ejes de la política económica que quiere poner en marcha Trump cuando llegue a la Casa Blanca; su hoja de ruta perjudicará las exportaciones de China y la UE. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca tendrá efectos colaterales significativos, no sólo en Estados Unidos (EEUU), sino en el conjunto de la economía global. Nada más certificarse su contundente victoria electoral, las acciones de Tesla, propiedad de su amigo y aliado político, el magnate tecnológico Elon Musk, se dispararon en bolsa. No es algo anecdótico. Trump prometió al multimillonario -también propietario de Twitter y Space X- un cargo en su administración. Será el nuevo «secretario de reducción de costes (…) se muere de ganas por hacerlo», aseguró el presidente electo durante su campaña electoral, a la que Musk ha aportado 75 millones de dólares. Sin embargo, algunos de los compromisos económicos de Trump, chocan con los intereses del multimillonario que, hace pocos días, rechazó la intención del presidente electo de imponer aranceles de golpe y abogó porque estos gravámenes sean «medidos y específicos». La influencia del empresario en la política económica de Trump podría ser fundamental a la hora de que el republicano ponga en marcha todas las medidas económicas que ha avanzado durante la campaña, algunas de ellas muy radicales, como la posibilidad de imponer aranceles de hasta el 100% a los productos importados desde México. El país latinoamericano es uno de los principales socios comerciales de EEUU y tiene suscrito un acuerdo comercial con su vecino del norte y con Canadá (el USMCA) que tocará revisar el año que viene. «Ahora tenemos una nueva presidenta en México (…) y le voy a informar desde el primer día o antes que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a los Estados Unidos de América (…) si no funciona, lo llevaré al 50%. Y si no funciona, lo llevaré al 75% (…) y después las llevaré al 100%», amenazó el republicano.
Trump también ha prometido imponer aranceles de hasta el 60% a los productos chinos y del 10% a los que entran a EEUU desde la Unión Europea (UE), dentro de su estrategia MAGA (Make América Great Again) que busca favorecer a las empresas estadounidenses ante la competencia exterior.
Pasando al plano domestico un par de hechos a destacar.
La riada arrasa más de 34.000 empresas y pequeños negocios en los municipios anegados de Valencia. Torrent, Alzira, Catarroja y Aldaia son las poblaciones más perjudicadas, con al menos 1.900 mercantiles damnificada en cada caso. Comercio, transporte y hostelería, con más de 13.000 locales arrasados, es la actividad con mayores daños tras los servicios. Conforme pasan las horas, aumenta la información in situ y se van ajustando las estadísticas, la magnitud de la tragedia por la DANA en la provincia de Valencia cobra cada vez mayor dimensión. La Cámara de Comercio de Valencia ha hecho una nueva estimación del número de empresas afectadas por las inundaciones y las conclusiones son de vértigo. Y es que el 17 % de las 197.000 mercantiles que están ubicadas en dicho territorio figuran entre los damnificados por las lluvias y las posteriores inundaciones. Dicho de otro modo: 34.193. En el desagregado por ramas de actividad, llama la atención el gran número de afectados que figuran en el epígrafe comercio, transporte y hostelería, con más de 13.000. Se trata de empresas ubicadas a pie de calle y, en consecuencia, severamente impactadas por la riada. Aparecen casi a la par que los servicios, el gran sector de cualquier economía moderna, que tiene 14.179 firmas damnificadas. Dentro del terciario, la palma se la llevan las actividades profesionales y técnicas, con 4.804. Las actividades inmobiliarias suman 1.922. Y la educación, la sanidad y los servicios sociales suben hasta los 2.458. Servicios y comercio son sectores que están muy atomizados y donde abunda la figura del autónomo. De ahí que resulte especialmente significativo que una actividad donde priman las empresas al menos medianas, como es la industria, tenga 2.826 afectados. La construcción, por su parte, sube hasta las 4.115. La Cámara de Comercio, que utiliza datos del Consejo General de Economistas, hace un desagregado por municipios. La población con un mayor número de afectados es también una de las de mayor tamaño de la provincia de Valencia: Torrent. Esta localidad de 90.000 habitantes casi pegada a la capital autonómica tiene 5.075 mercantiles damnificadas. Otras ciudades que han perdido buena parte de su tejido empresarial son Alzira (2.809), Catarroja (1.913), Aldaia (1.901) y Sueca (1.669). Dos de las poblaciones que han tenido un mayor protagonismo como epicentro de los destrozos, Paiporta y Utiel, tienen cifras menores. La primera, con 27.000 habitantes, tiene 1.492, y la segunda, con 12.000, se queda en 673. La organización cameral también ha realizado una aproximación al empleo damnificado por la DANA. La entidad calcula que 65 municipios de la provincia de Valencia han sufrido daños de consideración, de los cuales en 32 alcanzan la categoría de «severos o muy grandes». Pues bien, en el conjunto de los primeros están empleadas 354.000 personas, una cifra equivalente al 33,5 % de los afiliados a la Seguridad Social de toda la provincia. En las 32 localidades más afectadas el número de trabajadores asciende a 217.676.
Y finalmente destacar que la Autoridad Fiscal anticipa que en 2025 no harán falta nuevos ajustes para cumplir con el plan fiscal remitido a Bruselas. La Airef cuestiona que el Gobierno haya dejado las mayores restricciones presupuestaria para los años 2030 y 2031, de menor crecimiento.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calcula que en 2025 no harán falta nuevos ajustes en las cuentas públicas para cumplir el Plan Fiscal que el Gobierno remitió el pasado 15 de octubre. Según los cálculos del organismo bastará con la retirada de las rebajas fiscales que se adoptaron para combatir la inflación, con el incremento de las cotizaciones previsto en la reforma de las pensiones y con no corregir la inflación en la tarifa del impuesto sobre la renta, para que el Gobierno pueda cumplir con su compromiso de que el gasto computable a efectos de las nuevas reglas fiscales no crezca por encima del 3,7% el año próximo. Según la Airef, estas tres medidas fiscales (por un importe estimado de unos 7.400 millones de euros) bastarán para que el Gobierno pueda frenar el crecimiento del gasto primario neto de medidas fiscales desde el 5,3% previsto para este año al 3,7%, comprometido para el próximo, sin necesidad de tener que ajustar el gasto ni subir otros impuestos. El hecho de que el Gobierno no haya presentado aún un proyecto de Presupuestos para 2025 impide conocer todavía qué medidas concretas de ingresos y de gastos prevé adoptar el Ejecutivo el año próximo. De cara a los siguientes años, el organismo que preside Cristina Herrero, calcula que, entre 2026 y 2028, sí serán necesarias medidas adicionales, bien por el lado de los gastos o de los ingresos, en torno a dos décimas de PIB cada ejercicio (equivalentes a unos 3.000 millones de euros cada año). Entre 2029 y 2031, las medidas adicionales necesarias para alcanzar la senda del Plan Fiscal estarían entre tres y cuatro décimas del PIB (entre 4.500 y 6.000 millones). Herrero ha cuestionado la decisión del Gobierno de desplazar la parte más intensa del ajuste al final del periodo, que es para cuando se prevé un menor crecimiento de la economía española.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.