En esta pasada semana las bolsas europeas han cerrado en positivo, apoyadas por el mejor tono de Wall Street en la recta final del mes, aunque en el momento del cierre los índices estadounidenses mostraban ligeros descensos. El balance mensual resulta favorable desde el punto de vista estacional y refuerza las probabilidades de un ejercicio con avances, pese a un entorno todavía volátil. En este contexto, el IBEX 35 ha destacado al cerrar el mes en nuevos máximos históricos, en 17.880,9 puntos, y quedarse a apenas 50 puntos de los 18.000, nivel psicológico que se consolida como siguiente referencia para el mercado español. Las tensiones en torno a Irán han impulsado el precio del petróleo por encima de los 65 dólares por barril, añadiendo presión a un escenario ya sensible para la inflación. Uno de los principales focos de atención de la semana ha sido la Reserva Federal. Donald Trump ha confirmado que nominará a Kevin Warsh como nuevo presidente del banco central estadounidense para sustituir a Jerome Powell. Warsh fue gobernador de la Fed entre 2006 y 2011 y cuenta con un perfil conocido y respetado por los mercados. Tras el anuncio, el dólar se ha fortalecido con claridad, mientras que las bolsas estadounidenses han reaccionado con ligeros descensos ante la percepción de que Warsh podría mantener una postura más estricta frente a la inflación. Goldman Sachs señala que se trata de una elección sorprendente, pero adecuada a largo plazo, ya que refuerza la credibilidad y la independencia de la Fed, un factor clave para la estabilidad del dólar. En el ámbito macroeconómico, los datos de precios de producción en EE. UU. han añadido presión. El índice general subió un 0,5 % mensual en diciembre, el mayor avance en tres meses, elevando la tasa interanual al 3 %. El componente subyacente repuntó un 0,7 %, situándose en el 3,3 % interanual, por encima de lo esperado. En conjunto, el cierre de enero deja un balance constructivo para los mercados, aunque con señales claras de que la política monetaria y la geopolítica seguirán marcando el pulso de las próximas semanas.
En el contexto europeo, decir que la deuda pública europea pondrá en aprietos al inversor: amenaza a las carteras conservadoras. Ganar dinero con la deuda pública europea ya no será tan fácil. Con una inflación aparentemente controlada, cerca del objetivo del 2%, el Banco Central Europeo se encuentra en una zona de confort que ha llevado al guardián del euro a entrar en modo pausa. Con ello, el mercado da por finalizado el ciclo de recortes de tipos que inició en junio de 2024. Y sin nuevas bajadas a la vista, el inversor tendrá poco que rascar con este activo. Si se cumplen las estimaciones recogidas por Bloomberg, la rentabilidad de los principales bonos soberanos a diez años subirá a final de año, y esto implica caídas en sus precios desde los niveles actuales. Pérdidas, en otras palabras. En el caso del alemán, del Bund, que actúa de brújula para el resto de bonos europeos, se espera que su rentabilidad escale al 3%, un nivel que no alcanzaba desde 2011.El interés exigido ahora al bono alemán a diez años ronda el 2,87%. De llegar al 3,03% en el cuarto trimestre, que es lo que telegrafían las previsiones actuales, el precio de uno de estos bonos caerá un 1,35% hasta diciembre. Esto significa, en la práctica, que alguien que comprase hoy un Bund perdería un 1,35% si vendiese a final de año, sin tener en cuenta el cupón. Y este nuevo escenario, llevado a gran escala, también impactará de forma directa en las carteras de los fondos de renta fija. El escenario cambiaría en caso de que el BCE saliera de su hibernación y lo hiciera para bajar algo más los tipos.
A nivel doméstico señalar una buena noticia y es que España creó más de 600.000 empleos en 2025 y redujo la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez desde 2008. En concreto, nuestro país cerró 2025 con 22.463.300 ocupados, un nuevo máximo histórico que anota el mercado laboral después de añadir 76.200 nuevos cotizantes en el último trimestre. En total, a lo largo de los 12 meses pasados se crearon 605.400 puestos de trabajo (+2,8%), casi el 92% en el sector privado, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publicó esta pasada semana el Instituto Nacional de Estadística (INE). El incremento de la ocupación contribuyó a reducir la tasa de paro un 0,68% respecto a 2024 para situarla en el 9,93%, dejando atrás la cota del 10% por primera vez desde el primer trimestre de 2008. En total, a cierre de diciembre se contabilizaban 2.477.100 parados, el menor nivel desde el segundo trimestre de 2008 al que se llega tras reducirse el desempleo en 118.400 personas en el año (-4,5%). El número de ocupados aumentó más de lo que se redujo el de desempleados por el incremento de la población activa en 487.100 personas, hasta los 24,94 millones de personas. La encuesta del INE confirma que el empleo encadena cinco años de crecimiento consecutivo después de un año 2020 en el que los efectos de la pandemia destruyeron 622.000 puestos de trabajo. Aunque los 605.400 empleos creados en 2025 se quedan por debajo 783.000 de 2023, superan la referencia más inmediata de 468.100 de 2024. En esta comparativa, el paro sí muestra una ralentización en el ritmo de caída. Los datos de cierre de 2025 suman el total de parados más bajo desde el segundo trimestre de 2008 y confirman que el desempleo también lleva cinco años consecutivos de descensos, el de este último año, materializado tras caer el número de parados en 136.100 en el cuarto trimestre (-4,56%). Sin embargo, el descenso interanual de 118.400 personas entre enero y diciembre ha sido inferior al anotado en 2024 (-265.300 desempleados) y 2023 (-193.400); hay que retroceder hasta 2022 para encontrar una evolución más lenta (-79.900). La ocupación en el sector privado aumentó en 555.300 personas en 2025, hasta los 18.821.900, frente a un empleo público que creció en 50.100. Aunque la mayoría del empleo creado en 2025 fue en el sector privado (el 92% del total), el empleo privado descendió en 32.500 personas en el último y trimestre del año mientras el empleo público aumentó en 108.700 para situarse en 3.641.400, su nivel máximo en la serie de la EPA. En total, el número de trabajadores asalariados aumentó el año pasado en 569.900 ocupados (+3%), hasta un nuevo máximo de 19.159.100 trabajadores, y los empleados por cuenta propia subieron en 36.800 (+1,1%), hasta los 3.294.900.
Por otro lado, el Gobierno utilizará el nuevo fondo soberano para impulsar la oferta de vivienda. Recurrirá a este fondo para dar más alcance a sus políticas de vivienda. Esa nueva plataforma inversora busca así ser un motor para impulsar iniciativas con objetivos tan ambiciosos como el Plan 2026-2030 anunciado en este sector. Para ello, el Ejecutivo se servirá de toda la artillería de la que dispone el Instituto de Crédito Oficial (ICO) -el organismo que servirá de paraguas para el fondo soberano- en materia de colaboración público-privada. Por tanto, no se limitaría a liberar fondos, mediante avales o líneas de crédito, que financien promociones inmobiliarias y a las empresas que participan en ellas. También está sobre la mesa la opción de que el ICO se reserve un rol más activo en el desarrollo de esos proyectos, con decisiones como adquirir «participación» en las empresas encargadas de su desarrollo. Este último movimiento no supone una novedad para el ICO, ya que cuenta con instrumentos, a través de fondos directamente gestionados por el Instituto o por organismos relacionados con él, que le permiten invertir de ese modo en empresas. Se trata de una vía bien conocida ahora en ámbitos más relacionados con las nuevas tecnologías y la innovación, en los que el ICO se presenta como un socio que aporta estabilidad, a los ojos de los inversores privados, a la hora de posicionarse en este tipo de empresas. Así, dicha institución actúa, a su vez, como inversor-ancla capaz de atraer un mayor volumen de recursos. Ahora el Gobierno baraja la posibilidad de extender estos instrumentos a una actividad de carácter más tradicional como es la relacionada con la vivienda. No obstante, el fondo soberano, llamado España Crece, no se olvidará del sector tecnológico. Entre sus prioridades estará también el uso de los instrumentos del ICO para hacer llegar los nuevos recursos a start-ups y empresas innovadoras. Habrá, entre otros recursos, fondos no reembolsables con el fin de que dichas empresas crezcan y puedan expandirse. Pero, más allá de la tecnología, la prioridad del Gobierno es impulsar la oferta de casas a precios asequibles. Para ello, el Ministerio de Vivienda ha llevado a cabo inversiones a través del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda (2022-2025) y el Plan de Recuperación,Transformación y Resiliencia (PRTR), que dará continuidad a través del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con una aportación de 7.000 millones de euros, de los cuales, al menos, el 40% estará destinado a la construcción de vivienda asequible.
En el ámbito laboral un par de noticias destacadas. La primera es que las faltas al trabajo por enfermedad superan el umbral del millón con un impacto inédito en el sector privado. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran que España rompió a cierre de 2025 el umbral del millón de trabajadores que faltaron a su puesto de trabajo por enfermedad. Fueron 1,04 millones en el cuarto trimestre, de los que 105.400 eran autónomos y 937.500 asalariados. Pero este récord no se explica simplemente porque haya más personas trabajando: la incidencia de estas ausencias también es mayor, especialmente entre los asalariados del sector privado, que han llegado a 753.200 ausentes, el 4,9% del total de ocupados. Esta evolución muestra un claro cambio de paradigma en el mercado laboral en el que cada vez más empresas ven una amenaza a su viabilidad. La EPA ofrece una estimación de los ocupados que no estaban trabajando en la «semana de referencia» (el momento en el que realizaron la encuesta), clasificados según el motivo para ello. La lista incluye las vacaciones, lo cual distorsiona estacionalmente las cifras, pero, descontando estas, la clasificación nos deja los permisos por paternidad, los paros de actividad empresarial, las regulaciones de empleo y otros motivos. La incapacidad temporal supone el 48% del total de ausencias, pero el 81% después de restar las libranzas y descansos: en ambos casos son los porcentajes más altos para un cierre de año. Aunque lo más llamativo es que el mayor incremento de las ausencias por enfermedad se concentra en los asalariados del sector privado. Han pasado de suponer el 66% en 2019 al 72% a cierre de 2025, otro máximo histórico.
Tópicos públicos y privados
Un análisis de la serie histórica refleja que la incidencia de las ausencias por enfermedad o accidente es mucho más volátil entre los trabajadores públicos que entre los del sector privado, lo que puede achacarse a la mayor tasa de temporalidad y estacionalidad. Pero también ha servido para avalar la sospecha de que aquellos con los empleos «blindados» como los funcionarios, son más propensos no solo a coger más bajas, sino a prolongarlas en el tiempo (lo que redunda en la contratación de eventuales e interinos para cubrir esos huecos). Esta conclusión parece verse reforzada por la comparación con el comportamiento de las ausencias en el sector privado: no solo la tasa es menor, sino que su evolución es mucho menos volátil. Esto se suele explicar por la mayor inestabilidad de estos empleos, que hace que muchos trabajadores se lo piensen antes de faltar al trabajo por enfermedad. En los primeros años de la serie histórica, que arranca en 2008, se aprecia un descenso en la tasa de ausencias tanto de trabajadores públicos como privados debido, lógicamente, a la crisis financiera, pero también a los recortes presupuestarios, lo que hizo que en el momento álgido de la Gran Recesión, 2012, las tasas de ambos colectivos se equipararan en el 1,8%. Es decir, cuando la economía va mal, el «absentismo» por IT se frena. La recuperación tuvo el efecto inverso: la tasa de ocupados ausentes por enfermedad creció tanto en el empleo público como en el privado, pero la brecha entre ambos empezó a ampliarse. Sin embargo, se aprecia un fenómeno extraño: para finales de 2019 el sector público tenía la misma tasa de ausencias que en 2008, pero el privado la superaba. Con la pandemia, los datos se dispararon. Pero lo más llamativo es que no revertieron cuando acabó las crisis, ni en el número de ausentes, ni en la tasa sobre el total. Lo cual resulta difícil de explicar. Se han aventurado hipótesis de todo tipo, desde el mayor peso de la contratación indefinida, la ampliación de los supuestos de nulidad de despido, el envejecimiento de los trabajadores o incluso la ‘actitud’ de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Pero lo que está claro es que el sistema de gestión y control de las bajas es parte del problema. Los retrasos en los tratamientos y diagnósticos alargan innecesariamente los procesos y no solo complican las cosas para las empresas, sino para los trabajadores. En este escenario, el debate sigue abierto.
La otra noticia es que el tiempo efectivo de trabajo se desploma pese al récord de ocupados y siembra dudas sobre la mejora de la productividad.
Los españoles trabajaron en 2025 una media de 679,4 millones de horas a la semana, la cifra más alta desde 2008. Aunque hay que tener en cuenta que, entre medias, la ocupación ha crecido en cerca de dos millones de personas y ha alcanzado un récord de 22 millones, con lo que la media por trabajador ha caído de 33,2 a 30,5 horas efectivas semanales, su peor dato de la serie si descontamos 2020. Esta evolución abre importantes incógnitas sobre la productividad laboral y el crecimiento potencial de la economía española, en el que el absentismo (ocupados que no trabajan) parece jugar un papel más destacado que los cambios en la forma de planificar el tiempo de trabajo. Los datos de la EPA a cierre del pasado año reflejan un máximo histórico en el número de ocupados y un descenso de la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez en 17 años. Pero la evolución del número de horas efectivas de trabajo no responde con la misma intensidad a la evolución del mercado laboral. Para entender las implicaciones de esta afirmación, conviene desligarla del debate sobre la reducción de la jornada laboral de los asalariados. El dato de horas efectivas de trabajo engloba tanto a trabajadores por cuenta ajena como propia, con independencia de si lo hacen a tiempo completo o parcial. Aun así, lo que indica es especialmente sorprendente. Entre 2020 y 2021, ejercicios marcados por la pandemia y los confinamientos, se registraron los mínimos de horas trabajadas y de tiempo de trabajo efectivo por trabajador (29 horas). Una de las claves está en los ERTE, cuyos afectados cuentan como ocupados para la EPA, aunque no trabajen. Lo extraño es que, superada esta situación, se produjo un intenso repunte de la creación de empleo que, sin embargo, no revertió la tendencia: el agregado de las horas trabajadas creció al haber más empleo, pero la media por ocupado quedó muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. Y desde entonces ha ido bajando aún más.
En lo que destaco en el titular del blog en el día de hoy es que los jueces reactivarán 60.000 desahucios paralizados tras el fin del decreto ómnibus. Esta norma, que se aprobó en diciembre, recogía la revalorización la prohibición de echar a los arrendatarios vulnerables en marzo de 2020 con el objetivo de proteger a estas familias de la caída de ingresos que sufrieron por el Covid-19. Sin embargo, el Ejecutivo fue prorrogando la medida año tras año, dejando a 58.000 caseros, según datos del Observatorio Desca, sin la posibilidad de recuperar sus viviendas. La Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) subraya que varios países occidentales aprobaron medidas similares durante la pandemia, pero España es el único que la ha extendido más allá de la crisis sanitaria. A partir de ahora, los propietarios pueden reanudar las demandas de desahucio. El proceso es distinto cuando el propietario de la vivienda es un gran tenedor, es decir, un particular, una empresa o un fondo de inversión que tenga diez o más inmuebles; o si están en zona tensionada, cinco o más. El CEO de CIM Tax & Legal indica que la Ley de Vivienda regula un procedimiento especial para estos casos. Los caseros que quieran reactivar el desahucio tendrán que acreditar ante el juzgado que en los últimos cinco meses se han remitido a la Administración y a los servicios sociales para llevar a cabo un procedimiento de conciliación o mediación. Si la Administración no contesta en un plazo de dos meses, se puede continuar con el procedimiento, y si abre una conciliación o intermediación, se debe remitir el resultado de la misma.
A nivel local, poner de manifiesto que el análisis del mercado laboral asturiano indica que gana empleo y reduce paro, pero a un ritmo menor al del año anterior. El Principado generó 19.500 puestos y recortó 4.500 desempleados en 2025, diferencia que se debe a la atracción de población activa: 15.000 personas. La clave de la histórica bajada del paro en Asturias en 2025: los contratos temporales por la estacionalidad y el crecimiento de los servicios. Asturias generó 19.500 empleos durante el pasado año, pero la reducción del paro fue mucho menor, de 4.500 personas, según se extrae de los datos medios de los cuatro trimestres de 2025 de la Encuesta de Población Activa (EPA). La diferencia de cifras se debe al incremento de la población activa. Asturias ganó 15.000 personas en edad de trabajar, una tendencia que se está repitiendo en los últimos años y que crece vinculada a la atracción de población, principalmente de otros países. Lo que no crece es el ritmo de generación de empleo y de reducción del paro. Los 19.500 nuevos ocupados están por debajo de los 20.500 del pasado año y el recorte de 4.500 desempleados es inferior al de 7.700 de 2024. Desde el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) siempre se destaca que las estimaciones de la EPA están sujetas a fuertes oscilaciones, en especial cuando las muestras estadísticas son pequeñas, como ocurre en Asturias al tratarse de una comunidad uniprovincial. Por esta razón, el SEPEPA aconseja tomar los datos trimestrales con precaución y analizar las medias anuales.
En otro orden de cosas, los asturianos huyen del riesgo financiero: los depósitos bancarios alcanzan cifras récord y el incremento de las rentas no es el único motivo. Los fondos acumulados en productos de ahorro sin riesgos se disparan a 32.611 millones y caen los créditos. Los depósitos bancarios de los asturianos están en niveles récord por el incremento de las rentas, la contención de la subida de precios y el clima de incertidumbre geopolítico para las inversiones. Ese escenario también está provocando que las cifras de créditos estén en retroceso. Según datos del Banco de España, al cierre del tercer trimestre del pasado año había en Asturias 32.611 millones de euros en depósitos bancarios. La Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) recopila la serie de esos datos y nunca antes se habían registrado unos niveles tan altos. Un total de 1.352 millones corresponden a administraciones públicas y 31.259 a otros sectores residentes, que es donde se registra el mayor incremento. Los informes del Banco de España señalan que en un contexto de aumento sostenido de la renta disponible y con la tasa de ahorro en niveles históricamente elevados, los hogares siguieron acumulando activos líquidos (recursos financieros que pueden convertirse en dinero en efectivo rápidamente) a un ritmo creciente y continuaron con la recomposición de esa cartera en un entorno de menores tipos de interés. Se prolongó el trasvase desde los depósitos a plazo, cuya remuneración disminuyó hasta el 1,6%, hacia el efectivo y los depósitos a la vista, al tiempo que se redujeron las tenencias de letras del Tesoro y aumentaron las de los fondos de inversión.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
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