Tal vez es un poquito exagerado y no son tantas, pero son y eso es lo peor. Como señalo en el titular de hoy, las facturas impagadas del Estado suben un 4,5% y suman 6.400 millones de euros. Los retrasos en sus pagos por parte del Estado y del conjunto de las Administraciones Públicas, constituye un problema que nunca ha desaparecido en España y que, incluso, muestra un preocupante auge en los ejercicios más recientes. El registro más escrupuloso de estas obligaciones contraídas y no subsanadas –elaborado por la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda– muestra cómo cerraron el año 2024 con un montante acumulado cercano a los 6.400 millones de euros, tras elevarse un 4,5%. El incremento con respecto a 2020, es del 41%, un ejercicio clave para hacer la comparativa ya que, a partir de ese año, el monto de las facturas en el cajón, adeudadas a empresas y ciudadanos particulares, nunca ha bajado de los 6.000 millones, una cota inédita en la serie histórica anterior. Pese que el Gobierno ha reiterado en numerosas ocasiones que las demoras en el pago del sector público son un problema del pasado, las estadísticas más escrupulosas reflejan una realidad diferente. La exhaustividad del recuento del IGAE proviene del hecho de que está contenido en una rúbrica elaborada ex profeso para que las facturas en el cajón no volvieran a quedar soterradas. Se trata de la llamada Cuenta 413 en la que se identifican las deudas en vigor de la Administración con los «acreedores por operaciones ya devengadas». En términos más sencillos, este capítulo computa los gastos que no se imputaron a los Presupuestos del año en curso y quedan pendientes para recogerse en las Cuentas del siguiente ejercicio. Esta práctica se va acumulando en el tiempo, hasta el punto de que el cómputo más reciente todavía recoge obligaciones de pago que se remontan cuatro años atrás y que todavía están por subsanarse. El 88% de ellas se generó en el ejercicio 2024. En particular, 162,22 millones de euros son gastos devengados en el ejercicio 2020 y anteriores; 50,67, proceden del ejercicio 2021; 345,62 millones, de 2022; 166,03 de 2023. Volviendo al último ejercicio cerrado, las obligaciones de pago pendientes, y transferidas al futuro, corresponden en más de un 35% del total al Ministerio de Transportes. Le sigue su homólogo de Educación y Formación Profesional, con más de 1.100 millones, el equivalente al 19%. Y cierra el Top 3 Transición Ecológica con un 11,5%. En lo que respecta al número uno del ránking, Transportes, el IGAE revela un cajón de sastre de compromisos de desembolsos pendientes. Dentro de las transferencias tanto corrientes como de capital «destacan las que se realizan a entidades dependientes del Ministerio (Correos y Renfe) o las compensaciones que tiene que hacer el Estado derivadas de rebajas o supresiones de peajes». Pero también hay referencias a aspectos que afectan directamente al bolsillo de los consumidores, como las subvenciones a familias por las bonificaciones al tráfico aéreo y marítimo de residentes no peninsulares entre la península y las islas. Las normas de la contabilidad pública no dejan dudas sobre el modo de considerar estos recursos. No en vano toda rúbrica que no está expresamente imputada de ese modo está pendiente de pago. Pese a su relevancia, la historia de la Cuenta 413 es todavía reducida, ya que no se remonta más allá de los comienzos de la década pasada, cuando el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se vio abocado a la creación de un instrumento fiable para la UE que siguiera el rastro de este tipo de partidas. En esa época, se generó una gran polémica entre Madrid y Bruselas ante el hecho de que el déficit público real español superaba con creces el 7% del PIB que reconocía el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, si se sumaban las obligaciones de pago que el sector público contrajo con miles de pymes y ciudadanos, sin que se reconocieran oficialmente. Tras las elecciones de 2011, que dieron el triunfo al PP de Mariano Rajoy, fue necesario recurrir a un instrumento contable como la Cuenta 413 para que esta ocultación no volviera a ser posible. El objetivo se cumplió con creces a ojos de las autoridades españolas y comunitarias, dado que la estadística muestra cómo, entre 2013 y 2018 la cuenta de acreedores por operaciones no devengadas se mantuvo en el entorno de los 3.000 millones de euros anuales, la mitad de su volumen actual. Volviendo al presente, no es sencillo identificar las causas que actúan como motor del aumento de los retrasos, dada la heterogeneidad de los organismos en cuyos escritorios se acumulan las facturas. Existe la posibilidad de que ministerios y otras instituciones del Estado estén asumiendo pagos futuros que corresponderían a las comunidades autónomas. En otras palabras, una política así equivaldría en la práctica a crear un «FLA encubierto», en tiempos en los que los Gobiernos regionales afrontan tensiones de tesorería, a las que contribuye el hecho de que las entregas a cuenta del Estado a esos Ejecutivos, derivadas del actual –y pendiente de reforma– sistema de financiación suelen sufrir también retrasos. La situación se ha agudizado en los últimos años, debido a las continuas prórrogas de los Presupuestos Generales, ininterrumpidas desde 2024, que dejan a numerosos Ejecutivos autonómicos, e incluso grandes ayuntamientos, a verse privados de una guía a la hora de afrontar la elaboración de sus propias Cuentas.
Cambiando de tercio, y pasando a la banca, resaltar que los neobancos arañan cuota de depósitos a la gran banca, pero no logran la fidelidad del cliente. Revolut, MyInvestor e ING concentran entre 5% y el 6% de las entradas, pero solo el 0,2% del patrimonio total, según Citi. Las entidades digitales han aprovechado el ciclo de tipos de interés elevados para acelerar la captación de ahorro minorista. Sin embargo, su crecimiento en clientes y en flujos de depósitos contrasta con su reducido peso en el saldo total del mercado y con un interrogante clave: la profundidad real de la relación con el cliente. Esa es una de las principales conclusiones del último análisis de Citi sobre el sector financiero español, que alerta de que los neobancos han intensificado una batalla por los depósitos que cada vez más se traslada al terreno digital. Según el informe, Revolut, MyInvestor e ING ya concentran conjuntamente entre el 5% y el 6% de la cuota de mercado en flujos netos de depósitos desde 2024 en España. Este concepto no se refiere al volumen total de ahorro que gestionan, sino al dinero nuevo que entra o sale de las entidades. Es decir, si un banco capta más depósitos de los que pierde, registra un flujo neto positivo. Ganar cuota en flujos implica quedarse con una parte relevante del ahorro que los clientes están moviendo en ese momento. En ese sentido, los neobancos están captando una parte significativa del dinero que cambia de entidad o que se incorpora al sistema, aunque su tamaño acumulado siga siendo reducido frente a la gran banca. Cuando se observa el saldo total, la fotografía es muy distinta. Revolut, con unos seis millones de clientes en España y el objetivo de alcanzar siete millones en 2027, apenas representaba en torno al 0,2% de los depósitos totales a cierre del tercer trimestre de 2025 (unos 3.500 millones de euros). “Los bancos digitales en España están mostrando ganancias de cuota de mercado en los flujos de depósitos y, en general, ganancias limitadas en préstamos. Generalmente, los neobancos digitales se centran en los depósitos de mercado masivo como fuente de financiación. Sin embargo, dado que su rentabilidad es baja o negativa (debido a su pequeña escala y a sus limitadas fuentes alternativas de ingresos), creemos que esto limita su capacidad para competir agresivamente en precios”, señalan los expertos de Citi. Este desajuste entre número de clientes y volumen de ahorro apunta igualmente a la cuestión de la fidelidad y del uso principal de la cuenta. Aunque los neobancos han irrumpido con fuerza y un modelo más ágil, todavía no siempre ofrecen un catálogo completo comparable al de la gran banca en todos los segmentos. Su propuesta suele articularse en torno a cuentas digitales, tarjetas y, en algunos casos, inversión, pero todavía no cuentan en su gran mayoría con una propuesta de crédito e hipotecas. En muchos casos, el modelo comercial se basa en suscripciones mensuales con distintos niveles, similar a plataformas como Spotify o Netflix, que ofrecen servicios adicionales como seguros de viaje, mejores condiciones en cambio de divisa o menores comisiones en productos de inversión. El reto ahora no es solo seguir captando clientes, sino aumentar el saldo medio por usuario y convertir esas cuentas en la relación financiera principal. Por ahora, la gran banca mantiene la ventaja, aunque Citi advierte que los neobancos están avanzando y han obligado a la gran banca a acelerar porque la batalla por los clientes se jugará en el terreno digital.
A nivel local, o así lo considero por la implantación de su industria en nuestra región, toca felicitar a Ángel Escribano, premio Ejecutivo Ibex 35 del Año de Cinco Días: La defensa debe ser una palanca económica e industrial. El presidente de Indra, reconocido por el aumento del valor de la compañía en 2025, explica su apuesta por ser la empresa tractora de la industria militar y por reforzar la “soberanía industrial y digital” española. Ángel Escribano, presidente de Indra, ha sido reconocido como el Ejecutivo Ibex 35 del Año por Cinco Días, en la primera edición del galardón que otorga el decano de la prensa económica española, por su labor al frente de la compañía de defensa y tecnología. Indra fue la acción del selectivo de la Bolsa española que registró una mayor revalorización en 2025, del 184%, frente a un ascenso del índice del 49%. Los miembros del jurado subrayaron esta evolución, que Indra es la candidata que cumple en mayor medida los criterios del premio y que se ha convertido en referente en uno de los sectores, el de la defensa, más dinámicos de la actividad económica del año pasado. Escribano (Madrid, 54 años), llegó a la presidencia de Indra el 20 de enero del año pasado, en sustitución de Marc Murtra cuando este fue nombrado presidente de Telefónica. Desde ese día, ha encabezado un cambio estratégico de la compañía tecnológica para volcarla hacia el negocio de la defensa, en un momento de aumento acelerado del gasto militar en toda Europa por los crecientes riesgos geopolíticos. “La evolución bursátil de Indra en 2025 ha sido consecuencia de una transformación real del negocio y de su posicionamiento estratégico en el ámbito de la defensa”, explica Escribano en su respuesta por escrito a las preguntas de este diario. “Nuestra ambición es que el crecimiento de Indra impulse al conjunto del sector, contribuya a generar empleo cualificado en distintas regiones y actúe como elemento de cohesión territorial. La defensa debe ser también una palanca económica e industrial”, añade. El jurado del premio estuvo formado por Antonio Garamendi, presidente de CEOE; Lola Solana, presidenta del Instituto Español de Analistas Financieros; Elena Pisonero, presidenta ejecutiva de Taldig; Santiago Carbó, catedrático de Economía de Cunef Universidad, y Ricardo de Querol, director de Cinco Días y subdirector de Economía de EL PAÍS, con Jorge Rivera, director corporativo y de Relaciones Institucionales de Prisa, como secretario sin voto. El fallo fue aprobado por mayoría el pasado 13 de enero. Los criterios del premio son los siguientes: el rendimiento de la acción en el año, su evolución en los tres últimos años, la capitalización de la empresa al final del ejercicio, los resultados publicados hasta final de 2025, las perspectivas de crecimiento de la compañía y el liderazgo de la misma en su sector.
Pues desde aquí, mi más sincera enhorabuena por tan merecido reconocimiento.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.
Página web: https://www.unioviedo.es/saotero/
Blog personal: https://catedraticasusanaalvarezotero.blogspot.com/