El mercado ha tenido que hacer frente a diferentes focos de tensión en la semana, por lo que las caídas han sido generalizadas entre los principales índices europeos (Ibex 35, Eurostoxx 50, Stoxx 50, Dax, Ftse). Por otro lado, Wall Street se desplomó más de un 3% en una de las sesiones de esta semana, que puede ser considerada como la peor sesión del Nasdaq desde el “Brexit”. Se puede intentar indagar sobre las causas, amable lector. A saber: Italia, el repunte de las rentabilidades de la deuda estadounidense, la rebaja de las previsiones de crecimiento y la guerra comercial son solo algunos de los obstáculos a los que tienen que hacer frente los inversores. Una tarea no exenta de riesgos y en la que las Bolsas se están viendo fuertemente sacudidas. El rally acumulado por los principales índices en los últimos nueve años sumado al repunte de las rentabilidades en el mercado de deuda despiertan los temores a una corrección que se vería acentuada con el trasvase de dinero de la renta variable a la fija. Esto cobra un sentido especial en un momento de inestabilidad como el actual, con la volatilidad en máximos de abril. El bono americano es junto al alemán uno de los activos refugios por excelencia.
Por otro lado, el pasado martes el FMI recortaba sus previsiones de crecimiento para la economía mundial en dos décimas (3,7% vs 3,9 ant.) para 2018 y 2019, dadas las tensiones comerciales y el endurecimiento de las condiciones financieras de las economías emergentes. En esta línea, recortaba en dos décimas el crecimiento europeo (2,0% vs 2,2% ant. para 2018) y mantenía sus estimaciones para EE.UU. y China (2,9% y 6,6% respectivamente para 2018), pero reducía el crecimiento de ambos países en dos décimas para el año que viene (2,5% vs 2,7% EE.UU.; 6,2% VS 6,2% China). Así mismo, el mercado ponía el foco en los presupuestos de España e Italia. En lo que respecta a este último, el gobierno parece no moverse del objetivo de déficit establecido a pesar de las advertencias del FMI de mejorar su situación fiscal y de las advertencias de incumplimiento de la Comisión Europea. Respecto a España, el gobierno de Sánchez pactaba con Podemos un aumento del gasto (en torno a los 5.500 M. € de gasto adicional solo para 2019), con su correspondiente alza impositiva para no rebasar el objetivo de déficit del anterior presupuesto. Entre las medidas adoptadas, destacan el gravamen del 0,2% a las transacciones financieras, el impuesto a las compañías tecnológicas, indexación de las pensiones al IPC o la subida del salario mínimo hasta los 900 €. El borrador que España enviará a Bruselas el próximo lunes recogerá estas medidas, pero el ejecutivo socialista necesitará más apoyo en el congreso para que finalmente los presupuestos salgan adelante.
En el frente Brexit, el negociador de la UE, Michael Garnier veía más próximo el acuerdo entre ambas partes de cara a la cumbre europea del miércoles que viene, a pesar de que la frontera con Irlanda del Norte sigue siendo uno de los motivos de estancamiento en las negociaciones.
Muy reseñable me parece el hecho de que la City londinense podría perder unos 5.000 empleos cuando llegue el Brexit. El secretario de Estado de Servicios Financieros del Reino Unido, John Glen, ha admitido que la salida británica de la Unión Europea ha sumido al sector en la «incertidumbre». Glen afirmó en un comité de la Cámara de los Lores que la City de Londres puede haber perdido en torno a 5.000 trabajadores cuando entre en vigor el Brexit, previsto para el próximo 29 de marzo. El secretario de Estado de Servicios Financieros del Reino Unido respaldó ante ese comité las predicciones del Banco de Inglaterra sobre los riesgos que afronta el centro financiero y admitió que la salida británica de la Unión Europea ha sumido al sector en la «incertidumbre». «Mi único objetivo respecto a la City es asegurarnos de que hay tanta continuidad como sea posible respecto al valor económico que es capaz de generar» el sector, afirmó el secretario de Estado. Glen señaló, con todo, que espera «completamente» que el Reino Unido llegue a un acuerdo en las próximas semanas con Bruselas que permita implementar un periodo de transición a partir del 29 de marzo que evite una ruptura abrupta con el bloque comunitario.El sector de las finanzas británico genera más de 70.000 millones de libras en impuestos al año (79.800 millones de euros), y el secretario de Estado aseguró que su departamento no ha calculado cuánto podría perder en caso de que el Reino Unido abandonar la UE sin un acuerdo. «En vistas de todas las suposiciones que se debería hacer, resultaría prácticamente imposible hacer un cálculo significativo sobre cuál sería la respuesta en cada sector», afirmó el secretario de Estado.
Al otro lado del Atlántico, el candidato de la extrema derecha Bolsonaro ganaba la primera ronda de las elecciones brasileñas con el 46,3% de los votos, lejos del 29% cosechado por su rival de izquierdas Haddad, con el que se disputará las elecciones el próximo 28 de octubre. En esta línea, el real brasileño se apreciaba un 3% en la semana. En este contexto, todos los sectores registraban pérdidas destacadas que se situaban en todos los casos por encima del 4%; así, químico, tecnológico e industria básica eran los más penalizados en la semana, con caídas de en torno al 7-8%.
Sin duda, para mí una de las noticias de la semana es que la academia sueca de Ciencias ha concedido el Premio Nobel de Economía a William D. Nordhaus and Paul M. Romer por integrar el cambio climático y las innnovaciones tecnológicas en los análisis macroeconómicos a largo plazo. Actualmente, me preocupa en mis investigaciones todo lo que tiene que ver con la inversión socialmente responsable y que esté en línea con los objetivos del pacto global de la ONU.
William D. Nordhaus ha recibido el máximo galardón en el área de la economía por integrar el cambio climático en los análisis macroeconómicos a largo plazo, mientras que a Paul M. Romer se le reconoce haber integrado los avances tecnológicos en las investigaciones macroeconómicas. Las investigaciones de Romer sentaron las bases de la teoría del crecimiento endógeno, que ha dado lugar al desarrollo de leyes y políticas públicas en pro de la prosperidad y el progreso de las sociedades de forma sostenible. Las investigaciones de Nordhaus ponen de manifiesto que la manera más eficiente de minimizar las consecuencias del efecto invernadero y las emisiones es el desarrollo de una política impositiva a las emisiones contaminantes, uniforme y consensuada en todos los países. Ambos economistas han desarrollado métodos para cuantificar algunos de los retos más importantes para la humanidad, tales como el crecimiento económico sostenible o el grado de bienestar en la población mundial, señala la Academia sueca. La actividad humana ha contribuido al rápido incremento de las temperaturas los últimos 100 años, campo de investigación para Nordhaus, que ha conseguido demostrar cómo el crecimiento económico interactúa con la química básica y la física para provocar el cambio climático.
Este investigador fue, de hecho, la primera persona en desarrollar un modelo cuantitativo que describe la interacción a escala global entre el desarrollo económico y el clima. Su modelo ha servido, entre otras cosas, para examinar las consecuencias de las políticas de salud pública para contrarrestar el efecto del cambio climático, tales como los impuestos a la contaminación por dióxido de carbono. En el caso de Paul Romer, sus investigaciones han dilucidado cómo la acumulación de ideas y avances económicos sostienen el crecimiento económico a largo plazo, y ha demostrado, en concreto, como la economía influye en la disposición de las empresas para invertir en innovación. Los trabajos de Romer sentaron las bases de la teoría del crecimiento endógeno, que abrió la puerta a una ingente investigación sobre nuevas regulaciones y políticas públicas para fomentar la innovación y la prosperidad.
Me temo que hay varias malas noticias a nivel doméstico, que le paso a comentar. Una de ellas es que los concursos de acreedores aumentaron un 20,7% en el segundo trimestre.
En efecto, los concursos de acreedores presentados en los juzgados españoles en el segundo trimestre de este año fueron 2.416, lo que supone un incremento del 20,7% respecto al mismo período del año anterior, según datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde el cuarto trimestre de 2013 no se registraba una cantidad tan alta de concursos de acreedores, cuando fueron 2.419, según los datos trimestrales del CGPJ. Los concursos de acreedores presentados de abril a junio por empresas ante juzgados mercantiles fueron los 1.557 y el aumento fue del 9,6% en términos interanuales. Los otros 859 concursos correspondieron a los presentados por personas físicas (no empresarios) en juzgados de primera instancia o de primer instancia e instrucción, que tuvieron un alza del 48,1% respecto a los presentados de abril a junio de 2017. En Cataluña se presentaron 374 concursos de acreedores en juzgados mercantiles, el 24 % de los registrados en el Estado, mientras que en la Comunidad de Madrid se presentaron 267; en la Comunidad Valenciana, 219, y en Andalucía, 169. De los presentados por personas físicas, en Cataluña fueron 284, el 33,1 % del total; en la Comunidad Valenciana, 143; en Madrid, 139, y en Andalucía, 169. En cuanto a los concursos que fueron declarados, en el segundo trimestre de 2018 fueron 920 en los juzgados de lo mercantil, el 4,9 % menos que en el mismo periodo del año anterior. Fueron declarados y concluidos otros 434 concursos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal, que prevé la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración del concurso. En el primer trimestre de 2017 se presentaron 1.937 concursos; en el segundo, 2.001; en el tercero, 1.645; en el cuarto, 2.011, y en el primero de este año, 2.165. Los datos ofrecidos esta pasada semana por el CGPJ difieren de los facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado 3 de agosto, cuando reflejó que el número de empresas que se declararon en concurso de acreedores en el segundo trimestre de 2018 fue de 1.200, el 1,2 % menos que en el mismo periodo del año anterior. En la Estadística de Procedimiento Concursal del INE para ese mismo segundo trimestre de este año, el número total de deudores (incluidas personas físicas) ascendió a 1.610, el 0,9 % más que de abril a junio de 2017.
Quiero subrayar las palabras de la ministra Nadia Calviño, que señala que «Los sueldos han bajado tanto que ya muchos españoles no pueden vivir solo de su salario», en una entrevista con el diario alemán «Handelsblatt», en la que critica que los nuevos contratos «tienen una duración de tan sólo unos días, semanas o meses». La ministra defiende que hay que luchar contra el «abuso» de contratos temporales y que estos «no deben servir para ocupar puestos de trabajo fijos con contratos ilimitados que se prolongan». Para que mejoren los salarios, Calviño apuesta por aumentar la productividad y la calidad del trabajo «sin que España pierda competitividad a nivel internacional». Además, subrayó que esperan que el paro «siga bajando gracias al crecimiento económico». La ministra de Economía aseguró que está «muy a favor de la austeridad», pero sólo cuando «no pone en peligro el crecimiento económico y la estabilidad». Por ello, ha incidido en que la economía y las finanzas «sólo son sostenibles cuando un país es estable también desde el punto de vista social». En ese sentido, lamentó que en los últimos años en España «se ha ensanchado» la brecha entre ricos y pobres.
Muy grave me parece que un país con la tasa tan elevada de paro que tiene, las bajas fraudulentas ya copan el 90% del trabajo de los detectives privados. Las investigaciones sobre infidelidades o engaños al seguro ya son minoritarias. En España operan unos 2.000 profesionales, que cobran entre 60 y 80 euros la hora. A finales del pasado mes de septiembre, el Ministerio de Trabajo presentó un plan antifraude a las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social para revisar cerca de 64.000 casos de baja laboral, y certificar su justificación médica. El absentismo laboral, según los últimos datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), se incrementó un 5% en el año 2017, superando los 4,5 millones de casos de incapacidad temporal. Y aunque la mayoría de bajas laborales están justificadas, el fraude, que ha ido aumentando a medida que avanzaba la crisis, preocupa a las empresas. Tanto, que ha terminado por transformar completamente la profesión del detective privado. En España operan algo más de 2.000 de estos profesionales, una profesión regulada y certificada por el Ministerio de Interior. O al menos esas son las licencias que actualmente están en vigor. “Estamos en el sector de la seguridad porque una competencia desleal, un fraude, un espionaje industrial o una baja injustificada pueden arruinar una empresa. No es un capricho, es un servicio importante para que no se vulneren los derechos empresariales”, explica Javier Regidor, director del despacho de detectives JR Bailly-Bailliere y miembro de la junta directiva de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE). Este detective, que ejerce desde 1993, corrobora esa preocupación por parte de las compañías hacia las incapacidades injustificadas. “Aunque hay despachos que investigan solo fraude en siniestros de vehículos, robos o infidelidades, la inmensa mayoría del sector ya se dedica principalmente a lo laboral”, explica. La APDPE, de hecho, cifra en un 90% el total de los servicios destinados a esta tarea. Ya dentro de lo laboral, la mayoría corresponde a peticiones de las organizaciones para investigar supuestas bajas fingidas: “Cuando nos llaman, más del 90% de los contratos son para bajas. El resto son para temas dispares, como competencia desleal”, cuenta la directora general de Cuzco Detectives, Carmen Serrano. A partir de aquí, cada caso es un mundo. “Trabajamos con mutuas que sacan a concurso público la contratación de detectives privados. Investigamos los casos en los que se magnifica o se alarga una lesión, en los que hay un trabajo paralelo o se trabaja en negro”, prosigue Juan Carlos Delgado, director del despacho Detectib.
El perfil del defraudador es variopinto, tanto su radiografía como sus motivaciones: “Hay tanto hombres como mujeres, de entre 35 y 55 años y de todo tipo de empresas”, explica el detective. “Están los que quieren estar sin trabajar el máximo tiempo posible, los que quieren forzar una indemnización o los que realizan doble fraude dándose de baja en un lugar y trabajando en otro en negro”, sostiene Serrano. A pesar de esto, añade Regidor, el fraude en muchos casos es algo que está justificado. “En el perfil medio entraríamos todos, porque es alguien que busca un asidero moral para compensar una situación que considera injusta”, alega. Y es que, el empleado que engaña como forma de vida es residual. “Defrauda gente que considera que la empresa no le trata bien, que sabe que la compañía ha tenido beneficios y no los ha compartido, que no siente su trabajo recompensado… Es gente que sabe eso y decide actuar”, apunta. Muchos empleados engañan a la empresa para compensar una situación que entienden injusta. También son frecuentes los casos en los que los trabajadores en situación precaria fingen una lesión para poder trabajar en negro en otro lugar y aumentar sus ingresos. Lo que no es tan corriente es el caso inverso, en el que un empleado contrata a un detective para demostrar que hace horas extra no remuneradas o sufre algún tipo de acoso. “Sería una buena línea de negocio y tendría sentido, porque el derecho es el mismo”, explica Javier Regidor. La empresa que contrata los servicios, sin embargo, no se rige por unos patrones concretos. Hay desde multinacionales de diversos sectores hasta pequeños grupos familiares. “Las grandes empresas suelen acertar en un 90% de los casos cuando sospechan. En recursos humanos tienen buen olfato. Son compañías que llaman poco, quizá una o dos veces al año, pero que cuando lo hacen es porque están seguras de que algo raro pasa”, detalla Regidor, que a día de hoy se encuentra ultimando un informe para una gran firma. Al otro lado están las empresas familiares, en las que se acierta entre un 38% y un 45% de las veces, relata Delgado. “Son compañías con menos experiencia en recursos humanos, y a las que el absentismo les produce mayor impacto”. A pesar de este contraste, la patronal de mutuas afirma que por cada euro que una organización gasta en detectives, ahorra 48 euros en bajas. Los honorarios de estos profesionales dependen del tipo de encargo, del tiempo de vigilancia y del tipo de seguimiento. La hora suele oscilar entre los 60 y los 80 euros, y si el proceso va a ser largo, se suele pactar un precio cerrado que puede llegar a los 1.200 euros por tres días de servicio. “Aunque para comprobar algo importante de forma contundente, de 3.000 euros no se suele bajar. Para obtener resultados hace falta tiempo”, explica Regidor. Y es que, recuerdan los detectives, la leyenda del profesional que dice tener un esguince y es pillado infraganti jugando al fútbol, es falsa.
Cambiando de tercio al lado impositivo, uno de los favoritos de un gobierno de izquierdas, le comunico que el Gobierno subirá al 27% la fiscalidad del ahorro para las plusvalías más altas, lo cual implica elevarlo cuatro puntos. Los contribuyentes con ganancias desde 140.000 euros pagarán un 27%, en lugar del 23% ahora vigente, que opera a partir de 50.000 euros. Se trata de la propuesta de Hacienda tras la negociación con Podemos, que rebaja sustancialmente tanto el propio programa del PSOE como las pretensiones de la formación morada. El límite de 140.000 euros, además, no se aplica para rentas del ahorro y del capital conjuntas, sólo del ahorro, con lo que el número de afectados será muy reducido.Desde 2015, con la reforma fiscal, los tipos del ahorro son del 19% para plusvalías de hasta 6.000 euros; del 21% entre 6.000 y 50.000 euros y, a partir de 50.000 euros, del 23%. El Gobierno pretende que las ganancias de entre 50.000 y 140.000 euros se graven al 23%, y a partir de 140.000 euros, al 27%.El programa del PSOE, planteaba equiparar las rentas del ahorro con las del trabajo, pero finalmente proponía subir el tipo del ahorro al 30% para rentas conjuntas desde 150.000 euros a plusvalías desde 50.000 euros. Calculaba que con esta medida se podrían recaudar 1.500 millones de euros, casi cuatro veces más que con la subida de las rentas del trabajo que sugería, que era de cuatro puntos del marginal máximo, del 48% en comunidades como Cataluña, al 52% para rentas desde 150.000 euros. Sin embargo, una vez que llegó al poder, el Gobierno negó que fuera a tocar el IRPF, que Podemos exigía al principio subir desde 60.000 euros. A finales de agosto, Hacienda ya admitía un alza a partir de 150.000 euros, que luego rebajó a 140.000 cuando la formación morada fijó esta cantidad. Hace unos quince días, Podemos hizo la que dijo que era su última propuesta, elevar el marginal máximo estatal vigente del 45% (que opera a partir de ingresos de 60.000 euros) al 48% para rentas comprendidas entre 120.000 y 150.000 euros; crear un tipo del 50% para rentas entre 150.000 y 300.000 euros, y establecer un marginal máximo del 52% a partir de 300.000 euros. Y finalmente, Podemos elevó el tope de rentas a 130.000 euros, su última exigencia. Pues bien, Hacienda se mantiene firme en el límite de 140.000, pero la ministra ya ha admitido que el alza será progresiva, como plantea Podemos, que habrá tramos, que previsiblemente serán entre 140.000 y 300.000 euros, con un gravamen del 50% frente al 48% vigente en las comunidades con un marginal más elevado, y a partir de 300.000 euros, del 52%. Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, el alza que propone Podemos afectaría a 137.284 personas, cerca de 40.000 más que si la subida se aplicara a rentas a partir de 150.000 euros, que tendrían que pagar unos 4.400 euros más al año en su declaración.
Y a todo esto, Sánchez corriendo. No renuncia Pedro Sánchez a una carrera y nos anuncia que llevará la igualdad de los permisos de paternidad y maternidad a los PGE de 2019. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta esta semana el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que recogerá la igualdad de los permisos de paternidad y maternidad y la universalización de la educación de 0 a 3 años. El presidente del Gobierno hizo este anuncio en una breve intervención antes de participar en la carrera de obstáculos por la conciliación ‘Yo no renuncio’ en Alcobendas (Madrid), en una breve intervención con los medios a los que ha señalado que la inclusión de en las cuentas públicas es «fundamental» para la conciliación entre hombres y mujeres. El presidente del Gobierno se comprometió a principios de septiembre con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, a presentar ante la Comisión Europea un plan presupuestario propio para 2019 antes del 15 de octubre. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó el jueves pasado que el propósito del Gobierno es que los PGE de 2019 es que sean «más sociales, igualitarios y redistributivos», para lo que contará con 125.000 millones de euros, una cantidad que permitirá el desarrollo de políticas en pro de una recuperación económica «más justa», ya que aún no ha llegado a «muchos hogares», y recordó, asimismo, que contemplarían la reducción del IVA de los productos de higiene personal femenina del 10% actual al tipo superreducido del 4%. Durante su intervención sin preguntas antes de la carrera, Sánchez ha apostado por lograr la «igualdad real» entre hombres y mujeres, así como por impulsar el deporte femenino. Para el presidente del Ejecutivo, gobernar «más que una carrera de obstáculos es una carrera de fondo», en la que hay que «estar en forma, avanzar y lograr las metas». «Este Gobierno está en forma, avanza y va a lograr las metas que se propone y una de ellas es la igualdad», ha sentenciado. «Si en esta legislatura logramos una Ley de Igualdad entre hombres y mujeres y acabar con la brecha salarial desde el punto de vista legal habremos logrado muchísimo a favor del progreso y la prosperidad del conjunto de la ciudadanía», ha explicado Sánchez. Por último, el presidente del Gobierno ha hecho hincapié en que la corresponsabilidad «es un derecho de las madres y una responsabilidad de los hombres». «Hagámoslo entre todos posible», concluyó.
Y gracias a Dios, hay alguien que hace bien su trabajo y es el nuevo gobernador del Banco de España que manifiesta además buen talante y pone paz en la institución. Los inspectores del organismo aplauden su disposición para intentar limar diferencias. La institución supervisora sigue apostando por las fusiones nacionales como receta para ganar rentabilidad. Así que se puede decir que, por fin, reina la paz en el Banco de España. O eso es al menos lo que parece que se respira en el emblemático edificio de la madrileña calle de Alcalá, 48. Tras casi 20 años de conflictos internos entre la cúpula de la institución supervisora y gran parte de sus inspectores, la llegada del nuevo gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha logrado apaciguar los ánimos. Una de las primeras cosas que hizo el gobernador tras tomar posesión de su cargo el 11 de junio (sustituyó a Luis María Linde) fue reunirse el pasado mes de julio con casi todas las asociaciones y sindicatos existentes en el Banco de España. No esperó a que le acompañara más adelante la también nueva subgobernadora (aunque conocida por los inspectores y por gran parte de la casa), Margarita Delgado, quien accedió al cargo el pasado 11 de septiembre. Esta predisposición a intentar limar asperezas entre el colectivo de inspectores y la cúpula de la institución ha sido muy bien recibida por este cuerpo que desde el año 2000, con Jaime Caruana como gobernador, se ha ido distanciando cada vez más de la dirección del Banco de España. La guerra entre los inspectores y la cúpula de esta institución ha tenido varios capítulos, aunque uno de los más duros se produjo en marzo, cuando el Banco de España, encabezado por Linde, decidió responder a unas declaraciones de los inspectores en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso. El organismo supervisor envió una durísima carta al Congreso en la aseguraba que las declaraciones del presidente de la Asociación de Inspectores (también en esta comisión del Congreso) «son inaceptables y deben calificarse de graves». Pero parece que la predisposición de Hernández de Cos a tender un puente para acortar las diferencias entre las dos partes ha calado positivamente entre los inspectores, por lo menos por el momento. El buen talante del gobernador también ha influido en este cambio de opinión de los inspectores. Pese a ello, este colectivo no olvida sus reivindicaciones profesionales. Habrá que esperar, no obstante. Eso sí, este colectivo también ha recibido muy positivamente el hecho de que por primera vez en la historia del Banco de España su consejo de gobierno esté representado por una mayoría femenina. Seis de los diez miembros del consejo de la institución son mujeres. Por cierto, Hernández de Cos también defiende un mapa bancario en España más reducido y con menos oficinas, pese a la ya drástica jibarización que ha sufrido el sector tras el inicio de la crisis financiera en 2008. Eso es al menos lo que se desprende de la conferencia pronunciada el pasado viernes en Bilbao. En ella, el gobernador avisó sobre la necesidad de que las entidades financieras mejoren sus niveles de rentabilidad, aunque reconoció que ha retornado a valores positivos y se sitúa algo por encima de la media de la Unión Europea. Como receta para mejorar la rentabilidad Hernández de Cos recurrió a la misma que ha venido reiterando su antecesor, e incluso el Banco Central Europeo ante el aún débil crecimiento del saldo del crédito (en comparación con los niveles precrisis). Cree así que la recuperación de la rentabilidad bancaria deberá basarse «en la continuación del proceso de ajuste de los gastos, en la búsqueda de fuentes alternativas de ingresos y una mejora de la eficiencia». Lo que quiere decir más cierre de oficinas y más fusiones, y como todavía es muy complicado llevar a cabo una fusión transfronteriza, debe entenderse entonces que las uniones deben realizarse entre entidades españolas. Hablando de crisis financiera, la presidenta de la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, Ana Oramas, espera que los diferentes grupos políticos le entreguen sus conclusiones y propuestas sobre las diferentes intervenciones de políticos, economistas, banqueros y exbanqueros y supervisores que han pasado por esta comisión inaugurada hace un año y por la que han pasado 84 altos ejecutivos. Una vez que la diputada canaria haya recibido todas las consideraciones se trabajará en un documento entre las conclusiones y propuestas comunes y el resto irá como un voto particular. El objetivo es llevarlo al pleno del Congreso a finales de noviembre. Varias fuentes financieras tienen pocas esperanzas en que al final esta comisión haya servido para algo y se pueda plasmar en nuevas normas o recomendaciones para el sector, y sobre todo para la gobernanza de las entidades financieras. Pero no hay que perder la esperanza.
Y mientras, el pasado día 5 de octubre se cumplió un año desde que Banco Sabadell primero y CaixaBank después (con diferencias de dos días) aprobaran por consejo su cambio de sede social y fiscal para dejar Cataluña y trasladarlas a Alicante y Valencia, respectivamente, tras la inestabilidad política generada en Cataluña con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Ambas entidades financieras han recuperado todos los depósitos que perdieron los meses y, sobre todo, las semanas anteriores al 1-O ante el temor de independentismo. Pese a ello, las dos instituciones no tienen intención de volver a instalar sus sedes en Cataluña. Y es que el dinero es muy temeroso, y pensar que el Fondo de Garantía de Depósitos no cubriría el dinero depositado por un ahorrador en una entidad financiera con sede en Cataluña si se declarase la independencia hace huir a cualquiera.
Para finalizar, quisiera comentar que el Banco CCM desaparece absorbido por Liberbank, que ya tenía el 100%. La integración se produce con efectos desde el 1 de octubre y no tendrá impacto en el empleo, según el grupo financiero. El Banco CCM, sucesor de la antigua Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, ha sido absorbido por su accionista único, Liberbank, con lo que la entidad castellano-manchega ha puesto fin a su existencia como banco con personalidad jurídica y societaria propia. La marca CCM también decae, sustituida por la de Liberbank. La operación no tendrá impacto en el empleo, según el grupo. La absorción se produce después de que Liberbank se hubiese hecho con el 100% del capital de la entidad castellano-manchega en diciembre de 2017 en una operación de reducción y ampliación de capital en CCM para cubrir pérdidas a la que no acudió la Fundación CCM, que era dueña hasta entonces del 25% del banco. El Banco CCM nació cuando Cajastur adquirió el negocio financiero de la Caja de Castilla-La Mancha en 2009 tras la intervención de esta entidad por el Banco de España ese mismo año, en los inicios de la crisis bancaria.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.