La semana terminaba con las negociaciones por el Brexit todavía estancadas por la frontera norirlandesa y con la posibilidad de ampliar el periodo de transición, por lo que el acuerdo de divorcio no se hará efectivo en octubre como se esperaba. Por otro lado, las tensiones diplomáticas entre EE.UU. y Arabia Saudí se incrementaban ante el supuesto asesinato de un periodista del Washington Post en la embajada saudí en Turquía, con los efectos negativos que podrían tener para el mercado las malas relaciones entre ambos países. A su vez, Bruselas advertía a Italia de que su objetivo de déficit suponía una desviación sin precedentes respecto a las normas de la comisión, por lo que la posibilidad de que los presupuestos sean rechazados aumentaba. En este contexto, los principales índices europeos terminaban la semana en plano, exceptuando al Stoxx 50, que registraba ganancias de en torno al +1,5% impulsado por farma y consumo cíclico.
No quiero dejar de subrayar que el déficit fiscal de Estados Unidos se dispara a máximos de seis años. El ejercicio fiscal de Estados Unidos, cerrado en septiembre y el primero de la era Trump, se ha saldado con un déficit de 779.000 millones de dólares. Se trata de la mayor cifra alcanzada en los últimos seis años y supone un aumento del 17% respecto al ejercicio anterior. El masivo recorte de impuestos puesto en marcha en enero tras la reforma fiscal impulsada por la Casa Blanca ha restado ingresos federales y es el gran responsable del incremento del déficit. El aumento del gasto en partidas como la de defensa y los mayores costes financieros por la subida de los tipos de interés explican también la tendencia.
Los ingresos del Gobierno se situaron en 3,3 billones millones de dólares, prácticamente planos respecto al ejercicio anterior. La fortaleza del mercado laboral y el mayor consumo no compensaron la menor carga impositiva, en contra de los mensajes del presidente, Donald Trump, cuando se anunció la reforma. El gasto, por su parte, se elevó un 4%, hasta 4,1 billones de dólares.
Por sectores, a nivel nacional español, destacaba el mal comportamiento de la banca (-2,0%) impactado por la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a los bancos a asumir los costes asociados a la concesión de hipotecas, efecto que era parcialmente compensado días después tras conocerse que se ponía en suspenso dicha sentencia. Autos (-3,2%) era otro de los más penalizados al final de la semana tras el segundo profit warning de Daimler, que alegaba mayores costes por la actualización de los sistemas de emisiones de diésel. La nota positiva de la semana la dejaban consumo cíclico (+3,0%), impulsado por los buenos resultados de Unilever (+3,9%) y Nestlé (+4,1%), y farma (+3,9%) que también se veía impulsado por los buenos resultados de Roche (+4,0%). Por último, cabe destacar la OPA parcial que lanzaba Zegona Communications por el 14,9% del capital social de Euskaltel, que en caso de prosperar, se convertiría en el accionista de preferencia. La telecom vasca repuntaba un +13,74% en el día y un +16,4% en la semana.
En relación a la política monetaria, las actas de la última reunión de la Fed nos mostraban la unanimidad dentro del FOMC sobre continuar con su política de subidas graduales del tipo oficial, favoreciendo incluso un nivel superior al tipo neutral, aunque se trate de algo temporal. La gran mayoría de los miembros del comité ve el tipo de interés oficial de llegada en 2020 y 2021 por encima de las estimaciones sobre el tipo de interés de largo plazo. Además, la semana nos ha dejado unas nuevas declaraciones de Donald Trump quien volvía a apuntar a la Fed para referirse a la mayor amenaza para la economía americana. En cuanto al BCE, Jens Weidmann se sumaba a las críticas hacia el presupuesto italiano, el cual según él debería servir para reducir su deuda, aunque sea ligeramente.
Una noticia no demasiado sorprendente del BCE y es que el Banco Central Europeo pide elevar la edad de jubilación para afrontar el envejecimiento de la población. Nunca he pensado en jubilarme antes de los 70 así que no es mala noticia para mí. El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Peter Praet, ha alertado de que uno de los grandes problemas a los que se enfrenta España a medio plazo, el del envejecimiento de la población, implica «realizar reformas estructurales» en el sistema de pensiones. «Es importante hacer estos cambios» en lo relativo a ampliar la edad de jubilación desde los límites actuales hasta los 70 años. Esa es una de las recetas que Praet ha puesto sobre la mesa ante lo que considera que es una «amenaza» para la estabilidad de la economía.
Entre otras medidas, Praet ha insistido en que es posible «que los trabajadores sigan en activo más tiempo», aunque sea «de forma parcial», para así evitar una merma de ingresos en los sistemas de pensiones públicas, que puedan afectar a su sostenibilidad de cara al futuro. «No se trata de usar más impuestos», ha apuntado, sino más bien de impulsar «la liberalización y una mayor competencia en ciertas categorías de profesionales».Praet, uno de los miembros del comité ejecutivo del BCE, ha señalado durante la conferencia inaugural de la Cátedra ‘la Caixa’ que ese envejecimiento de la población representa una presión a la baja sobre los tipos de interés. De hecho, no ha descartado la posibilidad de que sigan en mínimos, e incluso caigan a cero, y de que esa problemática implique recesiones económicas más largas con recuperaciones menos vigorosas si no se afronta esta situación. Esa probabilidad de que los tipos se acerquen a cero puede seguir aumentando y verse exacerbada ante la inminente jubilación de los ‘baby boomers’ «que puede añadir mayor presión a la baja sobre los tipos de interés». De este modo, ha indicado que «las recesiones pueden ser más largas y las recuperaciones más lentas y superficiales, con mayores riesgos de no cumplir el objetivo (de inflación)», ha apuntado Praet, añadiendo que «la probabilidad de llegar a tipos cero es algo con lo que tenemos que aprender a convivir».
A nivel doméstico, destaca el clamor de los empresarios contra la subida fiscal. Se han recogido las opiniones de algunos de los directivos más importantes de nuestro país sobre al aumento fiscal La coincidencia es total: los dirigentes empresariales coinciden en que, si finalmente se aplican las medidas del pacto, las compañías sufrirán un elevado coste, perjudicará su competitividad y dañará a la creación de empleo. Primero, por la batería de subidas de impuestos sobre las grandes empresas y patrimonios. Y, en segundo lugar, porque multiplica los costes salariales y de Seguridad Social. Todos los empresarios coinciden en sus críticas al acuerdo presupuestario para 2019 suscrito el jueves pasado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Críticas que se resumen en que la subida de impuestos contemplada en el pacto para las grandes empresas y patrimonios, además de la fuerte subida del Salario Mínimo Interprofesional, en un 22%, a 900 euros mensuales, perjudicarán a la actividad y la competitividad de la economía española. Por lo tanto, dañará a la inversión y al empleo. Especialmente, además, porque la subida de impuestos se produce en un momento de desaceleración económica, con la incertidumbre que está generando entre las compañías españolas. Como dice el presidente del Círculo de Empresarios, «en un contexto macroeconómico complicado, con caídas del consumo privado, ralentización de las exportaciones por el nuevo proteccionismo comercial, un aumento de los precios del petróleo, un sector turístico que da muestras de agotamiento y un escenario de previsibles subidas de tipos de interés a mediados de 2019, insistir en el mantra de más impuestos es transitar por el camino equivocado». Además, los empresarios consideran que la subida unilateral del Salario Mínimo, sin contar con los empresarios, amenaza con impactar en la negociación colectiva, subir los costes salariales de las empresas y las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social de los autónomos. Es decir, aumentará los costes de las pequeñas empresas. Otros empresarios, como el presidente de CEOE, Juan Rosell, consideran que el pacto no sólo aumentará el gasto público, sino que, por el contrario «no contiene ninguna medida destinada a solucionar los grandes retos de la economía española. Se gasta más, pero no se resuelven los problemas de fondo, como la sostenibilidad del sistema público de pensiones».
Y también en la línea fiscal, amable lector, el mazazo fiscal a los coches diésel afectará a 500.000 autónomos. El Plan Presupuestario que ha remitido el Gobierno a la Comisión Europea concreta que en la subida del diésel sólo estarán exentos el gasóleo profesional y el gasóleo bonificado, lo que afecta a los vehículos de menos de 7.500 kilos.. La subida del diésel que plantea el Gobierno a Bruselas afectará a 500.000 autónomos. Es el escenario que marca el Plan Presupuestario que remitió el Ejecutivo a la Comisión Europea el lunes, que concreta que se va a subir el diésel con el objetivo de recaudar 670 millones de euros y que estarán exentos el gasóleo profesional y el gasóleo bonificado. Esto significa que quedan fuera los transportistas con vehículos de peso superior a 7.500 kilos, unos 50.000, pero que el alza afectará de lleno a taxistas, conductores de VTC, agentes comerciales, furgonetas de reparto, microbuses, ambulancias, grúas, maquinaria no agrícola e industrial, fontaneros, electricistas y profesionales de obras y reformas, entre otros. Las patronales calculan que este alza afectará a 500.000 autónomos. En concreto, se trata de unos 180.000 transportistas con vehículos de menor tonelaje que los exentos. Esta cifra incluye a los 87.000 taxistas y 9.000 conductores de VTC. A su vez, el sector estima que hay 60.000 agentes comerciales. Y que los autónomos que utilizan un vehículo en su actividad profesional, junto a los 180.000 transportistas no exentos, suman un total de 500.000 de los 3,2 millones de autónomos que hay en España. Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Autónomos ATA, calcula que los autónomos van a pagar «la mitad» de los 670 millones de subida del diésel. En España hay 17,9 millones de usuarios de diésel, frente a 13,6 con gasolina. En furgonetas y camiones, el porcentaje llega al 90% del parque ya que este carburante se traduce en una mayor economía de uso. Llama la atención que este sea el plan que el Gobierno traslada a Bruselas, ya que ha insistido en que la medida no afectará a los profesionales del transporte. De entrada, este alza no se incluía en el pacto presupuestario que alcanzaron el Gobierno y Podemos el jueves, en la que la línea roja que se marcaron ambos de no afectar a las clases medias y trabajadoras resulta difícil de mantener. Fuentes de Hacienda trasladan que a la espera de que se concrete la medida, el Plan Presupuestario exime al gasóleo profesional y al bonificado.
Parece que Hacienda impulsará antes de Navidad las nuevas tasas financiera y digital y que ultima dos anteproyectos de ley para ello y otro para el fraude. Las tres iniciativas serán llevadas a Consejo de Ministros «en semanas». El Gobierno de Pedro Sánchez remitió el lunes a la Comisión Europea su plan presupuestario para 2019 y le reveló, además, los pasos que llevará a cabo para tratar de ponerlo en marcha. El documento avanza, entre otras cosas, que antes de abordar el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado en un Consejo de Ministros entre finales de noviembre y principios de diciembre, el Ejecutivo impulsará en cuestión de solo unas “semanas” los nuevos impuestos que ha pactado crear con Unidos Podemos y ofrece nuevos detalles de su funcionamiento.
“Las nuevas medidas tributarias contempladas en este plan presupuestario anual serán incluidas en tres anteproyectos de leyes que serán tratados en el Consejo de Ministros en las próximas semanas”, informó el Gobierno a Bruselas, explicando que uno contendrá las medidas de lucha contra el fraude, otro la nueva tasa sobre las transacciones financieras y el tercero la creación de un impuesto sobre actividades digitales. El primero de ellos incluirá la transposición de la Directiva antielusión (ATAD) así como varias medidas para combatir la evasión fiscal, como la actualización del listado de paraísos fiscales (a fin de recaudar 500 millones más). También contendrá una rebaja de 2.500 a 1.000 euros en el límite máximo de pago en efectivo entre profesionales (para recuperar 218 millones de la economía sumergida) y reforzará la lista pública de morosos que publica la Agencia Tributaria incluyendo a los contribuyentes que adeuden más de 600.000 euros, frente al millón actual, y a los responsables solidarios de compañías deudoras (para ingresar 110 millones más). El segundo anteproyecto de ley se centrará en la llamada tasa Tobin, que gravará al 0,2% la compraventa de acciones de empresas españolas cotizadas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros cuando las ejecuten operadores del sector financiero. Busca recaudar 850 millones que irán destinados a “sanear” el agujero de la Seguridad Social. La última de las iniciativas armará el impuesto sobre los Servicios Digitales, que gravará al 3% los servicios de publicidad en línea, intermediación online y venta de datos de usuarios de empresas que facturen más de 750 millones en el mundo y tres millones en España. Se espera que recaude 1.200 millones. El informe remitido a Bruselas ofrece importantes novedades sobre este nuevo tributo como que se liquidará trimestralmente y se aplicará sobre los ingresos obtenidos por cada servicio, excluyendo el IVA. Hacienda informó además a la Comisión Europea de que establecerá un régimen sancionador específico para evitar el falseamiento u ocultación de la dirección de Protocolo de Internet (IP) u otros instrumentos de geolocalización a fin de garantizar que todas las transacciones digitales realizadas en España quedan gravadas. Una vez impulsada la tramitación de estos tres anteproyectos, el Gobierno impulsará el de los Presupuestos, todo ello antes de Navidad. Previamente, Gobierno y Podemos iniciarán una compleja ronda de negociación a varias bandas para lograr los necesarios apoyos de PNV, ERC y PDeCAT. El plan presupuestario remitido a Bruselas es un documento de 62 páginas en el que el Gobierno presenta las medidas de ingreso y gasto que aspira a impulsar, así como sus previsiones macroeconómicas para 2019. Entre otros aspectos, el Gobierno expone que la creación de empleo caerá a un ritmo del 2% (lo que supone pasar de 500.000 a 360.000 nuevos puestos al año). También revela que la recaudación de los ayuntamientos por el impuesto de plusvalía, parcialmente anulado por el Tribunal Constitucional caerá un 3%, y que la recaudación local por el impuesto de actos jurídicos documentados arrojará 93 millones en negativo entre 2018 y 2019.
Y termino con dos decisiones de la ministra Teresa Ribera, según la cual las centrales térmicas «difícilmente llegarán» a 2028. La titular de Transición Energética insiste en que las plantas «tienen poco recorrido» y critica que no se tomaran medidas antes en las comarcas afectadas.
La responsable gubernamental sostuvo que esta previsión emana de «un marco comunitario» que le viene «dado» al ejecutivo español, y expresó su preocupación por «la falta de anticipación» de las comarcas donde están emplazadas estas instalaciones de generación eléctrica para buscar alternativas. El mandato europeo obliga, recordó, a que las centrales cumplan determinadas obligaciones ambientales y, en caso contrario, a que sean clausuradas. El anuncio de la ministra, hecho público en un acto organizado en Madrid por el foro Nueva Economía, anticipa los planes del Gobierno y por dónde parece que irá la futura ley de Cambio Climático y Transición Energética, que, junto con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se desvelarán antes de fin de año. Ambos textos pretende cumplir con los objetivos europeos para 2030 y 2050.
El pasado mes de julio, Ribera había dado por seguro el cierre en 2020 de siete de las quince térmicas españolas: todas aquellas que no hubiesen hecho inversiones en desnitrificación. Las afectadas, en principio, serían las de Anllares (León), de Naturgy; Aboño I (Asturias), el grupo más antiguo de EDP; Lada (Langreo) y Velilla del Río Carrión (Palencia), de Iberdrola; y posiblemente Soto de la Barca (Tineo), de Naturgy; y Andorra (Teruel) y Compostilla (León), de Endesa, mientras que persiste la duda sobre La Pereda (Mieres), de Hunosa. Si se generalizasen los cierres a todas las plantas de carbón antes de 2028, como sugirió la titular del ministerio, la decisión podría impactar en Asturias a otra planta de EDP. Además de las citadas, España cuenta con térmicas clásicas en Soto de Ribera (Asturias), As Pontes y Meirama (La Coruña), Alcudia (Mallorca), Puente Nuevo (Córdoba), Carboneras (Almería) y Los Barros (Cádiz). El área más afectada será el noroeste español, donde se concentran diez de las quince instalaciones cuestionadas. La previsión de cierre en el entorno de 2028 de todas las térmicas de carbón coincide con la recomendación que había hecho en abril la comisión técnica, integrada por catorce expertos, que designó el Gobierno de Mariano Rajoy para abordar el desafío del cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este grupo de especialistas propuso entonces el cierre de todas las plantas termoeléctricas de carbón en 2030, con la salvedad de algún caso marginal para el abastecimiento a la industria. Su recomendación fue reducir la capacidad instalada de este tipo de instalaciones de los 9.536 megavatios actuales a 847.
Además, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado la puesta en marcha de un Índice Nacional de Calidad del Aire para que sea posible la consulta en tiempo real de datos sobre la contaminación atmosférica, aunque no ha dado una fecha para su puesta en marcha. Ribera ha hecho el anuncio en el desayuno informativo Nueva Economía Forum en Madrid en el que ha avanzado, además, que el Programa Nacional de Control Atmosférico se hará realidad en abril de 2019. La ministra ha hecho una revisión global de las líneas de actuación de su cartera sobre temas de descarbonización, agua, cambio de modelo energético, energía nuclear, residuos, calidad ambiental y atmosférica y contaminación. Sobre el nuevo Índice de Calidad del Aire, Ribera ha señalado que el mismo permitirá a cualquier persona o administración conocer en tiempo real los niveles de partículas, dióxido de carbono o contaminación atmosférica. Ello posibilitará conocer la contaminación en ciudades y de actividades como la agricultura, la generación de energía o el transporte. Ribera ha manifestado que confía en que la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica se presente antes de Navidad porque «hay consenso de todos los grupos» en relación a la misma. Ha señalado que es una ley que ya fue anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy, y espera que salga adelante «lo antes posible». La ley deberá ir acompañada de un plan nacional de energía y clima, con miras a 2050, ha asegurado. Ha explicado que el momento actual es de «vital importancia para la economías nacionales y mundial» tras conocerse el último informe del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en ingles), presentado el lunes pasado en Incheon (Corea del Sur) que señala que es fundamental una transición urgente y sin precedentes del modelo económico y de consumo. El cambio de modelo económico «es posible», ha asegurado, «pero el esfuerzo es inmenso, abarca todas las decisiones, y los próximos diez años son fundamentales para llevar adelante esas medidas. Por ello, ha remarcado la importancia de la «actualización de la economía, con temas difíciles», pero no se puede seguir en la «inercia», la misma que hay que combatir, con el trabajo y competencias de varios ministerios». «Somos la primera generación para tomar medidas, la historia será implacable» si no lo hacemos, ha sostenido. Ha señalado que el Consejo de Ministros aprobará una transición ecológica inclusiva, con decisiones fundamentales y transversales, que marcarán el futuro del país y de las nuevas generaciones porque «no hay tiempo que perder». «Empezamos la semana con consternación por la imagen de la anormalidad climática de los destrozos en Mallorca», ha lamentado Ribera, quien ha recalcado que se vivirán cada vez «más fenómenos extremos, con más calor, fenómenos que nos obligan a cambiar los modelos actuales». «La ciencia debe ganar a la posverdad, porque el cambio climático es cuestión de ciencia, supera las cuestiones ambientales», ha subrayado Ribera. Por otro lado, ha insistido en la premisa de que «quien contamina paga» y de que las industrias deben incorporar en sus presupuestos los costes si se afecta el medio ambiente, la salud de los trabajadores y de la sociedad en general. Lo cambios, ha añadido, deben realizarse en tres niveles: los de gobernanza, las relacionadas con las sinergias público privadas y locales y regionales, así como la inclusión socio económica. China, en su opinión, ha sabido entender el problema y ha emprendido el cambio en su economía. En este contexto, Ribera ha añadido que en España se deben llevar a cabo cambios que incluyan el emprendimiento verde, la economía circular para la reutilización de recursos y residuos, en especial los industriales y de construcción. Para ello, ha explicado que están trabajando conjuntamente con el Ministerio de Industria, considerando los residuos como nueva fuente de recursos, y además se trabaja en la introducción del quinto contenedor de color marrón para los residuos biodegradables. En relación al agua ha recordado las multas europeas que pesan sobre España en relación a los sistemas de saneamiento, por lo que ha dicho que su ministerio trabaja en un nuevo plan y para garantizar agua a todo el mundo. Y parece decidida a aplicarlo.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.