La Comisión Europea se plantaba en un nuevo escenario el miércoles pasado tras rechazar el presupuesto italiano, alegando que suponía una desviación del déficit «sin precedentes» que estaría en torno a los 25.000 M. €. Italia dispondrá de otras tres semanas para mandar un nuevo borrador, pero parece que de momento reducir el déficit no están entre los planes del ejecutivo italiano. En el frente Brexit, Theresa May salía airosa de la reunión que mantuvo con su partido, conocida como el «Comité 1922», que amenazaba con acabar con la confianza depositada en la primera ministra para llevar a cabo las negociaciones con Bruselas, después de que esta abriese la posibilidad a un periodo transitorio mayor en su reunión con la UE de la semana pasada. Por último, el caso Khassoghi ha seguido latente toda la semana, tras las declaraciones del presidente turco, confirmando que no se trató de una simple reyerta, con la comunidad internacional presionando, y EE.UU. afirmando que impondrán sanciones al país. Con todo lo acontecido durante la semana, las bolsas europeas registraban fuertes caídas al final de la semana, que se situaban en torno al 3%
En lo relativo a política monetaria y Bancos Centrales, el BCE cumplía con el guion y mantenía intacta las guías de su política monetaria, manteniendo el final del programa de compra de activos para diciembre de este año, si bien reiteraba que la reinversión de cupones y amortizaciones continuaría por un tiempo prolongado. Por ello, a pesar del empeoramiento de las perspectivas económicas, la primera subida de tipos se mantenía para después del verano de 2019. El BCE ‘sentencia’con esto su programa de compra de deuda. La penúltima reunión del año del BCE podría confirmar el fin, en diciembre, de su multimillonario programa de compra de activos. Italia, el Brexit y los riesgos de desaceleración mantendrán la cautela sobre los plazos barajados para su primera subida de tipos. El desafío de Italia a Bruselas, el bloqueo en las negociaciones sobre el Brexit, los síntomas de desaceleración en el crecimiento, la contención en las presiones inflacionistas y la caída del euro al borde de sus mínimos del año avivarán el debate en la penúltima reunión del año del Banco Central Europeo. De hecho, el mercado tiene claro que la conjunción de estos factores reforzará el mensaje comedido de Mario Draghi en la rueda de prensa posterior a la reunión del BCE. Las incertidumbres políticas y económicas evitarán cualquier amago de introducir un tono ‘agresivo’. Todo lo contrario. El BCE se autoimpuso un periodo de transición de un año para comenzar el ajuste al alza en los tipos de interés. Manifestó públicamente que los tipos de interés continuarían en el 0% al menos hasta el verano de 2019. Lejos de acortar los plazos, el mercado ve más probable un retraso. En los últimos meses, los analistas han aplazado de septiembre a octubre de 2019 el plazo previsto para la primera subida de los tipos de interés desde el año 2011.
En Alemania, la confianza del consumidor no se veía reducida como apuntaban las estimaciones y se mantenía en unos niveles históricamente altos del 10,6. En EE. UU, los datos que conocíamos esta semana seguían apuntando a la fortaleza actual de su economía.
Retomando el tema del Brexit, que será protagonista una buena temporada, el automóvil será el sector más afectado por el Brexit, según las empresas. La Cámara de Comercio Británica alerta del golpe para un sector estratégico por la dificultad del traslado de piezas en frontera. También se resentirá la contratación. En efecto, el sector del automóvil es el más afectado por el Brexit, según las empresas británicas y españolas con intereses en Reino Unido y España. Así lo apuntaron esta pasada semana en la jornada Brexit Challenges & Future Possibilities, que organizaron la Cámara de Comercio Británica en España, la Embajada Británica y DLA Piper para dar una visión de negocio, gubernamental y también legal de la situación. Las condiciones empresariales y para los negocios van a empeorar con el Brexit y, si no hay acuerdo, lo harán radicalmente, advirtieron los participantes en la jornada. «Nos esperan cinco meses de absoluta incertidumbre», lamentaron, de cara al 29 de marzo de 2019, día en que se materializará la salida de Reino Unido de la UE. «Las empresas están en manos de la Cámara de los Comunes», constataron. Si no refrenda el acuerdo que traiga la primera ministra, Theresa May, sufrirán los rigores del Brexit duro, refrendó William Murray, director de Economía y Políticas Públicas de la Embajada Británica en Madrid. Christopher Dottie, presidente de la Cámara de Comercio Británica en Madrid, subrayó las dificultades que sufre el sector de la automoción por la dificultad del traslado y de los flujos de piezas en frontera y por la importancia del sector en Reino Unido y España. «Para montar un coche, las piezas tienen que pasar por las aduanas seis veces», ilustró, además de alertar de grandes cambios para el transporte pesado por carretera. En el caso del transporte aéreo, Dottie advirtió sobre el impacto de un Brexit duro si no hay acuerdo, por el que el derecho a volar de las compañías quedaría en suspenso. La Cámara de Comercio Británica en España tiene 300 asociados, entre ellos, Barclays, BBVA, BDO, Banco Sabadell, Abertis, BT, Burberry’s, CaixaBank, CBRE, FCC, Ferrovial, HSBC, Iberdrola, IAG, Iberia, Indra, KPMG, Santander o Telefónica. Acudieron al encuentro consejeros delegados y directores jurídicos de empresas del Ibex, multinacionales (bancos y fondos) y empresas del sector inmobiliario, además de tecnológicas. Además de la automoción, Dottie, también managing director de Hays en España, destacó el impacto del Brexit en la contratación: «Los flujos de talento se paralizan» a la espera de la nueva política de inmigración. Por una parte, el presidente de la Cámara británica alertó de un fuerte impacto en el corto plazo en empresas y sectores que contratan masivamente a jóvenes con salarios bajos. Y en el medio y largo plazo, auguró que se pueden romper vínculos con el talento de los jóvenes europeos, que lleva años cultivar y mantener. En esta línea, Dottie apuntó que las empresas británicas ya están teniendo dificultades para contratar ingenieros, y el sector hortifrutícola, para encontrar mano de obra. En suma, coincidieron Dottie y el resto de participantes en la jornada, que las más afectadas son las manufacturas. En el lado contrario se sitúan los servicios financieros, las farmacéuticas y el sector audiovisual, los segmentos más preparados y que en su práctica totalidad han implementado planes de contingencia. Así lo detalló Ricardo Plasencia, socio de Financiero de DLA Piper. Plasencia lamentó que en la recolocación de sus servicios, el sector financiero no haya elegido España. En cualquier caso, estos tres sectores son la excepción. Paul Hardy, director de la iniciativa Brexit en DLA Piper, y Lord Clement-Jones CBE, miembro de la Cámara de los Lores y consultor de DLA Piper en materia de Brexit, advirtieron de que «el mundo empresarial se está dando cuenta tarde de lo serio que es el Brexit». Asimismo, Dottie expresó su preocupación con la situación de las pymes, de las que a su juicio el Gobierno no se ha ocupado. A su vez, advirtió de que la mayoría de las empresas españolas no han exportado nunca a un país tercero, fuera de la UE. José Manuel Sala, catedrático de Administrativo, letrado de las Cortes y socio de DLA, señaló que España tendrá que modificar la Ley de Contratos del Sector Público para establecer un estatus ahora inexistente para las empresas británicas. Esta norma se aprobó a finales de 2017.
A nivel doméstico, amable lector, como sabe está el patio muy revuelto por diversos temas, especialmente por el que destaco en el titular, relativo a la fecha del 5 de noviembre. Me resultará muy fácil acordarme porque es la onomástica de mi hija Elsa.
La venta de hipotecas se paraliza hasta que el Supremo aclare su fallo. Las entidades ya han decidido subir más de 10 puntos básicos el precio del crédito. El tribunal dará una respuesta el 5 de noviembre. Los clientes bancarios interesados en la contratación de una hipoteca no saben a qué atenerse. La banca tampoco. El nuevo episodio protagonizado esta semana por el Tribunal Supremo volvió a sumir en el caos la venta de hipotecas. El Supremo comunicó esta semana que ha fijado para el próximo 5 de noviembre el pleno para aclarar definitivamente quién tendrá que pagar a partir de ahora el impuesto sobre la constitución de las hipotecas, después de que la semana anterior la sala de lo Contencioso-Administrativo determinase en una sentencia que será el banco y no el cliente el que debe abonar esa cantidad. Los magistrados subrayan que la sentencia del día 16 es firme y no será revisada pero la doctrina se clarificará abordando casos similares. Este anuncio volvió a sorprender al sector financiero y a los clientes, y han visto como se han paralizado las firmas de nuevas hipotecas. La banca, de hecho, se teme que esta tendencia se mantendrá así hasta que el alto tribunal no emita su decisión definitiva. La inseguridad jurídica que ha generado el Supremo ha caído como una losa en las oficinas bancarias, afirman fuentes financieras. “Solo estamos firmando aquellas hipotecas vinculantes que teníamos programadas hace tiempo. Nuevas no hemos realizado o concretado ninguna”, coinciden en declarar varias fuentes de grandes bancos. De momento, la mayoría de las entidades están ahora dando instrucciones a sus oficinas para que se siga con el criterio anterior al fallo del Supremo del pasado jueves, y sea el cliente quien asuma el coste del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD). De esta forma, han decidido mantener nuevamente sus actuales ofertas hipotecarias, en algunos casos retiradas entre el jueves y el viernes, hasta que se aclare el criterio de la sentencia de la pasada semana. Entienden que hasta que la sentencia que cambia el criterio de quién debe hacerse cargo del impuesto de las hipotecas no se publique en el BOE no entra en vigor, por lo que han vuelto a la situación anterior y a aplicar la regulación de 1995. La banca entiende que el comunicado del Supremo tampoco aclara si se mantendrá que los bancos asumirán este impuesto, aunque entienden que al final será así. Aseguran, sin embargo, que mientras que no haya jurisprudencia, y la sentencia no se publique en el BOE no tiene que hacerse cargo de este impuesto. Pese a ello, solo se están firmando las hipotecas de clientes que ya han quedado con el notario para completar los trámites de la compra de su casa, y prefieren pagar el impuesto. Aunque en estos casos se está incluyendo una cláusula en la que se especifique que en caso de que al final sea la banca la que deba asumir este coste, le devolverán dicha tasa. Las entidades, no obstante, aseguran que es el cliente el que prefiere esperar a contratar ahora un crédito hipotecario, pese a los intentos de la banca a que se vuelva a la normalidad en las oficinas y se concedan préstamos para la compra de una vivienda. Los grupos financieros siguen manteniendo que el cambio de criterio que analizará el Supremo solo hará referencia a la eliminación de toda posibilidad de reclamar la retroactividad de este impuesto, y confirmará que sea la entidad financiera la que pague el tributo de AJD. Aunque los criterios por los que defiende el Supremo que debe ser el banco el que se haga cargo del tributo no les convence. Aseguran que el beneficiario de la firma de una hipoteca es tanto el banco como el cliente, ya que el primero hace negocio, pero también asume un riesgo al prestar un dinero (“y sino que analicen los balances de la banca desde la crisis, llenos de inmuebles por impagos”, señala un ejecutivo). El cliente, por su parte, también es beneficiario de la operación, porque recibe unos fondos para la compra de la vivienda. Eso sí, recalcan que “como la generalidad de las modificaciones en la legislación tributaria, el cambio que se produce en la normativa del IAJD y en su interpretación jurisprudencial solo debe ser aplicable a las operaciones que se formalicen a partir de la fecha de dicho cambio, es decir a partir de la fecha de la sentencia”. Eso sí, las entidades financieras ya han aprobado en sus comités de directivos la próxima subida del precio de las hipotecas, en unos 10 puntos básicos, que compensen el coste del impuesto de AJD. Según sus cálculos, el pago de esta tasa por los actos jurídicos documentados “se come el margen de dos años de una hipoteca. Y si no subimos el diferencial venderíamos a pérdidas”, subraya un ejecutivo de una entidad. El caos del Supremo ha llevado a Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a pedir la dimisión del presidente de la Sala III del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo. Sobre esta situación se ha pronunciado la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien ha insistido en que «lo mejor es que cuanto antes se aclare la situación» ya que el tribunal «ha abierto una cierta inseguridad jurídica» en un tema con implicaciones sobre los ciudadanos, la banca y las arcas públicas.
Cambiando de tema, o de problema a nivel doméstico: Trabajo propone una subida de las cuotas de los autónomos de entre 40 y 50 euros. Las asociaciones del sector rechazan la propuesta, que universaliza la prestación por el cese de actividad e incluye un alza de la tarifa plana. El Gobierno ha puesto sobre la mesa de los autónomos tres posibilidades para subir sus cotizaciones sociales el año que viene en paralelo a la subida del salario mínimo. Esas alzas supondrían entre 40 y 50 euros mensuales que los trabajadores por cuenta propia rechazan de forma categórica. Esa oferta deja aparcada, al menos hasta 2019, la vieja demanda de este colectivo de que cada autónomo cotice en función de lo que ingresa. Como contrapartida por ese incremento de las cuotas, el Ejecutivo les ofrece universalizar algunas prestaciones como la del cese de actividad (el paro), que en estos momentos llega a un número mínimo de autónomos, además de la bonificación de las cuotas de la incapacidad temporal. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, abogó por «adecuar las cotizaciones a los ingresos reales» e «incrementar la acción protectora», para que «vaya en consonancia con el incremento» del porcentaje de las cotizaciones. Pero estas propuestas se han encontrado con la oposición de las asociaciones del sector, que consideran las alzas que se barajan como exageradas. En parte, porque eliminan de un plumazo la posibilidad de que este colectivo elija algunas de las causas por las que cotiza y que ahora son voluntarias, como la del cese del negocio. «La única ventaja que tienen los autónomos en materia de Seguridad Social es su capacidad para organizar su previsión, cotizando entre la base mínima y la máxima. Eliminarles de un plumazo esa libre opción debe rechazarse de plano», señaló Ignacio García, responsable en Asturias de la asociación de autoempleados CEAT, ligada a la patronal FADE. Igual de contundente, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) aseguró que «no podemos aceptar la propuesta de subida de las bases mínimas que nos propone la Seguridad Social». La responsable de esta agrupación en Asturias, Patricia Oreña, señaló que «solo aceptaremos una subida máxima de hasta el 1,5% en 2019, igual a la que se ha venido realizando de media durante los últimos 25 años». Ese porcentaje supondría un incremento de poco más de 20 euros mensuales. Los tres escenarios propuestos por la secretaría de Estado de la Seguridad Social a las asociaciones del sector para actualizar las cuotas de los autónomos para el próximo año se resumen en:
Propuesta 1. Recoge una subida muy corta de la base mínima de cotización. En concreto, de un 1,25%, hasta 944 euros mensuales. Pero tiene truco. La mayor subida se aplicaría sobre los tipos (en las que están incluidas las contingencias comunes, las profesionales, las de por cese de actividad y las que se pagan por formación profesional), que subirán del 29,9 actual al 33,7%. Traducido supone incremento de las cuotas de 39,4 euros mensuales.
Propuesta 2. La base mínima escalaría hasta el 6,25%, hasta 990 euros mensuales. A diferencia de la anterior, el incremento de los tipos sería menor y solo llegaría al 31,8%, casi dos puntos por encima de ahora. En total, la cuota se alzaría en 40,2 euros mensuales para los que coticen por lo mínimo.
Propuesta 3. La base de cotización de los trabajadores por cuenta propia estaría al mismo nivel que la de los asalariados, en 1.050 euros. Es decir, sería un 12,5% mayor. A cambio, el alza de los tipos sería más limitada y quedarían en el 31,2%. Pagarían 48 euros más al mes.
Trabajo quiere también elevar la tarifa plana que pagan los nuevos autónomos y que ahora está en 50 euros. La propuesta del Gobierno es la de elevar esta cuota hasta los 75 euros mensuales.
Siguiendo con los temas fiscales, no puedo dejarme en el tintero el hecho de que Hacienda quiere gravar con la ‘tasa Tobin’ a los valores españoles en Wall Street. Con esto, 62 empresas de la Bolsa estarían sometidas al pago del impuesto.
La fórmula con la que el Gobierno pretende recaudar 850 millones de euros al año incluye también las acciones de compañías españolas que coticen en Estados Unidos. La misión es que el impuesto sobre transacciones financieras (ITF o tasa Tobin, en la jerga) no tenga fronteras. En el Ibex, al otro lado del Atlántico se negocian Telefónica, Santander, BBVA, Repsol, las acciones B de Grifols –sin derechos de voto–, IAG y otras empresas. También cotizan en otras Bolsas como la brasileña y la británica a través de certificados de depósitos. Estos se conocen como American Depositary Receipt (ADR) en Wall Street y Crest Depository Interests (CDI) en Reino Unido. Emplea ambas fórmulas, por ejemplo, Santander. También se negocian en Londres, y con más volumen que en España, las acciones de IAG, que mantiene la sede social en Madrid y que también deberían pagar. El borrador de la norma especifica que los certificados de depósito que representen acciones también están sometidos a tributación. El objetivo teórico es que no haya puntos de fuga en la recaudación del impuesto. Las empresas mencionadas están presentes en Wall Street con programas de ADR promovidos por ellas mismas. Su objetivo es facilitar la compra, tenencia y venta de títulos extranjeros por parte de inversores estadounidenses. Al tiempo son un soporte de financiación que les permitiría, llegado el caso, ampliar capital en EE UU.
A nivel corporativo quisiera destacar a CaixaBank que gana 1.768 millones de euros hasta septiembre, un 18,8% más que en 2017. El resultado ha superado las previsiones del mercado, que descontaban unas ganancias de 1.513 millones.
Los resultados se han visto condicionados por diversos factores atípicos. Entre otros, un cargo de 453 millones por la desinversión en Repsol, un reversión extraordinaria de provisiones y la ausencia de las dotaciones no recurrentes realizadas el pasado año para cubrir el último plan de prejubilaciones del grupo y el saneamiento de la participación en Sareb. Del beneficio total de 1.768 millones, el negocio de CaixaBank aportó 1.369 millones, un 4,7% más que hace un año, y el de BPI, 399 millones. El resultado de la filial lusa sube un 121%, aunque la comparativa no es homogénea (el pasado año el grupo sólo contabilizó 8 meses de actividad de BPI). Los ingresos totales del grupo crecieron un 6,3%, hasta 6.901 millones. El margen de intereses y las comisiones crecen a ritmos próximos al 4%, pero la aportación del negocio de seguros, las participadas (entre ellas, Telefónica) y los resultados por operaciones financieras (ROF) se aceleran a tasas de doble dígito, lo que permite un crecimiento final del margen bruto de casi el 7%: los ingresos de la actividad aseguradora suben un 18% y el ROF un 13%, entre otros. Los gastos recurrentes se elevan un 3,7%, por debajo del ritmo de crecimiento de los ingresos y en línea con la previsión del grupo para el conjunto del año. Los gastos extraordinarios han descendido un 90%. La caída de las provisiones también es determinante para la mejora del beneficio. Las dotaciones para insolvencias se reducen un 92,5%, hasta 50 millones y las destinadas a cubrir otros activos disminuyen en casi el 60%, hasta 477 millones. CaixaBank ha realizado una reversión extraordinaria de provisiones en el trimestre. Por otra parte, la rentabilidad sobre el capital tangible del banco (ROTE) está en el 9,4%, en línea con la horquilla fijada por la entidad para cierre de año (entre el 9% y el 11%). El capital de máxima calidad concluye septiembre en el 11,4%. La ratio sería del 11,7%, asumiendo el impacto de las operaciones ya anunciadas de desinversión en Repsol y en el negocio inmobiliario. Respecto a la sentencia del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, CaixaBank destaca que «considerando las incertidumbres existentes a la fecha en relación con los distintos desenlaces posibles de las deliberaciones previstas en la Sala 3ª, y en su caso de la 1ª, del Tribunal Supremo, no se ha estimado impacto en los estados financieros a 30 de septiembre de 2018». En esta tesitura, CaixaBank tiene previsto presentar el próximo 27 de noviembre en Londres su nuevo plan estratégico.
A nivel local, malas noticias en el sector del transporte, lo cual deja de ser ya para nosotros, los asturianos, una novedad. Se suprimen las rutas aéreas internacionales.
Por otro lado, desde el día 29 de octubre, desplazarse en avión a Madrid desde Badajoz, en un billete de ida y vuelta en el día, costará 129,24 euros. Hacer lo mismo desde Asturias, casi clonando los horarios (salida a las 9.30 y regreso a las 19.40) y el tiempo de viaje (una hora desde Badajoz; hora y diez minutos desde Asturias) cuesta 406,66 euros. Los 277 euros de diferencia no los marca la competencia, pues en Asturias opera en solitario Iberia y en Badajoz lo hace Air Nostrum. La clave del descuento está en unas siglas: OSP. Tras ellas está la declaración de Obligación de Servicio Público. La que la Junta de Extremadura logró del Ministerio de Fomento para sus conexiones con Madrid y Barcelona. De media, los pasajes de ida y vuelta costarán cien euros o menos, ya que Air Nostrum tiene a la venta billetes desde 35 euros. Una declaración que también tiene al alcance de la mano el aeropuerto fantasma levantado por el expresidente de la diputación de Castellón Carlos Fabra. Las instalaciones aún no han entrado dentro de la red AENA, las gestiona una empresa francesa, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a principios de mes con el presidente valenciano Ximo Puig para declarar OSP la ruta entre ese aeródromo y Madrid. Una declaración de Obligación de Servicio Público que la Junta General del Principado aspira a lograr para el aeropuerto asturiano. La moción, presentada por IU, logró el apoyo del propio PSOE, que sustenta al Ejecutivo autonómico, y Podemos. El Gobierno regional, a través de su consejero de Empleo, Industria y Turismo, ha reiterado en los últimos días que «la competencia es de la Administración del Estado», pero también Isaac Pola ha hecho un llamamiento a que «intervenga» ante las altas tarifas de Iberia, que calificó de «anómalas» y «descabelladas». Lograr la calificación de Obligación de Servicio Público rebajaría el coste del billete asturiano hasta los cien euros en pasaje de ida y vuelta. Una rebaja que, no obstante, saldría de las arcas regionales. Así ocurre en Badajoz, donde la Junta de Extremadura pagará a Air Nostrum 10,4 millones por realizar el servicio durante los próximos tres años. La aerolínea valenciana, que opera como filial regional de Iberia, ganó el concurso abierto para hacer ese servicio. Solo se presentó ella.
Desafortunadamente, no soy muy optimista sobre lo que será capaz de lograr el gobierno asturiano en este asunto. ¿Soy pesimista? Pues no. Simplemente una optimista bien informada y bastante realista, a tenor de lo sucedido hasta la fecha.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.