Los principales selectivos europeos registraban pérdidas generalizadas (1-2%) al final de la semana arrastrados por un entorno de incertidumbre, en el que los presupuestos italianos, y especialmente el Brexit, eran los factores que mayor protagonismo tomaban. En este sentido, las dimisiones de varios ministros del gabinete británico, entre las que se encontraba la del ministro negociador por el Brexit, Dominic Raab, restaban credibilidad al acuerdo pactado entre Bruselas y Theresa May, factor que pesaba en los mercados y en la libra, que caía en torno a un 2% en la semana. Cabe destacar que Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, ha validado el acuerdo de divorcio alcanzado con Londres esta semana y ha convocado a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea el próximo 25 de noviembre para sellarlo definitivamente. Lo ha anunciado el propio Tusk justo después de que Michel Barnier, negociador jefe de la UE para el Brexit escenificara la entrega del documento de 585 páginas pactado con los negociadores británicos y respaldado por el Gobierno británico. «[El acuerdo] asegura que se limita el daño causado por Brexit […] y asegura los intereses y principios vitales de los 27 Estados Miembros y de la Unión en su conjunto», ha dicho el líder polaco. Sin embargo, todo el mundo es consciente de que todavía pueden saltar sorpresas de última hora. Por eso mismo el presidente del Consejo ha hecho hincapié en que esa convocatoria se mantendrá «si no ocurre nada extraordinario». Por el lado británico está por ver si los conservadores rebeldes fuerzan una moción de confianza sobre la primera ministra británica Theresa May. Por el europeo, los 27 deben validar ese acuerdo y aunque en su mayor parte se han impuesto las tesis europeas, algunos creen que puede haberse ido demasiado lejos para acomodarse a las líneas rojas marcadas por Londres. En la comparecencia junto con Barnier, Tusk ha esbozado los próximos pasos a seguir. Ahora las capitales están analizando el documento. A final de semana los diplomáticos de los 27 se reunirán para analizarlo. «Espero que no haya demasiados comentarios», ha advertido el líder polaco.
La próxima semana se finalizará la declaración política para encarrilar las negociaciones de la relación económica y comercial posterior, tras la que se darán 48 horas a los 27 para analizarla. Y el domingo 25 de noviembre los líderes de la UE acudirán a Bruselas para sellarlo. Pero ese tampoco será el final del camino. Para que tenga validez, el documento debe ser aprobado también por el Parlamento británico, por la Eurocámara y por los parlamentos nacionales de los Estados Miembros. Y por alguno regional también. El acuerdo cubre temas como los derechos de los expatriados, la factura (de unos 40.000 millones) que deberá abonar Reino Unido en concepto de compromisos financieros adquiridos y una solución para evitar una frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Además, el documento prevé la salida de Reino Unido de la UE el 30 de marzo del año que viene, pero el comienzo de una fase de transición ese mismo día. Esta se prolongaría como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo que hasta entonces todo seguiría más o menos igual que hasta ahora.
Por su parte, el gobierno italiano hacía oídos sordos a las exigencias de la Comisión Europea y no llevaba a cabo cambios sustanciales en sus objetivos de déficit. Respecto al petróleo, las menores perspectivas de crecimiento económico y la posibilidad de que la OPEP tome la decisión de reducir la oferta en la reunión de diciembre presionaban al precio del crudo durante la semana. No obstante, Rusia se estaría mostrando reticente a reducir su producción o a hacerlo considerablemente, por lo que el precio del Brent repuntaba ligeramente hasta situarse en los 67 $/bal final de la semana, pero por debajo del nivel de la semana pasada (70 $/b).
Paso ahora, amable lector, a referirme a los bancos centrales, en los que para Neel Kashkari, Estados Unidos es el motor de una economía global que se desacelera. El presidente de la Fed de Minneapolis cree que es difícil adelantar si este retroceso es temporal o permanente. Comienza el debate sobre si una posible desaceleración puede frenar el ritmo previsto de normalización monetaria de la Fed en 2019, tras las palabras de Kashkari y las del presidente Powell en las que reconocía que los vientos en contra pueden hacer reflexionar a la Fed. En cuanto al BCE, Draghi volvía a mostrarse confiado pese a la pequeña desaceleración y los riesgos comerciales. Además, Sabine Lautenschaeger se declaraba partidaria de una política de reinversión flexible diseñada para no durar demasiado y poder adaptarse al entorno cambiante.
A nivel doméstico, las multinacionales alertan a Sánchez de que la subida fiscal afectará al empleo. Los empresarios demandan «un marco fiscal estable, simple y eficaz». Las compañías advierten al Ejecutivo de que sus anuncios «transmiten una sensación de inestabilidad institucional». Multinacionales por la marca España se sumó al clamor empresarial contra los últimos anuncios que ha hecho el Gobierno de subidas de impuestos a las compañías. El presidente de la organización, José María Palomares, advirtió al Ejecutivo de que «el equilibrio de las cuentas públicas y la consolidación fiscal no debe basarse en aumentos impositivos que desincentiven la actividad económica y fomenten la deslocalización de capital y talento», con el consiguiente riesgo de destrucción de empleo. Por el contrario, en la inauguración del V Congreso anual de la institución empresarial, que reúne a 40 de las grandes multinacionales extranjeras en España, Palomares explicó que «necesitamos un sistema fiscal estable, simple y eficaz» con el que trabajar. «No estamos especialmente contentos con unos anuncios de subidas de impuestos, que pueden debilitar nuestra posición competitiva frente al resto de países», dijo Palomares. Entre otras decisiones, el Gobierno ha anunciado para 2019 próximas subidas de los impuestos de Sociedades, de la Renta; la llamada tasa Google o la creación de un impuesto a algunas transacciones financieras para destinar su recaudación exclusivamente a financiar las pensiones. También ha propuesto un aumento, de hasta un 12% , de las bases máximas de cotización, y de un 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional, desde los 736 a los 900 euros mensuales. Palomares mostró su preocupación por la «sensación de inestabilidad institucional» que transmite el Gobierno con sus reiterados anuncios de medidas y de rectificaciones. No es una crítica a las negociaciones con Podemos para sacar adelante los presupuestos, «porque la legitimidad la dan las urnas», sino de despejar las intenciones económicas y políticas para poder operar. «Necesitamos conocer la acción de Gobierno», dijo el presidente de Multinacionales por marca España.
Los empresarios demandaron «seguridad jurídica, con un marco institucional y entorno jurídico estable». En este sentido, el desafío del Gobierno independentista de Cataluña forma parte de lo que las compañías califican como Riesgo país. «Es un tema que nos preocupa, aunque ahora menos que hace unos años. Reclamamos nuestro apego a la legalidad vigente», dijo Palomares. Precisamente, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, aprovechó la inauguración del congreso de las multinacionales para defender ante los inversores «la estabilidad política» de la región. Una comunidad autónoma «que tiene los impuestos más bajos de España», con unos «presupuestos rigurosos, realistas y también ambiciosos». Garrido recordó al auditorio de empresarios que en el primer semestre del año, la inversión extranjera en la comunidad de Madrid ascendió a 2.260 millones de euros, el 70% de todo el capital extranjero recibido en España. También recalcó Garrido que «Madrid es líder en la creación de empleo en España», con 122.573 nuevos puestos de trabajo en el último año. Pese a las críticas de las multinacionales, las secretarias de Estado de Economía, Ana de la Cueva, y de la España Global, Irene Lozano, defendieron la labor económica del Gobierno y el cambio político. Además, resaltaron que «las políticas de gasto recogidas en el Plan Presupuestario, [pactado con Podemos], son socialmente justas, pero también económicamente productivas. Además, resultan responsables desde la estabilidad presupuestaria». Así, Ana de la Cueva dijo que, aunque en el acuerdo «se recoge el necesario incremento de algunas partidas de gasto social, este aumento es contenido e inferior al crecimiento del PIB nominal». Coherente «con perseverar en la consolidación fiscal de la economía». En esta línea, también defendió las medidas fiscales. «El Gobierno tiene como objetivo modernizar el sistema tributario, adaptándolo a la realidad económica del siglo XXI y potenciando su capacidad redistributiva. Asimismo, el compromiso de subir el salario mínimo interprofesional busca reducir las desigualdades salariales y de género. De esta forma, el mercado laboral retomará su papel como mecanismo distributivo de la renta», dijo la secretaría de Estado de Economía. No obstante, Ana de la Cueva elogió el papel de estas empresas en la economía española. De hecho, las filiales en España suponen el 15% del PIB; el 40% de la industria y de la propia exportación española. Además, dan trabajo a a 1,4 millones de personas. Así, el Gobierno se comprometió con las empresas a cumplir con lo que denomina la Agenda del Cambio para 2030. En especial, Ana de la Cueva dijo que el Ejecutivo «está absolutamente decidido» a mejorar el sistema educativo y formativo de los jóvenes, para bajar la tasa de paro de los jóvenes, que está en el 35%. En segundo lugar, ratificó el impulso a «la construcción de infraestructuras de alta velocidad de información, de 5G, y el compromiso de garantizar que todos los ciudadanos tendrán una cobertura de Internet de cuanto menos 30 megabits por segundo. Irene Lozano pidió a los empresarios que no teman a los cambios políticos que se han producido en España. «Lo que genera inestabilidad es no cambiar», concluyó.
Me parece muy destacable el hecho de que Sánchez impulsará la jubilación forzosa por edad. El Gobierno establecerá el registro obligatorio de los horarios de trabajo para «evitar abusos». El presidente ha avanzado que el Ejecutivo impulsará la recuperación de las jubilaciones forzosas por edad en el marco de los convenios colectivos y establecerá el registro obligatorio de los horarios de trabajo para evitar abusos. Sánchez ha citado estas decisiones entre la serie de medidas que incluye en su «agenda de cambio» y que, según ha asegurado, prevé que se conviertan en realidad en los próximos meses. Ante un auditorio entre los que se encontraban varios ministros y el líder del PP, Pablo Casado ha enumerado decisiones futuras en varios ámbitos, entre ellos el laboral y con el objetivo de reducir la precariedad. Ha sido entonces cuando ha mostrado su determinación de recuperar las jubilaciones forzosas por edad en el marco de los convenios colectivos y fijar un registro obligatorio de los horarios de los trabajadores. La primera de esas decisiones la ha considerado una política que puede facilitar el empleo y la segunda ha dicho que puede evitar abusos de las empresas y facilitar la resolución de discrepancias. También ha citado en este contexto su intención de recuperar el valor de la negociación colectiva y reforzar la causalidad de la contratación temporal, así como el anunciado deseo del Gobierno de reducir el número de contrataciones. En concreto, según ha recordado Sánchez, serían esencialmente tres los tipos de contratos: uno indefinido, uno temporal y otro de formación o relevo. De la misma forma ha apostado por reducir sustancialmente el número de bonificaciones y deducciones a la contratación, dejando solo aquellas que afectan a los colectivos más vulnerables y necesitados. Su «agenda del cambio» incluye también para antes de fin de año un plan de choque por el empleo joven, poniendo el énfasis en la mejora de las competencias digitales y de las competencias en lengua extranjera. Además, ha ratificado una próxima ley de Formación Profesional para desarrollar el modelo de FP dual, incorporando a las empresas mediante fórmulas flexibles y creando consorcios en todo el territorio nacional. En el terreno de las instituciones del sector financiero, ha recordado que se reforzará la arquitectura institucional de los organismos de regulación y supervisión mediante la creación de una autoridad que llevará por nombre Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera, y una Autoridad Independiente para la Protección del Cliente Financiero. Una ley de cambio climático y transición energética y una estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas han sido otras de las iniciativas que ha resaltado el presidente del Gobierno. Sánchez ha ratificado su determinación de seguir gobernando con «ambición reformista» y ha considerado que los presupuestos son una herramienta importante para llevarla a cabo. Al hilo de ello ha recordado que el texto presupuestario se encuentra en periodo de negociación, que no tira la toalla y por eso tiende la mano al resto de partidos. Pero ha advertido de que el Gobierno cuenta con más herramientas, y si no hay mayoría suficiente para unos nuevos presupuestos hará «modificaciones» en las actuales cuentas del estado y «serán otros los que tengan que dar las explicaciones». Sánchez, que se ha mostrado convencido de que el actual ciclo expansivo de la economía española aún tiene «años de bonanza por delante, ha considerado que los ciclos económicos no mueren de viejos. A su juicio se agotan por acumulación de desequilibrios fundamentales como endeudamiento privado, deuda pública, balanza por cuenta corriente y tasa de paro, y eso ha dicho que es justamente lo contrario de lo que ocurre actualmente en la economía española.
Cambiando totalmente de tema, señalo que el número de licencias VTC se dispara más de un 70% en seis meses. De hecho, no para de incrementarse y, aunque lo hace de una forma más moderada, se ha disparado en los últimos seis meses más de un 70%, lo que equivale a más de 4.600 licencias adicionales, dejando el total rozando las 12.500. Si en mayo el número de licencias de VTC era de 7.821 a nivel estatal, a comienzos de noviembre esta cifra se elevaba a 12.463, según los últimos datos oficiales recogidos. En el caso de Madrid la evolución en el número de licencias de VTC es aún más significativa con un crecimiento que supera el 75 % en el periodo hasta registrar 6.252, más de la mitad de las que hay en todo el país. Con estos datos, Madrid encabeza el listado de provincias con más licencias VTC, una clasificación que cierra Soria, la única de España en la que no se contabiliza hasta el momento ninguna licencia. Tras los sucesivos incrementos, el ratio entre licencias VTC y de taxi está próximo en la Comunidad de Madrid a una por cada tres, lejos del ratio 1/30 que marca la ley. A pesar del crecimiento del número de licencias VTC, las de taxi no han seguido la misma tendencia y desde mayo su aumento ha sido del 1,5 % hasta las 65.781. Con ello, actualmente el número de licencias de taxi en España es más de cinco veces superior al de VTC. Y es que una gran parte de las licencias de VTC actuales se han ido obteniendo por vía judicial aprovechando el vacío legal que se produjo en España con la aprobación en 2009 de las leyes conocidas como ‘Ley Paraguas’ y ‘Ley Ómnibus’ sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que liberalizaron el sector de transportes dejando sin efecto el ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi que existía previamente. Así, hubo empresas que habiéndoles denegado la autorización de VTC en vía administrativa recurrieron a los tribunales, muchos de los cuales les han ido reconocido estas autorizaciones mediante sentencia judicial. Con todo ello, el número de licencias VTC no ha dejado de incrementarse en los últimos meses llegando a aumentar en casi mil nuevas de septiembre a octubre, una cifra que se ha ido reduciendo progresivamente. Con los últimos datos oficiales, Madrid sigue a la cabeza a nivel provincial en licencias de VTC, seguida de Barcelona, con 2.036, y Málaga, con 1.169. Analizando por comunidades autónomas, tras la uniprovincial de Madrid, Cataluña es la que más VTC tiene, 2.171, mientras que Andalucía figura en tercera posición con 1.862 licencias. Para regular esta situación, el Consejo de Ministros convalidó el pasado 28 de septiembre un real decreto ley -que se tramitará como proyecto de ley, que faculta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a regular la actividad de los vehículos VTC con un régimen transitorio de cuatro años para que adapten la legislación, un plazo que se podrá extender a seis años en determinados supuestos. Tras su convalidación en la Cámara Baja, el sector del taxi ha pedido a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que empiecen a regular «de inmediato» y, por lo que respecta al caso concreto del Ayuntamiento de Madrid, Fedetaxi (la asociación mayoritaria del sector) ya ha avanzado que si el consistorio no pone en marcha estas medidas no descartan convocar paros o movilizaciones. Cabe recordar que el sector del taxi secundó paros a finales de julio y el 1 de agosto en las principales capitales para reclamar que se respete la proporción de una licencia de VTC por cada treinta de taxi.
Por su parte, la Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones, fundada por las plataformas de Aragón, Andalucía y Asturias, ha denunciado ante la CE al Reino de España por dicho tributo, al considerar que «viola derechos fundamentales» reflejados tanto en los tratados de la UE como en la Constitución española. Uno de los principales motivos que sustenta la denuncia, explica Aragón Stop Desahucios y Plusvalía en una nota de prensa, es la existencia en España de veinte sistemas fiscales diferentes respecto al tratamiento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Esto genera «grandes diferencias de trato y situaciones discriminatorias, que atentan contra el principio de igualdad ante la ley reflejado en el artículo 14 de la Constitución Española». La denuncia también argumenta que la aplicación de dicho impuesto en España es contraria a Derechos Fundamentales establecidos en el Tratado de Funcionamiento de la UE, en el cual se consagra el derecho a la libre circulación y residencia de cualquier ciudadano de la Unión, así como la libre circulación de capitales. Asimismo, en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en el cual se asegura la libre circulación de sus trabajadores y por tanto queda abolida cualquier tipo de discriminación por razón de nacionalidad o residencia. La Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones (Fencis) solicita a la Comisión Europea que tenga por formulada la denuncia contra el Reino de España por vulneración de la normativa de la Unión Europea, y que inicie un expediente al efecto de investigar y depurar las infracciones citadas. Además, pide que se inste a que se anule toda la normativa autonómica que ha dado lugar a las citadas discriminaciones y vulneraciones de derechos. Como recuerda la plataforma aragonesa, dicho impuesto ha generado entre la ciudadanía de las comunidades autónomas más afectadas un gran rechazo e indignación, que se ha traducido en manifestaciones, concentraciones y un gran tipo de acciones en contra del tributo, por considerarlo como «el más cruel, abusivo e injusto».
A nivel local, una noticia que nos afecta bastante es que las térmicas cerrarán antes de siete años, según prevé el «número dos» de la ministra Ribera. Domínguez Abascal aboga por la descarbonización rauda que rechaza el Principado: fin de todas las centrales entre 2020 y 2025 aunque hayan invertido en reducir la polución. La generación de electricidad con carbón desaparecerá de España antes de 2025, según dio a entender el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, anticipando el escenario con el que trabaja el Gobierno para la planificación de la llamada transición energética. Si se materializa esa previsión de Domínguez Abascal, en un plazo máximo de siete años cerrarían en Asturias tanto las térmicas que no han realizado las inversiones ambientales que exige la legislación europea para funcionar más allá de 2020 (Lada y Soto de la Barca) como las dos donde sí se han realizado tales obras (Aboño y Soto de Ribera). El calendario que comentó en Madrid el «número dos» del Ministerio de Transición Ecológica confirma que la apuesta del Gobierno es una descarbonización rápida de la economía, muy temida en Asturias y frontalmente rechazada por el Gobierno regional debido a sus impactos económicos y sociales: pérdida de centenares de empleos en las centrales, desplome de los tráficos del puerto de El Musel, riesgo de subida del precio de la luz (en particular para la gran industria) y fuerte recorte de actividad en el sector del transporte. Las manifestaciones de Domínguez Abascal, realizadas durante unas jornadas sobre energía que organizaron la Comisión Europea y la escuela de negocios Esade, coincidieron con la divulgación de un documento preliminar sobre la ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el departamento de la ministra Teresa Ribera. En ese texto no hay referencias explícitas al cierre de las térmicas, aunque se habla de un magno despliegue de energías renovables (al menos 3.000 megavatios de potencia nueva entre 2020 y 2030) y de suprimir cualquier incentivo o ventaja fiscal que pueda tener el uso del carbón y los demás combustibles fósiles. La forma en que se concretará esa expansión de renovables (solar y eólica, principalmente) y las previsiones sobre la participación de las demás tecnologías en la cobertura de la demanda eléctrica se fijarán en otro documento, el «Plan Nacional Integrado de Energía y Clima» que el Gobierno remitirá a la UE antes de fin de año. Fuentes ministeriales matizaron que hasta que se cierre ese plan no es posible precisar oficialmente el horizonte de funcionamiento de las térmicas. De acuerdo con esa versión, las fechas indicadas por el secretario de Estado pudieron obedecer a una impresión personal. Domínguez Abascal distinguió entre dos tipos de centrales de carbón. Por un lado, nueve de las catorce térmicas que ahora funcionan en España no funcionarían más allá de 2020. Se trata de instalaciones que hasta ahora no incorporaron equipos para reducir, en los niveles que exige la legislación europea, la emisión de óxidos nitrosos (NOx, gas causante de la «lluvia ácida»). En esa relación figura la central de Naturgy (antes Gas Natural-Fenosa) en Soto de la Barca (Tineo), que diecinueve meses del vencimiento del plazo (junio de 2020) no se ha planteado hacer las obras. Aunque Iberdrola sí realizó una intervención para aminorar la generación de NOx en Lada, el grupo que preside Ignacio Sánchez Galán anunció hace un año que está decidido a cerrar la central. Según las explicaciones del secretario de Estado, las cinco térmicas españolas donde sí se ha invertido para prolongar su vida útil más allá de 2020 deberán cerrar como mucho en 2025. Ello supondría, de consumarse, la clausura de las plantas de EDP en Aboño y Soto de Ribera, donde la compañía energética lusa ha realizado cuantiosas inversiones (más de 100 millones de euros). EDP planificó esa reforma con la expectativa de que las centrales funcionaran hasta 2030.
El documento sobre la transición energética que se conoció esta semana incluye un capítulo titulado «Transición justa» en que se comprometen «medidas para potenciar la reactivación económica» de los sectores y de los territorios afectados por situaciones como cierres de térmicas. Se alude, entre otras, a «políticas activas de empleo dirigidas a la reconversión formativa y medidas de protección social». Se abordarán en colaboración con empresas, sindicatos e instituciones públicas, a través de un mecanismo llamado «contrato de transición justa».
Pues espero, amable lector, que todo esto sea para bien.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.