Los principales selectivos europeos presentaban avances generalizados al final de la semana impulsados principalmente por el optimismo que despertaban las negociaciones entre EE.UU. y China, y en un escenario de Brexit en el que a Theresa May se le acaba el tiempo para ganar los apoyos suficientes para sacar su plan de Brexit adelante en la votación de la semana que viene. En Francia, los disturbios continuaban en un nuevo episodio de tensión con los chalecos amarillos como protagonistas, y en España, el consejo de ministros daba el visto bueno al proyecto de los PGE de 2019 para que comience su tramitación la semana que viene. La semana nos ha dejado la confirmación de que la Fed va a iniciar un periodo de cautela, paciencia y una postura de esperar y observar en su proceso de normalización monetaria. Las actas de la última reunión lo confirmaban, así como Powell, Clarida o Evans en diversas declaraciones. Bostic incluso abría la puerta a la posibilidad de recortar el tipo de interés oficial. En cuanto al BCE, Villeroy señalaba que el BCE debe mantener todas las opciones abiertas hasta la primavera, en un entorno de riesgos crecientes y fragilidad en el Outlook a nivel internacional. Para Villeroy, el BCE no debe dar información sobre su calendario previsto de cara a los siguientes pasos de política monetaria al menos hasta la primavera.
Quisiera remarcar, amable lector, que en esta semana comenzaba una nueva ronda de negociaciones entre las dos mayores potencias mundiales en Beijing, negociaciones que podrían servir para sentar las bases de un posible acuerdo futuro en materia comercial. Ambas partes mandaban mensajes positivos durante la semana, pero desde el bando estadounidense se admitía que todavía existe distanciamiento en lo que respecta a reformas más estructurales como la mayor apertura del mercado chino o medidas para la protección de la propiedad intelectual. Así, se espera que la ronda de negociaciones continúe en Washington el mes que viene, esta vez entre oficiales de mayor rango. De puertas para adentro, la administración federal continúa cerrada en el país norteamericano por tercera semana consecutiva, y dado que las negociaciones entre demócratas y republicanos sigue encallada, Trump amenazaba con declarar el estado de emergencia para sortear el poder presupuestario del congreso y así poder construir el muro en la frontera con México.
Paso al otro lado del charco, para indicar que la semana comenzaba con Theresa May manteniendo la votación del Brexit en el próximo martes, ante lo que parece una derrota más que probable para la primera ministra. Asimismo, el parlamento británico aprobaba por votación que la primera ministra deberá presentar un plan alternativo de Brexit en los siguientes tres días a la votación en caso de que su propuesta no salga adelante, y votaba en contra de que los costes del Brexit se puedan sufragarcon un alza impositiva. En este contexto, Theresa May intentará renegociar con la UE para que el «backstop» norirlandés no sea indefinido.
A nivel doméstico, en España, el ejecutivo reducía una décima el crecimiento esperado del país hasta el 2,2%, y confíaba en obtener una recaudación record (+9,5% vs 2018) en la presentación del proyecto de los PGE de 2019. También destaca el hecho de retrasar un año más la jubilación y ampliar el cómputo, recetas de la Autoridad Fiscal. El organismo plantea elevar el tipo de cotización para la pensión, bajar el del desempleo y que el Estado asuma gastos de la Seguridad Social.
Garantizar la viabilidad financiera de las pensiones, sin mutilar su cuantía actual y futura, pasa por ahondar en la reforma aprobada en 2011, retrasando más la edad efectiva de jubilación y acercando el periodo de cómputo de la pensión a toda la vida laboral. Lo propone la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en un informe que, asimismo, apuesta, para corregir el déficit a corto plazo, por revisar el modelo actual de cotizaciones sin subirlas y por derivar gastos de la Seguridad Social a la Administración general del Estado.
La edad. El diagnóstico de la Autoridad Fiscal parte de reconocer que, tras la experiencia de estos últimos años, contener el gasto en pensiones por la vía de cuasi congelarlas -revalorizaciones del 0,25% entre 2014 y 2017, que condujeron a un estallido de protestas- «se ha revelado como una estrategia (…) no sostenible políticamente». Como alternativa, se plantea en primer lugar retrasar un año más la edad efectiva de jubilación. La reforma de 2011 elevó la edad legal del retiro de manera gradual, con el propósito de situarla en 2027 en los 67 años, aunque se mantiene en los 65 para las carreras laborales más largas. Con esa medida y con su reflejo en las condiciones de las jubilaciones anticipadas, está previsto que la edad media efectiva de jubilación, ahora de 62 años y ocho meses, aumente hasta los 64 años y medio en 2027. La Airef propone activar nuevas reformas para que esa edad efectiva siga subiendo después de esa fecha hasta llegar a los 65 años y medio en 2048. Ello podría hacerse, sugiere el organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, endureciendo el acceso a las formas anticipadas de retiro y sin necesidad de un aumento general de la edad de jubilación. Una medida así aportaría un ahorro equivalente a hasta 1,2 puntos del producto interior bruto (PIB) en el horizonte de 2048.
El cómputo. La reforma de 2011, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, también elevó de manera gradual los años de la vida laboral que se tienen en cuenta para conformar la base reguladora, sobre la que se calcula la pensión de los nuevos jubilados. Ese periodo está ahora en 22 años y se estabilizará en los 25 a partir de 2022. La Autoridad Fiscal defiende que se eleve hasta los 35 años, lo que de hecho supondría en bastantes casos considerar íntegramente la vida laboral del trabajador. Un decisión así, estima la Airef, reduciría de forma moderada la llamada tasa de cobertura (la proporción que supone la pensión de los nuevos jubilados respecto al último salario en activo) y permitiría reducir el gasto en pensiones en medio punto del PIB a la altura de 2048.
El déficit. La Autoridad Fiscal plantea cerrar a corto plazo el déficit actual de las pensiones (unos 17.500 millones al año) con medidas que, a la postre, suponen que la Administración general del Estado se haga cargo de gastos que ahora corren por cuenta de la Seguridad Social. En primer lugar, se propone aumentar los ingresos por cotizaciones, pero sin elevar la factura para empresas y trabajadores. Se trataría de subir el tipo correspondiente a la cotización por contingencias comunes (28,3%) en 3,5 puntos que se restarían del gravamen correspondiente a la cotización por desempleo. Con ello, el Servicio Público de Empleo pasaría a tener un déficit de 9.000 millones que debería asumir el Estado, al igual que otros 7.000 millones correspondientes a gastos de funcionamiento de la Seguridad Social y subvenciones e incentivos a la contratación.
Respecto al titular de este blog en el día de hoy destaca la preocupación en la Abogacía y en la empresa por el secreto del abogado. Hacienda retirará al abogado interno de empresa el secreto profesional. Abogados, asesores fiscales y patronales empresariales subrayan la importancia del secreto profesional del abogado interno y externo para garantizar la seguridad jurídica. En efecto, el mundo de la Abogacía y de la empresa muestra preocupación e inquietud por la reforma de la Ley General Tributaria que va a emprender Hacienda para adaptarse a la Directiva sobre operaciones transfronterizas que incrementa los controles sobre los asesores fiscales. Un borrador del Fisco traslada que va a emprender una regulación del secreto profesional del abogado y asesor fiscal y parte de que el abogado interno de empresa no tiene secreto profesional.
Así, desde CEOE trasladan que el secreto profesional del abogado es «la expresión principal del Derecho Fundamental a la defensa, imprescindible en todo Estado de Derecho» y que en España se reconoce en el artículo 24.2 de la Constitución y en varias leyes (entre otras, Ley Orgánica Poder Judicial; Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal y el Estatuto de la Abogacía). «Si una empresa -o cualquier ciudadano- no puede confiar en que la información que transmite a su abogado -interno o externo- no será revelada a terceros será reacia a trasladarla, imposibilitándole contar con un asesoramiento jurídico de garantías», advierte la patronal. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) subraya que el secreto profesional es «irrestricto» por definición en garantía de los derechos de los ciudadanos y sólo admite limitación en relación con el Derecho de la Competencia de la UE y no en el nacional. «Debe tenerse en cuenta que no tiene limitación ni en la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales, ni siquiera en la Directiva 2018/822 que ahora va a transponer Hacienda. Y como la LOPJ afirma nítidamente, el secreto afecta a todas las modalidades de actuación profesional del abogado», advierte. En esta línea, José María Alonso, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), el mayor de Europa, subraya que el Estatuto de la Abogacía no diferencia entre abogado interno y externo, que tienen la misma protección, por lo que advierte de que va a mantener una «posición muy clara» de defensa activa de este principio. Isabel Dutilh, vicepresidenta del Círculo de Empresarios, muestra su «preocupación» por la excesiva producción normativa española, que cree que lleva a tomar decisiones poco meditadas y a veces injustas y a que se utilice a veces la transposición de Directivas para ir más lejos que éstas y para que no haya armonización con la UE. Dutilh advierte de que «los abogados y las empresas españolas perderán ventajas competitivas» respecto a los de países de nuestro entorno, ya que no se les podrá revelar información. Javier Ramírez Iglesias, miembro del Consejo de dirección y responsable de Advocacy de ACC Europe, la mayor organización de abogados de empresa a nivel mundial, con más de 46.000 miembros en 90 países, avisa de que «retirar el secreto profesional al abogado de empresa colegiado, además de ser cuestionable jurídicamente, iría contra la tendencia internacional y de la OCDE, también en países donde se cuestionaba su aplicación, como Bélgica y Holanda». José Ignacio Alemany, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), destaca que «ante la inestabilidad normativa, que debilita la confianza y la seguridad jurídica, es fundamental, para poder aplicar la ley correctamente, que los ciudadanos puedan confiar en expertos que les asesoren sin miedo de que sean desglosadas a la Administración Tributaria». Jesús Sanmartín, presidente del Consejo General de Economistas-Asesores Fiscales (Reaf), advierte de que la profesión de asesor fiscal, que ejercen abogados y economistas, no está regulada en España y apunta que debe protegerse la actividad, en este caso, el asesoramiento fiscal, que puede ser el mismo que el que ofrece un abogado especializado en fiscalidad.
Cambiando de tercio hacia los Presupuestos, que aprobó el Consejo de Ministros y se presentarán en el Congreso el lunes, incluirán un castigo fiscal a los beneficios no distribuidos de las Socimis, una de las medidas pactadas con Podemos. Se trata de una medida que pactó Podemos con Hacienda y que el Gobierno no incluyó en la Plan Presupuestario de 2019 que remitió a Bruselas en octubre ni en los anteproyectos de ley que ya está tramitando. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha culpado a las Socimis de la «burbuja del alquiler». Esta medida se suma a otras pactadas con Podemos que hacen recaer el mayor impacto de la subida de impuestos de los Presupuestos en las empresas: se trata del gravamen del 5% sobre los dividendos del extranjero y de la imposición de un tipo mínimo sobre base imponible del 15% en el Impuesto sobre Sociedades, a lo que se suman los anteproyectos de ley que crean la tasa Google y la tasa Tobin.
A nivel local, me ha llamado la atención la decisión de un juez asturiano que anula varias cláusulas de Volotea por «abusivas». Este juez gijonés ha anulado varias de las cláusulas que utiliza la compañía aérea Volotea en sus condiciones de transporte porque considera que son «abusivas» para el consumidor. Entre ellas, figura una por la que se deniega la devolución del billete a aquel viajero que no pudiera volar por tener una intervención quirúrgica el mismo día del viaje y la que establece que la empresa no se hace cargo de los daños que se pudieran ocasionar al equipaje durante las tareas de registro o inspección del mismo. En concreto, el titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 con sede en Gijón, Rafael Abril, admitió parcialmente una demanda promovida por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). Volotea, por su parte, se defendió durante el juicio asegurando que ninguna de las cláusulas que habían sido impugnadas por la asociación resultaba contraria a derecho. Entre las cláusulas que el magistrado ordenó anular figura también que cualquier disputa entre el pasajero y Volotea que pudiera surgir debía dirimirse en los tribunales de Barcelona.
En definitiva, cuestiones legales que afectan a las cuestiones económicas. Por eso estamos en el campo de las jurídico-sociales.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.