Los mercados de renta variable europeos cerraban la semana con subidas generalizadas, a excepción del selectivo británico que finalizaba en rojo, dada la incertidumbre existente en torno al Brexit. Varias enmiendas plantean una salida suave de la UE, el retraso de la fecha de divorcio e incluso otro referéndum. Theresa May corre el riesgo de perder las riendas del proceso de negociación del Brexit (salida británica de la Unión Europea), ante la batería de enmiendas presentadas por los grupos de la oposición e incluso por algunos miembros de su propio Partido Conservador con planes alternativos al de la primera ministra. Algunas de estas propuestas podrían ser debatidas en la Cámara de los Comunes el próximo martes 29 de enero, en paralelo a la segunda votación del acuerdo alcanzado por May con la UE para implementar el Brexit.

El Partido Laborista ha formulado una enmienda en la que se propone debatir en el Parlamento un Brexit más suave que el diseñado por May, por el que Reino Unido seguiría de manera indefinida dentro de la unión aduanera europea, manteniendo además una estrecha coordinación regulatoria con el mercado común. También abre la puerta a «la celebración de un voto público [referéndum] sobre el acuerdo o propuesta que cuente con un apoyo mayoritario de la Cámara de los Comunes». Esta moción tiene pocos visos de prosperar, al no tener el respaldo de los conservadores pro-europeos. Estos tories rebeldes sí apoyan otra enmienda liderada por la diputada laborista Yvette Cooper. En su texto, se indica que si el Gobierno no ha logrado el respaldo del Parlamento sobre un acuerdo de salida antes del 26 de febrero, May se verá obligada a pedir un retraso de la fecha formal del Brexit hasta el 31 de diciembre de 2019. De este modo se evitaría una salida caótica el 29 de marzo, y habría más tiempo para negociar un pacto que atraiga el respaldo parlamentario. Otro político laborista, Hillary Benn, plantea en su moción que el Parlamento debería realizar una serie de votaciones indicativas para comprobar cuál es la fórmula con más apoyos en los Comunes. Entre las alternativas estarían el plan de May, un Brexit sin acuerdo, una renegociación del pacto o la celebración de un segundo referéndum. La enmienda pergeñada por el diputado conservador pro-europeo Dominic Grieve también tiene opciones de prosperar y podría generar una fuerte polémica sobre los usos parlamentarios en Reino Unido. En ella, se determina que durante varias sesiones de los Comunes de aquí al 29 de marzo, las propuestas de los diputados tendrán prioridad a la hora de ser debatidas, por delante de las del Gobierno. Esto permitiría, en caso de riesgo de un divorcio caótico, que los parlamentarios propongan de manera urgente un cambio en la Ley que retrase la fecha del Brexit o permita revocar la solicitud de activación del artículo 50 del Tratado europeo, cláusula que regula la salida de un estadio miembro. Esto anula de manera efectiva la táctica de May de presionar para que se apruebe su pacto, si se quiere evitar un salto abrupto de la UE. John Bercow, el presidente de la Cámara de los Comunes, tendrá un papel relevante al decidir qué enmiendas pueden ser votadas el próximo 29 de enero, junto al plan de May. La primera ministra explicó ayer que, después de que el pacto fuera derrotado por 230 votos la semana pasada, su intención es renegociar la salvaguarda para evitar la instauración de controles en la frontera irlandesa. De este modo, quiere atraer el apoyo de los más euroescépticos de su grupo y al Partido Unionista Irlandés. Si su proyecto vuelve a perder, y sale adelante alguna de las enmiendas de la oposición, algunos comentaristas políticos no descartan que May se vea obligada a convocar elecciones anticipadas al perder el control efectivo de la situación. Las fuerzas pueden estar muy igualadas de cara a ese enfrentamiento. La suma de conservadores y DUP en los Comunes asciende a 327, mayoría en los Comunes, donde teóricamente hay 650 escaños (los 7 de Sinn Féin no acuden y el presidente y sus ayudantes son neutrales). Pero hay un grupúsculo de unos 10-15 conservadores pro-europeos que pueden unirse a la oposición (laboristas, liberales y nacionalistas escoceses principalmente) para sacar adelante algunas de las enmiendas. La revuelta parlamentaria iniciada la semana pasada está siendo bien recibida por el mercado. Desde comienzos de año, la divisa británica ha pasado de 1,10 a cerca de 1,14 euros. Muchos analistas empiezan a dar por hecho que el Brexit será retrasado. Los de ING dan un 30% de probabilidades a un segundo referéndum y otro 30% a un Brexit más suave que el planteado por May.

Quisiera destacar que en materia comercial, se producía una reducción de la tensión, debido a las positivas expectativas que genera la reunión que se celebrará la próxima semana entre China y EE.UU., en la cual, se espera que se produzcan importantes avances en temas como las transferencias tecnológicas y reformas estructurales en China. Adicionalmente, el FMI realizaba una rebaja de las estimaciones de crecimiento de la economía global, bajándolas hasta el 3,5% y 3,6% para 2019 y 2020 respectivamente. A nivel de bancos centrales, después de su reunión de enero, el BCE daba un mensaje dovish y advertía del aumento de los riesgos para la economía. En lo que respecta a los datos macroeconómicos, continuaba el debilitamiento tanto en Europa como en EE.UU., lo cual, evidenciaba cada vez más la ralentización económica. En torno al crudo, vivíamos una semana sin grandes novedades, en la que, la cotización del Brent se mantenía en niveles de 61 $/barril. A nivel corporativo, destacaba la venta que realizaba Telefónica de algunas de sus filiales centroamericanas, así como el anuncio de Iberdrola de enfocarse en el mercado sudafricano.

En relación con las negociaciones entre China y EE.UU., dado el estancamiento en temas como los relativos a las transferencias tecnológicas y las reformas estructurales, presuntamente la administración asiática ofrecía una visita de dos de sus viceministros, de cara a preparar la reunión con el vice premier chino Liao Min a finales de enero, a lo cual, EE.UU. rechazaba, acrecentando así, la incertidumbre en torno a la guerra comercial. Sin embargo, las posteriores declaraciones de Trump, en las que mostraba cierto positivismo y reconocía el interés que se mostraba China para llegar a un acuerdo, relajaban las tensiones en esta materia. Adicionalmente, con la continuación del cierre administrativo de EE.UU., comenzaba a preocupar por los efectos que pudiera tener en la economía estadounidense.

Me preocupa, por otro lado, que a mitad de semana, el FMI rebajaba sus previsiones para la economía global y señalaba que los riesgos ante una desaceleración más pronunciada van en aumento. Así, recortaba las perspectivas globales de crecimiento para 2019 y 2020 en un 0,2% y 0,1%respectivamente, hasta el 3,5% y 3,6%. Por geografías, retocaba a la baja el crecimiento en economías desarrolladas, principalmente en la zona euro, donde modificaba las previsiones de Alemania e Italia. En emergentes, también reducía las previsiones 2019 en dos décimas, fundamentalmente por Turquía y México. En Venezuela, la oposición proclamaba al líder de Congreso Juan Guaidó, como nuevo presidente del país, el cual, era reconocido por EE.UU., Canadá, varios gobiernos de América Latina, así como algunos europeos. Todo ello, disparaba la tensión en el país y aumentaba la presión contra Maduro.

Tal y como se esperaba, el BCE constataba el tono más dovish, reconociendo un aumento de los riesgos, pero dándose más tiempo de cara a analizar si los factores causantes de la actual situación son temporales o permanentes. A partir de este análisis, el comité revisará las posibles medidas a tomar en la reunión de marzo, sin embargo, el mercado retrasa ya hasta 2020 los primeros movimientos en los tipos oficiales. El BCE estrena 2019, y un ‘nuevo ciclo’ tras el fin de las compras de deuda, con una reunión que está marcada por la creciente convicción de un nuevo retraso en los plazos previstos para la subida de tipos. El Brexit y el freno en la economía y en la inflación apuntan a un tono más prudente aún en el discurso de Mario Draghi. Unos meses atrás parecía impensable que el Banco Central Europeo llegara a la primera reunión de 2019 con los mercados cada vez más escépticos ante la posibilidad de que la subida de los tipos de interés se produzca antes del cierre del ejercicio. El propio BCE sorprendió incluso cuando aseguró que el repunte no llegaría antes del verano de 2019. Los mercados, entonces, daban por hecho que la subida tendría lugar entre septiembre y octubre de 2019. A día de hoy, los analistas ven cada vez más probable que la subida se retrase a 2020. Los mercados ya han descontado este nuevo escenario. El euro ha debilitado su remontada hasta el nivel de los 1,13 dólares, y los intereses de la deuda cotizan en mínimos desde el pasado verano. La rentabilidad exigida al bono español a diez años se ha desinflado hasta el 1,30%, sus cotas más bajas en seis meses, lejos del 1,70% que llegó a superar el pasado mes de octubre. Una creciente mayoría de inversores ya espera que el BCE no suba los tipos de interés hasta 2020.

Por su parte, tal y como se esperaba, el BoJ mantenía sin cambios sus actuales políticas de estímulos a la vez que volvía a rebajar sus previsiones de inflación (0,8% vs 0,9% ant en 2018), (0,9% vs 1,4% ant en 2019) y (1,4% vs 1,5% ant en 2020). Por último, en cuanto a la Fed, a la espera de su reunión de la semana que viene, Esther George señalaba que la autoridad monetaria puede interrumpir el proceso de subidas de los tipos oficiales mientras que Kashkari negaba ser un dovish permanente. En cuanto a los mercados de deuda, como ya hicieran Portugal o Irlanda, el Tesoro español realizaba un bono sindicado por el que recibía una demanda récord, superior a los 45.000 M.€.La TIR de su deuda a diez años sigue en niveles (1,22%) cercanos a mínimos anuales (1,20%), al igual que la deuda italiana (2,64%).

A nivel doméstico, creo que merece la pena destacar, amable lector que la fuga de empresas de Cataluña asciende ya a 5.567 desde el 1-O

 

En el cuarto trimestre de 2018, se llevaron su sede social fuera de Cataluña 214 sociedades, un total de 2.359 en todo el año. Así se concluye de los datos del cuarto trimestre que publicaron los Registradores, que muestran que en los tres últimos meses del año trasladaron su sede social fuera de Cataluña 214 sociedades, que se suman a las 259 del tercer trimestre; 536 del segundo, y 1.350 del primero. Desde el referéndum ilegal del 1-O de 2017, la fuga asciende a 5.567 salidas. En el cuarto trimestre del año pasado, 1.179 sociedades mercantiles trasladaron su sede social a otra comunidad autónoma y Madrid y Cataluña fueron las que registraron el mayor número de salidas, con 356 y 214, respectivamente, a gran distancia de la siguiente comunidad autónoma, Andalucía, con 140. Sin embargo, si comparamos la relación entre entradas y salidas, Cataluña mostró un balance negativo, es decir, de pérdida de sede social de 61 empresas, mientras que Madrid muestra un saldo positivo de 21 sociedades. La salida de empresas de Cataluña alcanzó su punto más alto en octubre de 2017, con 1.976, seguida de enero de 2018, con 1.350. En noviembre de 2017 se fueron 894, y en diciembre, 338. En el cuarto trimestre de 2018, el resto de comunidades mostró saldos más o menos equilibrados, aunque se observan saldos más positivos en Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, País Vasco, Baleares, Navarra y Aragón. Por el contrario Andalucía, Castilla y León, Murcia, La Rioja, Cantabria y Galicia presentaron saldos negativos. La Comunidad de Madrid es la región donde ha decidido instalarse más del 60% de las empresas que han dejado Cataluña en este periodo, un total de 2.424. Además, estas empresas suman unas ventas de más de 64.981 millones de euros, el 78% del total de las sociedades que han abandonado Cataluña. Los datos de facturación no implican un movimiento financiero directo con el cambio de sede social, pero sí auguran futuros movimientos, a medio y largo plazo, en la toma de decisiones respecto al empleo o las inversiones. Entre las empresas que han cambiado su sede social de Cataluña a Madrid desde hace un año, se encuentran Gas Natural, Naturgy Energy Group y Naturgy Iberia SA, Endesa Distribución Eléctrica, Vida-Caixa, Mitsubishi Electric, Torraspapel, Manpower, Abertis Infraestructuras y Abertis Autopistas, Servihabitat, Catalana Occidente o Ricoh. En segundo y tercer lugar se sitúan la Comunidad Valenciana, con 439 empresas, el 10%, y Aragón, con 293 y un 7%. Las empresas catalanas que se han trasladado a estas regiones cuentan con una facturación de más de 12.992 millones, el 16%, y de más de 1.894 millones, el 2%, respectivamente. Se han ido a la Comunidad Valenciana desde Cataluña CaixaBank, Banco Sabadell, Banco Mediolanum, Idilia Foods o MRW. En el caso de Aragón, se han mudado Laboratorios Ordesa, Proclinic Expert, Grupalia, Torrot Electric Europa, MGS Seguros, Punt Roma o Argal. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha reunido con las patronales catalanas Foment del Treball, Fepime y Pimec con el fin de conseguir apoyos para la derogación del Decreto del 6 de octubre de 2017 que facilita los trámites para que las empresas puedan trasladar sus sedes sociales. Curiosamente, esta derogación dificultaría el retorno de las miles de empresas fugadas desde que se celebrara el referéndum ilegal.

Por otra parte, Cataluña creó en el cuarto trimestre de 2018 un total de 4.149 empresas, cifra un 7,4% superior a la del mismo periodo de 2017 y la más alta por detrás de Madrid, donde se constituyeron 5.258 sociedades en este periodo, un 6,9% más, según la estadística mercantil de los Registradores. Este crecimiento interanual de las empresas creadas en Cataluña entre octubre y diciembre de 2018 contrasta con el fuerte retroceso del 18,3% que experimentó la constitución de sociedades en esta comunidad en el cuarto trimestre de 2017 como consecuencia del procés.

 

En el conflicto del taxi, que sigue vivo en la capital del reino, deja la abertura de la huelga de Barcelona termina en un clima de división La votación para decidir si se paraba la protesta ha contado con 2.508 votos a favor y 2.177 en contra. Los taxistas de Barcelona han decidido esta semana abandonar la huelga que iniciaron hace seis jornadas para reclamar que se limitara el servicio que pueden prestar los vehículos de alquiler con conductor, los VTC que usan Uber y Cabify, tras una jornada marcada por la tensión y la división dentro del colectivo. Había casi 14.000 autónomos y asalariados del sector llamados a responder la pregunta «¿Hay que levantar el paro?», y 2.508 de los 4.707 que han participado han decidido volver al trabajo, mientras que 2.177 han optado por mantener la protesta, y se han contabilizado 19 votos en blanco y tres nulos.  Los taxistas han desfilado durante más de cinco horas por la céntrica plaza Catalunya de Barcelona para depositar su voto en una de las seis urnas de cartón que se han habilitado, que se han sellado prácticamente a medianoche. La votación ha comenzado mucho después de lo previsto, entrada la tarde, después de que su inicio se haya pospuesto en dos ocasiones por las discrepancias internas dentro del colectivo. Y es que, además de poner fin a la huelga, la jornada ha servido para evidenciar la división interna de un sector que hasta ahora aparentaba una unidad casi granítica auspiciada por el liderazgo del portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez. De hecho, el sindicalista, más conocido como Tito, ha sido la principal víctima de la tensión provocada por la disparidad de opiniones en relación a la última propuesta de la Generalitat para regular las VTC. Álvarez, visiblemente dolido, ha dimitido del comité de huelga después de que un grupo reducido -pero muy ruidoso- de los asistentes a la primera asamblea del día haya cuestionado con malas formas su compromiso con las reivindicaciones del taxi y su papel en la negociación con la Generalitat. El principal fruto de dicha negociación fue la nueva propuesta que expuso ayer el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, que planteó un redactado de decreto ley que, a partir de un plazo general de 15 minutos, blinda la posibilidad de que los entes locales obliguen a contratar los servicios de plataformas como Uber y Cabify con una antelación mínima de una hora. «En Madrid se pegarían por esto y aquí lo despreciamos«, ha lamentado Álvarez después de abandonar la batuta de la actual protesta, que ha considerado que no tenía sentido mantener tras los logros obtenidos en las negociaciones con la administración. En la misma línea se ha pronunciado casi en paralelo la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, que ha aseverado el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que ella preside fijaría en una hora el tiempo mínimo de precontratación de las VTC. En rueda de prensa, la alcaldesa ha confiado en que el Reglamento del AMB para regular la convivencia entre el sector del taxi y las VTC estará listo en marzo, justo antes de las elecciones municipales. Precisamente, la proximidad con los comicios de mayo ha sido uno de los argumentos que han esgrimido quienes estaban a favor de terminar la huelga, ya que ven al actual gobierno metropolitano como un aliado y temen que si hay un cambio de color al frente del AMB sus intereses se pudieran ver perjudicados. Habrá que ver ahora la reacción de los VTC, que al término de la negociación de los taxistas con la Generalitat amenazaron con dejar de operar en Barcelona y que también han ocupado los últimos días varios tramos de la Diagonal de Barcelona para denunciar las agresiones sufridas por parte de taxistas en huelga.

Desafortunadamente este conflicto ya dura demasiado, en diversas entregas, y no parece que exista una solución cercana. Considero que la competencia debe suponer igualdad de reglas para todos y es precisamente esa falta de igualdad en el acceso al negocio lo que provoca conflictos. Es evidente.

SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.