Debo informarle, amable lector, de que las bolsas europeas cerraban la semana con caídas superiores al -2% en sus principales índices, donde las negociaciones comerciales y el Brexit volvían a ser los principales focos para los inversores. Trump anunciaba que las barreras a las importaciones chinas continuarán por un tiempo sustancial hasta comprobar que China está cumpliendo con los compromisos. Respecto al Brexit, Europa concedía una extensión al Reino Unido hasta el 22 de mayo sin todavía verse un desbloqueo claro a la situación. La extensión es más corta que la que el Reino Unido demandaba (30 de junio) y está condicionada a que para el 14 de abril el Parlamento se haya decidido por aprobar el acuerdo de salida, salir sin acuerdo o pedir una extensión más larga que pasa por participar en las elecciones europeas del mes de mayo. Es evidente que no se ve ninguna claridad en el camino que puede tomar el Brexit, y Europa opta por no precipitar una salida «catastrófica» sin acuerdo. Para algunos, servidora incluida, no es más que alargar la agonía porque no ven una estrategia de salida a la situación. Además, cerca de dos millones y medio de personas firman por revocar el Brexit y solicitan al Gobierno británico que revoque el Artículo 50 del Tratado de Lisboa y que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea (UE) en una petición online. La iniciativa, que pueden firmar de forma telemática ciudadanos británicos y personas que residen en el país, lleva acumuladas un total de 2.451.828 firmas, de las cuales millón y medio se han recabado en veinticuatro horas. En este tiempo la petición, que inició el pasado febrero Margaret Anne Georgiadou, se ha viralizado en las redes causando caídas en el servidor de la página web del Parlamento a lo largo de la pasada semana.»El Gobierno afirma repetidamente que salir de la UE es ‘la voluntad del pueblo’. Necesitamos poner fin a esta afirmación demostrando la fuerza que tiene ahora el apoyo público a permanecer en la UE. Un voto popular puede no suceder, así que vote ahora «, reza el texto. Según el reglamento de peticiones públicas al Gobierno y al Parlamento a través de Internet, las que alcancen más de 10.000 firmas recibirán una respuesta del Ejecutivo, mientras que aquellas que superen las 100.000 serán consideradas para ser debatidas. La petición ya ha superado de largo ambas cifras y su organizadora espera tanto la respuesta gubernamental como la opción a que sea debatida, aunque el resultado de esa discusión, en todo caso, no sería vinculante ni incluiría ningún cambio legislativo. Con todo, el Gobierno no parece encaminarse en esa dirección, sino que la semana que viene tratará por tercera vez que su acuerdo del Brexit salga adelante en el Parlamento británico para poder abandonar la UE antes del próximo 22 de mayo, fecha estipulada por el bloque comunitario esta pasada semana. Si el Ejecutivo fracasa en esa aspiración tendrá hasta el 12 de abril para decidir como proceder, si pedir una prórroga más larga de la salida o si opta por romper a las bravas con los Veintisiete.
A nivel comercial, durante la pasada semana, se veía un retroceso en el avance de las negociaciones entre Estados Unidos y China,sin todavía verse de forma inminente un potencial acuerdo. En este sentido, Trump rebaja las expectativas tras manifestar que las barreras a las importaciones chinas continuarán por un tiempo sustancial hasta comprobar que China esté cumpliendo con los compromisos. La delegación de Estados Unidos emprenderá un viaje la semana que viene a China para continuar con las negociaciones comerciales.
Paso a nivel de política monetaria, para subrayar que la FED mantenía sin cambios sus actuales políticas a la vez que señalaba que no subirá los tipos oficiales este año y el Banco de Inglaterra, pendiente del Brexit, no anunciaba cambios. Todo parece indicar que no habrá subidas este año y tampoco en el 2020. Además, la Fed decidía ralentizar su proceso de reducción de balance. La semana también nos ha dejado la reunión del BoE que tal y como se esperaba, mantenía el tipo de interés oficial en el 0,75% por unanimidad, condicionando cualquier decisión al resultado del Brexit. Por último, en el apartado de política monetaria y bancos centrales, cabe destacar la inesperada subida de tipos del Banco de Turquía, que no conseguía frenar las caídas de la lira y arrastraba a otras divisas emergentes. En los mercados de deuda, el Bund alemán a 10 años volvía a rentabilidades negativas. Por sectores, predominaban las caídas destacando las de banca, seguros o autos, en este último destacando nuevos profit warnings. A nivel macro, el PMI manufacturero de Europa volvía a decepcionar. En petróleo, el Brent cerraba prácticamente plano la semana.
A nivel doméstico, lo más destacable es que las multinacionales piden al nuevo Gobierno más seguridad jurídica. Rechazan la contrarreforma laboral planteada por el Ejecutivo socialista. En efecto, las empresas multinacionales instaladas en España están presentando una plataforma reivindicativa a los partidos políticos para las elecciones generales del 28 de abril. Un programa en el que rechazan nuevas subidas de impuestos, abogan por la reforma de la justicia y la armonización de la normativa medioambiental de las comunidades autónomas, entre otras muchas peticiones. Multinacionales por la Marca España está trasladando sus objetivos ante el futuro Gobierno, cualquiera que sea el color político del mismo. Es un poderoso grupo de presión formado por 45 grandes compañías, que forman parte de un sector con 1,4 millones de trabajadores en 11.880 filiales de empresas extranjeras en España. Entre ellas, Airbus, Altadis, Aon, Bayer, Facebook, Google, HSBC, Huawei, Heineken, IBM, Leroy Merlin o Siemens, entre otras. Las propuestas más importantes de Multinacionales por la Marca España en su documento sobre Medidas para facilitar la inversión extranjera y la modernización de la economía nacional, son las siguientes:
1.Rechazo de la contrarreforma laboral planteada por el Gobierno. El presidente de Multinacionales por España, José María Palomares, sostiene que los empresarios «quieren estabilidad y seguridad jurídica» para poder invertir y, en este sentido, «las empresas pensamos que la normativa laboral es la adecuada».
2.Un rechazo a los cambios planteados por el Gobierno en la negociación colectiva. Cambios que, como las modificaciones fiscales, no han salido adelante por la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y la convocatoria de elecciones anticipadas. No sólo eso, sino que las multinacionales piden una nueva rebaja de la indemnización del despido, «para igualar sus costes a los países de nuestro entorno». De la misma manera, reclaman «una vinculación mayor de los salarios con la productividad». También, para la campaña electoral, los empresarios reclaman a los políticos «eliminar trabas y simplificar la contratación decididamente», además de reducir las cotizaciones sociales de los empresarios.
3. Mayor seguridad jurídica para su actividad: Las Multinacionales por la Marca España también se muestran especialmente preocupadas por la inseguridad jurídica que, en su opinión, tiene España. Todo ello, a pesar de «estar entre las economías mejor posicionadas del mundo». Para los empresarios, en este terreno, «hay un amplio margen de mejora en materia de seguridad jurídica y para el funcionamiento y la calidad de las instituciones». «Se precisa una justicia independiente, de calidad, que fomente la previsibilidad de las decisiones judiciales, que actúe en tiempo y, finalmente, que haga ejecutar lo juzgado», dicen las multinacionales de forma contundente para expresar su pésima opinión sobre el sistema judicial español.
También a nivel doméstico y tocando un tema que es de los más graves que a nivel económico afectan a nuestro país, le comento que la Seguridad Social plantea vincular la pensión de viudedad al nivel de renta, lo cual me parece de lo más sensato y necesario. Octavio Granado sugiere que en el futuro dejen de concederse nuevas prestaciones cuando el beneficiario tenga ingresos superiores al difunto. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, cree que las nuevas pensiones de viudedad deberían vincularse a la renta de los beneficiarios, dado que en algunos casos las personas viudas perciben un salario muy superior al del cónyuge fallecido y «no parece razonable que se siga incrementando la renta de la persona que más recursos tiene de la familia». Las declaraciones de Granado, realizadas durante unas jornadas sobre el sistema de pensiones, reabren el debate sobre el futuro de la prestaciones de viudedad, que ha aparecido en ocasiones en los debates del Pacto de Toledo. El mandatario de la Seguridad Social vino a defender que el pago de esas pensiones debería reconsiderarse cuando el nivel de renta de la persona viuda es alto, superior al de la fallecida. Cito para ello el caso de un varón: «Cuando un hombre (con un salario superior al de su mujer fallecida) cobra una pensión de viudedad mejora su nivel de renta, mientras que cuando la cobra una mujer (con menos salario) lo empeora en términos de renta familiar». Granado defendió vincular el acceso a la pensión de viudedad al nivel de renta del beneficiario, pero puntualizó que siempre sería una medida a aplicar para las nuevas prestaciones y que habría que hacerlo «despacio». Respecto a las pensiones de viudedad actuales, el secretario de Estado ha afirmado que el Gobierno «lo único que se va a hacer es mejorarlas». «Las pensiones de viudedad se generaron para mujeres que no podían trabajar», recordó Granado, tras afirmar que es necesario que la sociedad española indique qué hay que hacer con este tipo de prestación. Algunos expertos han defendido otras veces que las pensiones de viudedad pierdan su carácter contributivo y pasen a estar financiadas con impuestos.
Mas triste para mí, a nivel local, es la noticia de que Asturias comienza el año con un descenso del 27,8% en la creación de empresas. En enero se constituyeron 91 sociedades por lo que el número de sociedades mercantiles creadas en el Principado de Asturias durante el primer mes del año ha descendido un 27,8 por ciento respecto al mismo mes de 2018, según ha publicado esta pasada semana el Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta alcanzar las 91 empresas. Se trata del segundo peor dato por comunidades autónomas, solo superado por el registrado en Aragón, donde el descenso ha sido del 29,5%. De las 91 sociedades creadas, todas ellas han sido limitadas, con un capital suscrito de 2,89 millones de euros. En cuanto a las disueltas, también se ha producido un descenso, en esta ocasión del 10,5%, lo que implica un total de 68 sociedades. 62 se han disuelto de manera voluntaria, una por fusión y las cinco restantes por otros mecanismos. A estas compañías se suman las que han decidido ampliar su capital, que suman 48 –cuatro anónimas y 44 limitadas–, con un capital de 17,18 millones de euros. A nivel estatal el número de nuevas sociedades mercantiles bajó un 4,4% el pasado mes de enero respecto al mismo mes de 2018, hasta sumar 8.991 empresas, al tiempo que las disoluciones empresariales se incrementaron un 11,9%, hasta totalizar 4.153. Con el retroceso de noviembre, la creación de empresas vuelve a tasas negativas tras haber encadenado tres meses consecutivos de incrementos interanuales. El 22,6% de las sociedades mercantiles que se crearon en enero se dedica al comercio y el 15,9% a la construcción. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 30,8% correspondió a industria y energía y el 18% al comercio. Para la constitución de las 8.991 empresas creadas en enero se suscribieron más de 603 millones de euros, lo que supone un aumento del 0,7% respecto al mismo mes de 2018, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 67.141 euros, subió un 5,3% en tasa interanual.
Me alegro por otra parte de que Fitch haya elevado el «rating» de Liberbank. La agencia de medición de riesgos Fitch elevó en un escalón la calificación crediticia («rating») de Liberbank a largo plazo hasta «BB+» (desde «BB») y con perspectiva estable. La calificación de viabilidad la situó en «bb+». La mejora se produce en plena negociación con Unicaja Banco para una eventual fusión. Todo lo que sea mejorar el rating, evidentemente es favorable.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.