La pasada semana, amable lector, se ha vuelto a la incertidumbre global que provoca la salida de los inversores de activos de riesgo por las amenazas de nuevos aranceles de Trump a México, si no controla el flujo migratorio, mientras se mantiene el intercambio de intimidaciones entre China y EE.UU. en medio de sus negociaciones comerciales. Así, los inversores rotaban sectores defensivos y a renta fija, en donde veíamos caídas de TIRes más abultadas en los considerados activos refugio. De hecho, el Bund alemán tocaba mínimos históricos de rentabilidad, rompiendo la barrera de -0,2%. El petróleo se desplomaba hasta los 65$/barril, a pesar de la fuerte corrección de los inventarios de crudo en EE.UU. Se ha producido una nueva vuelta de tuerca en las amenazas arancelarias de Trump, con la vista puesta ahora en México, en donde amenaza con la instauración de aranceles del 5%, que entrarán en vigor el próximo 10 de junio, y que se elevarán al 25% en octubre, si México no toma medidas para frenar el flujo migratorio. Mientras tanto, se endurece el tono de las declaraciones entre China y EE.UU., alejando la expectativa de un acuerdo a corto plazo ya que el país asiático dice tener perfilado un plan para restringir las exportaciones de ‘tierras raras’ para contraatacar a las medidas arancelarias adoptadas por EE.UU. Así, China trata de poner contra las cuerdas a EE.UU. en un sector clave como la tecnología, en donde estas materias primas son la base de algunos de sus componentes como respuesta al previsible endurecimiento en el acceso a los mercados de capitales de EE.UU. a las empresas chinas (SMIC retiraba sus acciones de EE.UU., Alibaba llevará a cabo una ampliación de capital de hasta 20.000 M.$ en Hong Kong), mientras que Huawei pone en revisión su relación con Fedex, tras unos supuestos casos de desvío de paquetes.
En efecto, el titular de este blog en el día de hoy hace referencia a este relevante hecho: China podría utilizar las tierras raras en la guerra con EEUU. El gigante asiático posee el dominio global sobre 17 metales con aplicaciones en alta tecnología.
El poderoso órgano de planificación de China ha amenazado con emplear las exportaciones de tierras raras como palanca en la guerra comercial con Estados Unidos, en un signo más de las crecientes tensiones entre las dos potencias. Las tierras raras, un grupo de 17 metales con diversas aplicaciones en la alta tecnología, ya que se emplean en imanes, pantallas de instrumentos y otros elementos estratégicos, son la única materia prima sobre la que China tiene el dominio global. Un ajuste en las cuotas de exportación chinas hace una década llamó la atención de la comunidad de seguridad internacional sobre la amenaza estratégica potencial que planteaban estos minerales poco conocidos. Las relaciones entre China y EEUU se han deteriorado profundamente tras no firmarse finalmente el esperado acuerdo comercial a principios de mayo. La semana pasada, poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump, incluyese en la lista negra a la firma de telecomunicaciones china Huawei, el presidente Xi Jinping visitó una firma de imanes fabricados con tierras raras en Ganzhou, en la provincia suroriental de Jiangxi. Esto se ha interpretado como el preludio de las represalias. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC por sus siglas en inglés), que supervisa los cambios en la política económica. ¿Se convertirán las tierras raras en la respuesta de China a la represión injustificada de EEUU? Lo que está claro es que si alguien quiere utilizar productos fabricados con tierras raras para frenar el desarrollo de China, la base revolucionaria soviética y el pueblo chino no estarán contentos, evidentemente. Sin embargo, la NDRC no habló de políticas específicas. China exporta en la actualidad muy pocas tierras raras directamente a EEUU. Los productos intermedios que contienen metales a partir de tierras raras pasan por una larga cadena de producción, mayoritariamente en China y Japón. Washington ha señalado las exportaciones como una vulnerabilidad y no las ha incluido en sus aranceles. Las tierras raras centran la atención de los estrategas de seguridad, pero en la práctica resultaría difícil utilizarlas como arma. China aplicó por primera vez cuotas a la exportación de tierras raras hace más de una década, pero las suprimió en 2015 tras perder un caso en la Organización Mundial de Comercio. No está claro cómo regularía el comercio de productos intermedios. El problema para China es que las nuevas restricciones dañarían sus recién desarrolladas cadenas de suministro industriales, que dependen de clientes extranjeros de EEUU, Europa y Japón. Las restricciones reforzarían la idea de que China es una fuente de suministro arriesgada. Tres mineras estatales han luchado por el control de los ricos depósitos alrededor de Ganzhou. Las compañías que minan o procesan tierras raras en Ganzhou tuvieron unos ingresos de 26.000 millones de yuanes (unos 3.375 millones de euros) en 2018, según la NDRC. Ganzhou se sitúa en el extremo de la cordillera de Jinggangshan, donde los comunistas chinos establecieron una base revolucionaria antes de retirarse en la Larga Marcha en 1934-1935. La visita de Xi a la zona la semana pasada fue un símbolo de independencia y de determinación frente a la guerra comercial, siguiendo el espíritu de la Larga Marcha.
Retomando el inevitable tema del divorcio británico, lo que se puede decir es que sube el riesgo de un brexit caótico. El desplome en las cifras de producción de autos de abril en Reino Unido (caen un 44,5% i.a., la mayor caída desde la Gran Crisis) pone en evidencia el impacto que está teniendo la incertidumbre Brexit. En este sentido, el líder laborista defiende la celebración de un segundo referéndum o nuevas elecciones generales, como la única vía de salir del bloqueo en el que se encuentran, con la ‘desintegración’ del partido en el gobierno y la falta de mayorías en el Parlamento. Así, mientras los relevos de May se lanzan a defender escenarios más disruptores con la UE o de renegociación, el todavía presidente de la Comisión, Juncker, advierte que el acuerdo alcanzado con May está cerrado y no hay posibilidad de renegociación.
Paso comentar la situación del escenario post-electoral europeo. Tras la cita electoral, empiezan las deliberaciones para acordar las renovaciones de puestos clave, como el relevo de Juncker al frente de la Comisión o el de Draghi al frente del BCE, y que se espera que duren al menos hasta la cumbre europea del 20-21 de junio. Así, los nombres que empiezan a sonar para el remplazo de Juncker son el alemán Manfred Weber, el holandés Frans Timmermans, la hasta ahora comisaria de competencia Margrethe Vestage o el negociador para el Brexit, Michel Barnier. Al mismo tiempo, Europa ha empezado el procedimiento contra Italia por la situación de sus finanzas, ante el deterioro de su situación (+0,1% en PIB 1T vs +0,2%ant), procedimiento que se ha demorado para no intervenir en el proceso electoral y que se da justo después de la amplia victoria de Salvini y sus declaraciones amenazantes contra la ‘ortodoxia fiscal’ europea.
A nivel doméstico, cabe mencionar el hecho de que el Banco de España reclama alargar la vida laboral para mantener el sistema de pensiones. El organismo critica en su Informe Anual que los salarios estén creciendo por encima de la productividad de las empresas y cree que deberían «mantenerse» si esta variable no sigue subiendo. España es un país envejecido y cada década que pasa la esperanza de vida aumenta en dos años. Esto unido a la baja natalidad de nuestro país (1,3 hijos por mujer en 2017 frente a los 2,8 a mediados de los años 70) a pesar de la contribución de la población inmigrante, supone que la estructura de la población española se parezca cada vez más a una peonza que a la popular pirámide, dado que la mayor parte de los españoles se sitúan en la mitad de la tabla. Este escenario dificulta el mantenimiento del sistema actual de pensiones, agravado con la próxima jubilación de la generación del ‘baby boom’ (los que nacieron entre los años 60 y mediados de los 70), tal y como se desprende del Informe Anual publicado el pasado martes por el Banco de España. Fuentes del organismo aseguran que para ganar en viabilidad habrá que tocar palancas «tanto en la parte de los gastos como de los ingresos» e instan a favorecer políticas que incentiven «el alargamiento de la vida laboral» para hacer frente al envejecimiento poblacional. «Garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones requerirá un mayor alineamiento entre la edad de jubilación efectiva y la referencia legal», señala el informe. Reclaman además que el sistema público de pensiones gane en predictividad y transparencia, es decir, que se le diga al ciudadano cuáles son sus derechos y obligaciones «para que tome sus decisiones de ahorro para su jubilación con anticipación», lo que también denota cierto impulso hacia los sistemas de pensiones privados. En este sentido, el Banco de España asegura que todo ello ha de hacerse con «equilibrio de equidad inter-generacional», es decir, no olvidarse de que los jóvenes que hoy están aportando para pagar las jubilaciones actuales, también tienen derecho a la suya en el futuro. Así, piden que se haga una reforma del sistema de pensiones que «respete los tiempos» y promueva «una asignación justa en los beneficios» en un contexto sociopolítico «cada vez más complejo». Por ello, instan a los partidos reunidos en el Pacto de Toledo a llegar a un consenso que aunque no sea «absoluto», sí represente a la mayoría y sea suficiente «para tomar decisiones, porque hay que hacerlo cuanto antes». El informe señala que el envejecimiento poblacional afecta a la demanda y a la oferta agregada. En el primer caso porque los patrones de consumo, ahorro y riqueza son diferentes en cada grupo de edad, por lo que es «previsible» que cambien. Respecto a la oferta, alertan de que es posible que se asocie a una reducción del crecimiento por menor tasa de empleo y caída de la productividad y para paliarlo recomiendan «desarrollar políticas educativas que asimilen los cambios tecnológicos» e incentivar «el aumento de la edad de salida del mercado laboral», insisten. Respecto a esa caída de la productividad de la que alerta el informe, incide en que la evolución salarial está «poco alineada» con la productividad de los sectores, lo que reconocen que «no les gusta demasiado». «Los salarios deberían recoger la evolución de la productividad de las empresas, pero en España hay poca correlación», aseguran fuentes del organismo. En su opinión, la mejora de la competitividad debe descansar sobre ganancias de productividad más que en la moderación salarial, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, lo que «exige mejoras en el capital humano y tecnológico». «Los salarios deberían crecer en la misma medida que la productividad, por lo que si ésta no crece, los salarios deberían moderarse», apuntan. El Banco de España señala además que es necesario seguir reduciendo la desigualdad y recuerda que se ha reducido en índices de rentas salariales por el aumento de horas trabajadas, pero la desigualdad en renta per cápita sigue siendo elevada por el menor crecimiento de las rentas no salariales para el colectivo de menores ingresos. Además, se suman las dificultades de acceso a la vivienda por su encarecimiento, sobre todo de la de alquiler y, en su mayoría, en estos grupos de población más vulnerables a la subida de precios, como son los jóvenes. «Sus dificultades para acceder a un empleo indefinido se ve agravado por tener viviendas de alquiler a precios altos porque la oferta de alquiler es escasa en España», aseguran las mismas fuentes. Sobre la subida del salario mínimo a 900 euros, el organismo lo criticó asegurando que supondría la destrucción de 125.000 puestos de trabajo. Pero ahora, tras el informe de la AIReF en el que asegura que no ha tenido «ningún impacto» en el empleo desde que fue implantado en enero, el Banco de España explica que hasta 2020 no podrán hacer un diagnóstico fiable de la situación porque no disponen de los datos suficientes.
Otro tema destacado, a nivel nacional es que la tasa de ahorro de las familias está en mínimos históricos, es inferior incluso a la que había en los años del ‘boom’ inmobiliario de antes de la crisis. «Este menor ahorro refleja buenos motivos porque significa que la gente siente más confianza en el futuro y las mejoras en el empleo hace que la gente gaste algo más», dicen. Aunque el Banco de España no se arriesga a poner en cifras cuál es el nivel óptimo de tasa de ahorro, ven como un problema que algunos hogares más vulnerables puedan vivir problemas futuros en caso de escenarios poco favorables por sus bajos ahorros y la acumulación de deuda. «Los españoles deberían ser más cautelosos a la hora de endeudarse», recomiendan.
Como sabe, amable lector, los nuevos billetes de 100 y 200 euros, los últimos de la serie Europa, entraron esta semana en circulación con nuevos y mejorados elementos de seguridad. El Banco Central Europeo (BCE) informó de que pueden comprobarse fácilmente con el método que ha denominado «toque, mire y gire». En la parte superior de la banda plateada, un holograma con satélite muestra pequeños símbolos que, al inclinar el billete, se mueven alrededor del número que indica su valor y se aprecian con más claridad bajo una luz directa. Asimismo, incorporan un número verde esmeralda mejorado, tienen ahora la misma altura que los de 50, por lo que son más fáciles de manejar y procesar por las máquinas. «También cabrán mejor en las carteras de los ciudadanos tendrán mayor durabilidad, ya que estarán menos expuestos al desgaste», añade el BCE.
Una noticia bancaria relevante: el Banco Santander propone prejubilaciones desde los 55 años con el 65% del sueldo. Los sindicatos consideran que la propuesta «no está en sintonía» con procesos similares. En efecto, el Banco Santander ha propuesto esta pasada semana a los sindicatos un plan de prejubilaciones a partir de 55 años con el 65 % del sueldo, que se eleva hasta el 70 % para los mayores de 58 años, han avanzado fuentes de la negociación. La idea trasladada por la entidad en una reunión para reducir su plantilla en más de 3.700 empleados pasa por ofrecer prejubilaciones a quienes tengan entre 55 y 57 años, con más de 15 años de antigüedad, del 65 % del sueldo hasta los 63 años, o el 55 % más complementos voluntarios. Para aquellos trabajadores que tengan entre 58 y 62 años, igualmente con 15 años de antigüedad, se ofrecen prejubilaciones con el 70 % del salario hasta los 63 años, o el 65 % del sueldo más la mitad de los complementos. A quienes tengan 62 años o más se les ofrece cobrar 20 días por año trabajado con el tope de 12 mensualidades. Para los que están entre los 53 y los 54 años, el banco ofrece una indemnización que puede llegar hasta los 350.000 euros, pero que se calcula teniendo en cuenta el 60 % del importe pensionable de seis anualidades; mientras que a los de menos edad se les ofrece una indemnización de 33 días por año con el tope de 18 mensualidades. Fuentes sindicales coinciden en que la propuesta no está en sintonía con procesos de ajustes de empleo similares, ni siquiera con el último, acometido en los servicios centrales del banco tras la integración de Popular, lo que les resulta «preocupante». Para CCOO se trata de una propuesta «cicatera» y para CGT de una primera propuesta con condiciones «muy a la baja». UGT opina que en una gran empresa con altos beneficios y miles de empleados mayores de 55 años en plantilla, cualquier ajuste debería hacerse a través de un plan de prejubilaciones a medio plazo y no con un ERE. En la reunión de este pasado martes, la empresa también ha planteado medidas adicionales de movilidad para los trabajadores que se vean afectados por el cierre de las 1.150 oficinas previstas. El banco propone una prima única de 6.000 euros para quien tenga que desplazarse ahora entre 75 y 100 kilómetros más el kilometraje durante 6 años. En el caso de que la movilidad implique cambio de islas, se abonarán 9.000 euros brutos anuales durante 12 años.
Finalmente, a nivel local, una noticia relativa a una gran empresa asturiana: Duro somete a la junta reducir capital, agrupar acciones y la nueva estrategia. Los accionistas han tenido que decidir sobre la ratificación de cinco de los nueve miembros del consejo. Los accionistas de Duro Felguera, que han sido informados esta semana de la marcha de la sociedad y del nuevo plan estratégico que pretende implantar el grupo, han tenido que votar sobre la ratificación de cinco de los nueve consejeros de la sociedad (que se incorporaron con posterioridad a la última junta ordinaria, incluido el consejo delegado, José María Orihuela), la propuesta del consejo para reducir el capital social en 43,2 millones (mediante la disminución del valor nominal de las acciones, para restablecer la estructura del patrimonio neto de la sociedad) y la agrupación de acciones mediante la entrega de un título nuevo por cada 50 antiguos. Estas actuaciones forman parte de las medidas de refuerzo de la situación patrimonial tras las pérdidas en las que incurrió el grupo en el ejercicio contable de 2018 y que luego fueron corregidas al alza tras el impacto favorable del laudo sobre el contencioso de Duro con Samsung, lo que permitió revertir el patrimonio neto negativo de la sociedad (25 millones) a otro positivo (12,4 millones). La junta general de accionistas de esta pasada semana (la primera desde las dos de junio de 2018 que aprobaron la recapitalización y refinanciación que libró al grupo del concurso) se celebra después de que la banca acreedora haya considerado que estas medidas son insuficientes y que Duro debería ampliar de nuevo su capital en otros 100 millones. El nuevo plan estratégico pretende impulsar nuevas áreas de negocio, como el de las energías renovables y recuperar el mercado nacional.
Esperemos que estos proyectos salgan adelante para lograr la supervivencia de esta importante empresa asturiana.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.