Durante la semana pasada, las bolsas europeas cerraban con subidas generalizadas superiores al +2,0% en unos días marcados por las declaraciones de Powell y Draghi. A nivel de sectores, con todos en positivo, químicas y utilities lideraban las subidas. Banca presentaba el peor comportamiento relativo. En los mercados de deuda, se producían caídas de las TIRs, en especial las de Italia y España (superiores a 10 pb). En lo relativo a política monetaria, desde la Reserva Federal, el presidente Powell viraba su mensaje, como otros miembros que habían hablado durante la semana y abandona el posicionamiento de «paciencia» por el de estar alerta a los riesgos derivados de las tensiones comerciales y que actuará como sea apropiado. Por su parte, el BCE decidía aplazar hasta «al menos el primer semestre de 2020» cualquier cambio en los tipos de interés ante el empeoramiento de las perspectivas de crecimiento ocasionadas por el proteccionismo y la guerra comercial y que llevaba a algunos miembros a plantear un recorte de tipos o la reanudación del programa de recompras.
Con respecto a los TLTROS III, se desglosaban unas condiciones para la financiación menos ventajosas de lo esperado (+10 pbs más cara que los TLTROS II), manteniendo el formato de coste negativo en caso de alcanzar el nivel de financiación definido. Por último, el BCE actualizaba sus previsiones de crecimiento (2019: 1,2% vs 1,1% ant, 2020: 1,4% vs 1,6% ant y 2021: 1,4% vs 1,5% ant).
Mención especial merece, amable lector, la situación entre EE.UU. y México. Tras la tensión levantada por las amenazas arancelarias de Trump de la semana pasada para frenar la presión migratoria hacia EE.UU., esta semana se producían avances en las negociaciones entre las delegaciones de México y EE.UU., aunque todavía no hay certezas de si los compromisos de México serán suficientes para que el gobierno de Trump retire o aplace los aranceles del 5% anunciados para este lunes 10. Las negociaciones siguen abiertas.
En lo relativo a la guerra comercial, Trump anunciaba que retrasará hasta después del G-20 (28-29 de junio en Osaka) la decisión de imponer tarifas a nuevos bienes chinos por un importe de al menos 300.000 M.$ (gravando prácticamente la totalidad de los bienes importados). Esta noticia daba algo de margen a las negociaciones. Mnuchin confirmaba que este fin de semana se reunirá en Japón, en el G-20 de los líderes financieros, con el gobernador del banco central de China, en lo que podría ser la primera línea de negociación abierta tras la ruptura de estas a primeros de mayo. También de EE.UU. merecen comentario los datos de empleo del mes de mayo en la economía norteamericana decepcionaban tras crear 75.000 nuevos puestos de trabajo, lejos de los 175.000 esperados, lo que volvía a elevar las expectativas de que habrá una bajada de tipos por parte de la Fed.
A nivel doméstico, y pasando a lo destacado en el titular de este blog en el día de hoy, es de mención y de comprensión, que Madrid esté desbancando a Barcelona como destino preferido de la inversión extranjera. La Ciudad Condal era en 2016 la quinta capital europea más atractiva para el capital foráneo. En 2019, se ha visto relegada al noveno puesto, coincidiendo con el recrudecimiento del ‘procés’ y la gestión de Ada Colau en el Ayuntamiento. En 2016, pocos meses después de que Ada Colau tomara las riendas de la gestión del Ayuntamiento de Barcelona, la Ciudad Condal era la quinta capital europea más atractiva para la inversión extranjera, mientras que Madrid ocupaba la octava plaza. Cuatro años después, las posiciones se han invertido: la capital de España ha escalado hasta el séptimo lugar y Barcelona se ha hundido hasta el noveno puesto, según refleja el informe European Attractiveness Survey 2019 de la consultora EY, que se presentó esta pasada semana. De hecho, un 8% de los directivos encuestados sitúa Madrid como una de las tres mejores ciudades europeas para invertir, mientras que ese porcentaje se reduce al 6% en el caso de Barcelona.
Por su parte, París desbanca a Londres. En efecto, lidera el ránking París, que ante la incertidumbre generada por el Brexit, ha destronado a Londres como destino predilecto del capital extranjero en Europa. En 2015, el 52% de los ejecutivos consideraba la capital de Reino Unido como la ciudad europea más atractiva para el inversor foráneo; en 2019, ese porcentaje se ha desplomado al 25%, hasta el punto de que Berlín le pisa los talones con un 24%. El informe señala que las grandes empresas multinacionales «buscan ciudades donde el sector privado, los legisladores, las universidades y la comunidad financiera han conseguido desarrollar un ecosistema eficaz». Algo que Barcelona dejó de ofrecer hace tiempo.
La controvertida gestión de Colau al frente del Consistorio, que ha hecho que Barcelona sea percibida en el exterior como una ciudad insegura e incluso con ciertas dosis de hostilidad hacia el turismo, y la intensificación del procés, que ha provocado el éxodo de miles de empresas de Cataluña en busca de la estabilidad y la seguridad jurídica que les fue arrebatada en la región, han resultado un cóctel demoledor para los intereses económicos de la ciudad.
Como señalo, Barcelona quedó descolgada de la carrera para albergar la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento tras el Brexit, pese a partir como una de las capitales favoritas, y los organizadores del Mobile World Congress (MWC) llegaron incluso a plantearse la cancelación del evento en su edición de 2018 ante la creciente inestabilidad política provocada por el procés. Aunque la sangre no llegó al río, el futuro de Barcelona como sede del MWC sigue pendiendo del hilo del pulso independentista.
Y si Barcelona se ha visto ahora desbancada por Madrid entre las preferencias de la inversión foránea, en el ámbito regional, la superioridad de la comunidad madrileña viene de lejos, alcanzando cifras abrumadoras. El año pasado, Madrid atrajo más de 39.900 millones de euros, un 85% del total nacional, frente a los exiguos 2.985 millones captados por Cataluña.
Más triste es la noticia de que España sufre su mayor derrota por el recorte a las renovables: 290,6 millones. Ha perdido ya ocho arbitrajes, la mayoría ante el Ciadi, que suman una indemnización de 728 millones. El tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi), donde se dirimen la mayor parte de los arbitrajes interpuestos por los inversores extranjeros que se sintieron damnificados por el recorte a las renovables de la reforma energética del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, ha cuantificado la indeminización que España debe pagar a la estadounidense Nextera Energy: 290,6 millones de euros. Se trata, por tanto, de la mayor compensación impuesta hasta ahora en los ocho laudos condenatorios contra España, pues los anteriores oscilaban entre los 39 millones y los 128 millones de euros. En el caso de Nextera, a esos 290,6 millones se suman gastos por cerca de 5 millones de euros e intereses al 0,234% a contar desde el 30 de junio de 2016 hasta el pago de la indemnización, siempre según el contenido del laudo. El Ciadi ya dictó en marzo un laudo favorable a este inversor, en el que establecía la responsabilidad de España y se fijaban las reglas para el cálculo de la indemnización, pero quedaba por fijarse la cuantía final. La propia Nextera, que inicialmente reclamaba 398,4 millones, calculó esa indemnización en unos 291 millones, según las reglas preestablecidas para la compensación (los costes capitalizados de las inversiones sobre la base del coste medio ponderado del capital más 200 puntos básicos). El laudo final que según consta en la web del Ciadi fue dictado el pasado 31 de mayo, confirma esa estimación que parte de un cálculo de Nextera al que España no se ha opuesto. El laudo ha sido respaldado por los tres árbitros, incluido el nombrado por España. España, además, tiene que hacerse cargo de sus propios costes, de la mayor parte de los gastos del Ciadi y de un tercio de los gastos de Nextera. En total, la factura legal ronda los 5 millones de euros. Por otra parte, el tribunal ha revisado su decisión sobre los intereses. Inicialmente dijo que se tomaría como referencia el interés del bono español a 5 años en la fecha del laudo, pero como ese interés está en cero, ha decidido fijarlo en el 0,234%. Nextera inició un arbitraje ante el Ciadi en 2014 por el perjuicio causado a sus inversiones en dos plantas termosolares en Extremadura, con una potencia de 49,9 MW, y donde proyectaba invertir más de 600 millones, inversión que finalmente se elevó a unos 750 millones. El grupo estadounidense decidió entonces cerrar su filial en España tras provisionar 263 millones por los cambios regulatorios, que se tradujeron en la desaparición de las antiguas primas a la producción y su sustitución por una retribución ligada a la inversión a lo largo de toda la vida regulatoria de las plantas. En el laudo de marzo, el tribunal arbitral respaldó los argumentos de la compañía de que el Gobierno español “incumplió la obligación de dar un trato justo y equitativo en la protección de las expectativas empresariales para obtener una rentabilidad según la inversión realizada y el desarrollo de las plantas”. Ahora, con el laudo ya dictado, Nextera ha acudido rápidamente a un tribunal ordinario de Washington DC para que sea reconocido y tratar de ejecutarlo lo antes posible. La Abogacía del Estado ha solicitado la anulación de todos los laudos favorables a inversores europeos al amparo de la directriz de la Comisión Europea que el pasado verano declaraba ilegales los arbitrajes de sociedades comunitarias. En el caso de Nextera Energy, España puede alegar que las sociedades que presentaron la demanda son holandesas, aunque el inversor final sea de EE UU. El acuerdo del verano pasado, ratificado por los 28 países miembros a principios de este año, no solo apoya a los Estados (el más afectado es España), sino que “obliga” a los mismos a solicitar la anulación de laudos derivados de arbitrajes acogidos a la Carta de Energía y otros tratados y a no pagar las indemnizaciones. Se trata de un constante goteo porque España ha perdido ya 8 de los 44 arbitrajes a los que se enfrenta por el recorte de las renovables y solo ha ganado dos (el de Isolux, relativo a un recorte anterior del Gobierno de Rodríguez Zapatero) y el del fondo Charanne. En total, unos 728 millones, a los que habrá que sumar los gastos, costas e intereses y la indemnización de REEFF, que ha ganado el arbitraje pero no se conoce la cuantía que le corresponderá. Pésima gestión de este asunto. No se puede decir otra cosa.
Yo no sé usted, amable lector, pero servidora está con quienes consideran necesario un pacto de Estado para un mundo sostenible. La necesidad de una alianza empresarial que fomente la responsabilidad medioambiental de las compañías para cumplir los objetivos del Acuerdo de París ha sido el eje del encuentro organizado por Unidad Editorial. Quizás solo cuando el médico nos dice que nuestros valores están muy lejos de lo normal es cuando empezamos a preocuparnos seriamente por nuestra salud. Entonces comenzamos a comer más sano y a realizar una intensa, aunque a menudo breve, actividad deportiva. En pocas palabras, empezamos a experimentar una sensación de pánico. La única emoción que, para Carles Navarro, director general de Basf Española, puede realmente cambiar el destino del planeta. «Admiro a Greta Thunberg cuando dice que prefiere el pánico a la sensibilización. En el caso del agujero de ozono, solo el miedo pudo ganar la lucha contra el tiempo». De esta y de otras estrategias se habló con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, en la conferencia Alianzas para un Mundo Sostenible, organizada por el grupo de Unidad Editorial. Con el patrocinio de Basf Española, Chiesi España, Inditex y Signus Ecovalor y la colaboración de Fitch Ratings y Borges, al evento asistieron las principales fuerzas políticas. A través de tres mesas redondas se ha debatido sobre un posible pacto de estado para un plan de desarrollo sostenible; una alianza empresarial con el objetivo de fomentar la responsabilidad medioambiental de las empresas; y un plan de financiación para conseguir el cumplimiento de la Agenda 2030. El acto tuvo lugar en el madrileño Hotel Santo Domingo, en un escenario en el que las sillas de los ponentes estaban hechas de material reciclado. Los patrocinadores centraron sus intervenciones en factores ambientales, económicos y éticos. Para Alfred Vernis, director académico de Sostenibilidad de Inditex, «todavía estamos aprendiendo el camino correcto». El compromiso corporativo sigue siendo un elemento central de la sostenibilidad empresarial, presente en todas las áreas del ciclo económico (industrial, financiero y servicios). Entre sus objetivos se encuentran la reducción de emisiones, una mayor eficiencia en el ahorro de energía, mejorar las condiciones de los trabajadores, reducir la huella ecológica y un aumento de la inversión a proyectos medioambientales. El responsable de Inditex subraya la necesidad de establecer alianzas entre los operadores para cumplir con los objetivos del acuerdo de París. Un proceso que apunta a reducir el desperdicio tanto como sea posible, para crear una conciencia social generalizada entre las empresas, los trabajadores y los consumidores y que sea capaz de revertir el paradigma take, make, dispose, es decir, el acceso indiscriminado a los recursos naturales. Un enfoque similar sigue Red Eléctrica, como destaca su director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad, Antonio Calvo. «El cambio de paradigma involucra a los mismos trabajadores, que son los primeros en solicitar planes de desarrollo coherentes con los objetivos de la agenda». Calvo recalca que «en ciertos sectores de la economía sostenible, España no lo ha hecho tan mal, como por ejemplo en el campo de la energía eólica». También para Navarro los resultados se basan en la colaboración entre competidores, empresas recicladoras y consumidores. La organización que dirige está actualmente implicada en un programa de economía circular que transforma el plástico usado en una nueva materia prima y que intenta explicar esta segunda vida del producto mediante campañas informativas. «Los proyectos de voluntariado y de responsabilidad social funcionan mejor si por cada plan de sostenibilidad se puede elaborar un plan de negocio», así opina Carmen Basolas, directora de Relaciones Institucionales de Chiesi España. Para ella, la clave para un desarrollo sostenible engloba a las personas en su sentido más amplio, los recursos planetarios y la cooperación de todos los operadores del sector. Una posición que ha motivado a la empresa a comprometerse con una serie de proyectos de voluntariado, donde la educación sobre el consumo y la lucha contra la pobreza buscan la mejora de la salud pública. Signus Ecovalor, empresa sin ánimo de lucro referente en el reciclaje de neumáticos que sólo en 2017 recuperó y trató más de 200.000 toneladas, es un ejemplo de economía circular que supone también una apuesta hacia el futuro. «Nacimos hace 14 años como una obligación social, aunque pronto nos enfocamos en otras oportunidades», explica Román Martín, director de Relaciones Institucionales. La última mesa del foro Alianzas para un Mundo Sostenible estuvo compuesta por Paloma Durán, directora de la división de Partenariados Globales y Políticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Pes, presidente de Red Española del Pacto Mundial, y Carmen Muñoz, senior director Covered Bonds Rating de Fitch Ratings.
El compromiso de las entidades financieras de apoyar las políticas de responsabilidad social como una oportunidad de crecimiento fue el hilo conductor de la ponencia. Como remarcó Durán, el concepto de sostenibilidad debe comprender también las esferas social y económica. En este sentido, entre las acciones corporativas más importantes a las que se llama a las empresas destacan la instalación de fuentes de energía renovable con bajas o cero emisiones de CO2; la explotación de biomasa con fines energéticos; el aumento planificado en las acciones de ahorro de energía; y la instalación de planes de conversión de energía altamente eficientes. Para Pes, la palabra clave es «trasformación» porque vivimos en un mundo que no es sostenible. A pesar de tener los medios necesarios para cumplir con los objetivos fundamentales en el marco del clima y la energía para 2030 todavía se reserva una ínfima parte a los objetivos de la Cumbre de París de 2015, en comparación con la riqueza generada en su conjunto. Por otro lado, para Muñoz, el mayor modelo de financiación en el siglo XX sigue siendo el que impulsó Estados Unidos, cuando entregaba información a los inversores sobre la construcción del ferrocarril. Aquella financiación reforzó el crecimiento de EEUU y podría ser un ejemplo para una economía sostenible trasformada en oportunidad.
Una pregunta importante que nos podemos formular es si vamos hacia una sociedad 100% recicladora. Ojalá fuera así, sería mi deseo, al menos, pero tengo mis dudas al respecto, amable lector. Ecoembes crea un panel de expertos para integrar sus propuestas en la estrategia corporativa. En 2018 se reciclaron en España 1,4 millones de toneladas de envases de plástico, latas, briks, papel y cartón, que evitaron la emisión de 1,6 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, según datos de Ecoembes, la organización medioambiental sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de envases en España. La aportación de los ciudadanos al contenedor amarillo ha crecido en 2018 un 12,3%, lo que supone lo mismo que en los tres años anteriores juntos, y un 12,4% los residuos del contenedor azul. La tasa de reciclaje se sitúa, así, en el 78,8%, muy por encima del 65% exigido por la UE para 2025. Estos datos reflejan un aumento de la conciencia ambiental de la sociedad que desde Ecoembes se plantean como un acicate para seguir mejorando con el objetivo de llegar a una sociedad 100% recicladora. “No somos conformistas, se puede hacer mejor. Los ciudadanos pueden reciclar más, reciclar mejor, y podemos trabajar más y mejor en ecodiseño, para asegurar que cualquier envase que se deposita en un contenedor amarillo es efectivamente reciclado al 100%”, asegura Begoña de Benito, directora de relaciones externas y RSC de Ecoembes. La idea es reducir la producción de envases, hacerlos más sostenibles y más fácilmente reciclables. “La innovación está en nuestro ADN”, destaca la responsable de RSC de Ecoembes, si bien reconoce que no fue hasta 2017 cuando recibió un fuerte impulso con la creación del primer laboratorio de economía circular de Europa, TheCircularLab, en Logroño. En el laboratorio TheCircularLab se estudian todas las fases del ciclo de vida de los envases: desde su concepción, a través del ecodiseño, hasta su reintroducción al ciclo de consumo. La innovación es solo uno de los tres pilares en los que se asienta Ecoembes, junto a la colaboración y la educación, señala De Benito. “En Ecoembes hemos trabajado mucho en que se nos vincule con una voz autorizada en medio ambiente. Pero más allá de lo que podamos hacer solos, necesitamos colaboración”. Colaboración con las Administraciones, “ahí trabajamos en todas las fases de la operativa, desde la recogida a la selección y la entrega a un reciclador”; con las empresas, “de las que no somos un mero intermediario financiero, sino más bien una especie de consultor, también para la Administración”, y con los ciudadanos: “Da igual que las empresas paguen el punto verde, da igual que las entidades locales presten el mejor servicio público… si no hay un ciudadano que deposite un envase en el contenedor la maquinaria no se pone en marcha”. Con base en la colaboración, Ecoembes acaba de poner en marcha un panel de expertos en transparencia que “nace con el objetivo de escuchar a expertos en materias diversas y complementarias y aprender de ellos para que sus aportaciones puedan ser integradas en nuestra estrategia”, indica De Benito. El panel se reunirá tres veces al año; la primera tuvo lugar en marzo y la segunda se desarrollará ahora en junio. Entre la primera y la segunda reunión está habiendo reuniones uno a uno con los distintos panelistas. “De cada reunión salen tareas, como era esperable. Y de esta primera ha salido un tema específico sobre emprendimiento social y sobre cómo podemos mutar nuestro discurso más allá de la economía circular hacia la Agenda 2030”, refiere la directora de relaciones externas de Ecoembes. Además, está previsto que el panel tenga un encuentro anual con el consejo de administración de Ecoembes. El panel lo componen actualmente Silvina Bacigalupo, Ana Sáenz de Miera, Juan José Toharia, Leire Pajín, Víctor Viñuales, Germán Granda, Arturo Larena, Luis Enrique Mendicati y José Miguel Benavente. “Es gente que nos conoce un poquito, y ese conocerte un poquito, y no mucho, hace que tengan muchas menos líneas rojas y aporten mucho más”, razona De Benito. Finalmente, la educación abarca desde las campañas de concienciación movilizadoras para separar los residuos en casa y depositarlos en un contenedor hasta la educación en las escuelas. El trabajo con los colegios ha ido evolucionando desde proveer de recursos al profesorado para dar un paso más con el programa Educa en Eco, con el que se lleva la contenedorización a los centros educativos, hasta llegar al programa Naturaliza, que se viene probando desde septiembre en 32 colegios de Madrid y La Rioja. “Es introducir la educación ambiental en el currículum escolar obligatorio. Se trata de hablar de medio ambiente, calidad del aire, biodiversidad… y hacerlo de una manera transversal”, explica De Benito. “Es lluvia fina, medio ambiente en todos los ámbitos”.
A nivel local, quiero destacar que Duro reduce su capital un 90% para restablecer la estructura de patrimonio. La Junta General de Accionistas de Duro Felguera ha dado la pasada semana su visto bueno a una operación para reducir el capital en un 90 por ciento y restablecer la estructura de patrimonio neto mediante la disminución del valor nominal de las 4.800 millones de acciones en circulación.
La reducción suma un importe de 43.200.000 euros (0,009 euros por acción hasta un valor nominal de 0,001 euros por título) para compensar pérdidas en base al balance cerrado y aprobado a 31 de diciembre de 2018. Esta medida va acompañada de una agrupación de títulos o «contra-split» para su canje por acciones de nueva emisión en la proporción de una nueva por cada cincuenta antiguas, lo que elevará el valor nominal a 0,05 euros. En julio del pasado año, Duro Felguera acometió una ampliación de capital por un importe de 125,7 millones de euros en julio de 2018, fecha en la que entró en vigor el acuerdo de refinanciación, que afectó a 318 millones de euros de deuda y que supuso la cancelación de pasivo por 233 millones y la conversión de pasivo remanente en préstamos sindicados a cinco años por otros 85 millones. Asimismo, incluyó la extensión de avales existentes y el establecimiento de una nueva línea de avales de hasta 100 millones. Estas medidas, junto con el laudo parcial por la reclamación contra Samsung C&T por el proyecto australiano de Roy Hill, permitieron a la multinacional registrar el pasado año un beneficio neto de 99,4 millones de euros, frente a las pérdidas de 254,5 millones de 2017. Las últimas cuentas presentadas por el grupo son las del primer trimestre de este año, periodo en el que registró unas pérdidas de un millón de euros, lo que supone reducir un 93,9 por ciento los números rojos de los tres primeros meses de 2018.
Por su parte, Alsa amplía su actividad ferroviaria con un tren turístico en Cataluña.
La compañía asturiana de autocares y autobuses Alsa, que debutó en la prestación de servicios ferroviarios en 2017 con la explotación veraniega del tren turístico «Felipe II», que une Madrid y El Escorial, ha ampliado sus operaciones en este modo de transporte con la gestión desde el pasado sábado del tren turístico entre Lleida y La Pobla de Segur. Ferrocarrils de la Generalitat, empresa pública dependiente de la Generalitat de Cataluña, adjudicó temporalmente a Alsa, en un proceso de licitación pública, la operación del denominado Tren dels Llacs, que discurre, a lo largo de 89 kilómetros, entre la capital leridana y la zona pirenaica de la provincia. El contrato podría ampliarse a 2020. Alsa gestionó varios tranvías urbanos en España y en la actualidad posee el 15% de la sociedad Metros Ligeros de Madrid, que explota la línea San Chinarro-Las Tablas. En Asturias, Alsa tiene la concesión del funicular de Bulnes, en los Picos de Europa. También ofrece rutas «charter» en tren. Alsa, que aspira a ser un operador global con intervención en todos los modos de transporte, obtuvo en 2014 licencia de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para operar trenes de viajeros y desde 2018 dispone de un centro propio para formar a personal ferroviario. Los trenes turísticos se liberalizaron en 2017 y se espera que en 2020 dos empresas privadas podrán competir con el monopolista estatal Renfe en servicios regulares de viajeros. National Express, el grupo británico en el que Alsa se integró en 2005, fue una gran gestor ferroviario en su país hasta 2017. Ahora maneja trenes en Alemania.
También es destacable, a nivel local, que los empresarios asturianos hayan pedido Barbón reformas para crear 30.000 empleos. La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ofreció al futuro Gobierno del Principado «unidad» para afrontar lo que el líder de la patronal, Belarmino Feito, llamó «la tormenta perfecta que se cierne sobre nuestra región», resultante de una combinación de desafíos (transición energética, crisis industrial, envejecimiento, carencias en infraestructuras y formación, reforma de la financiación autonómica…) que, según el criterio de la FADE, debe ser abordada con políticas nuevas y «profundas» para aprovechar el potencial del territorio. Con ocasión de su asamblea anual, los empresarios emplazaron al futuro presidente regional, Adrián Barbón, presente entre los invitados, a abordar tales reformas. Con ellas, argumentó la FADE, Asturias estaría en posición de crear 30.000 empleos en cuatro años y de reducir la brecha con la España rica. El cónclave de FADE, marcado por la próxima formación de los gobiernos central y regional, estuvo en buena medida centrado en las propuestas que desde el pasado noviembre está defendiendo la patronal para mejorar el rumbo económico de Asturias. «No queremos una Asturias languideciente, deprimida, superviviente. Queremos pelear por una región dinámica, con empuje y con garra, que pueda competir sin complejos en los mercados globales», expresó Feito desde el atril, en un tono más reflexivo y menos vehemente y combativo con la clase política que el que utilizó en la asamblea de hace un año.
Antes, María Calvo, vicepresidenta de la patronal, y el economista Javier García, expusieron las líneas maestras de un nuevo documento de propuestas de la patronal que decanta y desarrolla el contenido de otro presentado en otoño («Veintidós acciones ineludibles para el progreso de Asturias»). La FADE alerta en ese nuevo texto sobre la necesidad de emprender sin dilación tres «acciones críticas e inmediatas»: lograr una transición energética que no mine el futuro de la industria, reformar el sistema de formación para atender las necesidades de las empresas y «resolver los problemas de conectividad de Asturias», abriendo sin más dilación la variante ferroviaria de Pajares al tráfico de pasajeros y mercancías. Belarmino Feito puso énfasis en la defensa del sector fabril: «Gravando las emisiones y encareciendo la producción industrial frente a economías que no tienen ningún tipo de restricción medioambiental ni tampoco de escrúpulo, sólo vamos a conseguir cargarnos la industria europea en beneficio de quienes más contaminan nuestro planeta». El dirigente empresarial apuntó sobre el problema de la formación: «Cuesta entender que con 70.000 parados y un paro juvenil de casi el 30% y con un sistema de formación que tiene recursos técnicos y económicos suficientes, no haya en Asturias ni un sólo setor que no tenga problemas para encontrar en este momento personal con cualificación suficiente». Y abundó sobre el «cuello de botella» de las infraestructuras: «Malas conexiones aéreas, sin autopista del mar desde hace cuatro años, un tren con Madrid con tramos del siglo XIX en la realidad del siglo XXI…». Resolver esas carencias y desplegar el resto de reformas sugeridas por la FADE desde noviembre -incluida una reforma fiscal que elimine el impuesto de patrimonio y rebaje el IRPF y el tributo de Sucesiones al nivel de Madrid- haría posible, según el documento de la patronal, «un verdadero punto de inflexión en Asturias», de forma que la región «podría crear más de 6.000 euros de PIB», «dinamizar la creación de 30.000 nuevos empleos» y «romper la inercia que nos ha llevado a la desconexión» de las comunidades más prósperas.
Feito lo sintetizó así, dirigiéndose a Adrián Barbón: «Este es un proyecto colectivo, señor futuro presidente del Principado. Es un camino que requiere ser iniciado sin más demora porque el tiempo se nos hecha encima y puede llegar a ahogarnos. Es un reto que requiere de inteligencia y acierto y que no está exento de riesgo. Que exigirá liderazgo y empuje para sacarlo adelante, pero que es irremediablemente acometer, Adrián. Y aquí están los empresarios asturianos para acompañarte».
Esa es la opinión del presidente de la FADE. La mía, es que urge cambiar dinámicas en una economía moribunda en la que vivimos un millón de supervivientes con tendencia a la baja. Como decía Einstein: «No esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo». Pues eso. Queda dicho.
SUSANA ÁLVAREZ OTERO ES PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO E INVESTIGADORA VISITANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE.